STC15496-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15496-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 27001-22-08-000-2022-00068-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Darwin Lozano Murillo, quien dijo actuar como Presidente de la Veedur\u00eda por la Transparencia del Choc\u00f3 – Veeduchoc\u00f3, frente al fallo proferido el 14 de septiembre de 2022 por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibd\u00f3, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00e9l contra los Juzgados Promiscuo Municipal de Uni\u00f3n Panamericana y Promiscuo de Familia de Istmina, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su garant\u00eda esencial al debido proceso, presuntamente vulnerada por el estrado municipal acusado por no haberlo enterado debidamente del prove\u00eddo mediante el cual lo sancion\u00f3 por desacato a una orden de tutela previa. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abnulitar todo lo actuado\u00bb en el asunto fustigado. <\/p>\n
2. La siguiente es la situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para la definici\u00f3n de este caso: <\/p>\n
2.1. Con fallo de tutela del pasado 14 de junio el Juzgado municipal encausado ampar\u00f3 \u00ablos derechos fundamentales a la honra\u2026 y buen nombre\u00bb de Oscar Jhoel Rengifo Mosquera, y orden\u00f3 al aqu\u00ed quejoso eliminar \u00ablas expresiones\u2026 con las cuales ha proferido insultos y sobrenombres que atentan contra\u00bb las garant\u00edas esenciales de aqu\u00e9l, \u00abjunto con las im\u00e1genes o fotograf\u00edas\u2026 utilizadas en las publicaciones expuestas en su perfil de Facebook[,] tituladas \u00bfD\u00d3NDE EST\u00c1 Y EN QU\u00c9 SE HA INVERTIDO EL DINERO PAL DEPORTE?[,] del 8 de marzo. \u00bfO\u00cdSTE BICHOTA DONDE EST\u00c1N LOS RECURSOS DEL DEPORTE?[,] [d]el 18 de marzo, HOLIS[,] del 22 de abril, la del 6 de junio y de cualquier otra publicaci\u00f3n o red social. De esa manera, las publicaciones que se mantengan deber\u00e1n estar debidamente soportadas con el fin de que se cumplan los requisitos de veracidad, razonabilidad y proporcionalidad\u00bb; adem\u00e1s, lo conmin\u00f3 \u00abpara que[,] en lo sucesivo[,] al emitir o publicar sus opiniones en [ese] medio, acerca de cualquier funcionario p\u00fablico o ciudadano en general con este tipo de informaci\u00f3n, evite utilizar expresiones e informaci\u00f3n con las cuales puede trascender a \u00e1mbitos privados, que al igual que la libertad de expresi\u00f3n[,] gozan de protecci\u00f3n Constitucional[,] ya que atentan contra el buen nombre, la honra e intimidad de las personas\u00bb. Determinaci\u00f3n que el 13 de julio \u00faltimo confirm\u00f3 el estrado promiscuo de familia convocado. <\/p>\n
2.2. Al considerar incumplido ese veredicto, Rengifo Mosquera impuls\u00f3 incidente de desacato, en el que, surtidas las etapas de rigor, el 5 de agosto del a\u00f1o en curso el a-quo declar\u00f3 que el aqu\u00ed tutelante desatendi\u00f3 tal orden supralegal y, en consecuencia, lo sancion\u00f3 con 3 d\u00edas de arresto y multa equivalente a 2 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. Decisi\u00f3n que, en sede de consulta, el 5 de septiembre siguiente confirm\u00f3 el ad-quem. <\/p>\n
2.3. En esta oportunidad el reclamante se doli\u00f3 de que el mentado prove\u00eddo del pasado 5 de agosto \u00abnunca [l]e fue notificado[,] como lo dispone el art\u00edculo 16 del decreto 2591 de 1991\u00bb, lo que le impidi\u00f3 ejercer su derecho de defensa y contradicci\u00f3n. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo Municipal de Uni\u00f3n Panamericana pidi\u00f3 el despacho adverso de la salvaguarda porque todas sus actuaciones se ajustaron a las normas que regulan la materia, especialmente al canon 52 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que mediante correo electr\u00f3nico enter\u00f3 directamente al accionante tanto del requerimiento previo al incidente de desacato como de su apertura; que aunque no le notific\u00f3 personalmente el auto a trav\u00e9s del cual lo sancion\u00f3, lo cierto es que s\u00ed lo hizo mediante anotaci\u00f3n en estado; y que, en todo caso, la eventual irregularidad, que sostuvo no existi\u00f3, se convalid\u00f3 en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del numeral 8\u00ba del precepto 133 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo de Familia de Istmina indic\u00f3 que deb\u00eda negarse la protecci\u00f3n porque aunque no existe prueba de que al accionante se le \u00abhubiese enviado notificaci\u00f3n [del auto sancionatorio] al correo electr\u00f3nico\u00bb, lo cierto es que \u00abs\u00ed est\u00e1 demostrado que sab\u00eda de la existencia del tr\u00e1mite incidental en su contra por el incumplimiento de una orden judicial emanada por [el] Juzgado Promiscuo de Uni\u00f3n Panamericana\u00bb, comoquiera que primero fue requerido por \u00e9ste y, luego, el pasado 10 de agosto, por ese estrado, \u00aba los correos electr\u00f3nicos (darwinlozano09gmail.com y veeduriatransparenciachoco@gmail.com) en donde debi\u00f3 manifestar cualquier violaci\u00f3n a sus derechos fundamentales y garant\u00edas\u00bb. <\/p>\n
