STC15585-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15585-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2022-00484-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que se interpuso contra el fallo proferido el 7 de octubre de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Yadira Jerez Ortega contra el Juzgado Primero de Familia de esa ciudad e Ingrid Catalina Ni\u00f1o Jerez; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto cuestionado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas a la libertad, \u00abautonom\u00eda personal\u00bb, \u00ablegalidad\u00bb y dignidad humana, que dice vulneradas por la sede judicial acusada, por lo que pidi\u00f3 \u00abse ordene a Ingrid Catalina Ni\u00f1o Jerez cese de manera inmediata el ejercicio de la curadur\u00eda y toda acci\u00f3n tendiente a tener autoridad sobre [ella]\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. A trav\u00e9s de sentencia del 4 de marzo de 2016, el juzgado accionado decret\u00f3 \u00abla interdicci\u00f3n judicial definitiva, por discapacidad mental absoluta de Yadira Jerez Ortega\u00bb, por lo que se design\u00f3 como curadora \u00aba su hija Ingrid Catalina Ni\u00f1o Jerez\u00bb. <\/p>\n
2.2. Mediante petici\u00f3n allegada el 18 de marzo de 2022, Yadira Jerez Ortega solicit\u00f3 al juzgado accionado \u00abse d\u00e9 cumplimiento a la ley 1996\u00bb e inform\u00f3 de ciertas situaciones que ha adelantado su curadora, que consideraba vulneraban sus derechos fundamentales. <\/p>\n
2.3. Con auto del 20 de abril de estas calendas, el juzgado accionado orden\u00f3 la \u00abrevisi\u00f3n del\u2026 proceso de interdicci\u00f3n judicial de\u2026 Yadira Jerez Ortega, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 56 de la Ley 1996 de 2019\u00bb; as\u00ed como tambi\u00e9n requiri\u00f3 a \u00abIngrid Catalina Ni\u00f1o Jerez y Yadira Jerez Ortega que en el t\u00e9rmino de veinte\u2026 d\u00edas, aporten el informe de valoraci\u00f3n de apoyos\u00bb. <\/p>\n
2.4. Cumplido lo anterior, Yadira Jerez Ortega solicit\u00f3 al juzgado accionado que \u00abrequiera a [su] curadora Ingrid Catalina Ni\u00f1o Jerez\u2026 para que facilite la realizaci\u00f3n del informe de valoraci\u00f3n de apoyos\u2026\u00bb; as\u00ed como tambi\u00e9n inform\u00f3 que su curadora solo le autoriza \u00absalir una vez al d\u00eda para pasear a [sus] dos perros, pero no puede hablar con nadie, no puede recibir visitas de familiares o amigos, [est\u00e1] completamente aislada del mundo por orden de [su] curadora\u00bb. <\/p>\n
2.5. Con auto del 3 de junio de 2022, el estrado acusado requiri\u00f3 a la curadora de la accionante \u00abpara que preste la colaboraci\u00f3n necesaria a fin de llevar a cabo [la valoraci\u00f3n de apoyos] y d\u00e9 cumplimiento a la orden impartida por el Juzgado en providencia del 20 de abril del 2022\u2026\u00bb, llamado que reiter\u00f3 con providencia del primero de septiembre siguiente. <\/p>\n
2.6. Seguidamente, mediante providencia del 26 de septiembre de los corrientes, se requiri\u00f3, nuevamente, a la curadora \u00abpara que realice los tr\u00e1mites necesarios ante la instituci\u00f3n p\u00fablica o privada de su preferencia, en aras a lograr la realizaci\u00f3n de la valoraci\u00f3n establecida por el art\u00edculo 11 de la Ley 1996 de 2019\u00bb; as\u00ed como tambi\u00e9n dispuso \u00abla pr\u00e1ctica de una visita domiciliaria al lugar de residencia de\u2026 Yadira Jerez Ortega a cargo de la asistente social de ese despacho judicial, quien deber\u00e1 elaborar un informe detallado y completo que acredite la situaci\u00f3n actual en la que se encuentra dicha se\u00f1ora\u2026\u00bb. <\/p>\n
