STC15501-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15501-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-02122-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Alirio Arias Obando, Argemiro Berr\u00edo \u00c1lvarez, Humberto Nicol\u00e1s Meza Vargas y \u00c1ngel Fernando Soto Zamora frente al fallo proferido el 31 de mayo de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n1, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por ellos contra la Sala de Descongesti\u00f3n Nro. 4 de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los accionantes, a trav\u00e9s de apoderado judicial, sin efectuar pretensi\u00f3n concreta alguna, reclamaron la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb, m\u00ednimo vital, trabajo y seguridad social, presuntamente vulnerados por la sede judicial acusada al no acceder al recurso extraordinario de casaci\u00f3n propuesto en el juicio laboral que incoaron. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para definir el presente caso es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. En el juicio ordinario laboral que los accionantes (junto con otras 52 personas: Luis Horacio Arenas Giraldo, Jos\u00e9 Arnoldo Aricapa Tapasco, Juan Gregorio Aristiz\u00e1bal Restrepo, Mar\u00eda Marleny Ballesteros Mart\u00ednez, Jes\u00fas Mar\u00eda Casta\u00f1o Grisales, Luis Hern\u00e1n C\u00e1rdenas Murillo, Jes\u00fas Mar\u00eda C\u00e1rdenas, Antonio Mar\u00eda Calvo Prieto, Hugo Iv\u00e1n Ceballos Castrill\u00f3n, Mar\u00eda Luc\u00eda Ceballos De Zapata, Alberto Cort\u00e9s Granada, Orlando Franco Ospina, Jairo Garc\u00eda Agudelo, Jairo Garc\u00eda, Ram\u00f3n Enrique Garc\u00eda Su\u00e1rez, Luis Alberto Gonz\u00e1lez Arias, Carlos Arturo Gonz\u00e1lez Guar\u00edn, Jos\u00e9 Danilo Gonz\u00e1lez Vargas, Jes\u00fas Antonio Henao Mar\u00edn, Javier Hern\u00e1ndez Atheort\u00faa, Jos\u00e9 Antonio Hidalgo Angulo, Hern\u00e1n Laserna Salazar, Edilberto Loaiza Betancourt, Germ\u00e1n L\u00f3pez Franco, Omaira L\u00f3pez D\u00edaz, Eli\u00e9cer Londo\u00f1o Montoya, Bernardo Mart\u00ednez Molina, Luis Omar Mazo Puerta, Luis \u00c1ngel Melchor Su\u00e1rez, Rigoberto Medina P\u00e9rez, Germ\u00e1n Morales Casta\u00f1o, Omar Antonio Morales Henao, Luis Eduardo Moreno Hidalgo, Luz Edith Murillo De Valencia, Lucila Orozco de D\u00edaz, Luis Ernesto Ocampo Escobar, Rafael Antonio Ortiz, \u00d3scar Ospina L\u00f3pez, Heriberto Parra, Leticia Pineda Murillo, Luis Amado Ram\u00edrez, Luis Mario Ram\u00edrez, Luis Antonio Rodr\u00edguez Medina, Aparicio Romero Londo\u00f1o, Benjam\u00edn Rend\u00f3n Molina, Fulgencio de Jes\u00fas Rivera Berm\u00fadez, Luis Eduardo Tapasco Pescador, Jos\u00e9 Uriel Torres Villegas, Luis Albeiro Vasco Calder\u00f3n, Germ\u00e1n Vergara Carvajal, Jos\u00e9 Rodrigo Villa Bedoya y Jos\u00e9 Arturo Villa Loaiza) incoaron contra la Secretar\u00eda de Fomento, Desarrollo y Obras P\u00fablicas del Departamento de Caldas (pretendiendo \u00abse declarara la nulidad de las actas de conciliaci\u00f3n suscritas por ellos y el entonces Gobernador del Departamento y que, en consecuencia, fueran reintegrados a los cargos que como trabajadores oficiales ven\u00edan desempe\u00f1ado\u00bb; o subsidiariamente, les fuera reconocida \u00abla pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional a aquellos que contaran con 50 a\u00f1os y 15 de servicios, o 60 de edad y 10 o m\u00e1s de servicios\u2026, adem\u00e1s del pago de la indemnizaci\u00f3n por terminaci\u00f3n sin justa causa\u00bb), el 28 de febrero de 2013 el Juzgado Tercero Laboral Adjunto del Circuito de Manizales dict\u00f3 sentencia adversa a las pretensiones, decisi\u00f3n que el 2 de agosto siguiente confirm\u00f3 la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad, determinaci\u00f3n \u00faltima que, el 17 de marzo de 2020, no cas\u00f3 esta Corte. <\/p>\n
