STC15536-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC15536-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 08001-22-13-000-2022-00767-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de noviembre dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 5 de octubre de 2022 por la Sala Quinta Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, que declar\u00f3 improcedente el amparo reclamado por Luz Teresa Cabarcas Cueto, Juan Bautista Ar\u00e9valo y Eduardo Pedraza Niebles contra la Inspecci\u00f3n Sexta de Polic\u00eda Urbana de Concorde de Malambo y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda Municipal de Caracol\u00ed, a las partes del proceso objeto de censura y a los intervinientes de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mar\u00eda Venus Albor Herrera de radicado 2022-00282. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Los gestores demandaron la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, posesi\u00f3n e integridad familiar, presuntamente conculcados por la autoridad accionada, en el juicio reivindicatorio de radicado 08758311200120160006100 (antes 2003-00313). <\/p>\n
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2. Del escrito de tutela y las pruebas allegadas se establece que Alejandro Pedraza Jim\u00e9nez promovi\u00f3 el mencionado proceso contra Euclides Pedraza Jim\u00e9nez, Manuel Eusebio Pedraza Heredia, \u00c1ngel Pedraza Heredia, \u00cdtalo Pedraza Zambrano y Eduardo Pedraza de la Rosa, en el que, mediante sentencia del 17 de octubre de 2014, se accedi\u00f3 a las pretensiones reivindicatorias sobre los lotes 1 y 2, identificados, respectivamente, con folios de matr\u00edcula inmobiliaria 041-95871 y 041-95872, ubicados en el corregimiento de Caracol\u00ed, jurisdicci\u00f3n del municipio de Malambo, departamento del Atl\u00e1ntico. <\/p>\n
Mediante auto del 22 de febrero de 2016, el Juzgado accionado libr\u00f3 despacho comisorio para la diligencia de entrega de los inmuebles objeto de litis, a la que se opuso la se\u00f1ora Mar\u00eda Arbor Herrera. Tal oposici\u00f3n se declar\u00f3 infundada por auto del 17 de enero de 2020. <\/p>\n
El 27 de febrero siguiente se comision\u00f3 a la Alcald\u00eda Municipal de Malambo, para que realizara la entrega de los inmuebles al demandante, la cual fue remitida a la Inspecci\u00f3n Rural de Polic\u00eda de Caracol\u00ed (Malambo), cuya titular manifest\u00f3 un impedimento, que fue aceptado el 9 de diciembre de 2021, raz\u00f3n por la cual las diligencias fueron enviadas a la Inspecci\u00f3n Urbana de Malambo aqu\u00ed accionada, en la que, el 24 de febrero de 20221, se suspendi\u00f3 la comisi\u00f3n, por una recusaci\u00f3n que present\u00f3 la se\u00f1ora Mar\u00eda Venus Arbor Herrera2. <\/p>\n
Aplazada la diligencia en algunas oportunidades, por auto del 2 de septiembre de este a\u00f1o se fij\u00f3 para el 23 de septiembre posterior3. <\/p>\n
<\/p>\n
Argumentaron que: i) no fueron parte en el proceso reivindicatorio y, por tanto, la sentencia no surte efectos en su contra; ii) no han podido ejercer su derecho de contradicci\u00f3n; iii) la inspecci\u00f3n accionada carece de competencia para adelantar la diligencia, por el factor territorial; iv) no se ha adelantado una inspecci\u00f3n ocular para establecer qui\u00e9nes poseen el inmueble y observar todas las construcciones existentes en lo que antes fue una vereda; y v) el inspector debe abstenerse de realizar la diligencia para evitar un perjuicio irremediable, pues pone en riesgo su derecho de posesi\u00f3n y el bienestar de sus familias. <\/p>\n
4. Pidieron, conforme a lo relatado, que se ordene a la Inspecci\u00f3n accionada \u00absuspender toda actuaci\u00f3n\u00bb, para evitar la vulneraci\u00f3n de sus derechos posesorios y que se garantice su vinculaci\u00f3n al proceso 2003-00313. <\/p>\n
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II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
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1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad sostuvo que no se advierte nulidad alguna que invalide lo actuado y que el fallo no fue susceptible de recursos. En cuanto a la vinculaci\u00f3n de los tutelantes se\u00f1al\u00f3 que, de ser cierta la compra de los derechos de posesi\u00f3n alegada, \u00abpara tal data, el proceso estaba en curso y (\u2026) la parte aqu\u00ed accionante debi\u00f3 informarse suficiente para la adquisici\u00f3n del mismo (\u2026) obteniendo copia del certificado de libertad y tradici\u00f3n del predio sobre el cual reca\u00eda la negociaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Inspecci\u00f3n Sexta de Polic\u00eda Urbana de Concorde (Malambo) inform\u00f3 que, en la diligencia del 23 de septiembre de 2022, la se\u00f1ora Mar\u00eda Venus Albor Herrera y otras 30 personas impidieron el ingreso al inmueble y que, para ese momento, no contaba con suficiente acompa\u00f1amiento de la fuerza p\u00fablica, por lo que debi\u00f3 suspenderse. A\u00f1adi\u00f3 que no se advierte la ocurrencia de un perjuicio irremediable, porque la parte actora cuenta con la oportunidad procesal de oponerse en la continuaci\u00f3n de la diligencia. <\/p>\n
