STC15548-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC15548-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 17001-22-13-000-2022-00207-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de noviembre dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 5 de octubre de 2022 por la Sala de Decisi\u00f3n Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, que declar\u00f3 improcedente el amparo constitucional reclamado por Pedro Pablo y Mar\u00eda Ligia contra el Juzgado Promiscuo de Familia de Anserma, Caldas1. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Defensor\u00eda de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Procuradur\u00eda en Asuntos de Familia y a las partes e intervinientes del proceso objeto de censura. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
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2. Del escrito de tutela y las pruebas allegadas se establece que Diana Carolina promovi\u00f3 el referido tr\u00e1mite contra los accionantes, en calidad de abuelos paternos de su hijo menor de edad, Jer\u00f3nimo Andr\u00e9s2, para que se fijara cuota alimentaria a su favor. <\/p>\n
El 22 de abril de 2022, el Juzgado accionado admiti\u00f3 la demanda, fij\u00f3 alimentos provisionales, decret\u00f3 el embargo de la cuota parte que Pedro Pablo ostenta sobre un bien inmueble e impuso la prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds a los demandados. Posteriormente, Jaime Felipe, progenitor del ni\u00f1o, fue reconocido en como litisconsorte. <\/p>\n
El 23 de agosto de 2022, la parte demandada radic\u00f3 una solicitud de levantamiento de las medidas cautelares, en raz\u00f3n a que el padre del alimentado ya se encontraba vinculado al proceso y ellos deb\u00edan regresar a Londres, Inglaterra, donde resid\u00edan, petici\u00f3n que fue negada el 1 de septiembre de este a\u00f1o, con fundamento en que la vinculaci\u00f3n del progenitor no era como demandado sino como litisconsorte, de acuerdo con lo previsto en el art\u00edculo 62 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00abes decir, que la sentencia que se profiera no solo cobija a los demandados en este asunto, sino que a la persona que se ha integrado en la calidad antes mencionada, de donde se concluye que no existen suficientes elementos de juicio jur\u00eddicos que ameriten el levantamiento de las medidas decretadas (\u2026)\u00bb3. <\/p>\n
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3. Al respecto, los accionantes sostienen que son personas de la tercera edad y ciudadanos ingleses, lugar donde viven hace m\u00e1s de 20 a\u00f1os y con el cual tienen arraigo familiar y \u00abposibilidades econ\u00f3micas\u00bb; adem\u00e1s, que vinieron a Colombia de vacaciones y no tienen como sufragar la extensi\u00f3n de su estad\u00eda, por lo cual deben retornar al lugar de su domicilio, para recibir la atenci\u00f3n m\u00e9dica necesaria, pero la medida cautelar impuesta lo ha impedido. <\/p>\n
En particular, sobre el auto del 1 de septiembre de los corrientes, sostuvieron que incluso si la sentencia es adversa a sus intereses, para cumplirla no es necesario que est\u00e9n en Colombia, pues se orden\u00f3 el embargo de un inmueble que garantiza la obligaci\u00f3n, sumado a que el juicio se adelanta en forma virtual y ya compareci\u00f3 al tr\u00e1mite el obligado principal. <\/p>\n
4. Pidieron, conforme a lo relatado, que se levante la medida cautelar que les impide salir del pa\u00eds. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
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1. El Juzgado Promiscuo de Familia de Anserma \u2013 Caldas- argument\u00f3 que neg\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares, porque se establecieron para garantizar el cumplimiento del pago de la cuota provisional de alimentos (que a la fecha no han cancelado) y no para la comparecencia al proceso de los accionados, quienes, adem\u00e1s, no recurrieron el auto del 1 de septiembre de 2022. <\/p>\n
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2. Jaime Felipe coadyuv\u00f3 las s\u00faplicas de sus padres y afirm\u00f3 que est\u00e1 en condiciones de proporcionar la cuota de alimentos que se convenga. <\/p>\n
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3. La Defensor\u00eda de Familia del ICBF Regional Caldas – Centro Zonal Occidente adujo que se debe procurar la protecci\u00f3n integral y el inter\u00e9s superior del menor de edad. <\/p>\n
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III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 improcedente el amparo, al considerar que el ruego no cumple el requisito de la subsidiariedad, dado que los promotores no formularon recurso de reposici\u00f3n frente al auto que les neg\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares. Se\u00f1al\u00f3 que, para el levantamiento de la cautela referente a la prohibici\u00f3n de salir del pa\u00eds, los actores cuentan con otro medio de defensa, pues pueden prestar garant\u00eda suficiente del cumplimiento de la obligaci\u00f3n alimentaria, de conformidad con lo previsto en el inciso 6 del art\u00edculo 129 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impulsaron los gestores, quienes afirmaron que el prove\u00eddo censurado no era susceptible de recurso de reposici\u00f3n, pues en su parte final consign\u00f3 \u00abNotif\u00edquese y C\u00famplase\u00bb, adem\u00e1s de no tener un consecutivo, por lo cual, en su criterio, \u00abno reviste las calidades de un auto, interlocutorio o providencia\u00bb que pudiera ser impugnada. Y, sobre la opci\u00f3n de prestar una garant\u00eda de cumplimiento, alegaron que no est\u00e1n en mora en el pago de los alimentos ni son los obligados principales frente a esa carga, raz\u00f3n por la cual el juicio rebatido busca \u00abdeclarar si debemos o no alimentos\u00bb, amparados ya con la medida cautelar sobre el inmueble de su propiedad. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. En el sub examine, los tutelantes pretenden el amparo de sus derechos fundamentales, que consideran vulnerados con ocasi\u00f3n del auto emitido el 1 de septiembre de 2022, mediante el cual se neg\u00f3 la solicitud de levantamiento de las medidas cautelares decretadas, pues les impide retornar al pa\u00eds donde residen. <\/p>\n
2. Analizadas las probanzas obrantes en el plenario, advierte la Sala que la salvaguarda propuesta no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, ante la ausencia del requisito de subsidiariedad, pues los accionantes no interpusieron recurso de reposici\u00f3n contra el auto del 1 de septiembre de 20224, que deneg\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares, el cual era procedente, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, omisi\u00f3n que imposibilita el uso de esta senda constitucional, si se tiene en cuenta que este es un mecanismo subsidiario y residual que no puede ser usado por las partes como una instancia adicional, para subsanar la desidia en la interposici\u00f3n de las defensas ordinarias. <\/p>\n
Sobre la importancia de dicha figura, ha destacado esta Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (ver recientemente en CSJ STC4031-2020). <\/p>\n
3. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional, que declar\u00f3 improcedente la salvaguarda invocada. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En virtud del Acuerdo 034 de 16 de diciembre de 2020, emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, y como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, se profieren dos versiones de esta providencia con id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares), para efectos de publicaci\u00f3n, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, para la correspondiente notificaci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 Fecha de nacimiento: 10 de junio de 2009. <\/p>\n
3\u0002 Documentos 30 y 033, expediente 2022-00060-00. <\/p>\n
4\u0002 Notificado por estado electr\u00f3nico del 2 de septiembre siguiente. <\/p>\n
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