STC15503-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC15503-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2022-02210-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 13 de octubre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Banco Mujer SA, contra la Superintendencia Financiera de Colombia, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 al se\u00f1or Antonio Garc\u00eda Ramos en su calidad de parte dentro del proceso radicado n\u00famero 2022-067178. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental del debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad accionada en el tr\u00e1mite referido. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que el se\u00f1or Antonio Garc\u00eda Ramos present\u00f3 en su contra acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor financiero, ante la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, admitida la demanda el 18 de abril de 2022, la contest\u00f3 el 6 de mayo siguiente y formul\u00f3 excepciones, a la que anex\u00f3 las pruebas documentales, entre \u00e9stas la constancia de entrega de la carta de preaviso al reporte negativo ante las centrales de riesgo. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el 25 de mayo de 2022, se corri\u00f3 traslado de sus defensas, y el 28 de mayo siguiente, el demandante present\u00f3 escrito sin que formulara tacha de falsedad de dicho documento, y el 18 de julio siguiente, se llev\u00f3 a cabo la audiencia inicial en la que se decretaron las pruebas solicitadas por las partes. <\/p>\n
Adujo que el 9 de agosto, aport\u00f3 las pruebas decretadas de oficio, y el 12 de agosto de 2022, el demandante present\u00f3 escrito de contradicci\u00f3n, en el que tach\u00f3 de falso el documento identificado como 3.3. soporte de env\u00edo de carta de notificaci\u00f3n previa del reporte negativo ante central de riesgo, correspondencia que refiri\u00f3 no haber recibido puesto que no correspond\u00eda a su manuscrito, oportunidad para la que ya se hab\u00eda ordenado tener como prueba. <\/p>\n
Asever\u00f3 que inclusive aceptando que se present\u00f3 tacha dentro de t\u00e9rmino, esta incumple los requisitos establecidos en el art\u00edculo 270 del C\u00f3digo General del Proceso, en tanto que no solicit\u00f3 pruebas para demostrarla y solo se limit\u00f3 a mencionar que no se pod\u00eda tener en cuenta. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que en ese asunto se vulner\u00f3 el principio de inmediaci\u00f3n por el accionado, puesto que, a su arbitrio, realiz\u00f3 el cambio de juez de conocimiento, pese que se hab\u00edan decretado unas pruebas de oficio por parte del anterior, sin que el segundo contara con la posibilidad de percibir de manera directa la pr\u00e1ctica de pruebas para tomar la decisi\u00f3n acertada. <\/p>\n
Denunci\u00f3 que el 6 de septiembre de 2022, se llev\u00f3 a cabo la audiencia de que trata el art\u00edculo 392 del C\u00f3digo General del Proceso, en la que se dio tr\u00e1mite a la tacha de falsedad presentada por fuera de t\u00e9rmino, y le impuso una carga desproporcionada e ilegal que vulnera el art\u00edculo 270 ibidem, puesto que le orden\u00f3 asumir el costo y gesti\u00f3n de un dictamen pericial, determinaci\u00f3n que recurri\u00f3 en reposici\u00f3n que fue despachado desfavorablemente. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que dicha argumentaci\u00f3n evidencia que el accionado incurri\u00f3 en defecto sustantivo y procedimental absoluto, pues no tuvo en cuenta los argumentos de oposici\u00f3n en especial por indebida aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 269 y 270 del C\u00f3digo General del Proceso, adem\u00e1s efectu\u00f3 una interpretaci\u00f3n arbitraria, subjetiva y caprichosa, puesto que no se resolvi\u00f3 el recurso, sino que profiri\u00f3 una nueva decisi\u00f3n decretando la prueba de oficio reemplazando el tr\u00e1mite de la tacha. <\/p>\n
