STC15493-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC15493-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01495-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 5 de agosto de 20211, en la acci\u00f3n de tutela formulada por Anderson Z\u00fa\u00f1iga Mena contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Popay\u00e1n, el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los Juzgados Primero Penal del Circuito de Buenaventura y Segundo Penal del Circuito Especializado de Buga, y citadas las partes e intervinientes en los procesos penales 761093104001200600037, 761093104001 200800068 y 761096000163200600. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad y al \u00abprincipio de la favorabilidad\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas en los mencionados asuntos. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, en los tres procesos relacionados, result\u00f3 condenado por los delitos de fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte de armas de fuego o municiones, hurto calificado y agravado en concurso con porte ilegal de armas de fuego de defensa personal y homicidio agravado, a las penas de 34 a\u00f1os, 44 y 100 meses de prisi\u00f3n, respectivamente, las cuales fueron acumuladas por el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Popay\u00e1n, mediante auto de 31 de mayo de 2016, y se le impuso la sanci\u00f3n principal de 500 meses de prisi\u00f3n. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que solicit\u00f3 el beneficio administrativo de permiso de hasta 72 horas y el Juzgado encargado de la vigilancia de la pena, si bien en principio accedi\u00f3 a tal petici\u00f3n, invalid\u00f3 posteriormente tal determinaci\u00f3n el 24 de noviembre de 2017, decisi\u00f3n que mantuvo la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n en providencia de 22 de febrero de 2018, ante el incumplimiento del numeral 5\u00b0 del canon 147 de la Ley 65 de 1993, este es, no haber descontado m\u00e1s del 70% de la pena impuesta. <\/p>\n
Indic\u00f3 que con posterioridad volvi\u00f3 a pedir la prerrogativa, que nuevamente fue desestimada el 20 de octubre de 2020. <\/p>\n
2. Solicit\u00f3 en consecuencia que, en aplicaci\u00f3n del principio de la favorabilidad, se invaliden dichas decisiones, y se ordene a la autoridad que corresponda, que le conceda el beneficio solicitado. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Popay\u00e1n, luego de relacionar las actuaciones que ha conocido en relaci\u00f3n con la vigilancia de la pena acumulada que se encuentra descontando el accionante, hizo \u00e9nfasis en que por estos mismos hechos, interpuso anterior amparo que neg\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal bajo radicado 11001 02 04 000 2018 277300, por lo que solicit\u00f3 la declaratoria de improcedencia por temeridad. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Popay\u00e1n, tambi\u00e9n efectu\u00f3 una s\u00edntesis de las decisiones proferidas en relaci\u00f3n con el permiso de 72 horas solicitado por Anderson Z\u00fa\u00f1iga Mena, y afirm\u00f3 que lo pretendido, es \u00abpretermitir la instancia encargada de pronunciarse sobre el citado beneficio\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Buenaventura, luego de hacer referencia a los hechos por los cuales el convocante result\u00f3 condenado a la pena principal de 34 a\u00f1os de prisi\u00f3n, por el punible de homicidio, indic\u00f3 que, desde el 12 de enero de 2006, remiti\u00f3 la carpeta al Juzgado de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Buga, para la vigilancia de dicha sanci\u00f3n, sin que a la fecha tenga alguna injerencia en las decisiones de las que se duele \u00e9ste. <\/p>\n
4. El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Buga, dijo que es al INPEC a quien le corresponde pronunciarse sobre el permiso solicitado por el solicitante. <\/p>\n
5. El Tribunal Superior de Popay\u00e1n y el agente del Ministerio P\u00fablico, solicitaron declarar la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela por temeridad, <\/p>\n
6. El Coordinador del Grupo de Tutelas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, pidi\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de la entidad a la que representa, por no tener competencia, en las cuestiones sobre las que versa el amparo. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, declar\u00f3 improcedente la protecci\u00f3n constitucional, tras se\u00f1alar que en relaci\u00f3n con las decisiones proferidas el 24 de noviembre de 2017 y el 20 de febrero de 2018, la actuaci\u00f3n luce temeraria, pues las mismas ya fueron objeto de estudio constitucional, mediante sentencias STP3891-2018 y STP251- 2019. <\/p>\n
De otra parte, en lo relativo a la queja planteada contra el auto del 20 de octubre del a\u00f1o de 2020, observ\u00f3 la ausencia del requisito de la subsidiariedad, puesto que el accionante dej\u00f3 de interponer los recursos ordinarios que el proceso le ofrec\u00eda, como lo eran el de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, mediante los cuales ten\u00eda la posibilidad de exponer sus alegaciones y as\u00ed propiciar un pronunciamiento en el proceso penal. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante, en el acta de notificaci\u00f3n del fallo de primera instancia, manifest\u00f3 su inconformidad, insertando la expresi\u00f3n \u00abimpugnaci\u00f3n\u00bb, pero sin manifestar los motivos de su descontento. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero previamente dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la que se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre que se cumplan los conocidos requisitos generales y espec\u00edficos y, en especial, se hubiesen agotado todos los medios ordinarios de defensa judicial existentes en el ordenamiento procesal, puestos a disposici\u00f3n de los interesados, y, en caso de no hacerlo, la acci\u00f3n se vuelve improcedente por ausencia del requisito de la subsidiariedad. (CSJ STC11845-2021, STC1526-2022, STC6747-2022 y STC7925-2022 entre muchas). <\/p>\n
