STC15703-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC15703-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-03960-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Sebasti\u00e1n Ram\u00edrez contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Dosquebradas, y citadas las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular No. 2022-00266-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada en el asunto referido. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que en la acci\u00f3n popular que instaur\u00f3 contra Apostar SA La Quebrada, el Tribunal Superior de Pereira neg\u00f3 la apelaci\u00f3n que propuso contra la decisi\u00f3n que la rechaz\u00f3, y olvid\u00f3 que de acuerdo con el art\u00edculo 44 de la Ley 472 de 1998, la acci\u00f3n popular es de doble instancia, por lo que se \u00abpermite la apelaci\u00f3n frente al auto de rechazo\u00bb. <\/p>\n
Consider\u00f3 que \u00abel auto que rechaza la demanda ser\u00e1 recurrible en apelaci\u00f3n por dos razones la primera concerniente a que la ley determin\u00f3 que los procesos promovidos en ejercicio de las acciones populares tienen dos grados de decisi\u00f3n y la segunda situaci\u00f3n, referente a que el CPACA Y CGP, prev\u00e9 que el auto que rechaza la demanda en ASUNTO DE DOS INSTANCIAS, ES APELABLE\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en esos hechos, solicit\u00f3 ordenar al Tribunal accionado \u00abCONCEDER MI APELACI\u00d3N Y GARANTIZAR LA DOBLE INSTANCIA TAL COMO EL CONSTITUYENTE CONSAGR\u00d3 LA ACCION POPULAR\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el litigio que motivo esta acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El Magistrados sustanciador del Tribunal Superior de Pereira contest\u00f3 que, en la decisi\u00f3n de 9 de noviembre de 2022 no se incurri\u00f3 en ninguna vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, puesto que la decisi\u00f3n se encuentra acorte con las normas que rigen la materia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En l\u00ednea de principio, la tutela no procede contra las providencias o actuaciones jurisdiccionales, pues ello ir\u00eda en desmedro de los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, sin embargo, cuando los funcionarios judiciales incurren en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento jur\u00eddico de forma arbitraria o caprichosa y los interesados no cuentan con otro medio de defensa judicial y acuden a esta acci\u00f3n oportunamente, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir, en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales involucradas. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la sala, la inconformidad del solicitante radica en el hecho que, el Tribunal Superior de Pereira el 9 de noviembre de 2022 declar\u00f3 inadmisible el recurso de apelaci\u00f3n que propuso contra la determinaci\u00f3n que rechaz\u00f3 la demanda en la acci\u00f3n popular No. 2022-00266-00, y en su sentir se debe garantizar la doble instancia. <\/p>\n
3. Revisado el link que contiene la acci\u00f3n popular No. 001-2022-00266-01 promovida por Sebasti\u00e1n Ram\u00edrez contra Apostar SA La Quebrada, se advierte que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Dosquebradas el 7 de septiembre de 2022 inadmiti\u00f3 la demanda y al no haber sido subsanada por el demandante, el 15 de septiembre siguiente dispuso su rechaz\u00f3. <\/p>\n
3.1 Inconforme con lo resuelto el actor popular interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, el 23 de septiembre de 2022 el Juzgado resolvi\u00f3 negar el primero y conceder el segundo en el efecto suspensivo. <\/p>\n
3.2 El Tribunal Superior de Pereira, el 9 de noviembre de 2022 declar\u00f3 inadmisible el recurso de apelaci\u00f3n, tras considerar, <\/p>\n
\u00abconcretamente las acciones populares se gobiernan por reglas propias previstas en la Ley 472 de 1998 y no solo en lo regulado por en lo no regulado all\u00ed puede acudirse a las del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Precisamente, el art\u00edculo 36 de dicha ley, se\u00f1ala que contra los autos que se dicten durante el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular procede el recurso de reposici\u00f3n, en tanto que el de apelaci\u00f3n s\u00f3lo tiene cabida contra la sentencia de primera instancia (art. 37). <\/p>\n
As\u00ed entonces, como se dijo en el seno de estas acciones, frente a la decisi\u00f3n recurrida, solo procede el recurso de reposici\u00f3n, no as\u00ed el de apelaci\u00f3n, como fue concedido\u00bb. <\/p>\n
Pronunciamiento que se encuentra apoyado en jurisprudencia de esta Sala, (CSJ. STC5660-2021) en la que se explic\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) En efecto, al analizarse los fundamentos de la demarcada resoluci\u00f3n, se observa que los mismos se ajustan a la normatividad y jurisprudencia aplicables al asunto, pues es claro el art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 1998 en prescribir, que \u00ab[e]l recurso de apelaci\u00f3n proceder\u00e1 contra la sentencia que se dicte en primera instancia, en la forma y oportunidad se\u00f1alada en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y deber\u00e1 ser resuelto dentro de los veinte (20) d\u00edas siguientes contados a partir de la radicaci\u00f3n del expediente en la Secretar\u00eda del Tribunal competente\u00bb (resalto intencional), lo cual quiere decir que dicho mecanismo est\u00e1 vedado para las dem\u00e1s decisiones que adopte el juez del conocimiento, como lo es, en este caso, la del rechazo de la demanda, determinaci\u00f3n que solo podr\u00e1 ser impugnada, entonces, a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n, el que procede a voces del canon anterior, \u00ab[c]ontra los autos dictados durante el tr\u00e1mite de la Acci\u00f3n Popular\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed lo dej\u00f3 sentado la Sala en pret\u00e9rita oportunidad, al se\u00f1alar al respecto, que: <\/p>\n