Sostuvo que la constancia de entrega de carta de preaviso corresponde a un documento proveniente de la empresa de correos, su autor\u00eda corresponde a un tercero, quien es el llamado a confirmar su autenticidad, y por esta raz\u00f3n, la prueba decretada es inconducente, impertinente, y desproporcionada, que desconoce que de conformidad con el art\u00edculo 12 de la Ley 1266 de 2008, el reporte en centrales de riesgo solo procede previa comunicaci\u00f3n al titular de la informaci\u00f3n, y en ning\u00fan momento exige que la notificaci\u00f3n sea firmada por su destinatario. <\/p>\n
De igual modo, aleg\u00f3 que se aplic\u00f3 indebidamente el art\u00edculo 169 del C\u00f3digo General del Proceso, regla ordena que se pueden decretar pruebas de oficio que sean \u00fatiles para la verificaci\u00f3n de hechos relacionados con las alegaciones de las partes, y lo que se hizo fue promover la negligencia de las partes, contrariando lo previsto en la sentencia SU768-2014. <\/p>\n
3. Con fundamento en lo expuesto, solicit\u00f3 \u00abdeja[r] sin efectos el auto interlocutorio proferido en audiencia de fecha 6 de septiembre de 2022, mediante el cual se resolvi\u00f3 conceder el tr\u00e1mite la tacha de falsedad formulada por el se\u00f1or Antonio Garc\u00eda e imponiendo sobre el Banco Mundo Mujer S. A. la carga probatoria, y el pago de las expensas del servicio de perito en grafolog\u00eda, proferida por el (sic) Delegatura de Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, sostuvo que no asiste raz\u00f3n a la entidad accionante en que el desconocimiento del mencionado documento se haya alegado de forma extempor\u00e1nea. <\/p>\n
Indic\u00f3 que se dio curso a la tacha y se orden\u00f3 dictamen grafol\u00f3gico porque era necesario determinar si la firma impuesta en el documento de entrega hab\u00eda sido suscrita por el demandante, puesto que seg\u00fan se aleg\u00f3 la recibi\u00f3 el mismo, quien la desconoci\u00f3 en tiempo, de manera que la prueba decretada es \u00fatil para esclarecer esa situaci\u00f3n, para saber si fue debidamente informado antes proceder a imponerle una anotaci\u00f3n negativa. <\/p>\n
2. El se\u00f1or Antonio Garc\u00eda Ramos, contest\u00f3 que fue claro en el memorial de 26 de mayo de 2022, mediante el cual present\u00f3 objeci\u00f3n y oposici\u00f3n a la contestaci\u00f3n, no haber estado de acuerdo la informaci\u00f3n y sus soportes, en donde aleg\u00f3 que la constancia que presenta el recibido no correspond\u00eda a su firma, esto es que era falsa. <\/p>\n
Reclam\u00f3 que la oportunidad para tachar de falsos esos documentos fue el 9 de agosto de 2022, cuando el banco aport\u00f3 las pruebas decretadas de oficio por la Superintendencia Financiera, momento en el que pudo referirse a las mismas. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1, neg\u00f3 el amparo invocado con fundamento en que la queja constitucional frente al auto que tramit\u00f3 la tacha de falsedad promovida por Antonio Garc\u00eda Ramos no pod\u00eda ser acogida, teniendo en cuenta que son el resultado de la valoraci\u00f3n de las manifestaciones y los elementos incorporados al proceso, de las normas pertinentes y el discernimiento realizado por la Superintendencia Financiera de Colombia, dentro de su prudente autonom\u00eda e independencia judicial, raz\u00f3n por la que el juez constitucional no estaba llamado a inferir en ese labor. <\/p>\n
Por lo anterior, concluy\u00f3 que la providencia de 6 de septiembre de 2022 que tramit\u00f3 tacha y decret\u00f3 el dictamen grafol\u00f3gico, refleja una actividad de ponderaci\u00f3n de los argumentos alegados en juicio y la regulaci\u00f3n aplicable al caso, en la que se concluy\u00f3 que el repudio de la constancia de entrega se efectu\u00f3 desde que se descorri\u00f3 el traslado de las excepciones de m\u00e9rito, y tambi\u00e9n cuando se tuvo conocimiento nuevamente del mismo documento. <\/p>\n
Para ese efecto, se tuvo en cuenta que el demandante en la r\u00e9plica a la contestaci\u00f3n explic\u00f3 en qu\u00e9 consist\u00eda la falsedad, y a pesar de que no pidi\u00f3 pruebas adicionales para demostrar su dicho seg\u00fan indica el canon 270 procesal, es obligatorio seg\u00fan esta regla ordenar cotejo pericial de firma o un dictamen sobre las posibles adulteraciones, de manera que por el hecho de que no hubiese solicitado el mismo, nada imped\u00eda que el funcionario procediera a decretarlo. <\/p>\n
