STC15642-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC15642-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2022-02129-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 12 de octubre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela que Saludvida EPS SA en liquidaci\u00f3n, formul\u00f3 contra el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de esta ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo radicado bajo el n\u00famero 017-2020-00264. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3, en s\u00edntesis, que en el proceso ejecutivo que promovi\u00f3 contra Loto Asociados SAS y otros, solicit\u00f3 amparo de pobreza, debido al desequilibrio financiero por el que atraviesa (pasivos por casi 2 billones de pesos) petici\u00f3n que neg\u00f3 el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 en providencia de 27 de abril de 2022. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que interpuso recurso de reposici\u00f3n y aport\u00f3 los documentos que consider\u00f3 necesarios para demostrar la situaci\u00f3n alegada, no obstante, en auto de 2 de septiembre del mismo a\u00f1o, el juzgado de conocimiento mantuvo la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Explic\u00f3, que, por falta del amparo solicitado, no pudo constituir la cauci\u00f3n que se le orden\u00f3 para garantizar la permanencia de las cautelas necesarias y evitar que sus derechos se convirtieran en simples expectativas. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto, solicit\u00f3: (i) revocar los autos de 27 de abril y 2 de septiembre de 2022, proferidos por el juzgado accionado y, (ii) ordenarle a este \u00faltimo que emita una nueva decisi\u00f3n en la que se tengan por cumplidas las cargas respecto a la solicitud de amparo de pobreza y, en consecuencia, revocar el auto que levant\u00f3 las cautelas decretadas. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIOANADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
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1. El Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1, se\u00f1al\u00f3 que su \u00abhermen\u00e9utica [no fue] caprichosa, arbitraria, [ni] alejada de la normativa legal y jurisprudencial\u00bb, y que la accionante no cuestion\u00f3 el valor fijado como cauci\u00f3n para mantener las medidas cautelares. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Loto Asociados SAS y la Fiduciaria Bancolombia SA Sociedad Fiduciaria se opusieron a la prosperidad de lo solicitado en la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1 neg\u00f3 la protecci\u00f3n, por ausencia del requisito de \u00absubsidiariedad en cuanto a la fijaci\u00f3n del monto de cauci\u00f3n\u00bb, pues \u00abcomo la accionante en \u00faltimas tambi\u00e9n cuestion[\u00f3] que se hubiera fijado como cauci\u00f3n un monto exorbitante a efectos de mantener las medidas cautelares decretadas en el proceso (decisi\u00f3n adoptada en el ordinal sexto de uno de los autos emitidos el 27 de abril de 2022), no se observa que aqu\u00e9lla se hubiere servido de los mecanismos existentes en el ordenamiento jur\u00eddico para plantear, en el escenario natural, los reparos e inconformidades arg\u00fcidos en punto a tal cuesti\u00f3n, teniendo a su disposici\u00f3n, a lo sumo, conforme el art\u00edculo 318 Cgp, el recurso de reposici\u00f3n.\u00bb y, por otra parte, al \u00abno evidenciarse defecto o v\u00eda de hecho en las decisiones proferidas respecto del amparo de pobreza solicitado\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la EPS promotora de la acci\u00f3n para insistir en sus pretensiones y reiterar lo se\u00f1alado por esta Corte en Sentencia STC1567 de 2020, respecto a los requisitos necesarios para acceder a una solicitud de amparo de pobreza. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario accionado hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero previamente dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la que se abre paso el mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos establecidos por la jurisprudencia, debido al car\u00e1cter subsidiario y residual del amparo. (Ver CSJ. STC1526-2022, STC6747-2022, STC7925-2022, STC10431-2022 y STC14806-2022 entre muchas). <\/p>\n
<\/p>\n