2.7. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que \u00abdesde la declaratoria de Catalina como curadora\u2026 [ella ejerci\u00f3] esta posici\u00f3n de manera abusiva, restringiendo [sus] derechos de una manera desproporcionada, abusiva y arbitraria\u00bb; que solicit\u00f3 \u00abla terminaci\u00f3n de la interdicci\u00f3n\u2026 [y], desde ese momento, ha emprendido la lucha por recuperar [su] libertad, pero no se ha dado el tr\u00e1mite completo de la revisi\u00f3n por lo que la situaci\u00f3n de limitaci\u00f3n de la libertad y el general el ejercicio de la curadur\u00eda por parte de Catalina hasta el momento continua\u00bb. <\/p>\n
2.8. Agreg\u00f3 que \u00abla falta de control de la curadur\u00eda ejercida por Catalina por parte del juzgado permiti\u00f3 que ella hiciera\u2026 lo que le pareciera, sin considerar concepto m\u00e9dico o [sus] derechos\u00bb; y que la \u00abdemora del juzgado para surtir la revisi\u00f3n que la ley se\u00f1ala ha sido altamente lesiva ya que ha permitido que esta situaci\u00f3n perdure desde la entrada en vigencia de la Ley 1996 de 2019 hasta la actualidad\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Procuradur\u00eda Sexta Judicial II para la Defensa de la Infancia, la Adolescencia, Familia y Mujeres de Bucaramanga rindi\u00f3 informe. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero de Familia de esa ciudad destac\u00f3 que \u00ablas peticiones elevadas\u2026 han sido resueltas de conformidad con la normatividad vigente\u00bb. <\/p>\n
3. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, \u00abpor cuanto el ICBF no es el llamado a responder por lo que solicita [la] tutelante en su acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el resguardo, por cuanto \u00abpalmar es que incumbe al Juzgado Primero de Familia de Bucaramanga analizar y definir lo pertinente sobre la revisi\u00f3n de la interdicci\u00f3n de Yadira Jerez Ortega, determinaci\u00f3n que se halla pendiente de emitir, pues se requiere del despliegue de una actividad probatoria para definir el punto, que viene avanzando de modo adecuado\u00bb. <\/p>\n
No obstante, requiri\u00f3 al despacho judicial enjuiciado para que \u00abadicione el auto [de] 26 de septiembre de 2022 fijando un t\u00e9rmino razonable para que la curadora\u2026 aporte la valoraci\u00f3n\u2026 concerniente al apoyo que Yadira Jerez Ortega llegare a necesitar\u2026, so pena de imponerle las sanciones que correspondan\u00bb y, adicionalmente, precis\u00f3 que \u00aben caso de que, la prenombrada curadora no presente la referida valoraci\u00f3n en el plazo que se fije, deber\u00e1 la titular del despacho ordenar de oficio de manera inmediata lo referente a su recaudo\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La gestora del resguardo resalt\u00f3 que \u00abla finalidad de la presente acci\u00f3n de tutela [era] conseguir la protecci\u00f3n efectiva de sus derechos fundamentales que\u2026 est\u00e1n siendo constantemente violados por el actuar de Ingrid Catalina sin que se ejerciera ning\u00fan tipo de control por parte del juzgado de conocimiento\u2026\u00bb. <\/p>\n
\u2026 intenci\u00f3n en ning\u00fan momento fue que se entrara por medio de la acci\u00f3n de tutela a tomar una decisi\u00f3n de fondo en el proceso, lo que pretend[e] es que se releve de sus funciones a [su] curadora\u2026 por todos los atropellos que tuv[o] que vivir\u2026 y en su lugar se nombre a uno de [sus] hermanos\u2026, manteniendo el statu quo respecto a [su] condici\u00f3n de interdicto judicial\u2026 mientras se surte el tr\u00e1mite de la revisi\u00f3n\u2026 <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Circunscrita la Corte a los motivos de impugnaci\u00f3n, enfilados a cuestionar que el juzgado accionado no ha adelantado ninguna actuaci\u00f3n tendiente a verificar la gesti\u00f3n de la curadora que se design\u00f3 a Yadira Jerez Ortega al ser declarada interdicta; mem\u00f3rese que en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que, <\/p>\n
