STC15560-2022 <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15560-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2022-01046-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Marby Audrey Pi\u00f1eros Lezama, Edgar Casta\u00f1eda Reyes, Audrey Cristina, Joan Leonardo, Dianet Valeria y Edgar Mauricio Casta\u00f1eda Pi\u00f1eros contra las Salas de Casaci\u00f3n Penal y Civil de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al que fueron vinculados todos los intervinientes en la actuaci\u00f3n criticada. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo pretenden protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, defensa, \u00aba la verdad\u00bb, \u00abjusticia y\u2026 reparaci\u00f3n integral\u00bb, que dicen vulneradas por las autoridades judiciales accionadas, por lo que pidieron \u00abse ordene al a quo y ad quem que resuelva de fondo la situaci\u00f3n planteada -nulidad-\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para resolver este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Edgar Mauricio, Audrey Cristina, Joan Leonardo, Dianet Valeria Casta\u00f1eda Pi\u00f1eros, Marby Audrey Pi\u00f1eros Lezma y Edgar Casta\u00f1eda Reyes formularon una anterior acci\u00f3n de tutela contra la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas y la Fiscal\u00eda 56 Delegada ante el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 – Unidad Sat\u00e9lite Justicia y Paz, que fue negada con sentencia del 24 de mayo de los corrientes, decisi\u00f3n que fue objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Mediante providencia del 3 de agosto de 2022, esta Sala Especializada revoc\u00f3 parcialmente el fallo censurado, para en su lugar, conceder el resguardo al derecho al debido proceso de Edgar Casta\u00f1eda Reyes y, en lo dem\u00e1s, lo confirm\u00f3. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expresaron los gestores del resguardo que los falladores accionados \u00abno se pronunciaron de cara a la nulidad planteada para dejar sin efectos el proceso penal que adelanta el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1\u2026 Sala de Justicia y Paz\u00bb; y que desconocieron que \u00aben primera instancia[,] el objeto de an\u00e1lisis se circunscribi\u00f3 a la mora judicial en la que incurrieron los operadores judiciales\u00bb, objeto que vari\u00f3 \u00abante las respuestas allegadas\u2026, pues s\u00f3lo fue hasta esa instancia\u2026 que [se percataron] que no [tuvieron] la oportunidad de ser reconocidos como v\u00edctimas, ni de interponer recursos ni de hacer pretensiones indemnizatorias, situaci\u00f3n irregular que saltaba a la vista\u00bb, pero \u00abel a quo, opt\u00f3 por guardar silencio frente a dicha irregularidad\u00bb. <\/p>\n
2.4. Agregaron que el ad quem convocado \u00abnada dijo de la nulidad[,] pese a solicitarla expresamente en el escrito impugnatorio\u2026\u00bb; y que \u00abel objeto de la alzada era el estudio de la nulidad de lo actuado en el proceso penal por ausencia de notificaci\u00f3n y oportunidad para hacer parte activa del proceso penal\u00bb, pero que el fallador de segundo grado se rehus\u00f3 a decidir tal s\u00faplica, al considerar que se trataba de un \u00abhecho nuevo\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Fiscal\u00eda S\u00e9ptima Delegada ante el Tribunal Direcci\u00f3n Justicia Transicional destac\u00f3 que \u00abraz\u00f3n le asisti\u00f3 a la Sala Penal y Civil de Corte Suprema de Justicia, en sus\u2026 decisiones tomadas, puesto que a los hoy accionantes, le asist\u00edan otros mecanismos jur\u00eddicos, como lo son los interpuestos por \u00e9stos, como el recurso de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, contra las decisiones proferidas por la Honorable Magistrada