2. La jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que existen causales especiales para la configuraci\u00f3n de la trasgresi\u00f3n del derecho al debido proceso, frente a una determinaci\u00f3n jurisdiccional, as: i) defecto f\u00e1ctico: ha determinado que se incurre en una v\u00eda de hecho cuando el juez carece por completo de apoyo probatorio que permita la aplicaci\u00f3n del supuesto legal en el que se sustenta la decisi\u00f3n; ii) defecto org\u00e1nico: carece absolutamente de competencia para tomar la decisi\u00f3n; iii) defecto procedimental absoluto: act\u00faa completamente por fuera del procedimiento establecido, es decir cuando ostensiblemente se desv\u00eda el deber de cumplir con las formas propias de cada juicio; iv) defecto sustantivo: la decisi\u00f3n se fundamenta en una norma evidentemente inaplicable. <\/p>\n
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1. En cuanto al defecto sustantivo, la Corte Constitucional ha sostenido que se presenta cuando: <\/p>\n
(i) la decisi\u00f3n cuestionada se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable al caso concreto, por ejemplo, ora porque la norma empleada no se ajusta al caso, no se encuentra vigente por haber sido derogada, o ha sido declarada inconstitucional; (ii) a pesar del amplio margen interpretativo que la Constituci\u00f3n le reconoce a las autoridades judiciales, la interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n que se hace de la norma en el caso concreto, desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance; (iii) cuando se fija el alcance de una norma desatendiendo otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica; (iv) cuando la norma pertinente es inobservada y, por ende, inaplicada; o finalmente, (v) en el evento en que, no obstante la norma en cuesti\u00f3n est\u00e1 vigente y es constitucional, no se adec\u00faa a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica a la cual se aplic\u00f3, porque a \u00e9sta, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente se\u00f1alados por el legislador\u00bb.(Sentencia T-781\/11) <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el mismo sentido, esta Corte tiene establecido, que, un funcionario incurre en dicho defecto, \u00abcuando en desarrollo de la actividad judicial el juez se aparta de manera evidente de las normas sustanciales o procesales aplicables al caso, cuya situaci\u00f3n termina produciendo una determinaci\u00f3n que vulnera derechos fundamentales\u00bb (STC de 31 de octubre de 2012, exp. 1800122140002012-02455-00). <\/p>\n
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3. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Saludvida EPS SA en liquidaci\u00f3n acudi\u00f3 inconforme con los autos de 27 de abril y 2 de septiembre de 2022, proferidos por el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en el proceso ejecutivo radicado bajo el n\u00famero 017-2020-00264, a trav\u00e9s de los cuales, neg\u00f3 la concesi\u00f3n del amparo de pobreza que aqu\u00e9lla le solicit\u00f3 -seg\u00fan afirm\u00f3- sin atender la normativa que rige dicha instituci\u00f3n, la jurisprudencia sobre el particular y su situaci\u00f3n econ\u00f3mica espec\u00edfica. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Analizado el auto de 27 de abril de 2022, mediante el cual se neg\u00f3 la referida solicitud, se observ\u00f3 que el Juzgado accionado, previo a considerar que si bien es cierto, las personas jur\u00eddicas en estado de liquidaci\u00f3n pod\u00edan elevar este tipo de peticiones, no menos lo era que sus obligaciones dentro del tr\u00e1mite liquidatorio en el que se encontraran inmersas, les impon\u00eda contar con ciertas reservas econ\u00f3micas para atender contingencias tales como cauciones o gastos del proceso, por lo que no les bastaba con la manifestaci\u00f3n jurada requerida por la ley, de la que se ocup\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia T-339 de 2018, y de all\u00ed concluy\u00f3, que, <\/p>\n
\u00abno resulta[ba] viable el decreto de amparo de pobreza para la sociedad Saludvida S.A. EPS en Liquidadaci\u00f3n, en tanto no re\u00fane las condiciones objetivas para su reconocimiento ya que no acredit\u00f3 la situaci\u00f3n socioecon\u00f3mica que lo haga procedente. En el presente tr\u00e1mite solo se cuentan con las manifestaciones de la parte solicitante del amparo. La jurisprudencia ha indicado que las afirmaciones de las partes que favorezcan sus intereses no tienen valor demostrativo, salvo que est\u00e9n respaldadas por otro medio probatorio\u00bb <\/p>\n
