STC15525-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-01914-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Yosmel Antonio Parra Guti\u00e9rrez, frente a la sentencia del pasado 27 de septiembre, emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la acci\u00f3n de tutela impulsada por aquel contra la Salas Penal y Civil Familia del Tribunal Superior de C\u00facuta, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de C\u00facuta, el Juzgado Tercero de Descongesti\u00f3n con Funci\u00f3n de Conocimiento de C\u00facuta, la Defensor\u00eda del Pueblo, el Presidente de la Rep\u00fablica, el Ministerio del Interior y de Justicia, la Polic\u00eda Metropolitana de C\u00facuta, la Oficina de Control Interno de la Polic\u00eda Nacional, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, el Comandante General de la Polic\u00eda de Bogot\u00e1, la Estaci\u00f3n de Polic\u00eda de Kennedy, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de C\u00facuta y el Teniente de la Polic\u00eda de San Fernando del Rodeo Jorge C\u00e9sar Lozano Hern\u00e1ndez. Al tr\u00e1mite fueron vinculados los part\u00edcipes e interesados en los asuntos que suscitan la presente queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El convocante pidi\u00f3 el respeto de sus prerrogativas fundamentales a la dignidad humana, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a \u00abla buena fe\u00bb, a la igualdad, al debido proceso y al \u00abprincipio de progresividad, gradualidad y sostenibilidad\u00bb, presuntamente conculcadas por las autoridades requeridas, dentro de los consecutivos de amparo n.\u00b0 \u00ab54-001-31-03-006-2022-00158-00\u00bb y \u00ab54-001-31-04-003-2022-00116-00\u00bb. <\/p>\n
Y en concreto pidi\u00f3, que \u00abse ordene a la polic\u00eda nacional entregar los documentos hurtados. Que consiste en el tel\u00e9fono m\u00f3vil. Documentos. Y el dinero (\u2026); a control interno de la polic\u00eda iniciar la investigaci\u00f3n en contra del teniente y sus oficiales (\u2026) as\u00ed mismo que se solicite a la procuradur\u00eda. Control interno de la polic\u00eda iniciar el proceso que debe ser ante sus oficinas, (\u2026) se ordene a los juzgados demandados y al tribunal dejar de estar protegiendo los delincuentes uniformados ya que esto es una deshonra para un pa\u00eds que se protege en los derechos humanos (\u2026) Que se condene en costas a la polic\u00eda. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El sustrato f\u00e1ctico relevante es el que enseguida se devela: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Afirma el accionante que el 26 de mayo del presente a\u00f1o lo abord\u00f3 el teniente de la Polic\u00eda de San Fernando del Rodeo, C\u00e9sar Lozano Hern\u00e1ndez, y \u00ab[l]e hurtaron los documentos, el tel\u00e9fono y el dinero\u00bb, adem\u00e1s de la incautaci\u00f3n de su motocicleta, por lo cual present\u00f3 una denuncia penal y una queja ante la oficina de control interno de la instituci\u00f3n, no obstante, la polic\u00eda remiti\u00f3 la queja al mismo funcionario involucrado, \u00abpara que el mismo se investigara, algo il\u00f3gico reprochable y algo que no suceder\u00e1 nunca porque el mismo teniente no va a investigar a los c\u00f3mplices de \u00e9l mismo y menos se va \u00e9l mismo ordenar la devoluci\u00f3n de lo hurtado\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Expone ante la situaci\u00f3n present\u00f3 una acci\u00f3n de tutela que le fue negada \u00abpor no haber pruebas\u00bb, decisi\u00f3n \u00abconfirmada por el Tribunal donde el juez y el tribunal hacen parte de complicidad para que la polic\u00eda siga haciendo lo que quieren y por ello es que nace esta acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Asevera que debido a que la oficina de control interno de la polic\u00eda tampoco adelant\u00f3 ninguna investigaci\u00f3n por los citados hechos, present\u00f3 una segunda acci\u00f3n de tutela, que tambi\u00e9n le fue negada en ambas instancias, situaciones que, en su criterio, justifican la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta inform\u00f3 que conoci\u00f3 en segunda instancia de la acci\u00f3n de tutela promovida por el aqu\u00ed accionante, identificada con el consecutivo 54-001-31-04-003-2022-00116-01, dentro de la cual dict\u00f3 sentencia el 9 de agosto de 2022, que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n emitida el 6 de julio anterior por el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Secretar\u00eda de la precitada Colegiatura se\u00f1al\u00f3 que, dentro del precitado decurso, esa dependencia tampoco vulner\u00f3 las prerrogativas superiores cuya protecci\u00f3n se invoca. