STC15487-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC15487-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2022-00720-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Barranquilla el 24 de octubre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela que Sandra Mar\u00eda Morales Garc\u00eda formul\u00f3 contra la Secretar\u00eda de Gobierno de la Alcald\u00eda Distrital de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los Juzgados Doce y Diecis\u00e9is Civil del Circuito de la misma capital y citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo -posterior al reivindicatorio- radicado bajo el n\u00famero 2018-00242-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada, sin elevar una petici\u00f3n concreta sobre el particular. <\/p>\n
Manifest\u00f3, en s\u00edntesis, que junto con su compa\u00f1ero permanente Jorge Alberto Ru\u00edz Monsalvo, desde el a\u00f1o 2011, ejerce la posesi\u00f3n regular, material, quieta y pac\u00edfica del apartamento 101 de la carrera No. 48-70 203 de Barranquilla, porque el inmueble les fue entregado por la demandante como pago de la labor desarrollada en el proceso reivindicatorio instaurado por Lilia Regina de Barros Pe\u00f1a, en el que Ruiz Monsalvo represent\u00f3 los intereses de la se\u00f1ora de Barros Pe\u00f1a. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el referido asunto se tramit\u00f3 ante el Juzgado Doce del Circuito de Barranquilla y en la sentencia declar\u00f3 que la demandante era poseedora regular del inmueble, disfrute este que deb\u00eda reivindic\u00e1rsele. <\/p>\n
<\/p>\n
Indic\u00f3, que, el 24 de agosto de 2022 se present\u00f3 en el inmueble un funcionario de la Alcald\u00eda de Barranquilla y manifest\u00f3 que realizar\u00eda una diligencia de entrega, de conformidad con el despacho comisorio proferido por el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de esa ciudad, dentro del proceso ejecutivo seguido por la sociedad Inversiones Torres Correa SAS contra los se\u00f1ores Barros Pe\u00f1a y Rodr\u00edguez Ar\u00e9valo. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, iniciada la diligencia en menci\u00f3n, la se\u00f1ora Lilia Regina de Barros Pe\u00f1a inform\u00f3 que el apartamento, estaba ocupado por personas diferentes a las que integraron el proceso, quienes no se encontraban en el inmueble por lo cual, se encontraba cerrado con candado. <\/p>\n
Finaliz\u00f3 diciendo que, como no estuvo presente, el funcionario no solo allan\u00f3 su propiedad, sino que incluso \u00absac\u00f3\u00bb todo lo que se encontraba en el lugar, dentro de lo que se incluyeron prendas y municiones de uso privativo de las fuerzas militares, puesto que, su compa\u00f1ero es Teniente Coronel de la reserva activa. <\/p>\n
As\u00ed, destac\u00f3 una extralimitaci\u00f3n en el ejercicio de las funciones del comisionado e indic\u00f3 que no ten\u00eda conocimiento del lugar donde se encontraban sus pertenencias. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LA ACCIONADA Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
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1. La Alcald\u00eda Distrital de Barranquilla inform\u00f3 que, en la diligencia cuestionada, los ocupantes presentaron una oposici\u00f3n que fue declarada no prospera, por cuanto la sentencia surt\u00eda plenos efectos en contra de los opositores; decisi\u00f3n que fue objeto de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Doce Civil del Circuito de Barranquilla, ante quien se adelant\u00f3 el proceso reivindicatorio a que hizo referencia la actora en los hechos de su demanda y en el cual figuraba como demandante la se\u00f1ora Lilia de Barrios Pe\u00f1a, manifest\u00f3 que, agotadas todas las etapas correspondientes, profiri\u00f3 sentencia, la cual fue apelada y revocada por el superior, luego liquid\u00f3 y aprob\u00f3 las costas, para finalmente remitir el expediente a los jueces de ejecuci\u00f3n para lo de su competencia. <\/p>\n
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3. El Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Barranquilla se\u00f1al\u00f3 que, en el proceso reivindicatorio adelantado por Inversiones Torres C\u00eda. S en C, contra Lilia Regina de Barros Pe\u00f1a y Reginaldo Perfecto Rodr\u00edguez Ar\u00e9valo, luego de integrada la litis y corrido el traslado de las excepciones de fondo, se fij\u00f3 fecha de audiencia en la que las partes llegaron a un acuerdo conciliatorio. <\/p>\n