(\u2026) el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado(…), (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada STC4269-2015 16 abr. 2015). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo o f\u00e1ctico en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. Descendiendo al caso sub examine, se advierte que, contrario a lo que concluy\u00f3 el a quo, la sede judicial enjuiciada cometi\u00f3 un desafuero que ameritaba la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, por cuanto ha omitido resolver las quejas que elev\u00f3 la interdicta, respecto de la gesti\u00f3n de la curadora designada, las cuales ameritaban alg\u00fan tipo de averiguaci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, examinado el expediente digitalizado del proceso objeto de cr\u00edtica constitucional, se verifica que Yadira Jerez Ortega, en su condici\u00f3n de persona sometida a decreto de interdicci\u00f3n, ha denunciado al juzgado accionado que la curadora designada ha incurrido en una serie de actos, que vulneran sus derechos fundamentales, conforme se extracta de las solicitudes denominadas \u00ab002Memorial YADIRA JEREZ462.pdf\u00bb y \u00ab009solicitud requerir.pdf\u00bb, hechos que, de resultar ciertos, impondr\u00edan la adopci\u00f3n de alg\u00fan tipo de medida con miras a salvaguardar los derechos de la persona con discapacidad. <\/p>\n
Sobre el particular, dest\u00e1quese que el art\u00edculo 598 del C\u00f3digo General del Proceso, en su literal f), faculta al juez de familia para \u00ab\u2026 actuar de oficio en la adopci\u00f3n de las medidas personales de protecci\u00f3n que requiera\u2026 el discapacitado mental [persona con discapacidad]\u2026; para tal fin, podr\u00e1 decretar y practicar las pruebas que estime pertinentes\u2026\u00bb. <\/p>\n
De igual manera, el art\u00edculo 55 de la ley 1996 de 2019, en trat\u00e1ndose de procesos de \u00abinterdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n en curso\u00bb, establece que el juez podr\u00eda \u00abdecretar, de manera excepcional\u2026, la aplicaci\u00f3n de medidas cautelares, nominadas o innominadas, cuando lo considere pertinente para garantizar la protecci\u00f3n y disfrute de los derechos patrimoniales de la persona con discapacidad\u00bb <\/p>\n
Entonces, si bien la ley 1996 de 2019 no establece las cautelas que pueden decretarse, espec\u00edficamente, en el tr\u00e1mite del proceso de revisi\u00f3n de interdicci\u00f3n, regulado en el art\u00edculo 56 de esa normatividad, lo cierto es que el juzgador puede acudir a las normas generales que consagra el C\u00f3digo General del Proceso o, incluso, por aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica, a lo reglado en el art\u00edculo 55 de la prenotada ley 1996, con miras a adoptar las medidas que se requieran para proteger a la persona en condici\u00f3n de discapacidad, entre ellas, incluso, el relevo del curador, en caso de demostrarse que aquel est\u00e1 violentando las garant\u00edas esenciales del sujeto sometido a interdicci\u00f3n. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, cabe a\u00f1adir que, de verificarse por la sede judicial accionada, que la curadora est\u00e1 cometiendo contra la tutelante actos que puedan llegar a catalogarse como violencia intrafamiliar, debe compulsar las copias necesarias para que las autoridades llamadas a conocer de dichos asuntos adelanten los tr\u00e1mites pertinentes, con la finalidad de adoptar las medidas necesarias para hacer cesar tal situaci\u00f3n an\u00f3mala. <\/p>\n
No obstante, el juzgado accionado se ha limitado a adelantar las gestiones requeridas para llevar a cabo la revisi\u00f3n del decreto de interdicci\u00f3n, de acuerdo con lo previsto en el art\u00edculo 56 de la ley 1996 de 2019, pero no ha realizado ninguna actuaci\u00f3n tendiente a resolver las quejas que plante\u00f3 Yadira Jerez Ortega frente a su curadora. <\/p>\n