Con respecto a la imposici\u00f3n probatoria, se argument\u00f3 que no era posible concluir que el accionado desatendi\u00f3 de manera brusca y caprichosa el ordenamiento jur\u00eddico que regula la materia. Sostuvo, adem\u00e1s que las inconformidades del accionante distan de constituir v\u00eda de hecho, porque las conclusiones de la accionada encuentran soporte en los elementos de convicci\u00f3n y en una hermen\u00e9utica que no se opone abiertamente a los dictados del ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la accionante con fundamento en que la Superintendencia accionada decret\u00f3 una prueba de oficio aplicando indebidamente lo previsto en los art\u00edculos 269 y 270 del C\u00f3digo General del Proceso, que establecen los requisitos de procedencia de la tacha de falsedad, y a pesar de su claridad se otorg\u00f3 un alcance completamente diferente. <\/p>\n
En ese sentido, manifest\u00f3 que no era materia de discusi\u00f3n que el demandante present\u00f3 dos escritos relacionados con la tacha, sino que lo relevante es la oportunidad en su presentaci\u00f3n y el cumplimiento de los requisitos para su decreto, puesto que no se formul\u00f3 en la audiencia que orden\u00f3 tener como prueba el respectivo documento, como lo ordena el art\u00edculo 269 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Sostuvo que, si se aceptara que la tacha fue interpuesta en t\u00e9rmino, la solicitud no cumpli\u00f3 con los requisitos requeridos, en tanto que no indici\u00f3 qu\u00e9 consiste la falsedad y tampoco pidi\u00f3 la pruebas para su demostraci\u00f3n, y en el art\u00edculo 270 del C\u00f3digo General del Proceso, se establece que no se tramitar\u00e1 cuando no se re\u00fanan esos requisitos, e insisti\u00f3 en que el 6 de septiembre de 2022, en la audiencia de que trata el art\u00edculo 392 del C\u00f3digo General del Proceso, se resolvi\u00f3 favorablemente la tacha, pese a no haberse cumplido con los referidos requisitos, lo que corresponde a un desconocimiento grosero de la norma que constituye un defecto sustantivo. <\/p>\n
Reclam\u00f3 que formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n que fue resuelto con un segundo auto, mediante el cual decret\u00f3 prueba de oficio, imponiendo sobre el Banco Mundo Mujer SA, la carga probatoria, y pago de las expensas del servicio de grafolog\u00eda, decisi\u00f3n que no pudo ser objeto de controversia, en tanto que se decret\u00f3 dicha prueba reemplazando el mentado tr\u00e1mite, promoviendo la negligencia o mala de fe del demandante (SU-768\/2014, SU649\/2017). <\/p>\n
Reiter\u00f3 que se orden\u00f3 decretar in\u00fatil e irrazonable, pues la constancia de la entrega de carta de preaviso al reporte negativo ante las centrales de riesgo, es un documento emitido por una empresa externa que presta el servicio de mensajer\u00eda certificada, y su autor\u00eda corresponde a un tercero, y que el hecho de que el titular de la cuenta haya o no firmado, no resta autenticidad a ese documento. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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2. Revisada la queja constitucional y los soportes incorporados, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primera instancia, por las razones que se explican a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
2.1 No es materia de discusi\u00f3n que la providencia censurada, se profiri\u00f3 en el proceso adelantado por virtud de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor financiero, promovida por Antonio Garc\u00eda Ramos, contra el Banco accionante ante la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia (2022067178-000-000), la cual fue admitida a tr\u00e1mite mediante auto de 18 de abril de 2022 (T-2022067178-34349204). <\/p>\n
2.2 Revisado el expediente se tiene que la accionante contest\u00f3 la demanda y en particular manifest\u00f3 que el se\u00f1or Garc\u00eda Ramos fue reportado ante centrales de riesgo en abril de 2015, y que para ese efecto envi\u00f3 comunicaci\u00f3n previa a la direcci\u00f3n informada por el primero en calidad de cliente en el formulario de vinculaci\u00f3n, y para el efecto dentro del texto agreg\u00f3 captura de pantalla de la empresa de correo (4. Contestaci\u00f3n demanda), junto con anexo que contiene una firma manuscrita, con recibido del 11 de abril de 2015 (8. Soporte de env\u00edo carta de notificaci\u00f3n previa del reporte negativo). <\/p>\n
