STC15473-2022<\/p>\n
<\/p>\n
F <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 47001-22-13-000-2022-00278-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00b0 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos destinados a proteger la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en providencia paralela a esta los nombres de las partes involucradas en el presente asunto ser\u00e1n reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Establecido lo anterior, se dirime la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 4 de octubre de 2022, dictado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en la acci\u00f3n de tutela que Antonio Andrade instaur\u00f3 en nombre propio y como representante legal de Helader\u00eda Helados S.A.S. contra el Juzgado Primero de Familia de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes del proceso de aumento de cuota alimentaria con rad. 2020-00278-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El libelista pretende a trav\u00e9s del presente mecanismo que se ordene al Juzgado aludido i) \u00abrevocar\u00bb el prove\u00eddo de 22 de agosto pasado por medio del cual decret\u00f3 pruebas de oficio, as\u00ed como los oficios que libr\u00f3 para tal efecto, as\u00ed como ii) \u00abreconozca la p\u00e9rdida de competencia (\u2026) atendiendo a los factores territoriales y subjetivos\u00bb y que como consecuencia de ello remita el expediente a la ciudad de Barranquilla. <\/p>\n
En sustento adujo que en Andrea Andrade Andrade actuando en nombre de su menor hija Antonio promovi\u00f3 en su contra el juicio objeto de escrutinio; tr\u00e1mite en el cual pese a que se neg\u00f3 el decreto de las pruebas solicitadas por su contraparte dirigidas a obtener informaci\u00f3n financiera de las sociedades Helader\u00eda Helados S.A.S. y Vilvido S.A.S., el Juez convocado, dispuso de oficio, entre otras, requerir a Bancolombia S.A., al revisor fiscal y al contador de la citadas personas jur\u00eddicas para que dieran cuenta de la fecha y valor la cesi\u00f3n de acciones de su propiedad, as\u00ed como el valor actual de las mismas y los productos financieros, en omisi\u00f3n que la obligaci\u00f3n alimentaria esta en su cabeza y solo es \u00abempleado\u00bb de la primera de las empresas. <\/p>\n
Indic\u00f3 que aunque la citada autoridad carec\u00eda de competencia para conocer del asunto, habida cuenta que concomitante con dicho litigio, se tramit\u00f3 el proceso de disminuci\u00f3n de la cuota de alimentos por el Juzgado Tercero de Familia de Barranquilla quien accedi\u00f3 a sus pretensiones1, aun cuando aleg\u00f3 la nulidad por falta de competencia en raz\u00f3n del factor \u00abterritorial (\u2026) subjetivo\u00bb, el funcionario encartado, declar\u00f3 la carencia para conocer de la controversia, pero por el fenecimiento de los t\u00e9rminos del art. 121 del C.G. del P.; asegura, por una parte, que medios de prueba similares ya fueron analizados en la sentencia adiada 26 de abril de 2022 que fue favorable a sus intereses, sin que hasta la fecha hayan cambiado sus condiciones econ\u00f3micas, y por la otra, las decretadas son impertinentes e inconducentes, adem\u00e1s que como empresa se le est\u00e1 levantando el velo corporativo. <\/p>\n
2. El Juez Primero de Familia de Santa Marta precis\u00f3 que la decisi\u00f3n que orden\u00f3 las pruebas de oficio qued\u00f3 sin efectos en raz\u00f3n del auto que declar\u00f3 la perdida de competencia, determinaci\u00f3n \u00faltima contra la que se interpuso recurso de reposici\u00f3n, que est\u00e1 pendiente de resolverse; la Procuradora 148 Judicial II de Familia puntualiz\u00f3 que la protecci\u00f3n esta llamada al fracaso; la se\u00f1ora Andrea Andrade relat\u00f3 las circunstancias acaecidas con el aqu\u00ed inconforme, resaltando que es necesario ajustar la cuota de alimentos comoquiera que la \u00faltima que se fij\u00f3 no alcanza para la totalidad de los gastos de la menor. <\/p>\n
3. El a quo neg\u00f3 el resguardo por incumplir con el requisito de la subsidiariedad, en punto del alegato referente a la nulidad invocada, comoquiera que para la calenda en que se promovi\u00f3 el mecanismo estaba pendiente de resolverse el recurso de reposici\u00f3n que el actor formul\u00f3 contra el auto que declar\u00f3 la p\u00e9rdida de competencia de conformidad con el art. 121 Cit. <\/p>\n