Lo expuesto, lleva a predicar que el juzgado cuestionado incurri\u00f3 en un defecto procedimental, que comprometi\u00f3 las garant\u00edas constitucionales de Yadira Jerez Ortega, al no esclarecer la ocurrencia de la situaci\u00f3n an\u00f3mala que ella denunci\u00f3 respecto de la gesti\u00f3n de su curadora. <\/p>\n
En lo tocante con el error procedimental como supuesto suficiente para la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, la Corte Constitucional ha indicado que: <\/p>\n
…este defecto puede ser (i) de tipo absoluto; o (ii) por exceso ritual manifiesto. Sobre el particular, la sentencia SU-770 de 2014 indic\u00f3 que el defecto procedimental absoluto se presenta \u201ccuando el procedimiento que adopta el juzgador no est\u00e1 sometido a los requisitos previstos en la ley, sino que obedece a su propia voluntad\u2026 porque (i) el juez se ci\u00f1e a un tr\u00e1mite ajeno al pertinente, o porque (ii) el juez omite etapas sustanciales del procedimiento con violaci\u00f3n de los derechos de defensa y de contradicci\u00f3n de una de las partes del proceso. Este defecto requiere, adem\u00e1s, que se trate de un error de procedimiento grave y trascendente, valga decir, que influya de manera cierta y directa en la decisi\u00f3n de fondo\u201d, mientras que el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto \u201cocurre cuando el funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial, \u2026 (i) se deja de inaplicar normas procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) se exige cumplir requisitos formales de manera irreflexiva, aunque pueda tratarse de cargas imposibles de cumplir, siempre que esta circunstancia est\u00e9 comprobada; (iii) se incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas; (iv) o se omite el decreto oficioso de pruebas cuando a ello hay lugar\u201d (CC T-204\/18). <\/p>\n
4. Sumado a lo anterior, en lo que ata\u00f1e a la valoraci\u00f3n de apoyos que se requiere para decidir la revisi\u00f3n de la interdicci\u00f3n a la que se encuentra sometida la accionante, vale la pena destacar que, en caso de que no sea posible que tal informe sea rendido, oportunamente, por una de las entidades p\u00fablicas o privadas facultadas para esos efectos, bien puede acudir el estrado enjuiciado a la asistente social adscrita a ese despacho judicial, con miras a que dicha servidora lo elabore, tal y como lo concluy\u00f3 esta Corporaci\u00f3n en providencia del 20 de abril de 2022 (CSJ STC4563-2022), en la que se precis\u00f3 que: <\/p>\n
Prev\u00e9 la Ley 1996 de 2019 que, para acceder a la asignaci\u00f3n de apoyos formales a efectos de facilitar la toma de decisiones o el reconocimiento de la voluntad anticipada del titular del acto jur\u00eddico, habr\u00e1 de acudirse ante los notarios, conciliadores y jueces. <\/p>\n
Para el caso de los jueces, el legislador estableci\u00f3 el proceso de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos con vocaci\u00f3n de permanencia y el transitorio, \u00faltimo contemplado en el art. 54 de la Ley 1996 de 2016 y que desapareci\u00f3 del mundo jur\u00eddico a partir del 27 de agosto de 2021 cuando entr\u00f3 en vigor el Cap\u00edtulo V de la mencionada normatividad. <\/p>\n
El proceso judicial que actualmente se puede adelantar ante los jueces de familia (num. 7, art. 22 C.G. del P.), est\u00e1 revestido de dos procedimientos: jurisdicci\u00f3n voluntaria (num. 6, art. 577 Ib.) cuando se inicia por la persona en condici\u00f3n de discapacidad, mayor de edad (art. 32 Ley 1996 de 2019); verbal sumario parte de la demanda presentada por un tercero (art. 32 Ib.), cuyos requisitos en ambos casos est\u00e1n indicados por el legislador en los art\u00edculos 32 a 43 ejusdem. <\/p>\n
Ahora, en punto de la valoraci\u00f3n de los apoyos, esta corresponde al estudio que se efect\u00faa con fundamento en est\u00e1ndares t\u00e9cnicos, cuyo prop\u00f3sito es determinar los apoyos formales que requiere la persona en la toma de decisiones para el ejercicio de su capacidad legal (num. 7, art. 3 Ley 1996 de 2019). <\/p>\n