De esas excepciones se corri\u00f3 traslado al demandante (T-202267178-4407739), quien se pronunci\u00f3 y aleg\u00f3 que \u00aben la constancia que presenta el recibido no corresponde a mi firma por lo tanto no se me realiz\u00f3 la notificaci\u00f3n que en derecho corresponde (\u2026) el Banco Mundo Mujer no ha realizado notificaci\u00f3n alguna al suscrito de los documentos que esta dice haberme enviado (\u2026)\u00bb (2022067178-021-000, objeci\u00f3n y oposici\u00f3n a la prosperidad de las excepciones de m\u00e9rito). <\/p>\n
Una vez se tuvo por contestada la demanda (T-2022067178-11506123), e iniciada la audiencia de que trata el art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso, se declar\u00f3 fallida la etapa de conciliaci\u00f3n, se convoc\u00f3 a la audiencia de trata el art\u00edculo 392 ibidem, oportunidad en la que se decretaron las pruebas solicitadas por la demandante, y se tuvieron en cuenta las allegadas con la contestaci\u00f3n de la demanda (2022067178-029-000, Exp. 2022-1345. -audiencia conciliaci\u00f3n). <\/p>\n
Teniendo en cuenta que el art\u00edculo 269 del C\u00f3digo General del Proceso, dispone, \u00abLa parte a quien se atribuya un documento, afirm\u00e1ndose que est\u00e1 suscrito o manuscrito por ella, podr\u00e1 tacharlo de falso en la contestaci\u00f3n de la demanda, si se acompa\u00f1\u00f3 a esta, y en los dem\u00e1s casos, en el curso de la audiencia en que se ordene tenerlo como prueba\u00bb (negrita fuera de texto), y que el documento respecto del cual trata esta acci\u00f3n constitucional fue aportado con la contestaci\u00f3n de la demanda, adem\u00e1s que el demandante tuvo la facultad de tacharlo en el curso de la audiencia en la que se dispuso tenerlo como prueba, y como esto no ocurri\u00f3, puesto que no obran textualmente esos vocablos en ese escrito, podr\u00eda entenderse que en estrictez no formul\u00f3 oportunamente tacha de falsedad contra el mismo. <\/p>\n
No obstante, examinado el expediente en su integridad, se observa que desde iniciado el litigio qued\u00f3 en tela de juicio el tema relacionado con la autor\u00eda de la firma impuesta en nombre del consumidor financiero y plasmada en la constancia de comunicaci\u00f3n previa a reportarlo a centrales de riesgo, circunstancia objetiva que impide tener la providencia censurada como arbitraria o caprichosa. <\/p>\n
Lo anterior porque, como qued\u00f3 visto, desde que se descorri\u00f3 el traslado de las excepciones, el accionante sostuvo que la firma que se apreciaba en dicho documento no era de su autor\u00eda. De otro lado, en la referida audiencia se requiri\u00f3 a la accionada para que trajera correspondencia cruzada y que una vez incorporada esa informaci\u00f3n quedaba a disposici\u00f3n de las partes para lo que estimaran pertinente, decisi\u00f3n contra la que ninguno de los intervinientes formul\u00f3 reparo alguno. <\/p>\n
N\u00f3tese, se dijo, \u00abde las solicitudes que se decretan, para el efecto se concede a la entidad financiera el t\u00e9rmino de 15 d\u00edas h\u00e1biles para que las allegue al plenario, y estas son: las comunicaciones cruzadas entre el Banco y el aqu\u00ed demandante entre marzo de 2015 a la fecha (\u2026). Incorporada esta informaci\u00f3n a las documentales solicitadas quedan a disposici\u00f3n de las partes sin auto que lo ordena para lo que estimen pertinentes\u00bb (2022067178-029-000, Exp. 2022-1345. -audiencia conciliaci\u00f3n-, destaca la Sala). <\/p>\n