<\/p>\n
5. Posteriormente, al resolver en auto de 2 de septiembre de 2022 el recurso de reposici\u00f3n presentado por la EPS interesada, reiter\u00f3, <\/p>\n
La parte accionante manifiest[\u00f3] que fue negado el amparo de pobreza, sin tener en cuenta las extremas condiciones [que atraviesa] las pruebas aportadas como la Resoluci\u00f3n No. 8886 de octubre 1 de 2019, los pasivos de $1.781.388.174.626 y [la] certificaci\u00f3n del contador de Saludvida EPS. <\/p>\n
Al respecto se pone de presente que con lo citado por la parte accionante no se logra establecer, que la sociedad demandante Saludvida S.A. EPS, no tuviera la capacidad de atender los gastos del proceso. Pues es claro, que hace \u00e9nfasis en los pasivos que tiene la sociedad accionante, pero no realiza manifestaci\u00f3n alguna respecto de los activos. <\/p>\n
Lo anterior cobra mayor fuerza, si se tiene en cuenta que, la citada sociedad cuenta con un contador, quien no debi\u00f3 limitar su certificaci\u00f3n a los pasivos que tiene Saaludvida S.A. EPS, sino que debi\u00f3 aportar, balances financieros actualizados (balance inicial, los estados financieros de per\u00edodos intermedios, los estados de costos, el estado de inventario, los estados financieros extraordinarios, los estados de liquidaci\u00f3n, los estados financieros que se presentan a las autoridades con sujeci\u00f3n a las reglas de clasificaci\u00f3n y con el detalle determinado por estas), o documentos id\u00f3neos como lo son los estados financieros de prop\u00f3sito general, con los cuales se puede evaluar la capacidad econ\u00f3mica para generar flujos favorables de fondos. <\/p>\n
Al tener los medios la sociedad Saludvida S.A. EPS, para aportar las citadas pruebas, como lo son apoderado y contador, no se constituye un error el haber negado la solicitud de amparo de pobreza. Pues la citada sociedad, pudo aportar los documentos id\u00f3neos que permitieran determinar si estaba o no, en capacidad de atender los gastos del proceso. <\/p>\n
Tampoco se hizo alusi\u00f3n a las cuentas de orden contingente, contempladas en el art\u00edculo 42 del Decreto 2649 de 1993. <\/p>\n
Igual nada se dijo, ni se acredit\u00f3, respecto de la reserva adecuada para el pago de obligaciones litigiosas, lo cual se constituye en una obligaci\u00f3n del liquidador. Lo anterior acorde lo dispuesto en el art\u00edculo 245 del C\u00f3digo de Comercio: <\/p>\n
\u201cCuando haya obligaciones condicionales se har\u00e1 una reserva adecuada en poder de los liquidadores para atender dichas obligaciones si llegaren a hacerse exigibles, la que se distribuir\u00e1 entre los asociados en caso contrario. La misma regla se aplicar\u00e1 en caso de obligaciones litigiosas, mientras termina el juicio respectivo. <\/p>\n
En estos casos no se suspender\u00e1 la liquidaci\u00f3n, sino que continuar\u00e1 en cuanto a los dem\u00e1s activos y pasivos. Terminada la liquidaci\u00f3n sin que se haya hecho exigible la obligaci\u00f3n condicional o litigiosa, la reserva se depositar\u00e1 en un establecimiento bancario.\u201d <\/p>\n
Tampoco se acredit\u00f3 que la sociedad hubiera solicitado ante la Defensor\u00eda del Pueblo la asistencia de un abogado. <\/p>\n
En lo que toca al juramento realizado, basta con indicar que como se se\u00f1al\u00f3 en el auto que neg\u00f3 la solicitud de amparo de pobreza, la Corte Constitucional en providencias como la T-339 de 2018, la cual es garante de derechos fundamentales, precis\u00f3 que no basta con el juramento para conceder el aparo de pobreza, y el beneficio es procedente basado en circunstancias objetivas: <\/p>\n
\u201cEn segundo t\u00e9rmino, este beneficio no puede otorgarse a todas las personas que de manera indiscriminada lo soliciten, sino \u00fanicamente a aquellas que re\u00fanan objetivamente las condiciones para su reconocimiento, a saber, que soliciten de forma personal y motivada el amparo, y acrediten la situaci\u00f3n socioecon\u00f3mica que lo hace procedente. <\/p>\n