Asever\u00f3, que, ante el incumplimiento de lo acordado, la parte demandante inici\u00f3 proceso ejecutivo a continuaci\u00f3n, por lo que se libr\u00f3 mandamiento en la forma correspondiente, esto es, ordenando la entrega del inmueble ubicado en la carrera 48 70-203 de Barranquilla, as\u00ed como de los dineros adeudados por los demandados a t\u00edtulo de perjuicios moratorios. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, dicha providencia, fue notificada en la forma indicada en el art\u00edculo 306 del C\u00f3digo General del Proceso, sin que se presentara escrito de contestaci\u00f3n alguno, por lo que, concluido el t\u00e9rmino de traslado, profiri\u00f3 auto de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Explic\u00f3, que, negado el incidente de nulidad propuesto por la demandada, por auto de 2 de noviembre de 2021, comision\u00f3 a la Alcald\u00eda Distrital de Barranquilla para que practicara la diligencia de entrega del inmueble, la cual, se realiz\u00f3 el 24 de agosto de 2022, oportunidad en la que se presentaron recurso de apelaci\u00f3n y solicitud de nulidad, los cuales ser\u00e1n resueltos una vez la Alcald\u00eda devuelva el despacho comisorio. <\/p>\n
Finalmente, destac\u00f3 que existen otros mecanismos de defensa en el proceso, para controvertir la diligencia que se consider\u00f3 viciada de nulidad. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La sociedad Torres Correa SAS, vinculada y demandante dentro del proceso que dio lugar a este amparo se\u00f1al\u00f3 que, en el trascurso de la diligencia de entrega, el funcionario comisionado no se extralimit\u00f3 en el ejercicio de sus funciones, en tanto que no era cierto que la se\u00f1ora Sandra Morales Garc\u00eda no supiera donde se llevaron sus pertenencias, puesto que, el 2 de septiembre de 2022, esto es, 7 d\u00edas antes de radicarse la acci\u00f3n de tutela, los contact\u00f3 para poder retirarlos, debido a que la sociedad fue quien facilit\u00f3 a los ocupantes del inmueble, una bodega para que guardaran sus muebles y enseres. <\/p>\n
Resalt\u00f3, que, ni durante la diligencia, ni con posterioridad a ella, la hoy accionante manifest\u00f3 oponerse, por lo que no puede hacerlo ahora por v\u00eda de tutela, agreg\u00f3 adem\u00e1s, que en relaci\u00f3n con la posesi\u00f3n del inmueble, ni la se\u00f1ora Sandra Morales Garc\u00eda ni el se\u00f1or Jorge Ruiz Monsalve la han detentado, porque este \u00faltimo actu\u00f3 en el proceso que se adelant\u00f3 ante el Juzgado Doce Civil del Circuito de Barranquilla, como apoderado judicial de los se\u00f1ores Lilia Regina de Barros Pe\u00f1a y Reginaldo Rodr\u00edguez, as\u00ed como que fue en nombre de estos que recibieron el inmueble. <\/p>\n
5. Lilia Regina de Barros Pe\u00f1a, vinculada y demandada dentro del proceso reivindicatorio 08001315 301620180024200, solicit\u00f3 negar el amparo, pues ni Sandra Morales Garc\u00eda, ni su compa\u00f1ero, el se\u00f1or Jorge Alberto Ruiz Monsalvo han tenido la posesi\u00f3n del inmueble, pues es ella quien ha estado de forma quieta, pacifica, legal e ininterrumpida, por m\u00e1s de 45 a\u00f1os. <\/p>\n
Indic\u00f3, que debe dejarse sin efectos la diligencia, pero en defensa de sus derechos fundamentales, pues, en el acuerdo conciliatorio celebrado ante el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Barranquilla se consagr\u00f3 que ella conservar\u00eda el 40% del inmueble por ser poseedora, tal como en su momento lo reconoci\u00f3 el Juzgado Doce Civil del Circuito de la misma ciudad, de modo que los accionados actuaron por fuera de ley y desconociendo por completo los derechos fundamentales suyos y de su progenitora, quien viv\u00eda con ella en el inmueble. <\/p>\n
Igualmente, insisti\u00f3 en otras irregularidades que se presentaron en la diligencia, como no haber realizado un inventario, no llevar cerrajero y trasladar los enseres a un lugar desconocido, y demand\u00f3 se declarara la nulidad absoluta e insaneable de la diligencia adelantada el 24 de agosto de 2022 y, en su lugar, se ordenara la restituci\u00f3n en favor de ella y su familia. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Barranquilla, neg\u00f3 el amparo por ausencia del requisito de la subsidiariedad, en la medida en que la accionante no agot\u00f3 los recursos ordinarios que ten\u00eda a su alcance, y aun as\u00ed contaba con la posibilidad establecida en el art\u00edculo 40 del C\u00f3digo General del Proceso, en relaci\u00f3n con las nulidades que eventualmente se hubiese podido incurrir en la diligencia de entrega cuestionada. <\/p>\n