En respuesta a ese requerimiento, la entidad financiera convocada mediante correo electr\u00f3nico de 8 de agosto de 2022, entre otra documental volvi\u00f3 a incorporar el cuestionado comprobante, y est\u00e1 vez denominado: \u00ab3.2. Soporte de env\u00edo de carta de notificaci\u00f3n previa al reporte negativo ante centrales de Ri.pdf\u00bb (2022067178-36-1-60), y el accionante habilitado por lo resuelto en audiencia anterior, v\u00eda correo electr\u00f3nico procedi\u00f3 a tacharlo de falso manifestando, \u00abTACHO DE FALSO la prueba identificada como 3.2. Soporte de envi\u00f3 de carta de notificaci\u00f3n previa del reporte negativo ante Centrales de Ri.pdf, en la cual soporta la entrega de correspondencia en virtud que ni suscrib\u00ed y NO es el manuscrito de mi persona por ende no recib\u00ed ninguna correspondencia seg\u00fan al oficio de la prueba 3.1. Carta de notificaci\u00f3n previa del reporte negativo ante Centrales de Riesgo. Pdf\u00bb, y, adem\u00e1s afirm\u00f3 \u00abpor lo tanto, respetuosamente solicito a este despacho comprobar y evaluar su veracidad de igual forma solicito no tenerlo como prueba y determinar las acciones que correspondan conforme a la Ley\u00bb. <\/p>\n
De esa manera, se tiene que el banco accionante en respuesta a la informaci\u00f3n requerida, trajo una vez m\u00e1s el controversial documento, y el reclamante aprovechando su traslado, insisti\u00f3 en que la firma no era de su autor\u00eda, esta vez expresando literalmente que lo tachaba de falso. <\/p>\n
As\u00ed, surge con claridad que fueron los contendientes quienes asintieron con su silencio un traslado documental para lo que se estimara pertinente, y a sabiendas de que una forma de controvertir esos medios de convicci\u00f3n es precisamente la tacha de falsedad, cerrando de esta manera la puerta a la intervenci\u00f3n del juez constitucional para definir sobre la legalidad de esa situaci\u00f3n, en tanto que nada se dijo al respecto cuando se adopt\u00f3 esa determinaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3 Sabido es que el art\u00edculo 270 del C\u00f3digo General del Proceso, consagra que quien formule la tacha deber\u00e1 expresar en qu\u00e9 consiste la falsedad y pedir las pruebas para su demostraci\u00f3n. Por esto, podr\u00eda entenderse que, en ese caso, se expres\u00f3 en qu\u00e9 consisti\u00f3 la falsedad, puesto que se aleg\u00f3 que la firma no era de autor\u00eda del reclamante. <\/p>\n
No obstante, el camino tomado en la providencia censurada tampoco resulta irrazonable, arbitrario o caprichoso, entenderlo de esa manera es olvidar la naturaleza del tr\u00e1mite en el que nos encontramos -protecci\u00f3n al consumidor- que impone al juzgador el deber de esclarecer cualquier duda que surja en el juicio, dirigiendo en particular su intervenci\u00f3n a garantizar el derecho sustancial de la denominada parte d\u00e9bil de la relaci\u00f3n de consumo -el consumidor-, en aras de restablecer la palpable asimetr\u00eda en esas relaciones negociales. <\/p>\n
2.4 Para ese efecto, se tiene presente que, ciertamente, el 6 de setiembre de 2022, el director de la audiencia del 392 del C\u00f3digo General del Proceso dijo \u00aben aras de econom\u00eda procesal y celeridad del asunto, dos situaciones, la primera es que el se\u00f1or Antonio impetr\u00f3 una tacha, frente a un documento que se le expuso, tacha que conforme el art\u00edculo 270 su tr\u00e1mite, le corro traslado (\u2026) para que se pronuncie frente a la misma\u00bb (2022067178-000). <\/p>\n
La entidad financiera se pronunci\u00f3 en estos t\u00e9rminos, \u00abla formulaci\u00f3n de la tacha no se hizo dentro de la oportunidad legal, puesto que la misma tiene fecha de radicado el d\u00eda, 12 de agosto de 2022, fecha posterior a la cual efectivamente la superintendencia orden\u00f3 el traslado de las excepciones al se\u00f1or Antonio Garc\u00eda, por lo tanto no se debe tener presente (\u2026).El documento que tenemos es por parte de una entidad externa (\u2026), pertenece a un externo (\u2026) solicitamos la certificaci\u00f3n y quien realiza el cotejo o tr\u00e1mite de env\u00edo y recepci\u00f3n de firma es la empresa (\u2026)\u00bb (2022067178-000). <\/p>\n
