STC15500-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15500-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2022-00999-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de noviembre de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 23 de agosto de 2022, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Felipe Barros Borja contra la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de petici\u00f3n, al trabajo y al m\u00ednimo vital, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, para la inscripci\u00f3n y expedici\u00f3n de la tarjeta profesional radic\u00f3 la solicitud respectiva ante el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados; sin embargo, tal dependencia le inform\u00f3 el 1\u00b0 de agosto de 2022, que no era posible expedir la tarjeta profesional, pues de conformidad con la Ley 1905 de 2018, debe presentar y obtener la certificaci\u00f3n de aprobaci\u00f3n del examen de Estado que habilite su inscripci\u00f3n en el Registro de Abogados. <\/p>\n
Aleg\u00f3 que en la actualidad no existe un pronunciamiento por parte del Consejo Superior de la Judicatura, acerca de la convocatoria a dicho examen, por lo que, con tal determinaci\u00f3n, se le impide desarrollar las actividades propias de su profesi\u00f3n. <\/p>\n
2. En consecuencia de lo anterior, solicit\u00f3 ordenar a la autoridad accionada, expedir el documento requerido. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
La Unidad de Registro de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, inform\u00f3 que, \u00aben cumplimiento a lo dispuesto en los Acuerdos Nos. 002 de 1996 y 11354 de 2019, el proceso de tr\u00e1mite para la inscripci\u00f3n y expedici\u00f3n de la Tarjeta Profesional de Abogado se someti\u00f3 al control riguroso de las exigencias legales y reglamentarias que aseguren la emisi\u00f3n de un documento id\u00f3neo\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, puso de presente que, \u00abcon el \u00e1nimo de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1905 de 2018, el Consejo Superior de la Judicatura autoriz\u00f3 al Director Ejecutivo de la Administraci\u00f3n Judicial para que suscribiera un convenio interadministrativo con el ICFES, con el fin de establecer el marco de referencia para la implementaci\u00f3n del examen para ejercer la profesi\u00f3n de abogado. Mencion\u00f3 que el Convenio en menci\u00f3n consta de 3 fases, desarroll\u00e1ndose en la actualidad la fase I con un plazo de ejecuci\u00f3n de 11 meses, el que culminar\u00e1 con la entrega y presentaci\u00f3n al Consejo Superior de la Judicatura de las especificaciones de la prueba\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, hizo \u00e9nfasis en que, \u00abcon relaci\u00f3n al caso del ciudadano JUAN FELIPE BARROS BORJA, inform\u00f3 haber solicitado, a trav\u00e9s del correo regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co, su inscripci\u00f3n como abogado y la expedici\u00f3n de la tarjeta profesional. Pero debido a que el peticionario inici\u00f3 sus estudios con posterioridad a la promulgaci\u00f3n de la Ley 1905 de 2018, esa Unidad se encuentra imposibilitada para expedirle la tarjeta profesional de abogado, mientras no presente y obtenga la certificaci\u00f3n de aprobaci\u00f3n del examen de Estado exigido por la nueva normatividad\u00bb. <\/p>\n
Y, finalmente indic\u00f3, que \u00abpresentar\u00eda a consideraci\u00f3n del Consejo Superior de la Judicatura, en la sesi\u00f3n de agosto 18 del presente a\u00f1o, un proyecto de acuerdo que regule el procedimiento de expedici\u00f3n de las tarjetas profesionales de abogados con vigencia temporal, hasta la aplicaci\u00f3n y certificaci\u00f3n del examen de Estado contemplado en la Ley 1905 de 2018\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, concedi\u00f3 el amparo solicitado, luego de explicar, en lo fundamental, que, <\/p>\n
Para el momento de aprobaci\u00f3n de esta providencia, no se ha allegado por parte de las autoridades accionadas ninguna decisi\u00f3n administrativa que brinde soluci\u00f3n a la problem\u00e1tica de JUAN FELIPE BARROS BORJA. <\/p>\n
3.3. Por mandato de la Ley 1905 de 2018, la responsabilidad de la realizaci\u00f3n del mencionado examen de Estado recae en el Consejo Superior de la Judicatura, autoridad que, por motivos que se desconocen, no adelant\u00f3 las actuaciones requeridas para garantizar su realizaci\u00f3n al t\u00e9rmino de los estudios de quienes quedaban cobijados por el nuevo sistema y por la exigencia de aprobar el examen de Estado para la expedici\u00f3n de la tarjeta profesional. <\/p>\n
Esta an\u00f3mala situaci\u00f3n genera la imposibilidad actual para el accionante de i), presentar el examen de Estado de la Ley 1905 de 2018 y, ii) lograr su inscripci\u00f3n como abogado litigante para el ejercicio de \u201cla profesi\u00f3n por medio de la representaci\u00f3n de otras personas en cualquier tr\u00e1mite que requiera de abogado\u201d. <\/p>\n
