STC15683-2022<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba11001-02-30-000-2022-01411-00 <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
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STC15683-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba11001-02-30-000-2022-01411-00 <\/p>\n
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(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
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Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
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Se resuelve la tutela que Fred Alex Arroyo Le\u00f3n, Samir Otero Villalba y Daniel Rojas Villegas interpusieron contra la Sala Penal del Tribunal de Monter\u00eda, la Comisi\u00f3n Nacional De Disciplina Judicial, la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de C\u00f3rdoba y el Juzgado Primero Penal de Ceret\u00e9, extensiva a todas las autoridades, partes e intervinientes en los disciplinarios con radicados n\u00b023-001-25-02-000-2021-00017-00, 23-001-25-02-001-2021-00150-00, 23-001-25-02-00-2022-00026-00, 23-001-25-02-001-2022-00029-00, 23-001-25-02-00-2022-00178 y 23-001-25-02-000-2022-00281-00; la Defensor\u00eda del Pueblo y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
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ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los accionantes solicitaron que se dejen sin efectos las sentencias de los procesos cuestionados y que, como consecuencia, se compulsen copias disciplinarias y penales a los funcionarios demandados. <\/p>\n
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Del escrito de tutela y los documentos aportados se extrae que Fred Alex Arroyo Le\u00f3n fungi\u00f3 como abogado de confianza de Samir Otero Villalba y Daniel Rojas Villegas; no obstante, a los enjuiciados les fueron designados defensores de oficio sin su consentimiento. Arroyo Le\u00f3n inform\u00f3 que en su contra se han iniciado m\u00faltiples procesos disciplinarios1 y que, pese a que present\u00f3 varias recusaciones, las mismas fueron desestimadas (7 oct. 2020, 14 dic. 2020, 8 abr. 2021, 3 nov. 2021 y 9 feb. 2022) y, por el contrario, se emitieron sentencias en su contra, determinaciones que se encuentran en tr\u00e1mite de segunda instancia, las cuales la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial se neg\u00f3 a tramitar con prelaci\u00f3n. <\/p>\n
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De dicha situaci\u00f3n derivaron la lesi\u00f3n a sus prerrogativas, pues a su juicio, las mencionadas providencias se dictaron como una \u00abvenganza\u00bb por haber obtenido sentencia favorable en una demanda de casaci\u00f3n, por lo que alegaron que las mismas son incongruentes y adolecen defecto org\u00e1nico y procedimental absoluto. Por \u00faltimo, los libelistas aseguraron haber interpuesto el presente mecanismo para evitar un perjuicio irremediable ante \u00abla persecuci\u00f3n\u00bb de los querellados. <\/p>\n
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2. La Comisi\u00f3n Nacional De Disciplina Judicial solicit\u00f3 la improcedencia de la salvaguarda. La Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de C\u00f3rdoba asegur\u00f3 que en los procesos n\u00b023-001-25-02-000-2021-00017-00, 23-001-25-02-001-2021-00150-00 se est\u00e1 surtiendo la apelaci\u00f3n, mientras que los radicados n\u00b023-001-25-02-001-2022-00029-00 y 23-001-25-02-00-2022-00026-00 est\u00e1n en tr\u00e1mite de consulta; tambi\u00e9n inform\u00f3 que el disciplinario n\u00b023-001-25-02-00-2022-00178-00 se termin\u00f3 de manera anticipada el 24 de agosto pasado, motivo por el que fue archivado; por \u00faltimo, respecto al n\u00b023-001-25-02-000-2022-00281-00 sostuvo que se encuentra en curso y que tiene dispuesto realizar Audiencia de Pruebas y Calificaci\u00f3n Provisional el d\u00eda 26 de enero de 2023. Adem\u00e1s, adujo que debido a las constantes inasistencias del disciplinado en los referidos decursos se le han designado defensores de oficio. <\/p>\n
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El Juzgado Primero Penal del Circuito de Ceret\u00e9 y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda hicieron un recuento de los hechos y alegaron la legalidad de estos, aseguraron que se nombraron defensores de oficio con el fin de proteger el derecho a la defensa t\u00e9cnica de los procesados. <\/p>\n
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CONSIDERACIONES <\/p>\n
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El ruego debe fracasar por las razones que a continuaci\u00f3n se exponen. <\/p>\n