Quiere decir entonces que a pesar de que la demandada aleg\u00f3 que la tacha era extempor\u00e1nea, se tuvo en cuenta por el juzgador un hecho objetivo dilucidado durante todo el tr\u00e1mite, basado en que desde que se descorri\u00f3 el traslado de las excepciones, esto es, desde antes de la audiencia que tuvo como prueba el reprochado documento, se aleg\u00f3 por el consumidor, que la firma impuesta no era de su autor\u00eda. N\u00f3tese, se dijo, \u00abverificado el escrito por medio del cual se descorri\u00f3 la contestaci\u00f3n de la demanda, (\u2026) en el cual se pone por t\u00edtulo objeci\u00f3n y oposici\u00f3n a la prosperidad de las excepciones de m\u00e9rito (\u2026) se\u00f1ala (\u2026). A su turno en el momento del traslado y pruebas que se pidieron de oficio, (\u2026), el demandante vuelve a reiterar y se\u00f1ala la situaci\u00f3n de la tacha. Es as\u00ed, como se proceder\u00e1 a dar tr\u00e1mite a la misma, pues desde el mismo momento y oportunamente, all\u00e1 en el 27 de mayo ha venido desconociendo que ese documento est\u00e1 contentivo de su firma\u00bb (2022067178-000). <\/p>\n
De esa determinaci\u00f3n se entiende que el juzgador en su deber de emplear los poderes que el C\u00f3digo General del Proceso le concede en materia de pruebas de oficio para esclarecer los hechos alegados por las partes (numeral 4 del art\u00edculo 42 del C\u00f3digo General del Proceso), en particular la por parte del consumidor relacionada con la autor\u00eda de su firma, resolvi\u00f3, \u00abse dispondr\u00e1 como lo ordena el art\u00edculo 270 del C\u00f3digo General del Proceso, el tr\u00e1mite de la tacha a decretar las pruebas en tanto se cumplen con los presupuestos para ello, es decir, el demandante expres\u00f3 en que consiste la tacha, que no es nada distinto que la firma contenida en esa colilla de correo, no es su firma, y para resolver esta tacha la prueba que se ordenar\u00e1 es que se dispondr\u00e1 de un cotejo por dictamen pericial\u00bb(2022067178-000). <\/p>\n
De igual modo sostuvo, \u00abatendiendo que estamos en un asunto, de protecci\u00f3n al consumidor que es un tr\u00e1mite especial que se requiere la existencia de un experto y de cara a la carga de la prueba, atendiendo la calidad de las partes condiciones de cada uno, esta prueba queda a cargo de la parte demandada, en ese sentido el dictamen del experto lo asumir\u00e1 la parte aqu\u00ed demandada (\u2026)\u00bb (2022067178-000). <\/p>\n
Frente a estas disposiciones el apoderado del demandado interpuso recurso de reposici\u00f3n con fundamento en que, \u00abesta tacha no fue presentada dentro del tr\u00e1mite de traslado de las excepciones, sino un documento de fecha posterior (\u2026) y dos, el traslado como bien lo menciono fue oportunamente contestado (\u2026) y era ah\u00ed dentro de esta oportunidad procesal donde deb\u00eda formular conforme a lo establece el art\u00edculo 270 del C\u00f3digo General del Proceso, lo cual no sucedi\u00f3\u00bb (2022067178-000). <\/p>\n
Reclam\u00f3 igualmente, \u00abse est\u00e1 poniendo una carga excesiva al banco (\u2026) en que efectivamente corra son costas y gastos una tacha que no ha sido formulada por el extremo demandado, quien la formul\u00f3 fue el extremo demandante y quien en principio sin atender la naturaleza del proceso que es una acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor, quien la formul\u00f3 es el interesado, y es el interesado quien debe correr con esos gastos\u00bb (2022067178-000). <\/p>\n
La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales mantuvo esa decisi\u00f3n, con fundamento en su deber de buscar la verdad sustancial y en el restablecimiento de la asimetr\u00eda negocial en los tr\u00e1mites de protecci\u00f3n al consumidor. Para ese efecto sostuvo \u00aben el escrito por medio del cual se descorri\u00f3 el traslado se se\u00f1ala que no se reconoce la firma de dicho documento que posteriormente se acude a la prueba de la tacha, al respecto debe recordarse que aqu\u00ed existe un proceso de acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor cuyo demandante acude en nombre, propio y cuya asimetr\u00eda legal y judicial debe valorar as\u00ed por el juez, en tanto en este tr\u00e1mite (\u2026) es obligaci\u00f3n del juez adoptar las medidas que considere necesarias, no solamente en aras de dar curso al tr\u00e1mite, sino en aras de establecer la verdad\u00bb (2022067178-000). <\/p>\n