En cuanto a lo solicitado por Lilia Regina de Barros Pe\u00f1a, se\u00f1al\u00f3 que se trataba de peticiones que solo podr\u00edan realizarse ante el juez de conocimiento, como \u00fanico competente para pronunciarse sobre el particular. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la accionante para insistir en sus pretensiones y se\u00f1alar que la diligencia de entrega objeto de su inconformidad, fue ordenada por el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Barranquilla, dentro de un proceso ejecutivo del cual nunca fue notificada, a pesar de venirse tramitando desde hace 4 a\u00f1os, por lo que deb\u00eda decretarse la nulidad de todo lo actuado en la referida diligencia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero previamente dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la que se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos establecidos por la jurisprudencia, entre otros, haber agotado la totalidad de los recursos ordinarios existentes en el ordenamiento procesal, para cuestionar lo que es objeto de inconformidad, debido al car\u00e1cter subsidiario y residual de este amparo. (CSJ. STC1526-2022, STC6747-2022, STC7925-2022 y STC10431-2022, entre muchas). <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la se\u00f1ora Sandra Mar\u00eda Morales Garc\u00eda acudi\u00f3 inconforme con la diligencia de entrega ordenada por el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Barranquilla en el proceso ejecutivo (posterior al reivindicatorio) radicado bajo el n\u00famero 2018-00242-00, y realizada por la Alcald\u00eda Distrital de esa ciudad, el 24 de agosto de 2022, sobre el apartamento 101 de la carrera 48 70 203 de Barranquilla, y alega que fue despojada de la posesi\u00f3n que ejerc\u00eda sobre dicho inmueble desde el a\u00f1o 2011, a pesar de no haber estado presente en la diligencia y no haber sido notificada del proceso ejecutivo. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Al revisar el acta de la mencionada diligencia se observ\u00f3 que, la se\u00f1ora Morales Garc\u00eda, aqu\u00ed accionante, quien no estuvo presente en la diligencia de entrega, no acredit\u00f3 haber hecho uso de la figura de restituci\u00f3n al tercero poseedor establecida en el par\u00e1grafo del numeral 9\u00b0 del art\u00edculo 309 del C\u00f3digo General del Proceso, ni present\u00f3 la solicitud de nulidad de que trata el canon 40 del mismo Estatuto Procedimental, escenario que, evidencia la ausencia del requisito de la subsidiariedad que siempre debe acompa\u00f1ar a la acci\u00f3n de tutela, sin lo cual, el juez que la conoce no puede intervenir en el caso ordinario, dada la apat\u00eda de la presunta afectada en la materia de su propio inter\u00e9s. <\/p>\n
Debe reiterarse, que la falta de proposici\u00f3n oportuna y adecuada de los mecanismos de defensa judicial constituye una desidia procesal que no puede sanearse con esta subsidiaria acci\u00f3n, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando los interesados dejan de utilizar los dispositivos de protecci\u00f3n previstos por el ordenamiento jur\u00eddico, quedan sujetos a las consecuencias de las decisiones judiciales que le sean adversas a sus pretensiones, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria. (CSJ. STC12514-2021, STC14292-2021, STC2292-2022, STC2818-2022, STC3819-2022, STC7217-2022 y STC10431-2022, entre muchas). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Adem\u00e1s, tambi\u00e9n se logr\u00f3 corroborar que, la mencionada diligencia fue atendida por la se\u00f1ora Lilia Regina de Barros Pe\u00f1a, cuya oposici\u00f3n fue desestimada, decisi\u00f3n que apel\u00f3 y fue concedido el recurso, sin que a la fecha se tenga conocimiento de la definici\u00f3n adoptada por el funcionario competente. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Tampoco demostr\u00f3 la accionante la existencia de un perjuicio irremediable con las caracter\u00edsticas requeridas para activar esta herramienta de manera excepcional, pues debe recordarse que, para lograr esa finalidad, no basta con realizar una serie de manifestaciones sin fundamento probatorio, ya que estas requieren del sustento suficiente para que el juez constitucional analice la imperiosa necesidad de inmiscuirse o no, en el caso concreto.<\/p>\n
6. Igualmente, no puede perderse de vista, en cualquier caso, que la diligencia de entrega referida proviene de una orden judicial proferida en el proceso aludido, cuyo tr\u00e1mite no ha sido objeto de nulidad alguna, sobre lo anterior esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que este tipo de diligencias, \u00abresponde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u00bb. (CSJ. STC, 29 nov. 2006, citada en STC11109-2022, entre otras) <\/p>\n
<\/p>\n
7. Como consecuencia de lo expuesto, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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