STC15510-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15510-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03841-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jeanette Jim\u00e9nez Cadena contra la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se ordene a los accionados que \u00abprocedan a revocar las providencias dictadas dentro del proceso\u2026 espec\u00edficamente en cuanto a la revocatoria del mandamiento de pago\u00bb y en su lugar, \u00abdictar nueva providencia valorando de manera adecuada la prueba aportada interrogatorio de parte; pero adem\u00e1s, ordenando se libre mandamiento de pago por la v\u00eda ejecutiva a [su] favor y en contra de la demandada\u2026 por la suma de dinero correspondiente a Cien Millones de Pesos\u2026, dineros que la ejecutada reconoci\u00f3 haber recibido y que no [l]e ha devuelto y por los intereses moratorios liquidados del capital desde cuando se hizo exigible y hasta la fecha cuando sea totalmente cancelado\u00bb <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Jeanette Jim\u00e9nez Cadena promovi\u00f3 proceso ejecutivo contra Olma Jagcibe Hurtado Vargas, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja, el que el 30 de septiembre de 2021 libr\u00f3 mandamiento de pago, decisi\u00f3n que recurrida en reposici\u00f3n, en prove\u00eddo de 17 de marzo de 2022 se dej\u00f3 sin efectos. <\/p>\n
2.2. Tras ser apelada dicha determinaci\u00f3n, la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de esa ciudad, en providencia de 30 de junio de 2022 la confirm\u00f3. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 la gestora que present\u00f3 la demanda para el cobro de 100 millones de pesos, aportando como t\u00edtulo ejecutivo la prueba anticipada de interrogatorio de parte realizada en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Tunja, sobre la negociaci\u00f3n efectuada para la compra de unas acciones del equipo de basquetbol Club Deportivo Aguilas de Tunja SA. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que se libr\u00f3 mandamiento pero la ejecutada recurri\u00f3 la decisi\u00f3n, por lo que se dej\u00f3 sin efectos y se confirm\u00f3 en segunda instancia; que la demandada reconoci\u00f3 recibir dineros y no devolverlos; y que exist\u00eda un titulo con obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible. <\/p>\n
2.5. Adujo que no se perfeccion\u00f3 la compra de acciones, por lo que la ejecutada no cumpli\u00f3 con la finalidad para la que fue entregada la referida suma; y que en el acta de accionistas supuestamente le brindaban la bienvenida, pues adquiri\u00f3 el 10% de las acciones, lo que no concordaba con la realidad. <\/p>\n
2.6. Sostuvo que el dinero entregado a la ejecutada no fue materializado en acciones del club, pues no fue reportado a la Dian ni comunicado a la C\u00e1mara de Comercio; y que no exist\u00eda t\u00edtulo o documento que representara las acciones supuestamente entregadas, exculp\u00e1ndose que fue verbal, lo que era absurdo en tanto que era solemne. <\/p>\n
2.7. Asever\u00f3 que los falladores no valoraron adecuadamente la prueba; y que se incurri\u00f3 en defectos f\u00e1ctico, sustancial y en violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n con las providencias censuradas. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja remiti\u00f3 el expediente criticado. <\/p>\n
2. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ninguno de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal accionado, en la providencia criticada, consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026Resulta claro que, en cualquier caso, el funcionario judicial debe garantizar, facilitar y promover el acceso a la administraci\u00f3n de justicia. Ahora bien, el derecho a demandar, est\u00e1 previsto, pero requiere unos presupuestos, unas cargas procesales, probatorias y de asistencia del derecho sustancial, que en trat\u00e1ndose de procesos ejecutivos, debe acreditarse Ab-initio. Para el asunto que nos convoca se ejecuta por una obligaci\u00f3n dineraria, y la base del t\u00edtulo ejecutivo es un interrogatorio de parte. El mandamiento de pago, en los t\u00e9rminos del art. 422 del C. G. P., parte de que se acredita en favor del demandante