STC15542-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC15542-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-03768-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide el resguardo constitucional promovido por John Faber Arias Montoya contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, la procuradora 340 delegada y el Juzgado Primero Promiscuo del Carmen de Viboral. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso de radicado 2016-80900. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerado por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resalta lo que viene: <\/p>\n
2.1. Ante el Juzgado Primero Promiscuo del Carmen de Viboral se adelanta el proceso penal mencionado, promovido en contra de Mauricio Ram\u00f3n Durango Montoya, causa donde John Faber Arias Montoya act\u00faa como su apoderado. <\/p>\n
2.3. Por esto, resalt\u00f3 que present\u00f3 acci\u00f3n de tutela, la cual fue declarada improcedente en segunda instancia por la Sala de Casaci\u00f3n Penal con prove\u00eddo STP11698-2022 del 6 de septiembre hoga\u00f1o2, toda vez que deb\u00eda solicitarle al fallador de instancia lo que por ese medio intentaba. <\/p>\n
2.4. En este sentido, radic\u00f3 memorial el 5 de octubre ulterior3 pidiendo la nulidad de lo actuado a partir de la audiencia de acusaci\u00f3n. No obstante, a la fecha no ha recibido respuesta. <\/p>\n
2.5. As\u00ed las cosas, adujo que la c\u00e9lula confutada no ha resuelto el petitorio elevado, lo cual genera graves violaciones de sus derechos y los de su representado. Asimismo, refiri\u00f3 que la sustituci\u00f3n realizada va en contrav\u00eda de lo establecido en el art\u00edculo 143 de la Ley 906 de 2004. <\/p>\n
3. Demand\u00f3 que se ampare su derecho fundamental. Y, en este sentido, que se le ordene al Juzgado Primero Promiscuo del Carmen de Viboral que resuelva la petici\u00f3n de nulidad presentada el 5 de octubre de 2022. Adem\u00e1s, pidi\u00f3 que, a futuro, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia establezca las condiciones para que se hagan efectivas sus decisiones. Por \u00faltimo, peticion\u00f3 que la procuradora delegada garantice y vele por el debido proceso dentro de la causa. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia4 pidi\u00f3 ser desvinculada del amparo, comoquiera que la queja del libelista se dirige contra las actuaciones del estrado cognoscente del proceso penal y no contra aquella Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
2. El titular del Juzgado Primero Penal del Circuito de Rionegro5 se pronunci\u00f3 frente a los hechos del libelo genitor, manifestando que por un impedimento se remiti\u00f3 el expediente al siguiente fallador de turno. <\/p>\n
3. El juez Segundo Penal del Circuito de Rionegro6 rese\u00f1\u00f3 que no ha tenido injerencia en el pleito en cuesti\u00f3n, por tanto, no ha transgredido las prebendas fundamentales del accionante. <\/p>\n
4. El Juzgado Primero Promiscuo Municipal del Carmen de Viboral7 hizo un recuento de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica acaecida dentro de la causa. Asimismo, se opuso a las pretensiones del gestor por no evidenciarse el quebranto de las garant\u00edas superlativas de aqu\u00e9l. <\/p>\n
5. La procuradora 340 Judicial I Penal de Rionegro8 peticion\u00f3 que se estudie si el abogado John Faber Arias Montoya ha incurrido en alguna conducta que deba ser judicializada por la Comisi\u00f3n de Disciplina Judicial. <\/p>\n
6. Mauricio Ram\u00f3n Durango Montoya9 rog\u00f3 que fuera concedida la salvaguarda, bajo el argumento que se han cometido diversas irregularidades en el pleito penal, motivo por el cual tambi\u00e9n se ha visto gravemente perjudicado. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, corresponde a la Sala establecer si se vulner\u00f3 la prebenda fundamental aducida por el actor, con ocasi\u00f3n de la falta de resoluci\u00f3n del incidente de nulidad propuesto. Esto, comoquiera que se le sustituy\u00f3 el poder en contrav\u00eda de lo reglado por el art\u00edculo 143 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal. <\/p>\n