3.4. Es de destacarse que el actor ya cuenta con un t\u00edtulo profesional de abogado emitido por la Instituci\u00f3n Universitaria de Colombia y que la omisi\u00f3n del Consejo Superior de la Judicatura de programar en tiempos razonables la realizaci\u00f3n del examen de Estado, para el cumplimiento de una exigencia impuesta por el mismo Estado, implica una vulneraci\u00f3n manifiesta del derecho al trabajo y al libre ejercicio de la profesi\u00f3n, que no tienen por qu\u00e9 soportar. <\/p>\n
3.5. Exigirle al accionante que espere hasta el a\u00f1o 2024, o m\u00e1s all\u00e1, mientras el Consejo Superior de la Judicatura le brinda la oportunidad de presentar el examen de Estado, resulta ser no solo una carga desproporcionada, sino inaudita, pues no se concibe que despu\u00e9s de 4 a\u00f1os de vigencia de la ley que exige el requisito, no se haya implementado el sistema para garantizar su cumplimiento, y, adicionalmente, que los efectos adversos de la ineficiencia del Estado se trasladen al usuario. <\/p>\n
En consecuencia, orden\u00f3 a la Unidad Nacional de Registro de Abogados y Auxiliares de la Justicia, que \u00abdentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de este fallo, disponga la expedici\u00f3n de la tarjeta profesional de abogado con vigencia temporal a nombre de JUAN FELIPE BARROS BORJA, mientras se realiza el primer examen de Estado de que trata la Ley 1905 de 2018\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue presentada por la Unidad accionada, luego de solicitar la existencia de un hecho superado, como quiera que, <\/p>\n
mediante oficio de fecha 1 de septiembre de 2022, dio alcance al oficio de respuesta a la acci\u00f3n de tutela de la referencia, en el cual se comunic\u00f3 al Honorable Magistrado Ponente, que el Consejo Superior de la Judicatura expidi\u00f3 el Acuerdo No. PSCJA22 por medio del cual se establecen normas para la expedici\u00f3n de tarjetas profesionales de abogados y se dictan otras disposiciones\u00b4 dentro de las cuales, para los graduados destinatarios de la Ley 1905 de 2018 que a\u00fan no presentan el examen de Estado, podr\u00e1n solicitar sin la acreditaci\u00f3n del certificado de aprobaci\u00f3n del examen, su inscripci\u00f3n en el Registro Nacional de Abogados y la expedici\u00f3n de una Tarjeta Profesional de Abogado, que tendr\u00e1 car\u00e1cter provisional con vigencia hasta la publicaci\u00f3n de los resultados de la primera prueba, cuya copia se adjunta. <\/p>\n
De igual forma, se indic\u00f3 que esta Unidad con todos los documentos aportados, inscribi\u00f3 en el registro de abogados al Dr. JUAN FELIPE BARROS BORJA, identificado con la C.C. No. 1.000.033.346, asign\u00e1ndole la Tarjeta Profesional de Abogado con Vigencia Provisional No 389.900, mediante el Acta No. 17644 de 2022, cuya copia anexo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, de la revisi\u00f3n del escrito de tutela y los documentos obrantes en el expediente digital constitucional se observa, que la orden constitucional impartida por el a quo se soport\u00f3 en la carga injustificada que se estaba imponiendo a Juan Felipe Barros Borja, por la no expedici\u00f3n de la tarjeta profesional de abogado, tras no haber prestado una prueba de estado de la que ni siquiera hab\u00eda sido efectuada su pr\u00e1ctica, pese haber sido dispuesta legalmente, hace m\u00e1s de cuatro a\u00f1os. <\/p>\n
3. Ahora, conforme a las puntuales manifestaciones efectuadas en el escrito de impugnaci\u00f3n, en lo que refiere a la emisi\u00f3n del reiterado documento, pudiera decirse, en principio, que la reclamaci\u00f3n efectuada por el se\u00f1or Juan Felipe Barros Borja a trav\u00e9s de este instrumento de especial de protecci\u00f3n fue debidamente satisfecha, puesto que le fue asignada la Tarjeta Profesional de Abogado con Vigencia Provisional No. 389.900 y enviada el 8 de septiembre de 2022, por el servicio de correo certificado de la Empresa 4-72 Servicios Postales Nacionales de Colombia S.A. bajo la gu\u00eda de env\u00edo No. RA388763839CO, a la direcci\u00f3n de residencia suministrada por el accionante al momento de realizar la preinscripci\u00f3n, esto es: Calle 54 F, Sur No. 93 C 45, Torre 15, apartamento 403, Bogot\u00e1, comprobante que se anex\u00f3 en debida forma. <\/p>\n
No obstante, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada, pues lo cierto es que la aludida emisi\u00f3n de la tarjeta profesional, se produjo 8 d\u00edas despu\u00e9s [1\u00b0 de sept.22] al proferimiento de la sentencia de tutela [23 de agos. 21] y, de tal hecho, s\u00f3lo se le comunic\u00f3 al ad quem constitucional, al momento de la interposici\u00f3n de la impugnaci\u00f3n que en esta sede se resuelve, por lo que lo decidido se soport\u00f3 en las pruebas obrantes en el expediente y los hechos que, para esa fecha ten\u00edan lugar. <\/p>\n
4. En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone confirmar la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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