una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible. Este presupuesto, en principio, se acredito, y se alleg\u00f3 el CD de la audiencia, donde se registra el interrogatorio de parte, asumiendo la demandante la responsabilidad de la veracidad de la existencia de la obligaci\u00f3n, la cuant\u00eda de dicha obligaci\u00f3n, y el deber de pago de la ejecutada. No obstante, al no ser de recibo las excepciones, como medio de defensa para controvertir el t\u00edtulo ejecutivo, y al no ser apelable el mandamiento de pago, por as\u00ed establecerlo el art. 438 del C. G. P., se estableci\u00f3 en el art. 430 del C. G. P., que \u00ablos requisitos del t\u00edtulo ejecutivo solo podr\u00e1n discutirse mediante el recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento de pago\u00bb, Camino procesal que agot\u00f3 la pasiva, para indicar que la obligaci\u00f3n no se contrajo con ella, ni a t\u00edtulo personal, ni tiene origen en un mutuo, sino en una transacci\u00f3n de compra de acciones, para entrar a participar como socia en la empresa conocida como Club Deportivo \u00c1guilas de Tunja S. A., la cual fue reconocida por Coldeportes. De tal manera que establecido que no existe obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible a cargo de la demandada en este proceso, porque la misma en su interrogatorio de parte, as\u00ed lo manifest\u00f3. Si recibi\u00f3 dineros de la ejecutante, pero por cuenta del ingreso a participar accionariamente del Club deportivo. Mas no se establece que dicha obligaci\u00f3n la haya adquirido la demanda, ni que esta se haya comprometido a devolver los dineros que la demandante entregaba, para adquirir acciones, o para compra de acciones. Lo cierto es que la relaci\u00f3n sustancial que respalda la entrega de dineros, no est\u00e1 a cargo de la pasiva, ni fue un mutuo. No es el proceso ejecutivo, el medio procesal que corresponde, para obtener la recuperaci\u00f3n de los dineros. <\/p>\n
No obstante, en casos, como el que nos ocupa, al revocarse el mandamiento de pago, en atenci\u00f3n al recurso de reposici\u00f3n, la demandante puede ejercer la opci\u00f3n que dispone el art. 430, inciso 3, respecto de presentar demanda ante el mismo juez para que se adelante el proceso declarativo. De tal manera que se le abre el espacio, pero por la acci\u00f3n pertinente. No es atendible el argumento del recurrente que pod\u00eda controvertirlo por v\u00eda de las excepciones, para que se resuelva. Lo que debe revisarse es si hay o no titulo ejecutivo, si se ajusta a los requisitos del art 422 del C.G. P. y estos requisitos no se encuentran presente en este caso. Por lo que la providencia que revoc\u00f3 el mandamiento de pago, est\u00e1 llamada a confirmarse. <\/p>\n
La se\u00f1ora Oiga Jagcibe Hurtado Vargas, no recibi\u00f3 de la se\u00f1ora Jeannette Jim\u00e9nez Cadena, la suma ejecutada a t\u00edtulo personal, ni a modo de cr\u00e9dito, ni de dep\u00f3sito, sino en su condici\u00f3n de representante legal del club deportivo. Incluso en el libelo demandatorio, en la exposici\u00f3n f\u00e1ctica, numeral primero, as\u00ed se reconoce. Si se dio alg\u00fan incumplimiento, eventualmente deber\u00eda ejecutar al Club, no la se\u00f1ora Oiga Jagcibe a t\u00edtulo personal. La relaci\u00f3n fue con una entidad jur\u00eddica, que no es la demandada en el proceso. Con el interrogatorio de parte adelantado con la demandada, no se establece que esta haya contra\u00eddo obligaci\u00f3n crediticia directa con la ejecutante. De hecho, en la reuni\u00f3n de accionistas del d\u00eda 16 de mayo de 2014, se defini\u00f3 su participaci\u00f3n accionar\u00eda en el 10%. Documento que se allega al escrito del requisito de reposici\u00f3n. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, tal como se expresa en el hecho uno y seis de la demanda, a la se\u00f1ora Jeanette reconoce haber recibido los cien millones de pesos entregados por la se\u00f1ora Oiga Hurtado Vargas, pero no para ella, sino por cuenta y en representaci\u00f3n el Club, Es decir, por cuenta y en nombre ajeno, como representante legal, no como persona natural\u2026 <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en la providencia censurada; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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