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III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 improcedente el amparo, tras considerar que lo alegado debe ventilarse en el tr\u00e1mite de oposici\u00f3n a la diligencia de entrega, seg\u00fan el art\u00edculo 309 del C\u00f3digo General del Proceso. Indic\u00f3 que la inspecci\u00f3n ocular no procede en el asunto, pues es propia de los procesos abreviados adelantados por autoridades policivas y que, si los accionantes pretenden obtener una decisi\u00f3n definitiva frente a la posesi\u00f3n alegada, deben acudir a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, aunado a que, si los accionantes ingresaron al predio en el 2013, lo cierto era que contra ellos \u00abno ha podido dirigirse la demanda, pues esta se present\u00f3 en el a\u00f1o 2003\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impulsaron los gestores, quienes afirmaron que la acci\u00f3n de tutela \u00abno surti\u00f3 efecto\u00bb para suspender la diligencia del 23 de septiembre de 2022, \u00abni para garantizar los derechos que ahora si est\u00e1n vulnerados, porque no escuch\u00f3 oposici\u00f3n alguna\u00bb y se orden\u00f3 la entrega \u00absin ni siquiera llevar un perito para identificar plenamente los inmuebles ocupados por personas ajenas al proceso\u00bb4. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. En el sub examine, los tutelantes pretenden el amparo de sus derechos fundamentales, que consideran vulnerados con la diligencia de entrega de un inmueble, programada para el 23 de septiembre de 2022 en el proceso 2016-00061, pues, en su criterio, desconoce los derechos posesorios que ejercen sobre una franja de ese predio. <\/p>\n
2. Analizadas las probanzas obrantes en el plenario, advierte la Sala que la solicitud de amparo constitucional no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, por ausencia del requisito de subsidiariedad, pues se evidencia que los aqu\u00ed accionantes no hab\u00edan requerido con anterioridad a esta tutela a las autoridades demandadas con la finalidad pretendida a trav\u00e9s de este resguardo, omisi\u00f3n que imposibilita el uso de esta senda constitucional, si se tiene en cuenta que es un mecanismo subsidiario y residual, que no puede ser utilizado por las partes sin que previamente expongan sus planteamientos en las instancias de defensa ordinarias. <\/p>\n
Sobre la naturaleza subsidiaria de este mecanismo, esta Sala ha considerado que: <\/p>\n
la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, (\u2026) pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les ha asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica (CSJ STC3109-2020). <\/p>\n
<\/p>\n
3. A lo anterior se suma que no puede el juez de tutela suspender la diligencia de entrega de los bienes en disputa, seg\u00fan lo pretendido por los accionantes, dado que, como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia <\/p>\n
la tutela no se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales (Se destaca. Ver cita en CSJ STC16630-2015 y en CSJ STC038-2020). <\/p>\n
<\/p>\n
4. De otro lado, en cuanto a lo actuado y decidido en la audiencia llevada a cabo el 23 de septiembre de 20225, la Sala advierte que son hechos nuevos, por lo que es improcedente realizar pronunciamiento alguno sobre el particular, en aras de garantizar los derechos de defensa y contradicci\u00f3n de las partes. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Por lo discurrido, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada, pero por las razones ac\u00e1 esbozadas. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 114, expediente de comisi\u00f3n anex\u00f3 a la contestaci\u00f3n de tutela presentada por la Inspecci\u00f3n convocada. <\/p>\n
2\u0002 Rechazada el 8 de marzo de 2022. Folio 108 ibidem. <\/p>\n
3\u0002 Folio 35 ibidem. <\/p>\n
4\u0002 En el mismo escrito argumentaron que lo actuado era inv\u00e1lido, pues los vinculados en auto del 4 de octubre de 2022 no tuvieron tiempo de pronunciarse antes del fallo, solicitud que fue rechazada por el a quo constitucional en auto del 8 de noviembre de 2022, tras considerar, entre otros, que los solicitantes no ten\u00edan legitimaci\u00f3n para proponerla. <\/p>\n
5\u0002 Durante el tr\u00e1mite de la presente acci\u00f3n, la diligencia de entrega programada para el 23 de septiembre de 2022 fue suspendida, porque la se\u00f1ora Mar\u00eda Venus Albor Herrera y otras 30 personas impidieron su desarrollo. <\/p>\n
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