STC15696-2022<\/p>\n
<\/p>\n
F <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15696-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 76001-22-10-000-2022-00133-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
<\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00b0 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos destinados a proteger la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en providencia paralela a esta los nombres de las partes involucradas en el presente asunto ser\u00e1n reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Establecido lo anterior, se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Camilo Daniel Mendieta frente a la sentencia de 10 de octubre de 2022, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en la acci\u00f3n de tutela que el recurrente le instaur\u00f3 a Mar\u00eda Carmen P\u00e9rez, al Juzgado Trece (13) de Familia de Oralidad de Cali, el Juzgado Sexto (6\u00ba) de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de la misma ciudad, la Comisaria de Familia de Guaduales, a la Fiscal\u00eda 94 Local de Cali, y a las dem\u00e1s autoridades, partes e intervinientes en el proceso ejecutivo de alimentos n. 2011-00545-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El actor solicit\u00f3 amparar su derecho fundamental al debido proceso, \u00abde nulidad y restablecimiento del derecho\u00bb y derecho de petici\u00f3n formulada contra su expareja, ordenando obligarla a rendir declaratoria bajo la gravedad de juramento sobre la verdadera paternidad de su hijo y adicionalmente ordenar que se practique prueba gen\u00e9tica con la misma finalidad. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En sustento indic\u00f3 que sostuvo una relaci\u00f3n sentimental con Mar\u00eda Carmen P\u00e9rez, de la cual fue procreado Alfonso Mendieta P\u00e9rez, sin embargo, la relaci\u00f3n afectiva se torn\u00f3 conflictiva, al punto que luego de la separaci\u00f3n de cuerpos, la se\u00f1ora P\u00e9rez formul\u00f3 denuncia ante la Fiscal\u00eda 94 Local de Cali por inasistencia alimentaria. Dicha investigaci\u00f3n penal fue archivada luego de la conciliaci\u00f3n entre las partes (15 de junio de 2011). Ante el incumplimiento del accionante, se inici\u00f3 proceso ejecutivo de alimentos de que conoci\u00f3 el Juzgado Segundo (2\u00ba) de Familia de Cali bajo el radicado n. 2011-00545-00, dentro del cual se orden\u00f3 el embargo del 50% del salario devengado por el demandado pagado por la Universidad Aut\u00f3noma de Occidente. Dicho proceso luego fue remitido por competencia al Juzgado 13 de Familia de Oralidad de la misma ciudad. El accionante formul\u00f3 acci\u00f3n de tutela ante el Juzgado Sexto (6\u00ba) de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de la misma ciudad por vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n contra particular, sin embargo, la misma fue rechazada por no aportarse prueba de la petici\u00f3n formulada. El promotor consider\u00f3 que tal acci\u00f3n vulner\u00f3 su derecho al debido proceso, de petici\u00f3n, de habeas data y de \u00abpaternidad de crianza sin enga\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Tanto los representantes de los Juzgados accionados, como de la Fiscal\u00eda y de la Universidad Aut\u00f3noma de Occidente se opusieron a las pretensiones de la acci\u00f3n constitucional. Se\u00f1alaron los representantes de los Juzgados la falta de vulneraci\u00f3n por el cumplimiento de todas las garant\u00edas procesales; por su parte el Fiscal 94 Local de Cali solicit\u00f3 la denegaci\u00f3n del amparo solicitado por la falta de vulneraci\u00f3n del derecho fundamental, adem\u00e1s solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva; el Procurador Octavo (8\u00ba) Judicial II de Familia exigi\u00f3 la improcedencia de la acci\u00f3n por incumplimiento del requisito de subsidiariedad; el representante de la Universidad Aut\u00f3noma de Occidente aclar\u00f3 que los descuentos realizados se han hecho en cumplimiento de una orden judicial y que es preciso negar el amparo por falta del presupuesto de subsidiariedad; la Defensora de Familia adscrita al Juzgado 13 de Familia accionado solicit\u00f3 ser desvinculada por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali decidi\u00f3 no acceder a las s\u00faplicas solicitadas, tras considerar que lo perseguido por el accionante era la exoneraci\u00f3n de la cuota alimentaria y la impugnaci\u00f3n de la paternidad; sin embargo, advirti\u00f3 que ninguno de los dos prop\u00f3sitos cumpli\u00f3 con el requisito de subsidiariedad, ya que aquel no acudi\u00f3 a la v\u00eda ordinaria respectiva. <\/p>\n
<\/p>\n
5. En el escrito de impugnaci\u00f3n, el accionante acus\u00f3 al a quo de haber cometido conductas penales, en concreto, lo se\u00f1al\u00f3 de \u00abfraude judicial y prevaricato por acci\u00f3n, prevaricato por omisi\u00f3n\u00bb, sin embargo, no aport\u00f3 ning\u00fan medio de prueba que sustentar\u00e1 tales acusaciones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
La impugnaci\u00f3n propuesta no puede prosperar y, por tanto, habr\u00e1 de ratificarse el fallo del tribunal, toda vez que el amparo solicitado no cumple con el requisito de subsidiariedad. <\/p>\n
Ciertamente, el accionante pretende con este mecanismos impugnar la paternidad y obtener la exoneraci\u00f3n de la cuota de alimentos. Ello es as\u00ed, porque se extrae de sus pretensiones que pidi\u00f3 corroborar la filiaci\u00f3n de quien ha sido reconocido como su hijo, mediante la pr\u00e1ctica de un interrogatorio de parte de la madre biol\u00f3gica y de una prueba de ADN, con el fin de \u00abanular\u00bb el reconocimiento que realiz\u00f3 y, en consecuencia, provocar la desaparici\u00f3n de todos los efectos jur\u00eddicos que ello ha suscitado, entre ellos, la terminaci\u00f3n del proceso de ejecuci\u00f3n por alimentos y el levantamiento de las medidas ejecutivas all\u00ed ordenadas. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, acert\u00f3 el tribunal al denegar por improcedente el amparo constitucional solicitado, comoquiera que lo que persigue el accionante no puede ser concedido por el juez de tutela, ya que para ese fin debe iniciar los procesos judiciales que el ordenamiento jur\u00eddico colombiano contempla, como lo son, entre otros posibles, el juicio de impugnaci\u00f3n de la paternidad y exoneraci\u00f3n de cuota alimentaria, los cuales no existe prueba de que ya haya incoado. <\/p>\n
En esa medida, es necesario aplicar a este caso el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, cuando al respecto consagra que \u00ab[l]a acci\u00f3n de tutela no proceder\u00e1: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales (\u2026)\u00bb. De all\u00ed que la judicatura no pueda descender a constatar o desvirtuar las cr\u00edticas del gestor, porque: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada entre otras en STC8897-2017, 21 jun. 2017, rad. 00230-01, y STC10432-2017, 19 jul. 2017, rad. 00388-01, entre otras). (STC13376-2021). <\/p>\n
Finalmente, si el actor considera que los integrantes de la Sala del tribunal que decidi\u00f3 la primera instancia cometieron alg\u00fan delito, cuenta con la posibilidad de presentar la denuncia directamente ante el ente acusador y asumir las consecuencias de sus afirmaciones. Por lo que el juez constitucional no es el llamado a corroborar tales apreciaciones y menos por el camino de la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Por lo expuesto, se ratificar\u00e1 el veredicto impugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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