2.2. En sede de tutela, en concreto, los gestores de la salvaguarda adujeron que con esa decisi\u00f3n se incurri\u00f3 en defecto sustantivo porque la accionada, al pronunciarse en sede extraordinaria, desconoci\u00f3 que \u00abla preposici\u00f3n (sic) jur\u00eddica completa ya desapareci\u00f3 de nuestro ordenamiento jur\u00eddico en materia del recurso de casaci\u00f3n\u00bb, resultando injustificado su despacho adverso bajo los supuestos de que i) en esa instancia \u00abse formul\u00f3 una pretensi\u00f3n diferente a las que inicialmente se plantearon, concretamente a la ocurrencia de un \u201cdespido colectivo\u201d, derivado de la intenci\u00f3n de la entidad de suprimir la Secretar\u00eda de Fomento, Desarrollo y Obras P\u00fablicas\u00bb; ii) \u00abel debate s\u00f3lo se concentr\u00f3 en determinar la validez de las actas de conciliaci\u00f3n suscritas por los recurrentes con ocasi\u00f3n de su desvinculaci\u00f3n como trabajadores oficiales\u00bb; y iii) \u00aben la proposici\u00f3n jur\u00eddica se incurri\u00f3 en un error de formulaci\u00f3n, toda vez que el r\u00e9gimen jur\u00eddico es el contenido en el Decreto 2127 de 1945\u00bb. <\/p>\n
Destacaron que aunque dicha norma era aplicable, \u00ab[p]or disposici\u00f3n del art\u00edculo 3\u00b0 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo\u00bb, igualmente lo eran \u00ablos art\u00edculos citados en la demanda de casaci\u00f3n como violados en el primer cargo por la v\u00eda directa, entre ellos el literal e) del art\u00edculo 5\u00b0 de la Ley 50 de 1990, 1740 y 1741 del C\u00f3digo Civil, y 53 de la Constituci\u00f3n por aplicaci\u00f3n indebida\u00bb; siendo lo adecuado efectuar su \u00abinterpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica con otras que no fueron tenidas en cuenta, al haber sido citada una de ellas que completar\u00edan la preposici\u00f3n (sic) jur\u00eddica\u2026 [y] resultan necesarias para decidir la nulidad de las actas de conciliaci\u00f3n suscritas por el extremo demandante por su desvinculaci\u00f3n como trabajadores oficiales[,] de conformidad con los art\u00edculos 1740 y 1741 del C\u00f3digo Civil, por la falta o la omisi\u00f3n o formalidad que las leyes prescriben para el valor de la conciliaci\u00f3n o transacci\u00f3n plasmadas en las cuatro (4) actas en qu[e] se acord\u00f3 el plan de retiro voluntario de los trabajadores de la Secretar\u00eda de Fomento, Desarrollo y Obras P\u00fablicas del Departamento de Caldas\u2026, que tuvo que contar con la anuencia del representante del Ministerio de Protecci\u00f3n Social o del Trabajo y la aprobaci\u00f3n del Juez Laboral de la terminaci\u00f3n del fuero sindical de los trabajadores\u00bb, en tanto que, \u00absin su aprobaci\u00f3n y plazos fijados en la Ley[,] no se pudo suprimir o terminar los contratos de trabajo de los trabajadores oficiales[,] por estar sindicalizados y gozar de [e]se fuero\u00bb, en concordancias con las sentencias T-790\/10 y T-510\/11 de la Corte Constitucional. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
2. La Sala de Descongesti\u00f3n Nro. 4 de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte indic\u00f3 que su decisi\u00f3n \u00abse edific\u00f3 sobre la base de la competencia restringida de esta Corporaci\u00f3n en atenci\u00f3n a la t\u00e9cnica del recurso de casaci\u00f3n (CSJ SL4032-2017; CSJ SL5988-2016; CSJ SL18164-2016; CSJ SL, 1\u00ba febrero 2011, radicaci\u00f3n 38336; CSJ SL, 11 febrero 1994, radicaci\u00f3n 6043)\u00bb. <\/p>\n
3. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales deprec\u00f3 el despacho adverso del amparo y su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite por \u00abno provenir de ella vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de la parte accionante\u00bb. <\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda Delegada de Intervenci\u00f3n Segunda para la Casaci\u00f3n Penal se\u00f1al\u00f3 estar imposibilitada de \u00abemitir concepto donde se pueda ponderar si se pudo haber vulnerado alguno de los derechos a los que refieren los accionantes\u00bb porque \u00abno ejerci\u00f3 labor de intervenci\u00f3n en el curso del proceso mencionado dentro de la acci\u00f3n de tutela, y no\u2026 tiene a\u2026 [su] alcance los fallos confutados\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional, tras renovar la actuaci\u00f3n vinculando a Luis Antonio Rodr\u00edguez Medina y Fulgencio de Jes\u00fas Rivera Berm\u00fadez, de acuerdo a lo ordenado por esta Sala en auto del pasado 16 de mayo (ATC652-2022), neg\u00f3 el