De igual manera, en procura del acceso de los consumidores a la administraci\u00f3n de justicia, y en miras a restablecer la asimetr\u00eda entre las partes que no es la excepci\u00f3n en este caso, puesto que basta mirar que el accionante sin ser profesional en la materia acudi\u00f3 al proceso solicitando el amparo de sus derechos, y la entidad financiera en su defensa est\u00e1 siendo representada por experto -abogado-, sostuvo \u00aben ese sentido y bajo esos derroteros es que el suscrito (\u2026) atendiendo que el demandante desconoce la firma del documento, el tr\u00e1mite que legalmente corresponde, carga que no puede dar en exceso de ritualismos al demandante en tanto no es abogado, cuesti\u00f3n distinta si fuera abogado (\u2026) y por ende se permite en estos tr\u00e1mites dar el tr\u00e1mite que corresponda por parte del suscrito\u00bb (2022067178-000). <\/p>\n
En esa l\u00ednea sostuvo que el dictamen pericial decretado no fue el producto de la solicitud de parte, sino de su deber de decretar pruebas de oficio para esclarecer los hechos alegados por las partes, \u00aben cuanto a la orden o al dictamen ordenado, ha de entenderse que ante la tacha que se formula y ante el desconocimiento de la firma de este documento, ese dictamen no es decretado a solicitud de parte, ese dictamen como lo se\u00f1al\u00e9 y como lo establece el art\u00edculo 228 y siguientes del c\u00f3digo general del Proceso, es una pr\u00e1ctica que se dispone de decreto por parte de esta Delegatura\u00bb (2022067178-000). <\/p>\n
Con respecto a la inversi\u00f3n de la carga de la prueba que catalog\u00f3 como excesiva el apoderado del banco, se dijo \u00abse impone atendiendo la calidad las condiciones de las partes, y la disparidad de armas entre ambas partes a la parte demandada, a quien le queda m\u00e1s f\u00e1cil desarrollar obtener y practicar la prueba como lo ense\u00f1a el art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso, aqu\u00ed es claro que si bien es cierto el principio general probatorio es que quien acude al derecho debe probarlo, sus hechos (\u2026), tambi\u00e9n lo es que la carga puede invertirse o puede calificar por el juzgador en escenarios precisamente donde hay disparidad de armas, y en este caso es claro y evidente que se est\u00e1 atendiendo a un consumidor frente a una entidad bancaria, en raz\u00f3n a ello es que la prueba se dispuso con cargo al banco\u00bb (2022067178-000). <\/p>\n
El anterior recuento permite entender que el camino tomado por la Superintendencia accionada en el auto que resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n que fue el que puso fin a la controversia, se enfil\u00f3 a esclarecer un hecho alegado desde la g\u00e9nesis del litigio por parte del consumidor financiero accionante, utilizando para ese efecto las reglas previstas para la tacha de falsedad, y disponiendo para este efecto la pr\u00e1ctica de dictamen pericial, distribuyendo la carga de la prueba e imponiendo su pr\u00e1ctica al banco, determinaciones que no lucen arbitrarias de cara a la acci\u00f3n en que fueron dispuestas. <\/p>\n
Cabe precisar que las reglas que gobiernan la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor financiero, imponen a las entidades vigiladas la obligaci\u00f3n especial de colaborar oportuna y diligentemente con el Defensor del Consumidor Financiero, las autoridades judiciales y administrativas y los organismos de autorregulaci\u00f3n en la recopilaci\u00f3n de la informaci\u00f3n y la obtenci\u00f3n de pruebas, en los casos que se requieran (literal r) art\u00edculo 7 de la Ley 1328 de 2009). <\/p>\n
Por otra parte, el art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso, establece que \u00abseg\u00fan las particularidades del caso, el juez podr\u00e1, de oficio o a petici\u00f3n de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su pr\u00e1ctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situaci\u00f3n m\u00e1s favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, no resulta de recibo el argumento relativo a que la determinaci\u00f3n tomada por el accionado de aplicar el tr\u00e1mite de tacha de falsedad sin cumplirse los requisitos que la gobiernan, promueve la negligencia o mala fe de las partes, puesto que la explicaci\u00f3n para ese efecto resulta razonable, independiente de que no se comparta, esa decisi\u00f3n se adopt\u00f3 por virtud de que el reclamante no ten\u00eda la calidad de abogado, y desde el inicio siempre aleg\u00f3 el mismo tema, y el juzgador tiene el deber de esclarecer los hechos alegados por las partes. <\/p>\n