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta indic\u00f3 que el promotor tramit\u00f3 all\u00ed la acci\u00f3n de tutela correspondiente al radicado 54-001-31-03-006-2022-00158-00, la que el 5 de agosto pasado a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de C\u00facuta manifest\u00f3 que conoci\u00f3 en primera instancia del precitado tr\u00e1mite que inici\u00f3 el aqu\u00ed interesado contra la Estaci\u00f3n de Polic\u00eda de Kennedy, el Subteniente Geimar Andr\u00e9s Murillo Cardona como Comandante Ca\u00ed de Polic\u00eda de Kennedy, el Capit\u00e1n Jorge Cesar Lozano Hern\u00e1ndez Como Comandante de la Estaci\u00f3n de Polic\u00eda de San Fernando del Rodero, Siendo Vinculados la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, Oficina de Investigaci\u00f3n de la Polic\u00eda Nacional San Mateo, Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, Defensor\u00eda del Pueblo, Ministerio del Interior y Justicia, Presidencia de la Rep\u00fablica de Colombia, Comandante General de la Polic\u00eda de Bogot\u00e1, Direcci\u00f3n de Gesti\u00f3n De Polic\u00eda Fiscal y Aduanera \u2013 POLFA-, Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, Secretaria de Tr\u00e1nsito Municipal de C\u00facuta Y Polic\u00eda Nacional Seccional Automotores, protecci\u00f3n negada con fallo del 10 de junio de los corrientes. <\/p>\n
<\/p>\n
5. El Juzgado Octavo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Santiago de Cali pidi\u00f3 que no se acceda a la protecci\u00f3n, porque con los mismos hechos se elev\u00f3 solicitud ante el Juzgado Octavo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, la cual fue negada, determinaci\u00f3n confirmad por el superior. <\/p>\n
<\/p>\n
6. La Polic\u00eda Metropolitana de C\u00facuta inform\u00f3 que el actor ha presentado dos acciones de tutela con fundamento en los mismos hechos aqu\u00ed expuestos, correspondientes a la de radicado 54-001-31-03-006-2022-00158-00, tramitada por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de C\u00facuta, y la del consecutivo No. 54-001-31-03-006-2022-00158-00, conocida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad. <\/p>\n
<\/p>\n
7. La Presidencia de la Rep\u00fablica, el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, en escrito separados, pidieron su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
La Sala de casaci\u00f3n Penal de la Corte rehus\u00f3 conceder la salvaguarda, porque la tem\u00e1tica plateada ya fue objeto de pronunciamiento de tutela por parte de los Juzgados y Tribunales accionados, lo que impide un reestudio de la causa \u00abpara evitar crear instancias interminables o providencias que se encuentren \u201cindefinidamente postergadas\u201d\u00bb, a lo cual agreg\u00f3 que en las consideraciones de esas decisiones constitucionales se analiz\u00f3 el proceder de los funcionarios de la Polic\u00eda Nacional que el actor cuestiona, y se encontr\u00f3 que los se\u00f1alamientos contra \u00e9stos carec\u00edan de soporte probatorio, y que en todo caso los mismos pod\u00edan ser elevados ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
A lo expuesto agreg\u00f3 que los respectivos fallos de tutela fueron remitidos a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, autoridad ante la cual el gestor puede promover el mecanismo de insistencia, en caso de que las tutelas sean excluidas de dicho escenario. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue propuesta por el convocante, se\u00f1alando que el juzgador constitucional a quo en vez de aguardar por la eventual selecci\u00f3n de las tutelas cuestionadas, pudo dejar sin efecto lo fallado dentro de las mismas, o bien oficiar a la Corte Constitucional \u00abexhortando o recomendando para que fuera seleccionado\u00bb para revisi\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
El planteamiento anterior se aplica en \u00abuna medida a\u00fan mayor cuando la providencia atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo\u00bb (CSJ STC, 8 jul. 2008, rad. 2008-01018-00). <\/p>\n