resguardo al concluir que \u00abla presunta afectaci\u00f3n de los derechos fundamentales de los demandantes es m\u00e1s expuesta como un recurso ordinario, que como una real afectaci\u00f3n habilitante de la intervenci\u00f3n del juez constitucional\u00bb, porque \u00abpretenden que [\u00e9ste]\u2026 realice un juicio de valor diferente al efectuado por la autoridad demandada y que en esta sede se subsanen los errores presentados en la formulaci\u00f3n de los cargos\u2026 en la demanda de casaci\u00f3n y se acceda a sus pretensiones, convirtiendo con su actuar, el mecanismo de amparo en una tercera instancia\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n con la que culmin\u00f3 el proceso ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria\u2026 responde a las consideraciones del caso concreto, contrario al querer de los accionantes\u2026, sin que se observe imperiosa la intervenci\u00f3n del juez constitucional, dado que la decisi\u00f3n objeto de controversia se profiri\u00f3 en aplicaci\u00f3n de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial, consagrados en el art\u00edculo 228 de la Carta Pol\u00edtica\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La incoaron los actores insistiendo en sus pretensiones, argumentaron que, como reiteradamente lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia constitucional, los procedimientos no pueden estar por encima de los derechos sustanciales, resultando claramente arbitrario negar el restablecimiento de sus garant\u00edas fundamentales con apoyo \u00aben errores formales en la formulaci\u00f3n de los cargos a la sentencia de segunda instancia en la demanda de casaci\u00f3n\u00bb, lo que implic\u00f3 que dejara de definirse si sus prerrogativas, como trabajadores sindicalizados, \u00abfueron vulnerados o no, en cuanto al tr\u00e1mite de la terminaci\u00f3n del contrato de trabajo, que fueron plenamente violados al suscribirse las actas de conciliaci\u00f3n deman[da]das\u00bb; motivos por los cuales, sostuvieron, a este juez constitucional ad-quem le corresponde atender sus s\u00faplicas \u00abverificando si el derecho de asociaci\u00f3n sindical fue o no materia de atropello, viol\u00e1ndose los derechos fundamentales de los sindicalizados, cumpli\u00e9ndose as\u00ed su deber estipulado por la Corte Constitucional\u2026 en la sentencia\u2026 T-436 del 13 de abril del 2000, definiendo lo que le corresponde al Juez Constitucional\u2026, en cumplimiento del precedente Constitucional[,] al ser sentencia de unificaci\u00f3n de [su] jurisprudencia\u2026 que interpreta y protege las normas de [e]se rango, por lo tanto\u2026[,] obligatorio para el Juez\u2026 que decida la impugnaci\u00f3n, sentencia de unificaci\u00f3n SU-1067\/00\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, se anticipa la improcedencia de la impugnaci\u00f3n impetrada y, por ende, la confirmaci\u00f3n del fallo opugnado, comoquiera que la providencia de casaci\u00f3n acusada no luce arbitraria, habida cuenta que la autoridad cuestionada, con apoyo en la normatividad y la jurisprudencia que encontr\u00f3 aplicables al caso, arrib\u00f3 a la decisi\u00f3n que se le reprocha. <\/p>\n
2.1. En efecto, all\u00ed anticip\u00f3 que \u00abla demanda de casaci\u00f3n formulada por los recurrentes no satisface los requisitos exigidos por el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, concretamente en lo que tiene que ver con la determinaci\u00f3n del alcance del recurso, puesto que, formularon una pretensi\u00f3n improcedente en sede de casaci\u00f3n, esto es, \u00ab[\u2026] declarar la nulidad del acta de la asamblea general del sindicato\u00bb, que no corresponde con el prop\u00f3sito del recurso de casaci\u00f3n, y s\u00ed es propia de una demanda ordinaria de primera instancia\u00bb; m\u00e1xime cuando, con apoyo en la jurisprudencia sobre la materia (CSJ SL12326-2017 y SL2631-2019), resalt\u00f3 que \u00abla exigencia de la observancia de los requisitos de la demanda de casaci\u00f3n debe ajustarse a lo dispuesto por la normatividad procesal, en tanto se constituye como una garant\u00eda de la realizaci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso\u00bb. <\/p>\n
