STC15705-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC15705-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-03995-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que la Cl\u00ednica de la Costa Ltda. Instaur\u00f3 contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito de Sincelejo, extensiva al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad, a la Secretar\u00eda de Salud del Departamento de Sucre y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2020-00014. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La promotora, a trav\u00e9s de apoderado, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso, seguridad jur\u00eddica y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, para que se ordenara a la Magistratura convocada, dejar sin efectos la sentencia de 11 de mayo de 2022 y \u00abproceda a emitir un nuevo fallo en el que se confirme la sentencia de primera instancia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En suma, adujo que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Sincelejo, en el juicio coercitivo que promovi\u00f3 contra el Departamento de Sucre \u2013 Secretar\u00eda de Salud por la mora en el pago de los servicios de salud discriminados en facturas de venta, declar\u00f3 no probada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito de imposibilidad jur\u00eddica del mandamiento de pago por encontrarse en proceso de restructuraci\u00f3n de pasivos – Ley 550 de 1999 y orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n (2 dic. 2021), decisi\u00f3n que la deudora recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el superior revoc\u00f3 esa determinaci\u00f3n y \u00abdeclar\u00f3 probada\u00bb dicha defensa, en raz\u00f3n a que, \u00abno se acredit\u00f3 por la parte actora que haya realizado reuni\u00f3n de acreedores conforme al par\u00e1grafo 1 tantas veces citado (art\u00edculo 35 ley 550\/1999)\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que el ad quem \u00abincurri\u00f3 en defecto sustantivo, f\u00e1ctico y desconocimiento de precedente judicial aplicable\u00bb, pues en el litigio qued\u00f3 acreditado que las obligaciones cobradas nacieron con posterioridad a la fecha de iniciaci\u00f3n de la negociaci\u00f3n del acuerdo de restructuraci\u00f3n de pasivos en que se encuentra inmerso el Departamento de Sucre. <\/p>\n
Asever\u00f3 que es al demandado \u00aba quien le asist\u00eda el deber de cumplir con la carga de promover la inclusi\u00f3n de sus acreedores a dicho proceso de negociaci\u00f3n e incluso cuando ya el acuerdo se haya celebrado, procurar su reforma para la inclusi\u00f3n de nuevos cr\u00e9ditos (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.- El Tribunal Superior de Sincelejo relat\u00f3 el tr\u00e1mite surtido en segunda instancia en la lid confutada y aport\u00f3 copia del veredicto all\u00e1 emitido. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub lite se observa que las inconformidades de la gestora se enfilan contra el fallo proferido el 11 de mayo de 2022 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Sincelejo, que infirm\u00f3 la de 3 de diciembre de 2021 del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad y, en su lugar, declar\u00f3 \u00abprobada la excepci\u00f3n de imposibilidad jur\u00eddica del mandamiento de pago en contra del Departamento de Sucre\u00bb, el cual no luce antojadizo, sino que, obedece, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa que rige la materia y la \u00abjurisprudencia\u00bb depurada sobre el tema, as\u00ed como a una congruente apreciaci\u00f3n del acervo, que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del plenario. <\/p>\n
Fue as\u00ed que, plante\u00f3 como problema jur\u00eddico a resolver, s\u00ed era procedente librar orden de apremio o si, por el contrario, el a quo err\u00f3 al resolver de fondo. <\/p>\n
Luego estudi\u00f3 el alcance de la ley 550 de 1999 en consonancia con los precedentes jurisprudenciales, as\u00ed: <\/p>\n
