STC15524-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
STC15524-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03811-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Yilmar Valdez, Estella Mina Valdez, Maira Alejandra Candelo Mina y Yilmar Alexander Valdez Chara, contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 al Juzgado Trece Civil del Circuito de la misma ciudad, as\u00ed como a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo reclaman por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n de su prerrogativa al debido proceso, que dicen vulnerada por la sede judicial accionada. <\/p>\n
En concreto solicitan \u00abconcederle al Tribunal Superior de Cali \u2013 Sala Civil, un plazo prudente para que profiera nueva decisi\u00f3n judicial en donde efect\u00fae la correcci\u00f3n de los defectos f\u00e1cticos se\u00f1alados ya que: 1) El no acceso a un tratamiento m\u00e9dico conforme a las probanzas del proceso del cual el paciente obten\u00eda un beneficio terap\u00e9utico para su salud, constituye un da\u00f1o antijur\u00eddico y por ende objeto de resarcimiento en la jurisdicci\u00f3n civil; 2) No puede imponerse en materia m\u00e9dica el criterio judicial sobre los conceptos m\u00e9dicos tratantes especialistas en esa ciencia\u00bb <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Los accionantes junto con otros de sus familiares iniciaron un proceso verbal en contra de la Nueva EPS S.A. para determinar si hubo responsabilidad m\u00e9dica de \u00e9sta, en el fallecimiento de Mar\u00eda Josefa Valdez, de 85 a\u00f1os edad, quien en el mes de septiembre de 2013 fue diagnosticada con c\u00e1ncer de es\u00f3fago, y debido a \u00abtrabas administrativas\u00bb, no se le pudo realizar a tiempo el tratamiento necesario, no fue oportunamente trasladada en ambulancia para ese efecto, ni fue remitida a una entidad de nivel superior de atenci\u00f3n m\u00e9dica para ser manejada por medicina interna, todo ello a pesar de los m\u00faltiples requerimientos del m\u00e9dico onc\u00f3logo tratante. <\/p>\n
2.2. El 21 de octubre de 2021 el Juzgado Trece Civil del Circuito de Cali dict\u00f3 sentencia con que accedi\u00f3 parcialmente a las pretensiones de la demanda, tras encontrar la \u00abdeficiente prestaci\u00f3n del servicio de salud\u00bb por parte de la demandada, lo que llev\u00f3 a la muerte de la paciente el 24 de marzo de 2014 debido a una \u00abparada cardiopulmonar (infarto)\u00bb, como consecuencia del \u00abestado de descomposici\u00f3n\u00bb derivado de la ausencia del tratamiento ordenado, lo cual le hab\u00eda causado \u00abdesnutrici\u00f3n y debilidad corporal\u00bb. <\/p>\n
2.3. Apelada la sentencia por la demandada, fue revocada \u00edntegramente el 3 de mayo de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, tras argumentar que \u00absin duda se hab\u00eda demostrado la tardanza en la valoraci\u00f3n a la paciente, as\u00ed como el tratamiento que fue interrumpido, al igual que la falta de remisi\u00f3n a un centro m\u00e9dico de alto nivel en la hospitalizaci\u00f3n de la paciente, siendo conductas reprochables en cabeza de la EPS\u00bb, pero que en su criterio el deceso de la paciente \u00abno guardaba relaci\u00f3n causal con las deficiencias en la prestaci\u00f3n del servicio de salud alegadas en la demanda y que se hab\u00edan dado como probadas\u00bb, toda vez que el fallecimiento se debi\u00f3 a un infarto que pudo haberse dado por \u00abla edad avanzada de la paciente y la hipertensi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.4. Afirman los promotores que el precitado razonamiento dej\u00f3 de lado que, en el desenlace conocido, tambi\u00e9n influy\u00f3 el mencionado estado de descompensaci\u00f3n de la paciente, el que a su vez fue causado por la falta del tratamiento adecuado para el c\u00e1ncer, por lo que se \u00abtermin\u00f3 imponiendo el criterio judicial sobre los conceptos de los m\u00e9dicos tratantes especialistas en esa ciencia\u00bb, los cuales constaban en la historia cl\u00ednica y en el testimonio t\u00e9cnico de la m\u00e9dico onc\u00f3loga tratante, y, se\u00f1alaban la necesidad del tratamiento oncol\u00f3gico a la paciente pues su no realizaci\u00f3n pon\u00eda en riesgo la vida de \u00e9sta. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali defendi\u00f3 la legalidad de la decisi\u00f3n que emiti\u00f3 dentro del asunto, con fundamento en que all\u00ed \u00abse determin\u00f3 que la parte demandante no acredit\u00f3 el nexo causal entre el da\u00f1o y la culpa\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Trece Civil del Circuito de la misma ciudad hizo un breve recuento de lo acontecido dentro del juicio criticado para colegir que las actuaciones que despleg\u00f3 dentro del mismo no vulneraron los derechos fundamentales cuya protecci\u00f3n se invoca. <\/p>\n
