STC15673-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15673-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-03773-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
<\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Positiva Compa\u00f1\u00eda de Seguros S.A. instaur\u00f3 contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, extensiva a la Superintendencia Financiera de Colombia y a las partes, autoridades e intervinientes en el proceso de protecci\u00f3n al consumidor No. 11001-31-03-003-2021-01859-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La gestora pretende que se deje sin valor y efecto la sentencia proferida por el Tribunal accionado en el tr\u00e1mite en comento (14 de septiembre 2021), para que, en su lugar, se emita una decisi\u00f3n ajustada a derecho. <\/p>\n
En sustento indic\u00f3 que Eleticia Chac\u00f3n P\u00e9rez present\u00f3 ante la Superintendencia Financiera de Colombia acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor en contra de la aqu\u00ed actora. En la primera instancia las pretensiones fueron pr\u00f3speras y, en consecuencia, se conden\u00f3 a \u00ab(\u2026) POSITIVA COMPA\u00d1\u00cdA DE SEGUROS S.A. al pago de la suma de cincuenta millones de pesos ($50.000.000), los cuales deber\u00e1n pagarse a favor de la se\u00f1ora ELETICIA CHACON PEREZ junto con los intereses de mora que establece el art\u00edculo 1080 del C\u00f3digo de Comercio desde el 19 de marzo del a\u00f1o 2021 y hasta la fecha efectiva de pago (\u2026)\u00bb. La aseguradora apel\u00f3, pero el Tribunal confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n. <\/p>\n
A juicio de la actora, aunque el Tribunal consider\u00f3 que el contrato de seguro contempla cl\u00e1usulas abusivas por se\u00f1alar que quien deb\u00eda establecer la p\u00e9rdida de capacidad laboral era la aseguradora y fund\u00f3 su decisi\u00f3n en el dictamen elaborado por la EPS del magisterio a la que pertenece la accionante, soslay\u00f3 que el proceso de calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de la capacidad laboral debe desarrollarse conforme a lo previsto en el art\u00edculo 142 del Decreto 012 de 2012 que estipula que la primera calificaci\u00f3n debe ser realizada por la aseguradora, de suerte que, bajo esa normatividad, las condiciones de la p\u00f3liza no eran desproporcionadas o abusivas. Destac\u00f3 que la calificaci\u00f3n de la aseguradora no limita la libertad probatoria de la asegurada, toda vez que ella pod\u00eda acudir ante las Juntas regional y nacional de calificaci\u00f3n para controvertir dicho dictamen. <\/p>\n
Tambi\u00e9n adujo que se desconoci\u00f3 lo previsto en el Decreto 1072 de 2015 (art. 2.2.5.1.3) que hace un listado de las personas que deben ser notificadas del dictamen, dentro de los cuales se encuentra la compa\u00f1\u00eda de seguro que asuma el riesgo de la invalidez, sobrevivencia y muerte (Decreto 1352 de 2013 art. 2), raz\u00f3n por la cual estima que se lesion\u00f3 su derecho al debido proceso, toda vez que \u00abNO FUE NOTIFICADA NI SE LE ENVI\u00d3 COMUNICACI\u00d3N como persona interesada de la calificaci\u00f3n dada a la se\u00f1ora ELETICIA CHAC\u00d3N, as\u00ed que jam\u00e1s tuvo la oportunidad legal de controvertir mediante el recurso correspondiente ante la Junta Nacional\u00bb. <\/p>\n
En el mismo sentido se\u00f1al\u00f3 que en el caso concreto hab\u00eda dos posiciones probatorias documentales en contradicci\u00f3n, de una parte, el dictamen de incapacidad total y permanente proferido por UT RED INTEGRADA FOSCAL-CLUB que dictamin\u00f3 un 77,4% y de otra, la de REN CONSULTORES, firma contratada por Positiva S. A., que determin\u00f3 un 23,95%; luego, ante la disparidad num\u00e9rica de los porcentajes de p\u00e9rdida de capacidad laboral debi\u00f3 decretarse como prueba de oficio un tercer dictamen, a costa de las partes, para as\u00ed lograr justicia material. Acot\u00f3 que se le otorg\u00f3 validez total probatoria al dictamen aportado por la actora, el cual jam\u00e1s fue objeto de contradicci\u00f3n, por lo que dicha prueba est\u00e1 viciada de nulidad. <\/p>\n
2. La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n y se remiti\u00f3 a los raciocinios consignados en la providencia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El amparo ser\u00e1 denegado toda vez que la decisi\u00f3n censurada es razonable. <\/p>\n
Revisada la actuaci\u00f3n surtida en el proceso de protecci\u00f3n al consumidor en comento, encuentra la Sala que el recurso de apelaci\u00f3n impetrado por la Aseguradora accionante \u00fanicamente estuvo fundado en la inexistencia de cl\u00e1usulas abusivas en el contrato de seguro y en insistir en que la informaci\u00f3n que le suministr\u00f3 a la asegurada s\u00ed fue certera, veraz y completa. Al respecto el Tribunal compendi\u00f3: <\/p>\n