Esta circunstancia fue particularmente analizada en la Sentencia T-114 de 2007, momento en el cual la Corte conoci\u00f3 una acci\u00f3n de tutela en donde se alegaba la vulneraci\u00f3n de los derechos al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia porque el juez ordinario decidi\u00f3 denegar el amparo de pobreza. En dicho fallo se neg\u00f3 el recurso de amparo al estimar que la decisi\u00f3n judicial adoptada por el fallador, en el sentido de no conceder la instituci\u00f3n procesal, no configuraba una vulneraci\u00f3n de tales derechos fundamentales, pues objetivamente no se advert\u00eda que las accionantes estuvieran en las condiciones previstas en el Estatuto Procesal de la \u00e9poca. Para llegar a esa conclusi\u00f3n, el Tribunal dej\u00f3 claro que no siempre bastaba con la declaraci\u00f3n juramentada de estar en una situaci\u00f3n econ\u00f3mica precaria, sino que el juez competente, al momento de examinar la procedencia de esta figura, deb\u00eda contar con un \u201cpar\u00e1metro objetivo\u201d para determinar si, conforme con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica presentada, dicha otorgamiento ten\u00eda una justificaci\u00f3n v\u00e1lida. <\/p>\n
Ahora, habiendo quedado claro que esta instituci\u00f3n procesal tiene fundamento constitucional y que la misma requiere para su procedencia la demostraci\u00f3n de ciertos presupuestos f\u00e1cticos, es conveniente precisar \u2013para responder el problema jur\u00eddico planteado- los efectos del reconocimiento del amparo de pobreza, en especial, respecto de la prueba decretada de forma oficiosa.\u201d <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, al no haber cometido el funcionario judicial el error endilgado, no resulta procedente la revocatoria o reforma del auto recurrido. \u201cY cuando se habla por parte del legislador de \u00ablas razones\u00bb, que habilitan una u otra de estas solicitudes (revocar o reformar), lo que demanda no es otra cosa que mostrar con la debida sustentaci\u00f3n el desv\u00edo del juzgador; es la expresi\u00f3n clara y precisa de los argumentos que sirven de apoyo a una petici\u00f3n determinada. En otras palabras, se requiere explicar por qu\u00e9 la decisi\u00f3n proferida result\u00f3 equivocada\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
6. En el art\u00edculo 151 del C\u00f3digo General del Proceso, el Legislador estableci\u00f3 que se conceder\u00eda amparo de pobreza a la persona que no se hallare en capacidad de atender los gastos del proceso, sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y, a su turno, en el canon 152 del mismo Estatuto, puntualiz\u00f3 que dicho beneficio pod\u00eda solicitarse por cualquiera de las partes durante el curso del proceso, tras \u00abafirmar bajo juramento que se encuentra en las condiciones previstas en el art\u00edculo precedente\u00bb, es decir, sin la posibilidad de proveerse lo necesario para subsistir. <\/p>\n
Por excepci\u00f3n, se ha admitido que dicho beneficio sea concedido a las personas morales, siempre que \u00abse encuentren en una cr\u00edtica situaci\u00f3n financiera tal que, por padecerla, verdaderamente no se hallan en condiciones de atender a los gastos de un proceso, sin dejar en vilo su pervivencia o sin precipitar su definitiva extinci\u00f3n en forma estruendosa desde el punto de vista econ\u00f3mico\u00bb (AC166, 1 ag. 2003, exp. n\u00b0 00045 reiterado en AC2515-2017) <\/p>\n
7. Respecto de los requisitos para solicitar y decidir peticiones en las que se discute la concesi\u00f3n del amparo de pobreza, esta Sala ha referido, lo siguiente, <\/p>\n
[P]ara la concesi\u00f3n de tal amparo solo se deben analizar la oportunidad y las razones de \u00edndole econ\u00f3mico expuestas por la parte interesada, sin que el legislador estableciera carga distinta al interesado que la de realizar sus manifestaciones bajo la gravedad de juramento. Es as\u00ed como esta Corporaci\u00f3n en relaci\u00f3n a la interpretaci\u00f3n de los art\u00edculos 151 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso ha se\u00f1alado, que <\/p>\n
\u00abel Estado quiso asegurar no s\u00f3lo el \u2018acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u2019 de quienes carecen de medios para afrontar una contienda, sino el equilibrio e igualdad en el empleo de las herramientas de defensa a lo largo de \u00e9sta, al punto que el art\u00edculo 154 ejusdem pregona que el beneficiado queda exonerado de los \u2018gastos procesales\u2019 y, si es indispensable, se le designar\u00e1 vocero \u2018en la forma prevista para los curadores ad litem\u2019. <\/p>\n
