STC15538-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC15538-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-03386-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Denegado el impedimento manifestado, la Corte decide el resguardo constitucional promovido por Diana Patricia Sep\u00falveda Castillo contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y el Juzgado Segundo de Familia de Bello. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en la acci\u00f3n de tutela de radicado 2022-00087. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora, a trav\u00e9s de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, primac\u00eda del derecho sustancial sobre el procesal, defensa, doble instancia, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resalta lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Ante el Juzgado Segundo de Familia de Bello (Antioquia) se adelant\u00f3 la acci\u00f3n constitucional referida, promovida por Diana Patricia Sep\u00falveda Castillo contra el mentado municipio, por cuenta de su desvinculaci\u00f3n del cargo de agente de tr\u00e1nsito, c\u00f3digo 340, grado 3, nivel t\u00e9cnico, pese a ser madre cabeza de familia. El estrado judicial -con providencia del 9 de marzo de 2022-1 deneg\u00f3 el amparo. <\/p>\n
2.2. Inconforme, inco\u00f3 recurso de impugnaci\u00f3n2. La Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn -con auto del 22 de abril ulterior-3 declar\u00f3 la nulidad de lo actuado en primera instancia, por cuanto no hab\u00edan sido notificados \u00abJuan Diego Ram\u00edrez Villegas y la lista de integrantes de la lista de elegibles convocatorias 998 territorial 2019 Alcald\u00eda de Bello\u00bb. <\/p>\n
2.3. Reingresado el expediente al a quo -con providencia del 6 de mayo de 2022-4 volvi\u00f3 a negar la salvaguarda impetrada. Por lo que, nuevamente fue recurrida dicha determinaci\u00f3n5. <\/p>\n
2.4. El Tribunal -con sentencia del 13 de junio siguiente6 confirm\u00f3 lo resuelto, entre otras, porque no se aport\u00f3 prueba que diera cuenta de que su hijo mayor de edad estuviera estudiando programaci\u00f3n de computadores en el CENSA, como tampoco arrim\u00f3 copia de la historia cl\u00ednica de su descendiente que permitiera \u00abevidenciar que es sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional o que se encuentra incapacitado para laborar o padece de enfermedades consideradas como catastr\u00f3ficas o de alto riesgo, pues s\u00f3lo se indic\u00f3 que ten\u00eda problemas de aprendizaje, lo que tampoco se prob\u00f3\u00bb. Asimismo, concluy\u00f3 que Diana Patricia Sep\u00falveda Castillo no tiene calidad de madre cabeza de familia, ya que no demostr\u00f3 los requisitos exigidos por la ley y la jurisprudencia. <\/p>\n
2.5. De cara a lo anterior, la gestora manifest\u00f3 que elev\u00f3 derecho de petici\u00f3n ante el Centro de Servicios Judiciales de Bello pidiendo copia de las documentales adosadas al tr\u00e1mite constitucional, pudiendo constatar que los medios suasorios que presuntamente no se aportaron s\u00ed se encontraban en el plenario7. Frente a lo cual, el mentado Tribunal respondi\u00f3 que fue una omisi\u00f3n del a quo natural quien omiti\u00f3 incluir todas las pruebas en el dossier; no obstante, apuntal\u00f3 que ya no ten\u00eda competencia para pronunciarse al respecto8. <\/p>\n
2.6. As\u00ed las cosas, la actora adujo que el fallador de primera instancia no remiti\u00f3 el expediente integro de la acci\u00f3n de tutela a su superior jer\u00e1rquico. Motivo por el cual, el ad quem no pudo realizar un correcto an\u00e1lisis jur\u00eddico y f\u00e1ctico, espec\u00edficamente, refiri\u00f3 que no fueron enviados los certificados de estudio de Ronald Ocampo Sep\u00falveda ni su historia cl\u00ednica. <\/p>\n
De conformidad con lo expuesto, afirm\u00f3 que los estrados accionados incurrieron en defecto procedimental absoluto y violaci\u00f3n directa a la Constituci\u00f3n, comoquiera que no fueron valorados todos los medios probatorios allegados a la causa. <\/p>\n
3. Solicit\u00f3 que se deje sin efecto las sentencias del 9 de marzo y 13 de junio de 2022. Y, en consecuencia, se profiera una nueva decisi\u00f3n con la \u00abvaloraci\u00f3n de todos los medios de prueba\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Bello (Antioquia)9 manifest\u00f3 que, contrario a lo referido por la accionante, \u00abel referido link que conten\u00eda el escrito de tutela y sus anexos, fue debidamente visto, revisado y descargado por la empleada encargada para ello\u00bb, sin embargo, resalt\u00f3 que se present\u00f3 un \u00aberror u omisi\u00f3n que es netamente adjudicable a los problemas de red, que se present\u00f3 en el municipio de Bello y a nivel nacional, al no descargar en su totalidad los documentos arrimados, descargarlos con error, en blanco o no permitir su apertura en debida forma\u00bb. <\/p>\n
No obstante, lo anterior, advirti\u00f3 que solo hasta ahora la promotora indic\u00f3 la falta de carga de dichos documentos a pesar de que el 17 de febrero del a\u00f1o en curso se le requiri\u00f3 algunas aclaraciones de cara a algunos documentos y al escrito de tutela. <\/p>\n
2. La Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil10 esgrimi\u00f3 que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, por ello, pidi\u00f3 ser desvinculada del amparo. De igual forma, evidenci\u00f3 que no se vislumbra un perjuicio irremediable, motivo por el cual la interesada puede acudir ante la Jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES. <\/p>\n