2. No cabe duda de que las inconformidades elevadas en el presente tr\u00e1mite se dirigen contra las sentencias de tutela i) de 9 de agosto de 2022 de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de 6 de julio anterior del Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de la misma ciudad, promovida por el aqu\u00ed accionante contra la Polic\u00eda Nacional \u2013 \u00c1rea Metropolitana de C\u00facuta y Polic\u00eda Nacional Mecuc \u2013 Oficina de Control Interno, radiado No. 54-001-31-04-003-2022-00116-01, y, ii) de 26 de julio de 2022 de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de la misma urbe, que confirm\u00f3 lo fallado el 9 de junio anterior por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de la misma localidad, en la acci\u00f3n de amparo que el aqu\u00ed inconforme present\u00f3 contra la Estaci\u00f3n de Polic\u00eda de Kennedy, el Subteniente Geimar. Andr\u00e9s Murillo C\u00e1rdenas como comandante CAI de Polic\u00eda de Kennedy y el Capit\u00e1n Jorge Cesar Lozano Hern\u00e1ndez como comandante de la Estaci\u00f3n de Polic\u00eda de San Fernando del Rodero; amparos ambos negados, en s\u00edntesis, por incumplimiento del requisito de la subsidiariedad al poder denunciarse los hechos ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, por falta de prueba del supuesto hurto de documentos y ausencia de acreditaci\u00f3n de acci\u00f3n u omisi\u00f3n alguna por parte de los uniformados acusados, que vulnerara los derechos fundamentales del actor. <\/p>\n
Lo evidenciado cierra toda posibilidad de estudio de la tem\u00e1tica, al encontrar la Sala que ya fue debatida en otras ocasiones a trav\u00e9s de un mecanismo del mismo linaje constitucional del presente. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u2026 la Corte ha admitido la posibilidad de interponer acciones de tutela contra actuaciones judiciales arbitrarias, incluso actuaciones arbitrarias de jueces de tutela, pero nunca con respecto a sentencias de tutela, sino con relaci\u00f3n a incidentes de desacato, o contra autos emitidos en el curso del proceso de tutela. A partir de la Sentencia SU-1219 de 2001, la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n unific\u00f3 su posici\u00f3n frente a este tema, precisando que las sentencias de tutela, y en general las decisiones que se tomen en el tr\u00e1mite de estos procesos, no pueden ser objeto de controversia constitucional mediante la formulaci\u00f3n de una nueva solicitud, ya que tal proceder, adem\u00e1s de mutar la naturaleza jur\u00eddica de la acci\u00f3n de tutela, har\u00eda que los conflictos jur\u00eddicos que se discuten en esa sede tuvieran un car\u00e1cter indefinido, lo cual atenta no solo contra los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, sino que tambi\u00e9n genera un grave perjuicio al goce efectivo y real de los derechos constitucionales que la tutela se encamina a garantizar de manera cierta, estable y oportuna. (CC T-353\/12 y SU-1219\/01, citadas en CSJ STC178, 21 ene. 2016, rad. 2015-03107). <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de la protecci\u00f3n constitucional de cara a decisiones del mismo linaje, esta Sala tambi\u00e9n ha considerado: <\/p>\n
Resulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… <\/p>\n
Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp. 2009-00126-00. (CSJ STC, 21 feb. 2011, rad. 2010-00723-00; STC, 2 dic. 2015, rad. 02397-99; y STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-03107). <\/p>\n
En ese mismo sentido, se ha resaltado que: <\/p>\n
\u2026\u2018ante una equivocaci\u00f3n o arbitrariedad en que puedan incurrir los jueces en sede de tutela al ocuparse de la pertinente decisi\u00f3n, no ser\u00eda una nueva queja de tal naturaleza la id\u00f3nea para contrarrestar el supuesto quebranto, sino \u00fanicamente la impugnaci\u00f3n y la revisi\u00f3n eventual, instrumentos que deben surtirse ante los funcionarios habilitados para ello, aspecto que pone de relieve la existencia de otros medios de defensa judicial, a los que debe acudir el interesado en procura de dilucidar las inconformidades referidas, pues, la tutela no puede convertirse en un mecanismo paralelo\u2019 (expedientes 2006-01425-01 y 