En cuanto a los requisitos, oportunidad y tr\u00e1mite para obtener la prerrogativa en comento, los c\u00e1nones 152 y 153 \u00edd se\u00f1alan lineamientos respectivos; en lo que aqu\u00ed concierne, el inciso 2\u00ba de la primera norma manda que el \u2018solicitante deber\u00e1 afirmar bajo juramento que se encuentra en las condiciones previstas en el art\u00edculo precedente\u2019, esto es, en el 151 transcrito arriba. <\/p>\n
De tal marco, fluye que no es necesario que la parte o el tercero acrediten \u2013 ni siquiera sumariamente \u2013 la insuficiencia patrimonial que los mueve a \u2018solicitar el amparo de pobreza\u2019; basta que aseveren encontrarse en esas condiciones bajo la \u2018gravedad del juramento\u2019. Esto se justifica, de un lado, en la presunci\u00f3n de buena fe que cobija a la persona que hace la manifestaci\u00f3n (art. 83 C.N.), y de otro, en la eficacia y valor que el mismo ordenamiento jur\u00eddico le otorga al \u2018juramento deferido\u2019 en este evento (art. 207 C.G.P.); pues, suponer cosa distinta ser\u00eda tanto como partir de la base de que el \u2018petente\u2019 falta a la verdad, lo que obviamente est\u00e1 proscrito\u00bb (CSJ. STC1567-2020, citada en STC6174-2020 y STC102-2022 entre muchas y reiteradas en CSJ STC3849-2022) <\/p>\n
<\/p>\n
8. La sociedad aqu\u00ed accionante, en su papel de ejecutante en el proceso cuestionado, solicit\u00f3 amparo de pobreza y afirm\u00f3, bajo la gravedad del juramento, que carec\u00eda de los recursos econ\u00f3micos suficientes para sufragar los gastos y costos del proceso, de ah\u00ed que, entonces, no era necesario exigirle que acompa\u00f1ara con su solicitud, pruebas de esa situaci\u00f3n, pues bastaba con aquella manifestaci\u00f3n para acceder al mismo, de tal manera, la autoridad judicial accionada incurri\u00f3 en una causal de procedencia del amparo al desestimar dicho beneficio, por no haberse demostrado las condiciones de dificultad econ\u00f3mica alegadas por la interesada. <\/p>\n
Tal decisi\u00f3n se alej\u00f3 de lo expresamente reglamentado en los art\u00edculos 151 y 152 del C\u00f3digo General del Proceso, con lo que se incurri\u00f3 en un defecto que impone la intervenci\u00f3n del juez constitucional, puesto que tales disposiciones no exigen la introducci\u00f3n de prueba alguna para que el fallador correspondiente determine la situaci\u00f3n econ\u00f3mica de la peticionaria del amparo, as\u00ed, la argumentaci\u00f3n estudiada sostuvo el incumplimiento de una carga probatoria no contemplada en el ordenamiento procesal, proceder con el cual se afect\u00f3 la garant\u00eda al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia de Saludvida EPS SA en liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
9. Debe recordarse que, en todo caso, conforme al art\u00edculo 158 del C\u00f3digo General del Proceso, la contraparte tiene la posibilidad de solicitar la terminaci\u00f3n del amparo de pobreza en cualquier estado del litigio, evento en el que s\u00ed le corresponder\u00eda a la EPS interesada aportar elementos de prueba para acreditar que, en su momento, carec\u00eda de los recursos econ\u00f3micos suficientes para afrontar el proceso, no as\u00ed antes, por lo que, en definitiva, \u00abno es forzoso demostrar la \u2018carencia de recursos econ\u00f3micos\u2019 con las connotaciones enlistadas en el art\u00edculo 151 ut supra a la hora de elevar la \u2018solicitud de amparo de pobreza\u2019 ni, por tanto, ello se torna relevante para desatarla en un comienzo, pues en ese instante s\u00f3lo se \u2018exige afirmarlo bajo la gravedad del juramento\u2019. La obligatoriedad de soportar esa circunstancia surge despu\u00e9s, s\u00f3lo si el contrincante se opone, a la luz del canon 158 ejusdem, a tono del cual en \u2018caso de que la solicitud no prospere, al peticionario y a su apoderado se les impondr\u00e1 sendas multas de un salario m\u00ednimo mensual\u2019\u00bb (CSJ. STC1567-2020). <\/p>\n