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En primer lugar, frente a las providencias en las que se dispuso el nombramiento de defensores de oficio para Samir Otero Villalba2 y Daniel Rojas Villegas3 ante la inasistencia de su apoderado de confianza; si bien este manifest\u00f3 que no se present\u00f3 m\u00e1s a las audiencias porque no se aceptaron las recusaciones que propuso; dicha situaci\u00f3n no es \u00f3bice para dilatar un proceso penal en sacrificio de los mismos derechos de sus prohijados; por lo que las decisiones cuestionadas no lucen arbitrarias o irrazonables y se acompasan con lo expuesto por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta corporaci\u00f3n: <\/p>\n
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El derecho a la defensa t\u00e9cnica o profesional es una prerrogativa intangible. El imputado no puede renunciar a ella, ni el Estado a su obligaci\u00f3n de garantizarla. Si el procesado no quiere o no est\u00e1 en condiciones de designar un abogado que lo asista en el tr\u00e1mite procedimental, el \u00f3rgano judicial tiene la obligaci\u00f3n de prove\u00e9rselo, y de estar atento a su desempe\u00f1o, asegur\u00e1ndose que su gesti\u00f3n se cumpla dentro de los marcos de diligencia debida y \u00e9tica profesional, (\u2026). (CSJ SP, 12 nov.1999, rad. 11198, reiterada en STP7867-2019). <\/p>\n
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En ese sentido esta Corte ha determinado que, la garant\u00eda constitucional de la defensa t\u00e9cnica debe ser controlada por el funcionario judicial encargado de dirigir el proceso, a fin de que no se reduzca a una actuaci\u00f3n meramente formal, sino que se concrete en verdaderos actos de controversia jur\u00eddica y probatoria, ya que s\u00f3lo de esa manera se puede afirmar de manera cierta e indiscutible el cumplimiento de las previsiones sobre dicho particular (SP574-2018); por lo que se advierte que las providencias enjuiciadas no constituyen v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
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Ahora, respecto a los autos que declararon infundadas las recusaciones propuestas, la concesi\u00f3n de la salvaguardia tutelar deviene improcedente, puesto que, entre la \u00e9poca las providencias atacadas (7 oct. 2020, 14 dic. 2020, 8 abr. 2021, 3 nov. 2021 y 9 feb. 2022)4 y la radicaci\u00f3n de este auxilio (10 nov. 2022) se super\u00f3 el t\u00e9rmino de seis meses que la jurisprudencia constitucional ha establecido como razonable para la interposici\u00f3n de este mecanismo excepcional, situaci\u00f3n que evidencia la ausencia de inmediatez y la improcedencia de la acci\u00f3n frente a ese particular. <\/p>\n
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De la misma manera, frente a los procesos n\u00b023-001-25-02-000-2021-00017-00 y n\u00b023-001-25-02-001-2021-00150-00, el amparo tampoco puede abrirse paso porque como lo sabe el propio accionante, no se ha definido el remedio impugnaticio por \u00e9l promovido, as\u00ed como tampoco se ha concluido el tr\u00e1mite de consulta en los radicados n\u00b023-001-25-02-001-2022-00029-00 y 23-001-25-02-00-2022-00026-00, lo que tambi\u00e9n impide su estudio constitucional; pues mediante estas gestiones el gestor puede alcanzar lo anhelado a trav\u00e9s de este sendero. En especial porque a este mecanismo no puede acudirse para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, \u00abal no haber sido instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC9137-2022). <\/p>\n
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Asimismo, frente al disciplinario n\u00b023-001-25-02-00-2022-00178-00, no se advierte transgresi\u00f3n alguna, pues se constata que se concluy\u00f3 de manera anticipada de conformidad con el art\u00edculo 103 de la Ley 1123 de 2007 al encontrarse que el hecho atribuido no existi\u00f3 (24 ago. 2022);5 con ese panorama, la controversia planteada por el accionante es inexistente, puesto que antes de que se formulara la presente actuaci\u00f3n (10 nov. 2022), el juez de conocimiento decret\u00f3 la terminaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n disciplinaria y ces\u00f3 las eventuales infracciones, lo que conlleva a que el funcionario de esta excepcional v\u00eda no pueda intervenir sobre lo sucedido (STC8593-2022). <\/p>\n
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Par\u00e1grafo. Ser\u00e1 obligatoria la presencia del disciplinado o su defensor a las audiencias de que tratan los art\u00edculos siguientes. Si tales intervinientes no comparecieren o se ausentasen sin causa justificada, se suspender\u00e1 la audiencia, por el t\u00e9rmino de tres d\u00edas para que se justifique la causa. Vencido este t\u00e9rmino el juez evaluar\u00e1 la causa y si persistiere la incomparecencia proceder\u00e1 de inmediato a designar un defensor de oficio con quien se proseguir\u00e1 la actuaci\u00f3n. (negrilla de ahora) <\/p>\n