2007-02023-00). <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, surge palmario que son dos los mecanismos previstos en el ordenamiento para recurrir una decisi\u00f3n en materia de tutela, esto es, por medio de la impugnaci\u00f3n de la providencia de primera instancia y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, quedando, por consiguiente, cerrada la oportunidad de que se examine una determinaci\u00f3n tomada por otro juez en sede constitucional (CSJ STC, 2 ag. 2013, rad. 00851-01; reiterada en STC8097-2016, 16 jun. 2016, rad. 2015-00243-02). <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, no se abordar\u00e1 el estudio del reclamo planteado, en tanto que no se est\u00e1 en presencia de una de las excepciones a la regla general de la improcedencia de la tutela contra tutela, pues los ataques se enfilaron frente a aspectos de fondo sobre los que se soportaron las sentencias constitucionales ahora cuestionadas con una nueva petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
4. En adici\u00f3n, se observa que deviene insatisfecho el requisito de subsidiariedad en el sub examine, pues el ahora accionante a\u00fan puede acudir en forma directa ante la Corte Constitucional en busca de insistir en la eventual revisi\u00f3n de los fallos supralegales de que se duele (y, por ende, de las providencias all\u00ed analizadas), toda vez que en la fecha se constata que el expediente correspondiente al radicado 54001315300620220015800 (T8948571) fue enviado a sala de selecci\u00f3n el pasado 3 de octubre, y la tutela identificada con el consecutivo No. 54001310400320220011600 reci\u00e9n fue radicada en esa Corporaci\u00f3n el 9 de noviembre postrero1. <\/p>\n
No en vano, en un asunto con cierta simetr\u00eda, esta Magistratura doctrin\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) en el presente asunto no se cumple con el requisito de subsidiariedad, dado que la querellante cuenta con la opci\u00f3n de exponer las irregularidades que por esta v\u00eda alega ante la Corte Constitucional, pidiendo la revisi\u00f3n del pronunciamiento que no comparte o su falta de notificaci\u00f3n, lo que constituye un medio de defensa id\u00f3neo. <\/p>\n
(\u2026) sobre la viabilidad de exponer inconsistencias formales por v\u00eda de revisi\u00f3n al fallo de resguardo, la misma Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado[:] <\/p>\n
(\u2026) el mecanismo constitucional dise\u00f1ado para controlar las sentencia de tutela de los jueces constitucionales que conocen y deciden sobre las acciones de tutela, por decisi\u00f3n del propio constituyente, es el de revisi\u00f3n\u2026\u201d, que \u201c\u2026incluye las v\u00edas de hecho de los mismos jueces de tutela\u2026\u201d, que deben ser corregidas en ese tr\u00e1mite, adem\u00e1s de que cualquier afectado e inconforme con una decisi\u00f3n en estas acciones, puede acudir ante esa Corporaci\u00f3n para solicitar su revisi\u00f3n (fallo SU-1219 de 21 de noviembre de 2001). Sentencia de 28 de sep. 2007, exp. 01495-00, citada el 26 de en. 2012, rad. 2011-02523-01 y el 10 abr. 2014, rad. 00654-00, STC1673-2014, 13 ag. exp. 01761-00) (Resaltado con intenci\u00f3n. CSJ STC, 8 oct. 2014, rad. 02195-00; STC8658, 14 may. 2021, rad. 02101-00). <\/p>\n
5. Se impone reafirmar lo prove\u00eddo por el tribunal a-quo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Oportunamente env\u00edense las diligencias a la Corte Constitucional, para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/consultat\/consulta.php?campo=rad_actor&date3=2019-01-01&date4=2022-11-11&radi=Radicados&palabra=parra+gutierrez+yosmel+antonio&radi=radicados&todos=%25 <\/p>\n
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STC15525-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-01914-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Yosmel Antonio Parra Guti\u00e9rrez, frente a la sentencia del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68975","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68975","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68975"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68975\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68975"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68975"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68975"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}