Luego anot\u00f3 que, ciertamente, los cargos propuestos \u00abse asemejan m\u00e1s a un alegato de instancia que a un escrito con el que se pretenda demostrar l\u00f3gica y razonadamente las equivocaciones en que incurri\u00f3 el Tribunal, y por ese motivo no constituye una cr\u00edtica razonable contra la sentencia que pretende impugnar\u00bb. <\/p>\n
Despu\u00e9s enfatiz\u00f3 que \u00ablos recurrentes formularon una pretensi\u00f3n diferente a las que inicialmente se plantearon, consistente en la ocurrencia de un \u00abdespido colectivo\u00bb derivado de la intenci\u00f3n de la entidad de suprimir la Secretar\u00eda de Fomento, Desarrollo y Obras P\u00fablicas, asunto que, al no ser propuesto en la oportunidad procesal correspondiente, no fue debatido en el tr\u00e1mite procesal propio de las instancias\u00bb; resultando inviable la proposici\u00f3n, en sede extraordinaria, de situaciones novedosas como esa, seg\u00fan lo ha dejado dicho esta Corporaci\u00f3n (CSJ SL15573-2017); evidenci\u00e1ndose que \u00aben la demanda no se propuso ning\u00fan debate respecto de la eventual ocurrencia de un despido colectivo, de manera que, en su contestaci\u00f3n tampoco se desarroll\u00f3 tal asunto. As\u00ed, el debate se centr\u00f3 en determinar la validez de las actas de conciliaci\u00f3n suscritas por los recurrentes con ocasi\u00f3n de su desvinculaci\u00f3n como trabajadores oficiales, convirti\u00e9ndose en un medio nuevo en casaci\u00f3n, y por lo mismo, inestimable, por ser ajeno a lo controvertido en instancias\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, en l\u00ednea \u00abcon la proposici\u00f3n de los cargos\u00bb, resalt\u00f3 que \u00abno hay duda acerca de la condici\u00f3n de trabajadores oficiales de los recurrentes, lo que necesariamente implica se\u00f1alar que la proposici\u00f3n jur\u00eddica incurri\u00f3 en un error de formulaci\u00f3n, toda vez que el r\u00e9gimen jur\u00eddico era el contenido en el Decreto 2127 de 1945, por expresa disposici\u00f3n del art\u00edculo 3\u00ba del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo\u00bb; de all\u00ed que el ad-quem \u00abno pudo incurrir en la infracci\u00f3n directa, ni en la aplicaci\u00f3n indebida de las disposiciones invocadas, por cuanto no eran aplicables al asunto en juicio\u00bb, afirmaci\u00f3n que, seguidamente, as\u00ed valid\u00f3: <\/p>\n
\u2026Esto es tambi\u00e9n predicable del medio nuevo. Sobre el particular, en sentencia CSJ SL5209-2018, se dispuso que, <\/p>\n
El tema sometido a consideraci\u00f3n ya ha sido analizado por la Sala, frente a lo cual ha precisado que el art\u00edculo 67 de la Ley 50 de 1990 no regula las relaciones de trabajo del sector oficial, raz\u00f3n por la cual no es necesario solicitar permiso al Ministerio de Trabajo para efectuar despidos colectivos de servidores p\u00fablicos vinculados mediante contrato de trabajo (CSJ SL12894-2016, CSJ SL8178-2016, CSJ SL7489-2017 y CSJ SL2572-2018). <\/p>\n
Lo anterior ha sido sustentado en que, extender la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 67 de la Ley 50 de 1990 al sector p\u00fablico implicar\u00eda desconocer el vigor de las normas constitucionales que autorizan suprimir empleos en el Estado, tal y como ocurri\u00f3 este el caso, pues en raz\u00f3n de lo dispuesto por el Decreto 2702 de 2003, mediante el cual se modific\u00f3 la planta de personal de Findeter S.A., se dispuso la supresi\u00f3n de algunos cargos. <\/p>\n
2.2. As\u00ed, es claro que lo dispuesto por la Colegiatura que emiti\u00f3 la decisi\u00f3n atacada responde a su interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas y jurisprudenciales aplicables al caso concreto, especialmente, de sus precedentes sobre el particular, como \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en materia laboral, dando cuenta, en lo que aqu\u00ed interesa, de la insuficiencia t\u00e9cnica de la demanda extraordinaria que propusieron los censores, lo que impidi\u00f3 el an\u00e1lisis de fondo de las alegaciones que tard\u00edamente exteriorizaron en esa sede excepcional, porque, se itera, el sentenciador acusado adecuadamente concluy\u00f3 que los quejosos \u00abformularon una pretensi\u00f3n improcedente en sede de