3. La Nueva E.P.S. indic\u00f3 que lo pretendido por los gestores es utilizar la tutela como una \u00abtercera instancia\u00bb, de otro lado, cit\u00f3 apartes de la sentencia emitida por el Tribunal accionado y resalt\u00f3 que al juez de tutela no le estaba permitido inmiscuirse en esos razonamientos. <\/p>\n
4. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Las quejas de los accionantes se dirigen contra sentencia de 3 de mayo de 2022 de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que revoc\u00f3 \u00edntegramente el fallo de 21 de octubre de 2021 del Juzgado Trece Civil del Circuito de la misma ciudad, para en su lugar negar las pretensiones de la demanda, dentro del proceso verbal de responsabilidad civil extracontractual que adelantaron contra la Nueva E.P.S., pues, en sentir de aquellos, lo decidido emergi\u00f3 de la indebida valoraci\u00f3n de las pruebas. <\/p>\n
3. Se observa que, en la decisi\u00f3n de segundo grado antes individualizada, la Colegiatura accionada comenz\u00f3 por citar el fundamento legal y jurisprudencial de la responsabilidad reclamada, con \u00e9nfasis en \u00abla relaci\u00f3n causal entre la culpa y el da\u00f1o reclamado\u00bb, por ser ese uno de los principales fundamentos de la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
En seguida analiz\u00f3 las pruebas, con base en lo cual estructur\u00f3 lo acontecido con el tratamiento de la paciente, el cual complement\u00f3 con el testimonio de la m\u00e9dica tratante, de lo cual extrajo que, <\/p>\n
Revisado con detenimiento el testimonio t\u00e9cnico de la Dra. Giovanna Patricia Rivas Tafur, se puede observar que el fatal desenlace de la paciente no tiene relaci\u00f3n con la atenci\u00f3n inoportuna de la EPS, ya que fue clara en precisar que la paciente no estaba en una etapa tan avanzada como para haberle causado la muerte y que entre el tratamiento, el c\u00e1ncer y el infarto no hay una correlaci\u00f3n, conjuntamente resalt\u00f3 que hab\u00eda otros factores que pod\u00edan desencadenar el infarto como son la edad y la hipertensi\u00f3n. <\/p>\n
Adem\u00e1s, que lo \u00fanico que se pod\u00eda prevenir con el tratamiento era que la enfermedad no progresara y que no perdiera tanto peso, pero en ning\u00fan momento asegura que \u201cel infarto\u201d al que se hace alusi\u00f3n haya sido generado siquiera por la patolog\u00eda de c\u00e1ncer de es\u00f3fago que padec\u00eda la se\u00f1ora Josefa o un factor derivado de la misma atribuible a la entidad de salud demandada. <\/p>\n
En lo tocante a la historia cl\u00ednica de la paciente diligenciada en la Cl\u00ednica ComfaCauca de Puerto Tejada \u2013 Cauca se debe decir que tampoco se desprende de esta que la falta de remisi\u00f3n haya sido la generadora de la muerte de la familiar de los demandantes, adem\u00e1s, se tiene que estas piezas cl\u00ednicas no fueron objeto de desarrollo en el testimonio t\u00e9cnico, por lo que mal har\u00eda el juez al entrar a interpretar dicho documento, sin ayuda de pericia que las interprete y valore cient\u00edficamente, por el hecho de no ser un profesional en medicina. <\/p>\n
En seguida agreg\u00f3 que, <\/p>\n
Por lo anterior, con la prueba documental allegada a la actuaci\u00f3n y el testimonio t\u00e9cnico sin duda se demostr\u00f3 la tardanza en la valoraci\u00f3n a la paciente, as\u00ed como el tratamiento que fue interrumpido, al igual que la falta de remisi\u00f3n a un centro m\u00e9dico de alto nivel en su \u00faltima hospitalizaci\u00f3n en COMFACAUCA, conductas reprochables en cabeza de la EPS, sin embargo, no fue posible acreditar en el proceso el detonante de la muerte de la paciente y menos a\u00fan la coexistencia con el actuar culposo de la Nueva EPS en la prestaci\u00f3n del servicio de salud, por lo cual, el supuesto en que la parte demandante edific\u00f3 sus pretensiones se queda sin fundamento alguno frente a la relaci\u00f3n del da\u00f1o con la conducta negligente endilgada a la contraparte. <\/p>\n