\u00ab10.- Conforme al anterior derrotero, advierte la Sala que a dos cuestiones se contrae la impugnaci\u00f3n, que por intermedio de apoderado judicial, present\u00f3 Positiva Compa\u00f1\u00eda de Seguros. En efecto, la primera: A juicio de la entidad referida la cl\u00e1usula relativa al amparo por incapacidad total o permanente no puede calificarse como abusiva, habida cuenta \u201cla importancia de lo pactado\u201d, puesto que la calificaci\u00f3n a la que all\u00ed se alude debe realizarse acorde con lo dispuesto en el Manual \u00danico establecido por el Gobierno Nacional con ocasi\u00f3n del Decreto 1507 de 2014; no obstante, la actuaci\u00f3n que se arrim\u00f3 a fin de acreditar el siniestro se funda en lo contemplado en el Decreto 1655, norma especial, aplicable a los docentes adscritos al magisterio. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Y, la segunda, relativa a controvertir las afirmaciones realizadas por el funcionario de primer grado, atinentes a que la entidad no entreg\u00f3 la informaci\u00f3n clara, oportuna y veraz sobre las condiciones del contrato de seguro, puesto que la misma fue suministrada por la empresa intermediaria al tomador de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 1046 del C\u00f3digo de Comercio, es m\u00e1s, con ocasi\u00f3n del testimonio que tach\u00f3 como sospechoso, qued\u00f3 claro que mediante una cartilla se les dieron a conocer las particularidades de la convenci\u00f3n, adem\u00e1s, se explic\u00f3 la raz\u00f3n de haber adosado al expediente informaci\u00f3n que no correspond\u00eda con el objeto del litigio, cuesti\u00f3n que no tiene la entidad de \u201cinvalidar\u201d las actuaciones desplegadas por el intermediario y el tomador, am\u00e9n que es deber de todo ciudadano indagar las particularidades del producto que adquiere, m\u00e1xime si cuenta con \u201cestudios universitarios (…)\u201d\u00bb. <\/p>\n
Es decir que la aseguradora no aleg\u00f3 nada relacionado con su indebida notificaci\u00f3n del dictamen pericial realizado por la EPS a la que pertenecen los docentes, por lo que no puede pretender que en sede de tutela se estudien asuntos que no ventil\u00f3 ante el Juez ordinario. <\/p>\n
Ahora, para definir la controversia, el Tribunal memor\u00f3 la libertad probatoria que tiene el asegurado para probar la existencia del siniestro, de suerte que establecer una cl\u00e1usula que restrinja dicha facultad resulta abusiva y debe tenerse por ineficaz. Sobre este punto la Magistratura adujo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) 14.- Al cariz de lo expuesto, pronto se advierte que lo decidido por el juez a-quo, deber\u00e1 confirmarse, habida cuenta que se trata de una cl\u00e1usula abusiva, por tanto, catalogable como ineficaz, en la medida que restringe que el asegurado acredite el siniestro por otros medios distintos a los all\u00ed contemplados, puesto que es la aseguradora quien determina c\u00f3mo debe probarse (Art. 1077 del C\u00f3digo de Comercio). Y para arribar a esta conclusi\u00f3n, basta traer a colaci\u00f3n el precedente que cit\u00f3 el juez cognoscente, en el que valga la pena se\u00f1alar, dos de los magistrados que hoy componen la Sala de Decisi\u00f3n hicieron parte , y en el que se indic\u00f3: \u201cExiste un \u2018principio de libertad probatoria del siniestro\u2019, en la medida en que la carga de la prueba del mismo recae sobre el asegurado y \u00e9ste tiene la posibilidad de acreditarlo judicial o extrajudicialmente, adem\u00e1s de que no existe alg\u00fan precepto legal que consagre restricciones al respecto. Inclusive, se ha dicho que no pueden imponerse limitaciones a ese principio de libertad probatoria, so pena de caer en la estipulaci\u00f3n de condiciones abusivas\u201d. <\/p>\n
Y es que para sustentar tal posici\u00f3n, en aquella oportunidad se trajo a colaci\u00f3n lo dispuesto por la H. Corte Suprema de Justicia, concretamente, que \u201cexiste \u2018la imposibilidad de establecer ex contractu modificaciones limitativas al principio de libertad probatoria del siniestro, la lesi\u00f3n y su cuant\u00eda por contradecir el contenido del imperativo del art\u00edculo 1080 del C\u00f3digo de Comercio, el cual, \u2018s\u00f3lo puede modificarse en sentido favorable al tomador, asegurado o beneficiario\u2019 acentuando la naturaleza vejatoria o abusiva de las estipulaciones negociales restrictivas\u2019 [(\u2026) sentencia del 27 de agosto de 2008, expediente 11001-3103-022-1997-14171-019]\u201d. <\/p>\n
Bajo ese derrotero, el Tribunal admiti\u00f3 que la p\u00e9rdida de capacidad de la actora se hubiera acreditado con el dictamen elaborado por la EPS correspondiente al r\u00e9gimen especial de salud al que pertenece. Sobre ese punto dijo: <\/p>\n