La mencionada legislaci\u00f3n determin\u00f3 la obligatoriedad de la evaluaci\u00f3n para el caso del proceso de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos (art. 33 Ib.), no as\u00ed para los tr\u00e1mites que se adelantan ante las Notar\u00edas o Centros de Conciliaci\u00f3n (par\u00e1grafo 1, art. 2.8.2.1.2. Decreto 487 de 2022). <\/p>\n
Para llevarlo a cabo, debe atenderse a los lineamientos que fije el rector de la Pol\u00edtica Nacional de Discapacidad, esto es, la Consejer\u00eda Presidencial para la Participaci\u00f3n de las Personas con Discapacidad, la que est\u00e1 a cargo de la expedici\u00f3n de dichos par\u00e1metros en un plazo de 1 a\u00f1o contado a partir de la vigencia (arts. 11 y 12 Ley 1996 de 2019). <\/p>\n
En cumplimiento de su obligaci\u00f3n la Consejer\u00eda emiti\u00f3 el documento denominado \u00abValorar apoyos para tomar decisiones \u2013 Lineamientos y protocolo nacional para la valoraci\u00f3n de apoyos en el marco de la Ley 1996 de 2019\u00bb1, cuya materializaci\u00f3n se estableci\u00f3 en el art\u00edculo 11 de la Ley 1996 de 2019. <\/p>\n
El art\u00edculo 13 Ib., dispuso la expedici\u00f3n de una reglamentaci\u00f3n para llevar a cabo la prestaci\u00f3n del servicio, la que est\u00e1 a cargo de la Consejer\u00eda Presidencial para la Participaci\u00f3n de las Personas con Discapacidad, previo concepto del Consejo Nacional de Discapacidad, quienes contaban con el plazo de 18 meses desde el 26 de agosto de 2019 para expedirla; pero solo fue hasta el 1\u00ba de abril de 2022 mediante el Decreto 4872 que dicho cometido se cumpli\u00f3. <\/p>\n
Sin embargo, el art. 2 del mencionado Decreto se\u00f1ala su vigencia \u00aba partir de la fecha de su publicaci\u00f3n\u00bb, la que se llevar\u00e1 a cabo una vez se publicite en el Diario Oficial; luego, lo que se puede concluir preliminarmente es que los procesos de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos a partir del 27 de agosto de 2021 no contaban con regulaci\u00f3n en la prestaci\u00f3n del servicio de valoraci\u00f3n y ahora se tiene la normativa. <\/p>\n
Ahora, cuando el Decreto 487 de 2022 surta plenos efectos, no escapa de una sana l\u00f3gica que para las entidades p\u00fablicas y privadas que carec\u00edan de la prestaci\u00f3n del servicio de valoraci\u00f3n de apoyos comporta la apropiaci\u00f3n de recursos, adecuaci\u00f3n de infraestructura y capacitaci\u00f3n de personal, lo que no podr\u00e1 llevarse a cabo en pocos d\u00edas. <\/p>\n
Luego, sin perjuicio de las entidades p\u00fablicas y privadas que est\u00e9n en la capacidad de suministrar el servicio inmediatamente, esta Sala no puede pasar por alto la imperiosa necesidad de que la valoraci\u00f3n de apoyos se pueda llevar a cabo en los procesos judiciales en curso, por lo que habr\u00e1 de precisarse un medio que por lo menos, para este momento, cuente con la capacidad humana, objetiva y funcional para llevarlo a cabo. <\/p>\n
En efecto, el art. 14 del Decreto 2272 de 1989 cre\u00f3 la planta de empleados para los Juzgados de Familia a nivel nacional dentro de los cuales se contempl\u00f3 al Asistente Social. A su turno, el Consejo Superior de la Judicatura, entidad de car\u00e1cter p\u00fablico, estableci\u00f3 las funciones y objetivos fijados para dicho cargo en el Acuerdo No. PSAA16-10551 del 4 de agosto de 20163. <\/p>\n