2. En asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, examinado el escrito de tutela, as\u00ed como los soportes allegados a este tr\u00e1mite, se advierte el fracaso de la protecci\u00f3n invocada frente al proceso penal seguido en contra de Anderson Z\u00fa\u00f1iga Mena, aqu\u00ed accionante, y la consecuente confirmaci\u00f3n del fallo impugnado, puesto que, los reproches expuestos por esta v\u00eda residual y extraordinaria, por lo menos en parte, ya fueron alegados y decididos por esta especial jurisdicci\u00f3n y adem\u00e1s se incumple con el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
2.1 En efecto, se observa que la censura formulada contra los autos de 24 de noviembre de 2017 y el 20 de febrero de 2018, a trav\u00e9s de los cuales, en su orden, el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Popay\u00e1n desestim\u00f3 la petici\u00f3n de permiso de hasta por 72 horas que solicit\u00f3, decisi\u00f3n que mantuvo el Tribunal Superior de Popay\u00e1n, fue debatida en los amparos constitucionales dirimidos por la Sala de Casaci\u00f3n Penal en las sentencia STP3891-2018 [Radicaci\u00f3n No. 97350, amparo negado al estimarse prematuro] y STP251- 2019 [Radicaci\u00f3n n\u00b0 107271, protecci\u00f3n negada al ser razonable el criterio adoptado por el ad quem]. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como los reclamos expuestos en esta ocasi\u00f3n frente a la vigilancia de las penas acumuladas interpuestas al actor en los procesos penales, ya hab\u00edan sido objeto de anteriores amparos, resulta inviable una nueva decisi\u00f3n en esta sede, como quiera que, la situaci\u00f3n advertida en la queja actual no sugiere la existencia de hechos adicionales a los otrora expuestos en las acciones de tutela referidas. <\/p>\n
Sobre lo anterior, la Corte Constitucional ha determinado como supuestos \u00abque permiten que una misma persona interponga nuevamente la acci\u00f3n de tutela, sin que dicha situaci\u00f3n configure temeridad (\u2026): (i) cuando surgen circunstancias f\u00e1cticas o jur\u00eddicas adicionales; o, cuando (ii) no existi\u00f3 un pronunciamiento de fondo por parte de la jurisdicci\u00f3n constitucional sobre la pretensi\u00f3n incoada (T-162 de 2018)\u00bb (CSJ, ATP13371-2022), circunstancias que aqu\u00ed no se presentan, pues, se insiste, el juez constitucional primigenio, ya conoci\u00f3 de tales censuras, con lo cual se halla clausurada la posibilidad de efectuar pronunciamientos adicionales a trav\u00e9s de una nueva tutela. <\/p>\n
Por tanto, es evidente el fracaso del amparo solicitado, porque el peticionario activ\u00f3 este mecanismo extraordinario para censurar una actuaci\u00f3n que previamente hab\u00eda puesto en conocimiento de esta jurisdicci\u00f3n, siendo aplicable, por tanto, lo establecido en el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, que dispone, \u00ab[c]uando sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada contra la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se despachar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u00bb. <\/p>\n
2.2 Sumado a lo anterior, se observa que el se\u00f1or Anderson Z\u00fa\u00f1iga Mena, dej\u00f3 de utilizar los mecanismos de defensa para controvertir la otra decisi\u00f3n que hoy cuestiona de 20 de octubre de 2020, a trav\u00e9s de la cual nuevamente se neg\u00f3 el beneficio, esto es, los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, procedentes conforme al art\u00edculo 176 de la Ley 906 de 2004, por lo que cerrada le qued\u00f3 toda posibilidad de \u00e9xito de obtener lo pretendido, al haber desaprovechado las herramientas que estaban a su disposici\u00f3n. <\/p>\n
Debe reiterarse, la falta de proposici\u00f3n oportuna y adecuada de los mecanismos de defensa judicial, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con esta subsidiaria acci\u00f3n, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando los interesados dejan de utilizar los dispositivos de protecci\u00f3n previstos por el ordenamiento jur\u00eddico, quedan sujetos a las consecuencias de las decisiones judiciales que le sean adversas a sus pretensiones, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria. (CSJ STC12514-2021, STC14292-2021, STC2292-2022, STC2818-2022, STC3819-2022, STC7217-2022 y STC10431-2022, entre muchas entre muchas). <\/p>\n
La circunstancia descrita, enmarca esta tutela en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, donde se determina que a este especial\u00edsimo mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para usurpar las funciones que la ley tiene asignadas a determinadas autoridades. <\/p>\n
3. Adem\u00e1s, respecto de la providencia de 20 de octubre de 2020, no se cumple con el requisito de la inmediatez, como quiera que la solicitud de amparo fue promovida solo hasta el 23 de julio de 2021, esto es 9 meses despu\u00e9s de haberse proferido la decisi\u00f3n, t\u00e9rmino que supera el lapso razonable de seis (6) meses se\u00f1alados de manera reiterada por la jurisprudencia para reclamar la protecci\u00f3n constitucional, sin que se hubiese demostrado justificaci\u00f3n de esa conducta. lo que ratifica la improcedencia del amparo constitucional (CSJ STC. 14 Sep. 2007, exp. 2012-01316-00, reiterada en STC. 27 Oct. 2011, exp. 2011-02245-00, STC12287-2016, STC10554-2018, STC8525-2022 y STC8539-2022 entre muchas otras). <\/p>\n
4. De conformidad con lo considerado, la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas, por los motivos expuestos en la parte considerativa de la presente decisi\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002Tr\u00e1mite remitido a la Sala de Casaci\u00f3n Civil para el tr\u00e1mite de impugnaci\u00f3n, mediante correo electr\u00f3nico del 1\u00b0 de noviembre de 2022. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC15493-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC15493-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01495-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68956","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68956","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68956"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68956\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68956"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68956"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68956"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}