\u00abLa misma consideraci\u00f3n puede realizarse respecto de las providencias del Tribunal, por medio de las cuales declar\u00f3 inamisible el recurso de apelaci\u00f3n y resolvi\u00f3 la s\u00faplica formulada contra la anterior resoluci\u00f3n, pues lucen coherentes y ajustadas a la normatividad, en tanto que de conformidad con el art\u00edculo 36 de la Ley 472 de 1998 , contra las providencias dictadas en el curso de estas acciones populares, s\u00f3lo procede el recurso de reposici\u00f3n y la apelaci\u00f3n contra la sentencia de primera instancia\u00bb (CSJ, STC 4 nov. 2010, Rad. 00540-01). <\/p>\n
Y en un caso m\u00e1s reciente se precis\u00f3, lo siguiente: <\/p>\n
\u00abTampoco podr\u00eda exig\u00edrsele a aqu\u00e9l que, ante el fracaso horizontal y la denegaci\u00f3n de la alzada frente a esa determinaci\u00f3n final, emprendiese la queja, comoquiera que el art\u00edculo 36 de la Ley 472 de 1998 no admite la apelaci\u00f3n contra los autos dictados en curso de las acciones populares, restricci\u00f3n compatible con la Carta Pol\u00edtica, de acuerdo con la sentencia C-377 de 2002 de la Corte Constitucional que examin\u00f3 la demanda de inexequibilidad en que se denunciaba que la norma cerrara esa posibilidad, poniendo como ejemplo un evento similar al aqu\u00ed planteado. <\/p>\n
En asuntos semejantes, la Corte ha especificado que, (\u2026) la formulaci\u00f3n de los recursos ordinarios solo puede exigirse si los mismos se encuentran consagrados en el ordenamiento jur\u00eddico, porque de lo contrario se le estar\u00eda imponiendo al usuario una carga procesal que la ley no contempla (\u2026) el reproche efectuado por el Tribunal se relaciona con la falta de interposici\u00f3n del recurso al que alude el art\u00edculo 348 de la codificaci\u00f3n adjetiva frente al auto que neg\u00f3 la apelaci\u00f3n formulada contra la providencia que rechaz\u00f3 la demanda por falta de competencia, \u201cen aras de tramitar la queja\u201d, seg\u00fan asever\u00f3 el a quo, medio de defensa que resulta improcedente (\u2026) pues esa determinaci\u00f3n no es susceptible de alzada\u00bb (CSJ, STC 4 oct. 2013, Rad. 00224-01, reiterada en STC13797-2015, sentencia de tutela del 17 de marzo de 2017, Rad. 66001-22-13-000-2017-00072-01, y, sentencia de tutela del 13 de julio de 2017, Rad. 66001-22-13-000-2017-00506-01). <\/p>\n
Es que, como lo disponen en los art\u00edculos 26, 36 y 37 de la Ley 472 de 1998, los recursos que pueden formularse frente a las decisiones que se profieran en el tr\u00e1mite de acciones populares y de grupo, son los siguientes: <\/p>\n
i) Reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, contra la providencia que decrete medias previas notificada al demandado simult\u00e1neamente con la admisi\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
ii) Reposici\u00f3n contra los autos proferidos durante el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular. <\/p>\n
iii) Apelaci\u00f3n contra la sentencia que se dicte en primera instancia, en la forma y oportunidad se\u00f1alada por el C\u00f3digo de Procedimiento Civil hoy C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el recurso de apelaci\u00f3n solo procede en virtud del principio de taxatividad, seg\u00fan el cual solamente son apelables las providencia que expresamente se\u00f1ale la ley, siendo estas la sentencia y el auto de medidas cautelares previas en las acciones populares. <\/p>\n
4. Del anterior recuento, no observa la Sala amenaza o vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental invocada, como quiera que el Tribunal Superior accionado al revisar el expediente digital efect\u00fao el examen preliminar, y concluy\u00f3 que era inadmisible el recurso de apelaci\u00f3n concedido por el a quo contra el auto que rechaza la demanda, puesto que esa providencia solo puede ser censurada por v\u00eda de reposici\u00f3n, como lo dispone el art\u00edculo 36 de la Ley 472 de 1998. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es claro que el funcionario cuestionado no incurri\u00f3 en ninguna v\u00eda de hecho que haga procedente el amparo constitucional implorado, porque dio aplicaci\u00f3n al principio de taxatividad del recurso de apelaci\u00f3n contenido en la normativa especial que regula las acciones populares, as\u00ed, la acci\u00f3n de tutela no puede abrirse paso por la diferencia de criterio que pudiera tener el solicitante con la argumentaci\u00f3n expuesta, pues esa circunstancia no permite predicar arbitrariedad, como lo ha advertido esta Sala en m\u00faltiples oportunidades (Ver CSJ. STC825-2020, reiterada en STC11083-2022, entre otras muchas). <\/p>\n
5. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve Negar la acci\u00f3n de tutela promovida por Sebasti\u00e1n Ram\u00edrez contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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