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10. Es claro, entonces, que el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 deb\u00eda resolver la petici\u00f3n elevada por la aqu\u00ed accionante, con apoyo en el contenido de los art\u00edculos 151 y ss. del C\u00f3digo General del Proceso reguladores de la materia, para determinar si la concesi\u00f3n del amparo de pobreza era viable o no, sin que fuera procedente exigir requisitos adicionales a los all\u00ed contemplados, destacando que le asist\u00eda la obligaci\u00f3n de sustentar razonablemente sus decisiones, bajo un an\u00e1lisis netamente objetivo o, en su defecto, argumentar, con suficiencia, la raz\u00f3n o razones por las cu\u00e1les se apartaba de tales lineamientos. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese, que, \u00abla motivaci\u00f3n de las providencias judiciales es un imperativo dimanado del debido proceso en garant\u00eda del derecho de las partes e intervinientes a asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el operador jur\u00eddico frente al caso materia de juzgamiento, raz\u00f3n por la cual no puede ser anfibol\u00f3gica\u00bb (CSJ. STC, 4 dic. 2009, rad. 2009-02174-00; reiterada en CSJ STC, 10 oct. 2013, rad. 2013-01931-00). Cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo en la providencia, entre otros, se estructuran transgresiones ius fundamentales como la denunciada. <\/p>\n
<\/p>\n
11. Resta se\u00f1alar, respecto al razonamiento que realiz\u00f3 el Juzgado accionado en relaci\u00f3n con lo decidido por la Corte Constitucional en sentencia T-339 de 2018, que esta se refiri\u00f3 a una situaci\u00f3n distinta a la cuesti\u00f3n aqu\u00ed planteada, pues all\u00ed solo se estudiaron los efectos temporales del amparo de pobreza, al punto que la conclusi\u00f3n a la que se arrib\u00f3 se circunscribi\u00f3 a delimitar el periodo dentro del que la dicha instituci\u00f3n beneficiar\u00eda a los all\u00ed accionantes, escenario en el que esa Alta Corporaci\u00f3n, cuando concedi\u00f3 el amparo, en cualquier caso, explic\u00f3 que se trataba de una menor de edad que gozaba de especial protecci\u00f3n1, situaci\u00f3n evidentemente distante al caso aqu\u00ed discutido. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, debe resaltarse que los fallos de esa naturaleza producen efectos inter partes, y no erga omnes, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corte Constitucional al se\u00f1alar, que \u00abla tutela es un mecanismo que se activa exclusivamente a t\u00edtulo individual y la decisi\u00f3n que se adopta tiene efectos entre las partes que concurrieron al proceso y no generales, esto es, en relaci\u00f3n con otras personas que eventualmente puedan encontrarse en la misma situaci\u00f3n\u00bb (CSJ. STC, 6 Nov. 1998, R. 173563). <\/p>\n
12. Como consecuencia de lo expuesto se revocar\u00e1 la sentencia impugnada para conceder la protecci\u00f3n invocada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
SEGUNDO: CONCEDER la acci\u00f3n de tutela solicitada por Saludvida EPS SA en liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 que, dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, deje sin valor y efecto el auto de 2 de septiembre de 2022, y se pronuncie nuevamente sobre el recurso de reposici\u00f3n planteado por la accionante, frente a la negativa a su solicitud de amparo de pobreza elevada por la citada sociedad, tomando en cuenta lo considerado en esta decisi\u00f3n. Por secretaria rem\u00edtase copia de esta Sentencia. <\/p>\n
CUARTO: Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u201cen el caso espec\u00edfico, se ocasion\u00f3 la vulneraci\u00f3n de los derechos al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, en particular, respecto de la menor de edad involucrada en el proceso de responsabilidad m\u00e9dica (Ver, supra, Secci\u00f3n III).\u201d Sentencia T-339 de 2018. <\/p>\n
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STC15642-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC15642-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2022-02129-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68997","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68997","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68997"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68997\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68997"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68997"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68997"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}