De otra parte, analizado el prove\u00eddo que decret\u00f3 las pruebas de oficio criticadas estim\u00f3 que estas no fueron arbitrarias y obedecieron al \u00abprop\u00f3sito de salvaguardar el derecho de la menor dentro del proceso de aumento de cuota alimentaria, donde la capacidad del alimentante es necesaria para fijar adecuadamente la cuota alimentaria\u00bb. <\/p>\n
4. El gestor impugn\u00f3 la anterior decisi\u00f3n con sustento en similares argumentos a los expuestos en el escrito de tutela; agreg\u00f3 que ya se resolvi\u00f3 el mecanismo formulado en contra del auto por el cual se cambi\u00f3 la autoridad que conoce del asunto, adem\u00e1s que era necesaria la protecci\u00f3n al velo corporativo de la sociedad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
De manera preliminar se advierte que la salvaguarda solicitada por Helader\u00eda Helados S.A.S. no est\u00e1 llamada a prosperar toda vez que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por activa para interponer el auxilio constitucional con el prop\u00f3sito de cuestionar la decisi\u00f3n judicial cuya revocatoria pretende (22 ago. 2022), ya que no es parte ni tercero con inter\u00e9s reconocido en el juicio rese\u00f1ado. <\/p>\n
As\u00ed, una vez revisado el expediente materia de an\u00e1lisis se corrobor\u00f3 que en el litigio de aumento de cuota de alimentos con rad. No. 2020-00278-00, figuran \u00fanicamente como interesados, Andrea Andrade y Antonio Andrade, demandante y demandado respectivamente. <\/p>\n
En consecuencia, se observa con claridad meridiana que la citada persona jur\u00eddica no es parte en el decurso No. 2020-00278-00, dossier donde se expidieron las decisiones que hoy ataca y que supuestamente le generaron un da\u00f1o, de suerte que su ausencia en esa controversia permite descartar el inter\u00e9s jur\u00eddico para controvertir el prove\u00eddo, puesto que: <\/p>\n
(\u2026) cualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma, derivada de aquel tr\u00e1mite procesal, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes all\u00ed participaron como partes; contrario sensu, carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos esenciales de cara a determinada actuaci\u00f3n judicial, quien all\u00ed no tuvo la calidad de sujeto procesal. (Negritas ajenas al texto – CSJ STC12873-2018, CSJ STC4307-2021). <\/p>\n
Conclusi\u00f3n que sin duda tiene respaldo por cuanto: <\/p>\n
(\u2026) no es dable a un tercero ajeno al proceso judicial, vale anotar, que no integra ninguno de los extremos que en \u00e9l se enfrentan, impetrar la acci\u00f3n de tutela para protestar contra las decisiones adoptadas por el juzgador, pues est\u00e1 claro que esas determinaciones s\u00f3lo pueden ser atacadas por quienes intervienen en el escenario procesal, los cuales est\u00e1n facultados para acudir, si es del caso, al mecanismo de amparo, cuando adem\u00e1s de verificarse la conculcaci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, y a pesar de su actuar diligente dentro del tr\u00e1mite no lograron que \u00e9stas fueran protegidas por el director del proceso, a trav\u00e9s de los medios ordinarios consagrados en la ley\u00bb(Negritas ajenas al texto – CSJ STC4993-2018, CSJ STC4307-2021). <\/p>\n
Sentado lo anterior, ya en el plano de las quejas elevadas por el se\u00f1or Antonio Andrade en nombre propio, en relaci\u00f3n con el prove\u00eddo que declar\u00f3 la p\u00e9rdida de competencia para seguir conociendo del asunto a la luz del art. 121 del C. G. del P., se anticipa que la decisi\u00f3n opugnada ser\u00e1 ratificada toda vez que el amparo es prematuro, raz\u00f3n por la cual el presente mecanismo es improcedente. <\/p>\n
Y se arriba a la anterior conclusi\u00f3n pues, con independencia de las resultas actuales de la providencia cuestionada, se advierte que el amparo rogado resultaba anticipado para estudiar las quejas frente al auto de 16 de septiembre pasado, toda vez que para la fecha de interposici\u00f3n de la acci\u00f3n (23 sep. 2022), hito que se debe tener en cuenta para estudiar la procedibilidad de la salvaguarda, se encontraba pendiente de resolver el recurso de reposici\u00f3n que el aqu\u00ed actor interpuso, precisamente contra la decisi\u00f3n criticada, que inclusive fue complementado con los mismos argumentos aqu\u00ed expuestos. De all\u00ed que la judicatura no pueda descender a constatar o desvirtuar las cr\u00edticas de los gestores, porque: <\/p>\n