casaci\u00f3n, esto es, \u00ab[\u2026] declarar la nulidad del acta de la asamblea general del sindicato\u00bb, que no corresponde con el prop\u00f3sito del recurso de casaci\u00f3n, y s\u00ed es propia de una demanda ordinaria de primera instancia\u00bb; as\u00ed mismo, los cargos frente a la sentencia del ad-quem fueron indebidamente fundados porque \u00abse asemejan m\u00e1s a un alegato de instancia que a un escrito con el que se pretenda demostrar l\u00f3gica y razonadamente las equivocaciones en que incurri\u00f3 el Tribunal\u00bb; aunado a que incoaron \u00abuna pretensi\u00f3n diferente a las que inicialmente se plantearon, consistente en la ocurrencia de un \u00abdespido colectivo\u00bb derivado de la intenci\u00f3n de la entidad de suprimir la Secretar\u00eda de Fomento, Desarrollo y Obras P\u00fablicas\u00bb; y no existiendo \u00abduda acerca de la condici\u00f3n de trabajadores oficiales de los recurrentes\u2026[,] la proposici\u00f3n jur\u00eddica incurri\u00f3 en un error de formulaci\u00f3n, toda vez que el r\u00e9gimen jur\u00eddico era el contenido en el Decreto 2127 de 1945, por expresa disposici\u00f3n del art\u00edculo 3\u00ba del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo\u00bb. <\/p>\n
En este orden de ideas, muy a pesar de las alegaciones de los accionantes, espec\u00edficamente en cuanto a la aplicaci\u00f3n de los precedentes invocados, lo cierto es que lo que aqu\u00ed se presenta es una disparidad de criterio entre lo pretendido por los censores y aquellas inferencias, las que, por tanto, no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y [el juzgador constitucional] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451); lo que, de por s\u00ed, torna inviable el pronunciamiento de fondo que ac\u00e1 reclamaron los inconformes. <\/p>\n
Lo anterior debido a que la funci\u00f3n jurisdiccional dota al juez de autonom\u00eda plena, de manera que s\u00f3lo el yerro ostensible, innegable y trascendente, sirve de apoyo por v\u00eda de tutela para dar al traste con el pronunciamiento del juzgador natural, aunado a que, como recientemente se ha dejado por sentado al denegar acciones de resguardo tambi\u00e9n impulsadas contra la hom\u00f3loga de casaci\u00f3n laboral, cuyo criterio, mutatis mutandis, resulta aqu\u00ed aplicable, \u00abmirada nuevamente la postura que en el pasado hab\u00eda tenido esta Sala con relaci\u00f3n a asuntos de contornos similares al presente[,] encuentra necesario adecuarla puesto que, como atr\u00e1s se indic\u00f3, la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural\u00bb (STC13803-2021, STC13814-2021, STC13815-2021, STC13816-2021, STC13817-2021 y STC13947-2021, STC13983-2021). <\/p>\n
3. Lo dicho impone respaldar el veredicto de primer grado, comoquiera que, como qued\u00f3 visto, ac\u00e1 no logr\u00f3 derruirse la presunci\u00f3n de legalidad y acierto de la que, de acuerdo a la Corte Constitucional, est\u00e1n revistadas las determinaciones judiciales como la aqu\u00ed cuestionada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Se precisa que para el tr\u00e1mite de la presente impugnaci\u00f3n, la cual concedi\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte desde el 6 de julio de 2022, este diligenciamiento tan s\u00f3lo arrib\u00f3 a esta Sala de Casaci\u00f3n Civil el 20 de octubre \u00faltimo, donde se radic\u00f3 y reparti\u00f3 al d\u00eda siguiente y el 24 posterior ingres\u00f3 al despacho. <\/p>\n
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STC15501-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC15501-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-02122-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Alirio Arias Obando, Argemiro Berr\u00edo \u00c1lvarez, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68962","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68962","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68962"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68962\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68962"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68962"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68962"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}