2. Escrutado el material probatorio, se observa que la solicitud de nulitar lo actuado ingres\u00f3 al despacho el 5 de octubre de 2022 -seg\u00fan lo afirmado por el gestor-, circunstancia que no demuestra un retardo injustificado en resolver el requerimiento. Ello pues, no ha pasado un t\u00e9rmino exagerado para que el fallador dirima de fondo lo pretendido. Corolario de lo anterior, es preciso indicar que no todo retraso en la resoluci\u00f3n de una causa judicial es vulneradora de derechos fundamentales. Por tanto, la salvaguarda no puede proceder autom\u00e1ticamente ante el incumplimiento de los t\u00e9rminos legales por parte del juez o la autoridad de conocimiento. Sobre esta tem\u00e1tica, la Sala, en reiteradas oportunidades ha expresado que: <\/p>\n
(\u2026) la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuanto la mora judicial es injustificada (CSJ SC, 19 de septiembre de 2008, exp. 001138- 00, 15 feb. 2017, rad. 2016-02250-01, citada en STC195-2021 entre otras) <\/p>\n
En ese orden, la jurisprudencia ha se\u00f1alado que los escenarios de \u00abmora judicial\u00bb o \u00abmora administrativa\u00bb que abren paso a este excepcional medio de defensa constitucional son aquellos que denotan una abierta y ostensible par\u00e1lisis. Esto es, los que sean producto de \u00abun comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb10. <\/p>\n
3. Por otro lado, de cara a las r\u00e9plicas formuladas contra la Homologa Penal, resulta menester indicar que el supuesto desconocimiento de los derechos fundamentales del promotor es inexistente, toda vez que no alega un hecho o circunstancia puntual que permita concluir que no se le respetaron sus garant\u00edas superlativas. Esto, debido a que no enrostr\u00f3 alg\u00fan defecto que pudiera haber cometido el colegiado al proferir el prove\u00eddo STP11698-2022 del 6 de septiembre del 2022. As\u00ed las cosas, al no hallarse ninguna conducta atribuible a la autoridad convocada respecto de la cual pueda determinarse una amenaza o violaci\u00f3n de un derecho fundamental, debe declararse la improcedencia de este amparo. <\/p>\n
4. Finalmente, con relaci\u00f3n a la pretensi\u00f3n formulada frente a la procuradora 340 delegada para que \u00abgarantice y se cumpla su funci\u00f3n de garantizar y velar por un debido proceso\u00bb, se advierte que dichos pedimentos deben realizarse al interior de la causa natural. Y, en caso de considerar que el representante del Ministerio P\u00fablico no est\u00e1 cumpliendo su labor, tendr\u00e1 la opci\u00f3n de denunciarlo ante a las autoridades competentes. <\/p>\n
5. En definitiva, la salvaguarda rogada fracasa. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Hecho primero del escrito de tutela. <\/p>\n
2\u0002 Folios 1-13, archivo \u201c132. 2022-03768-00 XX Sala del 16\/PRUEBA_25_10_2022, 13_59_41\u201d del expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Folios 1-10, archivo \u201cPRUEBA_25_10_2022, 14_00_37\u201d del expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Folios 1-5, archivo \u201cPRONUNCIAMIENTO \u2013 VINCULADO MAURICIO RAMON DURANGO MONTOYA\u201d del expediente digital. <\/p>\n
5\u0002 Folios 1 y 2, archivo \u201cRESPUESTA Tutela 11001020300020220376801\u201d del expediente digital. <\/p>\n
6\u0002 Folio 1, archivo \u201c11001020300020220376801-0009Memorial\u201d del expediente digital. <\/p>\n
7\u0002 Folios 1-5, archivo \u201c001 RDO. RESPUESTA ACCI\u00d3N DE TUTELA RDO. 11001-02-03-000-2022-03768-01\u201d del expediente digital. <\/p>\n
8\u0002 Folios 1 y 2, archivo \u201c11001020300020220376801-0014Oficio\u201d del expediente digital. <\/p>\n
9\u0002 Folios 1-5, archivo \u201cPRONUNCIAMIENTO – VINCULADO MAURICIO RAMON DURANGO MONTOYA\u201d del expediente digital. <\/p>\n
10\u0002 Ver: (CSJ STC abr. 29 de 2011, rad. 00094-01, reiterado entre otros, sept. 17 2013, rad. 00168-02 y en CSJ STC6772-2019, mayo 30 de 2019, rad. 2019-01579-00, STC5633-2021 rad. 2021-00299-01, CSJ STP6648-2022 mayo 19 de 2022, rad. 2022-00330-01). <\/p>\n
<\/p>\n
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