Ponente\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda 12 Judicial II para Asuntos Civiles precis\u00f3 que \u00ab[l]os accionantes, si estaban en desacuerdo con lo decidido en sede de segunda instancia, pudieron solicitar la revisi\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela y, en caso de no haberse accedido a \u00e9sta, hacer uso, conforme la ley, del mecanismo de la insistencia\u00bb; as\u00ed como tambi\u00e9n que las sedes judiciales accionadas \u00abal no emitir pronunciamiento respecto a la presunta vulneraci\u00f3n de derechos de las v\u00edctimas, por no haberse decretado la nulidad de lo actuado en el proceso penal\u2026 dej\u00f3 abierta la posibilidad de que el asunto se debatiera, a trav\u00e9s de una nueva queja constitucional\u2026\u00bb. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia esgrimi\u00f3 que \u00ab[e]n la demanda de tutela que fue fallada en sentencia STP6496-2022, no se solicit\u00f3 la nulidad del proceso N\u00b0110012252000201500184, pues el reclamo fue por la mora en adoptar una decisi\u00f3n judicial y en ello se enfoc\u00f3 el estudio de la acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
4. La Unidad para las V\u00edctimas rindi\u00f3 informe. <\/p>\n
5. La Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corporaci\u00f3n, remiti\u00f3 copia de la providencia objeto de censura. <\/p>\n
6. La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 rindi\u00f3 informe. <\/p>\n
7. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Revisada la demanda de tutela, se verifica que los actores cuestionaron las sentencias que, en primera y segunda instancia, resolvieron la acci\u00f3n de tutela que, previamente, promovieron contra la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas y la Fiscal\u00eda 56 Delegada ante el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 – Unidad Sat\u00e9lite Justicia y Paz, toda vez que, seg\u00fan ellos, omitieron pronunciarse sobre la nulidad que invocaron, de la cual s\u00f3lo se percataron en el curso de dicho tr\u00e1mite. <\/p>\n
3. En este orden de ideas, mem\u00f3rese que, trat\u00e1ndose de actuaciones surtidas en tr\u00e1mites de esta misma naturaleza, la Corte Constitucional en fallo T-353 de 2012, reiterando lo afirmado en la SU-1219 de 2001, manifest\u00f3: <\/p>\n
\u2026 la Corte ha admitido la posibilidad de interponer acciones de tutela contra actuaciones judiciales arbitrarias, incluso actuaciones arbitrarias de jueces de tutela, pero nunca con respecto a sentencias de tutela, sino con relaci\u00f3n a incidentes de desacato, o contra autos emitidos en el curso del proceso de tutela. A partir de la Sentencia SU-1219 de 2001, la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n unific\u00f3 su posici\u00f3n frente a este tema, precisando que las sentencias de tutela, y en general las decisiones que se tomen en el tr\u00e1mite de estos procesos, no pueden ser objeto de controversia constitucional mediante la formulaci\u00f3n de una nueva solicitud, ya que tal proceder, adem\u00e1s de mutar la naturaleza jur\u00eddica de la acci\u00f3n de tutela, har\u00eda que los conflictos jur\u00eddicos que se discuten en esa sede tuvieran un car\u00e1cter indefinido, lo cual atenta no solo contra los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, sino que tambi\u00e9n genera un grave perjuicio al goce efectivo y real de los derechos constitucionales que la tutela se encamina a garantizar de manera cierta, estable y oportuna (T-353 de 2012, SU-1219 de 2001, reiterada por la CSJ STC178, 21 ene. 2016 rad. 2015-03107) <\/p>\n
Respecto de la protecci\u00f3n constitucional de cara a decisiones del mismo linaje, la Sala ha considerado que: <\/p>\n