(\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada entre otras en STC8897-2017, 21 jun. 2017, rad. 00230-01, y STC10432-2017, 19 jul. 2017, rad. 00388-01, entre otras). (STC487-2022). <\/p>\n
Ahora, en lo que tiene ver con el la decisi\u00f3n relacionada con el decreto oficioso de pruebas, la queja no tiene asidero, pues lo decidido no luce arbitrario si se tiene en cuenta que dicha determinaci\u00f3n se acompasa con lo previsto en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 397 del C\u00f3digo General del Proceso, que rige esa clase de asuntos, en cuanto prev\u00e9 que \u00ab[e]l juez, a\u00fan de oficio, decretar\u00e1 las pruebas necesarias para establecer la capacidad econ\u00f3mica del demandado y las necesidades del demandante, si las partes no las hubieren aportado\u00bb. <\/p>\n
Luego, si el Juzgado accionado consider\u00f3 que no hab\u00edan suficientes elementos de juicio para proferir la decisi\u00f3n de fondo, despu\u00e9s de decretar los medios suasorios solicitados por la parte demandada, aqu\u00ed accionante, y m\u00e1s all\u00e1 de las deficiencias probatorias enrostradas a la demandante, era su obligaci\u00f3n disponer el recaudo de los elementos necesarios para formar su entendimiento respecto de la capacidad del alimentante y la necesidad de la alimentaria, m\u00e1xime cuando, por una parte, a voces del numeral 4 del art\u00edculo 42 ibidem es un deber del funcionario judicial \u00ab[e]mplear los poderes que [el] c\u00f3digo le concede en materia de pruebas de oficio para verificar los hechos alegados por las partes\u00bb, y por la otra, e inclusive como mayor importancia, la receptora de la decisi\u00f3n de fondo es una menor de edad, de all\u00ed que sea no solo sujeto de especial protecci\u00f3n, sino que sus derechos prevalecen sobre los dem\u00e1s. <\/p>\n
Esta Sala en reciente pronunciamiento, en relaci\u00f3n a la necesidad de las pruebas en asuntos como el referido, indic\u00f3 que: <\/p>\n
Respecto de estos grupos de personas y en particular de los menores de edad, esta Sala ha venido sosteniendo que cuando se est\u00e1 ante un proceso judicial en el que se involucran los derechos superiores de los ni\u00f1os, el juez de conocimiento de los distintos juicios, debe ser m\u00e1s acucioso al realizar el abordaje de cualquiera de los temas que puedan llegar a afectarlos, en tanto el reconocimiento de sus intereses debe verse desde un contexto m\u00e1s amplio. <\/p>\n
Esto, porque se tienen como principios b\u00e1sicos que orientan la Doctrina de la Protecci\u00f3n Integral a los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, consolidada a partir de la Convenci\u00f3n sobre Derechos del Ni\u00f1o: (i) la igualdad y no discriminaci\u00f3n; (ii) el inter\u00e9s superior de las y los ni\u00f1os; (iii) la efectividad y prioridad absoluta; y (iv) la participaci\u00f3n solidaria. <\/p>\n
A tono con ello, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, en su art\u00edculo 44, establece que \u00ab[l]os derechos de los ni\u00f1os prevalecen sobre los derechos de los dem\u00e1s\u00bb, y frente a ello, la misma disposici\u00f3n superior se\u00f1ala que \u00abla familia, la sociedad y el Estado tienen la obligaci\u00f3n de asistir y proteger al ni\u00f1o para garantizar su desarrollo arm\u00f3nico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanci\u00f3n de los infractores\u00bb (STC8552-2022). <\/p>\n
Por lo expuesto se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Rad. 2021-00502-00. <\/p>\n
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STC15473-2022 F OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente Radicaci\u00f3n n\u00ba 47001-22-13-000-2022-00278-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). De conformidad con el Acuerdo n\u00b0 034 de 16 de diciembre de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68942","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68942","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68942"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68942\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68942"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68942"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68942"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}