Entonces, atendiendo a que conforme a los lineamientos de valoraci\u00f3n de apoyos el informe que all\u00ed se elabora no corresponde a un diagn\u00f3stico m\u00e9dico y tampoco certifica la condici\u00f3n de discapacidad, sino que es un medio para \u00abconocer a la persona con discapacidad que hace parte del proceso de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos, sus necesidades, la red de apoyo familiar y comunitaria con la que cuenta y la identificaci\u00f3n de los apoyos que podr\u00edan ser formalizados\u00bb, y conforme al Decreto 487 de 2022 se llevar\u00e1 a cabo por una \u00abpersona facilitadora\u00bb cuyas calidades son (i) contar con t\u00edtulo profesional4 en \u00e1reas o campos relacionados con las ciencias humanas, sociales o afines; (ii) contar con conocimientos sobre la Ley 1996 de 2019, lineamientos y el protocolo nacional al respecto; y (iii) experiencia profesional m\u00ednima de 2 a\u00f1os en trabajo con personas con discapacidad y sus organizaciones \u00abde o para personas con discapacidad\u00bb. <\/p>\n
La anterior actividad y formaci\u00f3n no es ajena al Asistente Social, quien conforme a lo Acuerdos PSAA06-3560 de 2006 y PSAA16-10551 de 2016 debe contar con t\u00edtulo profesional en trabajo social, sicolog\u00eda o sociolog\u00eda y tener 2 a\u00f1os de experiencia relacionada y, en vigencia de la Ley 1306 de 2009 adelantaba las entrevistas y visitas domiciliarias a las personas en condici\u00f3n de discapacidad mental (num. 3, 4 art. 2), adem\u00e1s que dentro de los objetivos trazados para dicho cargo est\u00e1n (i) la contribuci\u00f3n a la calidad de vida de los usuarios de la justicia en los procesos donde est\u00e1n involucrados, entre otros, sujetos con discapacidad mental bajo la normativa anterior, y \u00ablas que las complementen, modifiquen o deroguen, que contribuyan a la promoci\u00f3n del ser humano\u00bb; y (ii) los \u00abdem\u00e1s que determine el juez y que se desprendan de la naturaleza del cargo\u00bb, aunado a la formaci\u00f3n que en materia de la Ley 1996 de 2019 ha de prove\u00e9rseles sobre particular. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, nada impide que en tiempos actuales el Asistente Social, como servidor p\u00fablico con las calidades suficientes, tambi\u00e9n elabore la valoraci\u00f3n de apoyos atendiendo las normas sobre la materia. (Negrillas ajenas al texto). <\/p>\n
De acuerdo a lo anterior, se reitera, en caso de que el fallador accionado deba adelantar, de oficio, la referida valoraci\u00f3n de apoyos, conforme se lo orden\u00f3 el a quo constitucional, nada obsta para que la realice a trav\u00e9s de la asistente social adscrita a esa sede judicial. <\/p>\n
5. Las consideraciones que anteceden, imponen la revocatoria del fallo impugnado en lo que fue materia de impugnaci\u00f3n, para en su lugar, acceder el resguardo rogado, ante la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental al debido proceso de la promotora, por lo que se ordenar\u00e1 a la sede judicial acusada que adelante las diligencias necesarias para resolver de fondo los cuestionamientos que efectu\u00f3 Yadira Jerez Ortega, respecto de la gesti\u00f3n de la curadora designada, de conformidad con los razonamientos expuestos en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, revoca el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia impugnada, en su lugar, concede el amparo al derecho al debido proceso de Yadira Jerez Ortega. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero: Ordenar al Juzgado Primero de Familia de Bucaramanga que, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, adelante las diligencias necesarias para resolver de fondo los cuestionamientos que efectu\u00f3 Yadira Jerez Ortega, respecto de la gesti\u00f3n de la guardadora designada, de conformidad con los razonamientos expuestos en la parte motiva de esta providencia, en el proceso de interdicci\u00f3n identificado con radicaci\u00f3n 68001-31-10-001-2015-00790. <\/p>\n
Segundo: En lo que no fue materia de impugnaci\u00f3n, se confirma el fallo de primer grado. <\/p>\n
Tercero: Rem\u00edtase copia de esta providencia al a quo constitucional para que vele por su cumplimiento. <\/p>\n
Cuarto: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n