En definitiva, pese a lo pactado por las partes en el respectivo contrato, no pod\u00eda exig\u00edrsele a la convocante que la calificaci\u00f3n a efectos de probar la ocurrencia del siniestro se realizara por la pasiva conforme el manual \u00fanico mencionado, es decir, de acuerdo al contenido del Derecho 1507 de 2014 \u201cPor el cual se expide el Manual \u00danico para la Calificaci\u00f3n de la P\u00e9rdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional\u201d, aplicable de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 2\u00b0 \u201c(\u2026) a todos los habitantes del territorio nacional, a los trabajadores de los sectores p\u00fablico, oficial, semioficial, en todos sus \u00f3rdenes y del sector privado en general, independientemente de su tipo de vinculaci\u00f3n laboral, clase de ocupaci\u00f3n, edad, tipo y origen de discapacidad o condici\u00f3n de afiliaci\u00f3n al Sistema de Seguridad Social Integral, para determinar la p\u00e9rdida de capacidad laboral y ocupacional de cualquier origen\u201d, habida cuenta que pertenece a un r\u00e9gimen exceptuado, del que trata el Decreto 1655 de 2015 \u201cPor el cual se adiciona el Decreto 1075 de 2015, \u00danico Reglamentario del Sector Educaci\u00f3n para reglamentar el art\u00edculo 21 de la Ley 1562 de 2012 sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo para los educadores afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones\u201d, cuyo \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n, recae en \u201clos educadores afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la fiduciaria administradora y vocera del patrimonio aut\u00f3nomo conformado con los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, los prestadores de servicio de salud, las entidades territoriales certificadas en educaci\u00f3n y los directivos docentes\u201d. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
De suerte que la aseguradora, a prop\u00f3sito de su actividad profesional, deb\u00eda conocer las particularidades del grupo de individuos a los que ofreci\u00f3 su producto, sin que puede tenerse como argumento v\u00e1lido que cuestiones como la contemplada en la cl\u00e1usula cuestionada permita brindar seguridad jur\u00eddica, pues como se mencion\u00f3 l\u00edneas atr\u00e1s, la ley determina la forma en que este tipo de empleados debe ser evaluado, comoquiera que los dict\u00e1menes de p\u00e9rdida de la capacidad laboral los debe hacer en primera instancia la entidad con la cual se tienen contratados los servicios m\u00e9dicos asistenciales, y en segunda instancia las Juntas Regionales de Calificaci\u00f3n, cuesti\u00f3n que por dem\u00e1s, permite establecer la incapacidad total o permanente de los sujetos, pues en efecto, se trata de establecer si pueden ejercer o no su ocupaci\u00f3n habitual. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la labor desplegada por los juzgadores involucrado en el litigio estuvo soportada en la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa al consumidor que rige la interpretaci\u00f3n de las cl\u00e1usulas contractuales. Principio respecto del cual esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab2. Cl\u00e1usulas abusivas <\/p>\n
Sabi\u00e9ndose que es campo propicio para que la parte fuerte imponga, contra las exigencias de la buena fe y sin explicaci\u00f3n seria, desventajas o grav\u00e1menes injustificados a la otra, el legislador acude a dis\u00edmiles expedientes, como el establecimiento de un listado numerus apertus de aquellas posturas contractuales que en su entender envuelven un claro abuso, d\u00e1ndole incluso a otras autoridades1 facultades para hacer lo propio. <\/p>\n
Se ha llegado m\u00e1s lejos, porque -como se resalt\u00f3 en la sentencia transcrita- de haber sido entendida la preceptiva del art\u00edculo 1624 del C\u00f3digo Civil -como de aplicaci\u00f3n supletiva y subsidiaria-, hoy, en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 34 de la Ley 1480 de 2011 (estatuto de protecci\u00f3n al consumidor), que por supuesto s\u00f3lo tiene campo de acci\u00f3n entre proveedores, productores y consumidores en el marco de una relaci\u00f3n de consumo, ya no se pone \u00e9nfasis en la ambig\u00fcedad de una cl\u00e1usula redactada por una de las partes, ni en la subsidiariedad de su empleo, pues se dej\u00f3 sentado: \u201clas condiciones generales de los contratos ser\u00e1n interpretadas de la manera m\u00e1s favorable al consumidor. En caso de duda, prevalecer\u00e1n las cl\u00e1usulas m\u00e1s favorables al consumidor sobre aquellas que no lo sean\u201d\u00bb. (SC4527-2020) <\/p>\n
Bajo ese marco, la autoridad judicial atendi\u00f3 la circunstancia referente a que la demandante adquiri\u00f3 el contrato de seguro ejerciendo labores como docente, por lo que consider\u00f3 que el r\u00e9gimen especial en salud es el que la cobija, afirmaci\u00f3n que coincide con lo previsto en el art\u00edculo 53 del Decreto 1352 de 2013 que a su tenor literal establece: <\/p>\n