<\/p>\n
De tal forma, el juzgador determin\u00f3: <\/p>\n
No es dable realizar la audiencia de pruebas y calificaci\u00f3n provisional programada para el d\u00eda de hoy a las 9:00 de la ma\u00f1ana, por la incomparecencia del disciplinable, qui\u00e9n es el profesional del derecho FREID ALEX ARROYO LEON, qui\u00e9n no ha concurrido a las audiencias que se le ha convocado a efectos de instalar la audiencia de pruebas y calificaci\u00f3n provisional prevista en el art\u00edculo 105 de la ley 1123 DE 2007, por lo que resulta nugatorio avanzar con la actuaci\u00f3n en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 104 ibidem, no obstante, pese a la manifestaci\u00f3n que se hizo por escrito el disciplinable, se le inst\u00f3 para que tal postulaci\u00f3n la realizar\u00e1 en audiencia, tenido en cuenta que tales ritualidades se siguen por el principio de oralidad y si no concurre a las diligencias, se le designar\u00e1 un defensor de oficio que lo represente con el prop\u00f3sito de garantizar la defensa t\u00e9cnica. <\/p>\n
En vista de que hasta el momento el doctor ARROYO LEON no ha comparecido y tampoco ha justificado la causa de la incomparecencia, en razona lo preceptuado en el par\u00e1grafo \u00fanico del art\u00edculo 104 precitado, lo que corresponde o procede es designarle un defensor de oficio. (\u2026). (negrilla de ahora) <\/p>\n
<\/p>\n
Determinaci\u00f3n que de ninguna manera lesiona las prerrogativas del gestor, pues est\u00e1 soportada en una interpretaci\u00f3n razonable que la autoridad desarroll\u00f3 sobre la situaci\u00f3n sometida a su consideraci\u00f3n. De la cual se deriva tambi\u00e9n la evidente incuria del libelista, pues al no presentarse a las audiencias para ejercer su derecho de defensa, desperdici\u00f3 los mecanismos que el legislador dispuso para esgrimir los reparos que hoy formula contra el referido tr\u00e1mite disciplinario, lo que impide el estudio constitucional de los mismos. <\/p>\n
<\/p>\n
Por \u00faltimo, se evidencia que tampoco procede el resguardo como mecanismo transitorio, pues los argumentos ofrecidos por el tutelante no revelan la existencia de un da\u00f1o grave, inminente e irresistible que haga impostergable la intromisi\u00f3n supralegal (CSJ STC9358-2022). Baste destacar, que se alude a una \u00abpersecuci\u00f3n\u00bb; empero, no se vislumbra da\u00f1o alguno a ninguno de los gestores, pues Samir Otero Villalba y Daniel Rojas Villegas se encuentran asistidos por un profesional del derecho, y, por otro lado, Fred Alex Arroyo hizo uso de su derecho de defensa y est\u00e1 a la espera de que se resuelva la alzada. <\/p>\n
<\/p>\n
Entonces, por la razones dadas y como no se acredit\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable, se declarar\u00e1 improcedente el amparo solicitado. <\/p>\n
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DECISI\u00d3N <\/p>\n
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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley DECLARA IMPROCEDENTE la tutela instada por Fred Alex Arroyo Le\u00f3n, Samir Otero Villalba y Daniel Rojas Villegas. <\/p>\n
<\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
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Presidente de Sala <\/p>\n
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MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
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LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Seg\u00fan el escrito de tutela: 23-001-25-02-000-2021-00017-00, 23-001-25-02-001-2021-00150-00, 23-001-25-02-00-2022-00026-00, 23-001-25-02-001-2022-00029-00, 23-001-25-02-00-2022-00178 y 23-001-25-02-000-2022-00281-00 <\/p>\n
2\u0002 Ver expediente 23.162.60.01009.2016.00300 PDF \u00abSAMIR OTERO VILLALBA\u00bb fol. 225-229. <\/p>\n
3\u0002 Ver expediente 23.162.60.01009.2019.00175 PDF \u00abDANIEL ROJAS VILLEGAS\u00bb fol. 90. <\/p>\n
4\u0002 Ver respuesta del Juzgado Primero Penal del Circuito de Ceret\u00e9 carpeta \u00abAUTOS DECIDEN RECUSACIONES\u00bb y respuesta de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda PDF\u00abRESPUESTA A CORTE SUPREMA A LA TUTELA DE FRED ARROYO y otros VS SALA PENAL DE TRIBUNAL DE MONTER\u00cdA y otros.\u00bb fol. 3-10 <\/p>\n
5\u0002 Ver expediente 23-001-25-02-00-2022-00178-00 PDF \u00ab34.-Auto de terminaci\u00f3n por escrito\u00bb <\/p>\n
6\u0002 Ver expediente 23-001-25-02-000-2022-00281-00 PDF\u00ab16.ACTA DE AUD. P Y C. P. RAD 2022-00281\u00bb <\/p>\n
7\u0002 Ibidem PDF \u00ab16. ACTA DE AUD. P Y C. P. RAD 2022-00281\u00bb <\/p>\n
8\u0002 Ibidem PDF \u00ab29.2022-281-ACTA DE AUDIENCIA DE PRUEBAS Y CALIFICACION -FRED ALEX ARROYO LEON\u00bb <\/p>\n
3 <\/p>\n
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