Dicho con otras palabras, las alegaciones planteadas por el extremo activo de la litis carecen de total respaldo probatorio, ya que no se abona dentro del plenario prueba alguna que acredite los argumentos en los cuales sustent\u00f3 sus peticiones -paciente fallece como consecuencia de la falta de valoraci\u00f3n, interrupci\u00f3n del tratamiento de quimioterapia + radioterapia y falta de remisi\u00f3n a cl\u00ednica de mayor nivel-, situaci\u00f3n que contrario a lo expuesto por el a quo indiscutiblemente llevaba a desechar las pretensiones de la demanda, por cuanto no se corri\u00f3 con la carga probatoria que estaban obligados los demandantes a cumplir (art. 167 C.G.P.). <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, explic\u00f3 que, <\/p>\n
Debe entenderse que para que se produzca la declaraci\u00f3n de responsabilidad de la instituci\u00f3n demandada no basta que haya incurrido en culpa -que qued\u00f3 demostrada-, sino que adem\u00e1s es menester que se compruebe que la misma fue determinante para la p\u00e9rdida de oportunidades de la v\u00edctima o finalmente que esa haya sido la raz\u00f3n de su perjuicio. <\/p>\n
Por lo que los argumentos del a quo de que la responsabilidad de la parte demandada se deriva principalmente de la primera acci\u00f3n de la EPS al no autorizar la cita de valoraci\u00f3n de oncolog\u00eda y que por ello la demandante perdi\u00f3 esa oportunidad de tener un tratamiento optimo, se debe decir igualmente que no est\u00e1 probado que ese factor haya sido determinante en la muerte de la demandada que es finalmente el da\u00f1o objeto de reproche. <\/p>\n
En el caso que se estudia, para establecer la causa determinante de la muerte de la se\u00f1ora Mar\u00eda Josefa se requer\u00eda un an\u00e1lisis t\u00e9cnico, propio del campo de la medicina, el cual no puede abordar el Juez sin el auxilio o cooperaci\u00f3n de peritos t\u00e9cnicos, pues \u00e9ste no puede invadir una ciencia ajena a su labor, carga probatoria no se satisfizo por el demandante, ya que revisado con detenimiento la totalidad del acervo probatorio, incluida la prueba indiciaria, en momento alguno se podr\u00eda decir que haya sido el actuar de la instituci\u00f3n demandada, el causante del da\u00f1o padecido por el demandante. <\/p>\n
Ahora, lo anterior no ser\u00eda suficiente sin decir que si bien es cierto el juez de primera instancia conden\u00f3 por perdida de oportunidad, tal pedimento no se elev\u00f3 por el demandante en las suplicas del libelo demandatorio, lo que lesiona sin duda alguna los l\u00edmites del respeto al derecho de contradicci\u00f3n y al principio de congruencia. <\/p>\n
Y en todo caso, como se viene diciendo, se aprecia que la demora que los actores denuncian correspond\u00eda al tratamiento que requer\u00eda la se\u00f1ora Mar\u00eda Josefa Valdez para su diagn\u00f3stico de c\u00e1ncer, al paso que su fallecimiento se produjo por un infarto, de tal forma que se reafirma la inexistencia del nexo causal entre el deterioro de su salud y la causa de su deceso o al menos no se prob\u00f3. <\/p>\n
En consecuencia, al no encontrarse acreditado el nexo causal entre el da\u00f1o y la culpa, corresponde revocar la sentencia de primer grado, pues no se re\u00fanen los elementos configurativos de la responsabilidad civil m\u00e9dica. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de los gestores no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Tribunal determin\u00f3 a partir del an\u00e1lisis de las pruebas, las normas y la jurisprudencia que rigen el caso, que no logr\u00f3 probarse el nexo causal entre los hechos denunciados y el da\u00f1o verificado, debido a que el fallecimiento de la familiar de los gestores se dio por un infarto, sin que se lograra demostrar que obedeci\u00f3 a las fallas presentadas en el tratamiento que a \u00e9sta se le estaba brindando para el c\u00e1ncer de es\u00f3fago que padec\u00eda, m\u00e1xime cuando, para el momento del deceso, el c\u00e1ncer no estaba en una etapa avanzada, la paciente ten\u00eda 85 a\u00f1os de edad, ten\u00eda hipertensi\u00f3n arterial y al inicio de su padecimiento presentaba obesidad, factores de riesgo que, por dem\u00e1s, dificultaban establecer el v\u00ednculo entre el motivo de muerte y las omisiones atribuidas a la demandada. <\/p>\n
5. Con fundamento en tal \u00f3ptica, se estima que las deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
6. Las consideraciones que anteceden resultan suficientes para negar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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