\u00abLos Educadores afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y los Servidores P\u00fablicos de la Empresa Colombiana de Petr\u00f3leos o pertenecientes a las Fuerzas Militares o de Polic\u00eda Nacional ser\u00e1n calificados por los profesionales o entidades calificadoras de la p\u00e9rdida de capacidad laboral y ocupacional competentes, del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio o de Ecopetrol, seg\u00fan el caso. <\/p>\n
El tr\u00e1mite ante la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez se surtir\u00e1, solo despu\u00e9s de efectuarse la calificaci\u00f3n correspondiente en su respectivo r\u00e9gimen\u00bb. <\/p>\n
De lo anterior, puede afirmarse que el prove\u00eddo refutado est\u00e1 soportado en una interpretaci\u00f3n razonable que la autoridad desarroll\u00f3 sobre la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y probatoria sometida a su consideraci\u00f3n acompa\u00f1ada de la aplicaci\u00f3n de las reglas que rigen el r\u00e9gimen especial docente, as\u00ed como los derechos del consumidor financiero. Es decir, que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (STC10939-2021). <\/p>\n
De otro lado, en lo que respecta a la queja presentada por la ausencia del decreto de una prueba de oficio, debe precisarse que, aunque el art\u00edculo 169 del C\u00f3digo General del Proceso establece que \u00ab[l]as pruebas pueden ser decretadas a petici\u00f3n de parte o de oficio cuando sean \u00fatiles para la verificaci\u00f3n de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes. Sin embargo, para decretar de oficio la declaraci\u00f3n de testigos ser\u00e1 necesario que estos aparezcan mencionados en otras pruebas o en cualquier acto procesal de las partes (\u2026)\u00bb, no puede perderse de vista que el legislador no previ\u00f3 esa figura como un remedio para superar la inactividad probatoria de las partes; adem\u00e1s, tampoco configura una herramienta que sirva para alterar la igualdad que debe concurrir entre aquellas y tampoco es una alternativa que pueda ser usada por el litigante al que la decisi\u00f3n le resulte adversa. <\/p>\n
Bajo ese derrotero debe destacarse que la existencia de dos dict\u00e1menes contradictorios no da lugar, en s\u00ed mismo, al decreto de una prueba de oficio que dirima la disparidad de criterios, toda vez que para tal fin existe un r\u00e9gimen de contradicci\u00f3n del dictamen previsto en el art\u00edculo 228 del C\u00f3digo General del Proceso; no obstante, en el caso concreto, la Superintendencia que defini\u00f3 la primera instancia de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor, no evidenci\u00f3 una controversia derivada de la contradicci\u00f3n de dict\u00e1menes, sino que defini\u00f3 el asunto por la norma que prev\u00e9 un r\u00e9gimen especial en salud para quienes pertenecen al Magisterio, raz\u00f3n por la cual fund\u00f3 su decisi\u00f3n en la valoraci\u00f3n del dictamen elaborado por la entidad prestadora de salud de la docente demandante, con lo que excluy\u00f3 de su an\u00e1lisis el dictamen elaborado por la empresa contratada por la aseguradora, aspecto que no fue objeto de controversia por parte de la aqu\u00ed actora, pues se insiste, el recurso de apelaci\u00f3n que promovi\u00f3 \u00fanicamente estuvo soportado en la inexistencia de cl\u00e1usulas abusivas y en el suministro adecuado de informaci\u00f3n a la asegurada, raz\u00f3n por la que dicho asunto no puede ser objeto de escrutinio en sede de tutela. <\/p>\n
Por lo expuesto se negar\u00e1 la protecci\u00f3n invocada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, resuelve NEGAR la tutela instada. Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 11 de la ley 1328 de 2009 faculta a la Superintendencia Financiera para establecer de manera previa y general cl\u00e1usulas o estipulaciones contractuales que tilde de abusivas <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC15673-2022 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC15673-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-03773-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se resuelve la tutela que Positiva Compa\u00f1\u00eda de Seguros S.A. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-68998","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68998","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=68998"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/68998\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=68998"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=68998"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=68998"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}