[r]esulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp.2009-00126-00 (STC 21 feb 2011, rad.2010-00723-00; STC6334, 25 may. rad 2014-00303-02; STC-2015, 2 dic. rad. 02397-99 y STC178, 21 ene. 2016 rad. 2015-03107) <\/p>\n
4. Con base en tales premisas, se concluye la improcedencia de esta nueva acci\u00f3n por cuanto los tutelantes pudieron acudir directamente ante el m\u00e1ximo \u00f3rgano de la jurisdicci\u00f3n Constitucional a reclamar la revisi\u00f3n de la prenotada acci\u00f3n constitucional (art\u00edculos 33 del Decreto 2591 de 1991, 56, 57 y 58 del Acuerdo 02 de 2015 -Reglamento Interno de la Corte Constitucional), tr\u00e1mite que, al momento de promoverse el resguardo, a\u00fan no se hab\u00eda surtido, conforme se pudo verificar en la p\u00e1gina web de esa Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
En un asunto de contornos similares al aqu\u00ed estudiado dej\u00f3 dicho la Corte que: <\/p>\n
(\u2026) en el presente asunto no se cumple con el requisito de subsidiariedad, dado que la querellante cuenta con la opci\u00f3n de exponer las irregularidades que por esta v\u00eda alega ante la Corte Constitucional, pidiendo la revisi\u00f3n del pronunciamiento que no comparte o su falta de notificaci\u00f3n, lo que constituye un medio de defensa id\u00f3neo. <\/p>\n
(\u2026) sobre la viabilidad de exponer inconsistencias formales por v\u00eda de revisi\u00f3n al fallo de resguardo, la misma Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado <\/p>\n
(\u2026) el mecanismo constitucional dise\u00f1ado para controlar las sentencia de tutela de los jueces constitucionales que conocen y deciden sobre las acciones de tutela, por decisi\u00f3n del propio constituyente, es el de revisi\u00f3n\u2026\u201d, que \u201c\u2026incluye las v\u00edas de hecho de los mismos jueces de tutela\u2026\u201d, que deben ser corregidas en ese tr\u00e1mite, adem\u00e1s de que cualquier afectado e inconforme con una decisi\u00f3n en estas acciones, puede acudir ante esa Corporaci\u00f3n para solicitar su revisi\u00f3n (fallo SU-1219 de 21 de noviembre de 2001). Sentencia de 28 de sep. 2007, exp. 01495-00, citada el 26 de en. 2012, rad. 2011-02523-01 y el 10 abr. 2014, rad. 00654-00, STC1673-2014, 13 ag. exp. 01761-00). -Resaltado ajeno al texto- (criterio reiterado en CSJ STC, 8 oct. 2014, rad. 2014-02195-00). <\/p>\n
Bajo esa \u00f3ptica, la revisi\u00f3n era el mecanismo id\u00f3neo para esgrimir las anomal\u00edas que aqu\u00ed denunciaron los gestores, el cual no puede ser desconocido, so pretexto de ser un mecanismo \u00abeventual\u00bb y que no ostenta \u00abcar\u00e1cter obligatorio\u00bb. <\/p>\n
5. Los expuesto resulta suficiente para negar la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
ELUIN GUILLERMO ABREO TRIVI\u00d1O <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
JUAN FERNANDO BECHARA PORRAS <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
DORA CONSUELO BEN\u00cdTEZ TOB\u00d3N <\/p>\n
Conjueza <\/p>\n
JUAN GUILLERMO BETANCUR LONDO\u00d1O <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
JULIA MAR\u00cdA DEL ROSARIO BOTERO LARRARTE <\/p>\n
Conjueza <\/p>\n
1\u0002 Se precisa que, en virtud de lo dispuesto por el art\u00edculo 62 de la ley 906 de 2004, una vez se manifest\u00f3 el primer impedimento en el presente asunto (lo que aconteci\u00f3 el 22 de agosto de 2022), la actuaci\u00f3n qued\u00f3 suspendida hasta cuando se resolvi\u00f3 sobre la procedencia de las causales de apartamiento invocadas, a trav\u00e9s de prove\u00eddo del primero de noviembre pasado. En efecto, la prenotada norma establece que: \u00abDesde cuando\u2026 se manifieste el impedimento del funcionario judicial hasta que se resuelva definitivamente, se suspender\u00e1 la actuaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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