La ley 550 de 1999, es la ley de reestructuraci\u00f3n empresarial, que tiene por finalidad entre otros, promover la reactivaci\u00f3n econ\u00f3mica y el empleo, como un mecanismo para la recuperaci\u00f3n de las sociedades que estaban condenadas a su disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n, otorg\u00e1ndole de esta manera una especie de salvavidas; dicha normativa extiende su \u00e1mbito a las entidades territoriales, que se encuentren en precarias situaciones econ\u00f3micas y financieras y que no puedan ejercer su objeto. Una vez la entidad se encuentra incursa en un acuerdo de reestructuraci\u00f3n, goza de los efectos establecidos en el numeral 13 del art\u00edculo 58 ejusdem: (i) se suspende el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n y no opera la caducidad respecto de los cr\u00e9ditos a cargo; (ii) no habr\u00e1 lugar a la iniciaci\u00f3n de procesos de ejecuci\u00f3n y embargo de activos y recursos de la entidad; (iii) de hallarse incurso tales procesos o embargos se suspender\u00e1n de pleno derecho. <\/p>\n
Agreg\u00f3: <\/p>\n
una vez la entidad se encuentre acogida a un acuerdo de reestructuraci\u00f3n, por regla general, no se pueden iniciar procesos ejecutivos; la anterior afirmaci\u00f3n ha sido objeto de pronunciamiento jurisprudencial de la Corte Constitucional en sentencias C-493 de 2002 y C-61 de 2010. En efecto, acogerse una entidad territorial al acuerdo de reestructuraci\u00f3n tiene dos alcances: el primero, la terminaci\u00f3n de los procesos iniciados (numeral 2 del art\u00edculo 34 de la ley 550 de 1999) y un segundo alcance, que durante la negociaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n del acuerdo no habr\u00e1 lugar a la iniciaci\u00f3n de procesos de ejecuci\u00f3n y embargos (numeral 13\u00b0 del art\u00edculo 58 ejusdem); siendo el que ocupa la atenci\u00f3n en esta instancia. <\/p>\n
Precis\u00f3 que lo anterior no es una regla absoluta, ya que, como lo adujo la Cl\u00ednica de la Costa Ltda. \u00abla excepci\u00f3n a la regla antedicha se encuentra estipulada en el numeral 9\u00b0 del art\u00edculo 34 ejusdem, toda vez que la deuda que aqu\u00ed se ejecuta, fue causada con posterioridad a la fecha de iniciaci\u00f3n de la negociaci\u00f3n\u00bb, precepto seg\u00fan el cual, <\/p>\n
Los cr\u00e9ditos causados con posterioridad a la fecha de iniciaci\u00f3n de la negociaci\u00f3n, al igual que la remuneraci\u00f3n de los promotores y peritos causada durante la negociaci\u00f3n, ser\u00e1n pagados de preferencia, en el orden que corresponda de conformidad con la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos del C\u00f3digo Civil y dem\u00e1s normas concordantes, y no estar\u00e1n sujetos al orden de pago que se establezca en el acuerdo. El incumplimiento en el pago de tales acreencias permitir\u00e1 a los acreedores respectivos exigir coactivamente su cobro, y podr\u00e1 dar lugar a la terminaci\u00f3n de la negociaci\u00f3n del acuerdo o del acuerdo mismo, a menos que el respectivo acreedor acepte una f\u00f3rmula de pago seg\u00fan lo dispuesto en el 8 numeral 5 del art\u00edculo 35 de la presente ley. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que para que se d\u00e9 la terminaci\u00f3n del acuerdo de restructuraci\u00f3n conforme al numeral 5\u00ba del art\u00edculo 35, se requiere: \u00ab(i) que la deuda haya sido adquirida con posterioridad a la negociaci\u00f3n; (ii) el incumplimiento \u00e9ste dentro de los tres meses siguientes en que se caus\u00f3 la acreencia; (iii) que se haya celebrado la reuni\u00f3n de acreedores de conformidad con el numeral 5 y el par\u00e1grafo 1\u00b0 del mismo art\u00edculo\u00bb. <\/p>\n
Despu\u00e9s, esboz\u00f3 que en este caso no hay duda de que la acreencia es posterior a la data en la que se celebr\u00f3 el acuerdo y tambi\u00e9n que la sociedad actora \u00abinform\u00f3 con la demanda que hab\u00eda requerido en el a\u00f1o 2017 a la entidad territorial para el pago, y que a la fecha de la presentaci\u00f3n del petitum la obligaci\u00f3n no hab\u00eda sido satisfecha, por lo tanto ya se hab\u00eda superado ese t\u00e9rmino de 3 meses que estipula el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 35 ej\u00fasdem\u00bb. <\/p>\n
Enunci\u00f3, entonces, que: <\/p>\n