3. Oscar Jhoel Rengifo Mosquera, a trav\u00e9s de apoderado judicial, deprec\u00f3 \u00ab[d]enegar el amparo solicitado por parte del promotor de esta acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal a-quo neg\u00f3 la protecci\u00f3n porque el auto \u00abdel 5 de agosto de este a\u00f1o[,] proferido como colof\u00f3n de la primera instancia en el referido ap\u00e9ndice procesal de desacato, s\u00ed fue notificado al sancionado, no de manera personal como \u00e9l reclama, sino a trav\u00e9s de estado del 8 de agosto siguiente\u2026 Otra cosa es que\u2026 no haya estado atento al devenir de ese incidente, no obstante que sab\u00eda de su apertura[,] pues le hab\u00eda sido notificado el auto\u2026 del 26 de julio de 2022, con el que se dio inicio al referido tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que lo cierto es que \u00abla omisi\u00f3n de notificaci\u00f3n solo la cuestiona\u2026 respecto del auto sancionatorio, pero no frente a las dem\u00e1s actuaciones previas\u00bb; y que \u00abla providencia a trav\u00e9s de la cual se sanciona por desacato no es pasible de recurso alguno, ni siquiera del de reposici\u00f3n, no solamente porque el Decreto 2591 de 1991 no contempla tales medios de opugnaci\u00f3n contra aquella decisi\u00f3n, sino porque la misma Corte Constitucional as\u00ed lo ha enfatizado al destacar que solo [procede] el grado jurisdiccional de consulta\u00bb (CC A-055\/20). <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 el actor insistiendo en sus planteamientos iniciales; critic\u00f3 que era inviable considerar como v\u00e1lida la notificaci\u00f3n por estado del auto sancionatorio, pues ello no se ajusta al precepto 16 del Decreto 2591 de 1991, m\u00e1xime cuando su especial condici\u00f3n notoria de \u00abl\u00edder social\u00bb, la cual, por las constantes amenazas de muerte de que ha sido objeto, lo ha obligado tanto o no tener un sitio fijo para pernoctar como a abandonar ese territorio, le impon\u00edan \u00abuna imposibilidad f\u00edsica de hacer presencia en ese municipio y[,] por ende[,] no podr\u00eda enterar[s]e de las notificaciones que por estado realice el juez sancionador\u00bb.. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que para negarle la protecci\u00f3n era insuficiente sostener que contra el auto sancionatorio del juzgador de primer grado no proced\u00eda ning\u00fan recurso, comoquiera que lo cierto es que la notificaci\u00f3n echada de menos le impidi\u00f3 \u00abpreparar y ejercer de inmediato [su] defensa ante el superior[,] en grado de consulta\u00bb; y que le era incomprensible la denegaci\u00f3n de la salvaguarda cuando el mismo Tribunal constitucional advirti\u00f3 que el juzgador ad-quem acusado, al responder la acci\u00f3n de tutela, reconoci\u00f3 la ausencia del acto de enteramiento del prove\u00eddo sancionatorio que dict\u00f3 el estrado municipal, sin que, de oficio, adoptara la respectiva medida correctiva que, en su sentir, correspond\u00eda. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
2. Descendiendo al sub examine, advierte la Sala que la solicitud de resguardo estaba llamada al fracaso, como lo defini\u00f3 el a-quo constitucional, porque de la inspecci\u00f3n efectuada sobre el expediente contentivo del asunto fustigado se deriva que, efectivamente, desde el 8 de agosto de 2022 el estrado municipal acusado notific\u00f3 a todos los interesados, a trav\u00e9s de anotaci\u00f3n en estado, el auto del d\u00eda 5 anterior, mediante el cual sancion\u00f3 por desacato al quejoso, al interior del incidente de cuya apertura tambi\u00e9n le hab\u00eda enterado previamente, debida y directamente, estando cumplida as\u00ed, en \u00faltimas, su exigencia constitucional. <\/p>\n
Tal conclusi\u00f3n no sufre ninguna alteraci\u00f3n por las alegaciones tra\u00eddas en la impugnaci\u00f3n, comoquiera que, de haber existido alguna irregularidad al respecto, lo cierto es que obran constancias de que el ad-quem, antes de resolver la consulta, el 10 de agosto \u00faltimo nuevamente requiri\u00f3 al accionante el cumplimiento de la orden tutelar; y que el 8 de septiembre siguiente, mediante correo electr\u00f3nico, el juzgador a-quo lo volvi\u00f3 a enterar de su decisi\u00f3n sancionatoria; sin que aqu\u00e9l, en la oportunidad legal, adujera all\u00ed la falencia aqu\u00ed denunciada, de donde, de haberse presentado la misma, lo cierto es que qued\u00f3 subsanada por su proceder silente, super\u00e1ndose as\u00ed cualquier irregularidad, por lo cual carecer\u00eda de objeto impartir una orden con miras a que tal acto de enteramiento se repita. <\/p>\n
En ese sentido, tiene por sentado esta Corte que: <\/p>\n
Si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente\u2026[,] la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01; STC, 12 jun. 2014, rad. 2014-00262-01; y STC, 5 mar. 2015, rad. 2014-00194-01). <\/p>\n
3. Lo sucintamente consignado impone ratificar la determinaci\u00f3n de primer grado, pero por las razones ac\u00e1 exteriorizadas que no, precisamente, por las del a-quo constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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