1. En el sub examine, corresponde a la Sala establecer si se vulneraron las prebendas fundamentales aducidas por la actora, con ocasi\u00f3n del presunto defecto procedimental absoluto y la violaci\u00f3n directa a la Constituci\u00f3n acaecidos en la acci\u00f3n de tutela de radicado 2022-00087. Ello pues, afirm\u00f3 que los jueces de instancia omitieron analizar todos los medios de prueba arrimados, puntualmente, la historia cl\u00ednica y acad\u00e9mica de su hijo. <\/p>\n
2. La jurisprudencia ha sostenido reiteradamente la improcedencia de la tutela para atacar sentencias o actuaciones surtidas en asuntos de igual naturaleza. En esa direcci\u00f3n, esta Corporaci\u00f3n ha aseverado: <\/p>\n
[L]as equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n al ocuparse de la sustanciaci\u00f3n de sus decisiones no se resuelven con un nuevo ruego de naturaleza id\u00e9ntica para contrarrestar el supuesto quebranto. Para ese aspecto, el ordenamiento jur\u00eddico dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al fallo de primer grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse este \u00faltimo, instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para el efecto. CSJ, STC 20 de abr. de 2020, Rad. 2020-00852-00. <\/p>\n
Corolario de lo expuesto, se sigue que no es esta v\u00eda el instrumento id\u00f3neo para corregir las deficiencias que se adviertan en estas actuaciones. Toda vez que, de permitir un nuevo cuestionamiento a trav\u00e9s de una causa de igual raigambre, aparte de hacer interminable el tr\u00e1mite, se atentar\u00eda contra la certeza que debe acompa\u00f1ar a las decisiones judiciales. <\/p>\n
3. Sin embargo, la Sala no desconoce que la Corte Constitucional con sentencia SU-627 de 2015 sostuvo que la salvaguarda procede, excepcionalmente, contra un fallo de la misma naturaleza cuando se configure una de las siguientes causales: <\/p>\n
(\u2026) cuando (i) exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, (ii) cumpla con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales; (iii) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (iv) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (v) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. La acci\u00f3n de tutela solo procede contra fallos de la misma naturaleza, cuando no han sido proferidas por la Corte Constitucional y exista fraude, y contra actuaciones surtidas en el proceso de tutela siempre y cuando no busque el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en la sentencia. <\/p>\n
4. Bajo esos lineamientos, en el caso en concreto, la gestora pretende dejar sin efecto la determinaci\u00f3n tutelar proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn el 13 de junio de 2022, con la cual resolvi\u00f3 la impugnaci\u00f3n propuesta. <\/p>\n
5. Sobre el particular, la Sala advierte la improcedencia del amparo invocado. Ello pues, no se advierten ni se acreditaron hechos constitutivos de una situaci\u00f3n fraudulenta, lo cual, como qued\u00f3 visto, habilitar\u00eda la procedencia de este mecanismo excepcional. <\/p>\n
5.1. Adicionalmente, del legajo se resalta que Diana Patricia Sep\u00falveda Castillo no solo desaprovech\u00f3 el medio de defensa previsto en el ordenamiento jur\u00eddico para corregir los defectos que le achaca a los \u00abfallos de tutela\u00bb que censura, como es la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, puesto que no la solicit\u00f3 ante dicha Magistratura, quien finalmente no seleccion\u00f3 el expediente (T-8.904.295)11. Tampoco requiri\u00f3 que se hiciera uso de la \u00abfacultad de insistencia\u00bb por quienes est\u00e1n facultados para ello acorde con el canon 33 del Decreto 2591 de 1991, lo que cierra la posibilidad de auscultar por este camino una pauta de otro \u00abJuez constitucional\u00bb. <\/p>\n
5.2. Esta Colegiatura ha predicado, respecto de la idoneidad y eficacia de dicha concesi\u00f3n, que: <\/p>\n
Y, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019 (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992). STC 7 nov. 2012, exp. 20141-00, rese\u00f1adas, entre otras, en STC10007-2020, STC16306-2021 y STC5025-2022. <\/p>\n
6. Con base en estas consideraciones, la Sala declarar\u00e1 improcedente la salvaguarda rogada. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, Declara improcedente el amparo reclamado. Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 1-33, archivo \u201c13 2022 00087 09032022 Sentencia\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Folios 5-42, archivo \u201c14EscritoImpugnatorio\u201d del expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Folios 1-6, archivo \u201c04AutoDeclaraNulidad (3)\u201d del expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Folios 1-35, archivo \u201c20 2022 00087 06052022SentenciaTutela\u201d del expediente digital <\/p>\n
5\u0002 Folios 1-31, archivo \u201c21EscritoImpugnatorio\u201d del expediente digital. <\/p>\n
6\u0002 Folios 1-26, archivo \u201c01FalloSegundaInstancia\u201d del expediente digital. <\/p>\n
7\u0002 Hecho d\u00e9cimo tercero del escrito de tutela. <\/p>\n
8\u0002 Hecho d\u00e9cimo cuarto del escrito de tutela. <\/p>\n
9\u0002 Folios 1-3, archivo \u201c11001020300020220338600-0032Memorial (1)\u201d del expediente digital. <\/p>\n
10\u0002 Folios 1-12, archivo \u201cDIANA PATRICIA SEP\u00daLVEDA CASTILLO\u201d del expediente digital. <\/p>\n
11\u0002 Estado No. 17 del 12\/10\/2022. Disponible en: ESTADO 17 AUTO DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022.pdf (corteconstitucional.gov.co) <\/p>\n
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