Cabe precisar que las alegaciones relacionadas con que, si era o no posible efectuar el dictamen atendiendo que el documento fue elaborado por un tercero \u2013 empresa de transporte-, y que por tanto no ser\u00eda posible determinar su autenticidad, es un tema que no corresponde resolver por esta v\u00eda, en tanto que se edifica sobre un aspecto t\u00e9cnico que corresponde dilucidar al juez de conocimiento de la mano del experto en la materia. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con las alegaciones en punto a la falta de inmediaci\u00f3n, cabe decir que como no se observa que fuera un tema dilucidado ante el juez de conocimiento con el planteamiento de una puntual consecuencia jur\u00eddica, esta situaci\u00f3n basta para cerrar el paso a su an\u00e1lisis, de conformidad con lo previsto en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, donde se determina que a este especial\u00edsimo mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para usurpar las funciones que la ley tiene asignadas a determinadas autoridades. <\/p>\n
3. Lo anterior, impone concluir que la decisi\u00f3n cuestionada se motiv\u00f3 razonadamente, bajo una hermen\u00e9utica plausible que descarta la intervenci\u00f3n en sede de tutela, en particular porque se trata de una decisi\u00f3n que encuentra soporte en el deber del juez de decretar pruebas de oficio para verificar los hechos alegados por las partes y que son objeto de controversia, de conformidad con el numeral del 4 del art\u00edculo 42, inciso segundo del art\u00edculo 167, art\u00edculo 169 y art\u00edculo 170, todos del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
No obstante, la parte recurrente insisti\u00f3 en esta instancia en que se tramit\u00f3 la tacha sin cumplirse los requisitos legales, que se promovi\u00f3 la negligencia de las partes, y que se impuso una carga excesiva, alegaciones de las que emerge que no comparte todos los argumentos sostenidos en la cuestionada providencia, y v\u00eda impugnaci\u00f3n pretende que se acojan sus criterios, echando de menos que este tr\u00e1mite no corresponde a un recurso adicional, sino un remedio excepcional y residual, en el que la divergencia de posturas no es una raz\u00f3n para que salga avante, atendiendo que este no es un \u00abinstrumento para definir cu\u00e1l planteamiento es el v\u00e1lido, el m\u00e1s acertado o m\u00e1s correcto para dar lugar a la intervenci\u00f3n del fallador de tutela\u00bb. (CSJ. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; exp. 2012-01828-01, STC825-2020, STC 10259 de 2021 y STC2621-2022, reiteradas en STC11814-2022). <\/p>\n
Cabe recordar que, con respecto al an\u00e1lisis de las providencias judiciales por v\u00eda de tutela, esta Corte ha establecido, \u00ab[al juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC13815-2021). <\/p>\n
Finalmente, y por su importancia, se reitera que el juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para escoger cu\u00e1les de los planteamientos valorativos del juez, o de las partes o intervinientes, resultan m\u00e1s apropiados, y menos \u00abbajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, Confirma la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotados. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC15503-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC15503-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2022-02210-01 Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 13 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68963","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68963","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68963"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68963\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68963"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68963"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68963"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}