Sin perjuicio de lo anterior, es claro para esta Colegiatura, que el presente asunto sometido a conocimiento, no se acredit\u00f3 por la parte actora que se haya realizado reuni\u00f3n de acreedores conforme al par\u00e1grafo 1 tantas veces citado (art\u00edculo 35 ley 550 \/1999); t\u00e9ngase en cuenta que, la norma mencionada requiere entre otros requisitos, el incumplimiento o no haberse aceptado la f\u00f3rmula de pago ofrecida, de conformidad con la convocatoria de interesados; que no quiere decir que el acreedor que invita a la mencionada reuni\u00f3n, est\u00e9 obligado a aceptar la forma de pago; siendo entonces imperante, para la procedencia de la excepci\u00f3n a la regla general, evacuar la reuni\u00f3n de acreedores y probarla dentro del proceso, contrario sensu el Juez de conocimiento deber\u00e1 negar el mandamiento de pago y\/o revocar el mismo\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3 que, en efecto, la primera instancia \u00abdebi\u00f3 haber declarado probada la excepci\u00f3n alegada por la parte demandada en el demandatorio acumulado, toda vez que no se cumplen los requisitos para que proceda la ejecuci\u00f3n de dichas acreencias posteriores al acuerdo de reestructuraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Finalmente cit\u00f3 el prove\u00eddo STC11198-2019 de esta Corte, en el que se expres\u00f3: <\/p>\n
En relaci\u00f3n con esto \u00faltimo, debe precisarse que, si bien, el art\u00edculo 35 de la ley en cita se\u00f1ala en su numeral 5\u00ba que, ser\u00e1 causal de terminaci\u00f3n del acuerdo \u00abde pleno derecho y sin necesidad de declaraci\u00f3n judicial\u00bb el incumplimiento de las obligaciones posteriores al acuerdo en menci\u00f3n, tambi\u00e9n lo es que, el par\u00e1grafo 1\u00b0 prev\u00e9 que \u00abse debe convocar a una reuni\u00f3n de acreedores internos y externos en la forma prevista en esta ley para reformar el acuerdo, [\u2026] En dicha reuni\u00f3n, salvo en el caso del numeral 6 de este art\u00edculo, se decidir\u00e1 con el voto favorable de los acreedores externos e internos requeridos para celebrar el acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en esta ley [\u2026]. En ese orden, en el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el Juez [\u2026], estim\u00f3 procedente continuar la ejecuci\u00f3n, \u00fanicamente con fundamento en el incumplimiento a que alude el canon normativo descrito en precedencia y, por ende, entendi\u00f3 terminado el Acuerdo de Reestructuraci\u00f3n, lo que habilitar\u00eda la ejecuci\u00f3n de las obligaciones pretendidas en el proceso ejecutivo que inici\u00f3 la Cl\u00ednica [\u2026] contra el Departamento [\u2026], pero sin considerar que no se demostr\u00f3 el agotamiento de la reuni\u00f3n prevista en el par\u00e1grafo 1\u00ba en cita. De ah\u00ed, que no sea procedente terminar de manera autom\u00e1tica el Acuerdo de Reestructuraci\u00f3n para dar cabida a la acci\u00f3n ejecutiva, sin verificar que, en efecto, se haya sometido a una reforma el acuerdo con la intervenci\u00f3n de todos los implicados o interesados, acreedores internos o externos, promotor y los miembros del comit\u00e9 de vigilancia. Con tal disposici\u00f3n, el legislador busc\u00f3 la recuperaci\u00f3n institucional de las entidades territoriales, que son las obligadas a garantizar la atenci\u00f3n de las necesidades b\u00e1sicas de la poblaci\u00f3n, para lo cual se hace necesario recuperar su capacidad de gesti\u00f3n administrativa y financiera, para que as\u00ed pueda cumplir con sus obligaciones, equilibrando los derechos que comprenden el inter\u00e9s general de la comunidad y el particular de los acreedores\u201d. (Subrayado y resaltado fuera del texto). <\/p>\n
2.- As\u00ed las cosas, independientemente que la Sala avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como busca el impulsor, quien aspira imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la contienda, sin que tal prop\u00f3sito acompase con la finalidad de la v\u00eda superlativa, que no es la servir de tercera instancia para rebatir las reflexiones de la \u00abautoridad judicial\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; STC,9232-2018 y STC2544-2021). <\/p>\n
3.- Son estas razones las que llevan al fracaso del auxilio suplicado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela instada por la Cl\u00ednica de la Costa Ltda. <\/p>\n
Comun\u00edquese por un medio id\u00f3neo y, en caso de no ser impugnado este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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