STC15706-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15706-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba11001-02-04-000-2022-01854-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
<\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 22 de septiembre de 2022, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Fredy Mauricio Ca\u00f1\u00f3n Calder\u00f3n en contra de la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b03 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la misma Corporaci\u00f3n y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, extensiva a las partes, autoridades y dem\u00e1s intervinientes en el juicio n\u00b011001-31-05-030-2016-00524-00. <\/p>\n
1.- El convocante solicit\u00f3 que se deje sin efectos la sentencia CSJ SL195-2022 de 26 de enero de 2022, para que en su lugar se dicte una nueva providencia en la que se reconozca el derecho pensional que le asiste. <\/p>\n
Del escrito inicial y los medios de convicci\u00f3n aportados se extrae que el accionante ha trabajado con la empresa demandada desde 1989, fecha desde la que aleg\u00f3 haber ocupado labores como: obrero hasta el a\u00f1o 1990, ayudante empalmador, hasta el a\u00f1o 1993; auxiliar distribuidor general a\u00f1os 1993-1994; instalador reparador, a\u00f1o 1994; audioprobador, hasta el a\u00f1o 2015, y en la actualidad: Analista I. Inform\u00f3 que promovi\u00f3 demanda ordinaria laboral contra la Empresa de Telecomunicaciones de Bogot\u00e1 S.A. ESP – ETB S.A. ESP con el fin de que le reconociera y pagara la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n consagrada en la cl\u00e1usula 3\u00b0 de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo de 1992-1993 suscrita entre dicha compa\u00f1\u00eda y el Sindicato \u00abSINTRATELEFONOS\u00bb, la cual a su tenor literal dispone: <\/p>\n
La cl\u00e1usula vig\u00e9simo segunda (22\u00aa) de la recopilaci\u00f3n 1990-1991, de las convenciones suscritas con el sindicato de Base y la Cl\u00e1usula vig\u00e9simo tercera (23\u00aa) de la recopilaci\u00f3n 1991 suscrita con Atelca, quedar\u00e1 as\u00ed: <\/p>\n
PENSIONES DE JUBILACI\u00d3N <\/p>\n
1\u00b0 R\u00c9GIMEN PENSIONAL ESPECIAL APLICABLE \u00daNICAMENTE A LOS TRABAJADORES VINCULADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 1991. <\/p>\n
La empresa pensionar\u00e1 a todos los trabajadores vinculados a 31 de diciembre de 1991 de conformidad con lo establecido en los literales a) y b) de la presente cl\u00e1usula siempre y cuando al momento del retiro acrediten como m\u00ednimo cinco (5) a\u00f1os al servicio de la Empresa. <\/p>\n
<\/p>\n
a. Requisitos <\/p>\n
1\u00b0. La Empresa pensionar\u00e1 a los trabajadores que hayan adquirido el derecho, es decir, veinte (20) a\u00f1os de servicios en Entidades Oficiales y cincuenta (50) o m\u00e1s a\u00f1os de edad. <\/p>\n
No obstante, lo anterior, el trabajador que al cumplir cincuenta (50) a\u00f1os de edad tenga m\u00e1s de veinte (20) a\u00f1os de servicio en la Empresa en forma continua, podr\u00e1 seguir laborando hasta completar veinticinco (25) a\u00f1os. <\/p>\n
2.- La empresa proceder\u00e1 de inmediato a pensionar a los trabajadores que hayan laborado veinticinco (25) a\u00f1os continuos o discontinuos al servicio de la entidad, sin consideraci\u00f3n a la edad. <\/p>\n
3\u00b0 Los trabajadores que desempe\u00f1en los cargos de Operador (a) de informaci\u00f3n, de reclamos, de conmutador; audioprobador (a); ayudante de empalmador; empalmador (a); supervisor (a) de informaci\u00f3n y de reclamos; reparador (a) de abonos, de aparatos, de conmutadores, de tel\u00e9fonos p\u00fablicos; instalador (a); instalador-reparador (a); auxiliar de distribuidor general y jefe de distribuidor general, tienen derecho a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n despu\u00e9s de veinte (20) a\u00f1os continuos o discontinuos de trabajo en dichos cargos, a cualquier edad. <\/p>\n
No obstante, los trabajadores que hayan servido quince (15) o m\u00e1s a\u00f1os continuos en los cargos mencionados, tienen derecho a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n al llegar a los cincuenta (50) a\u00f1os de edad, siempre que en esa fecha se encuentren al servicio de la Empresa. <\/p>\n
No obstante, las aspiraciones del actor fueron desestimadas en primera (1 dic. 2017) y segunda instancia (30 may. 2018), postul\u00f3 casaci\u00f3n y la Sala accionada no cas\u00f3 la sentencia al determinar que el gestor no cumpli\u00f3 con los requisitos previstos en las reglas extralegales pensionales antes del 31 de julio de 2010 y que, por otro lado, tampoco era posible aplicar el principio de favorabilidad, porque no se evidenci\u00f3 un conflicto de normas (CSJ SL195-2022 26 ene.). Determinaci\u00f3n de la que deriv\u00f3 la lesi\u00f3n a sus prerrogativas, pues a su juicio los funcionarios judiciales incurrieron en un defecto sustantivo al inaplicar los principios de igualdad, progresividad y favorabilidad, as\u00ed como el precedente constitucional, los acuerdos y tratados internacionales y las recomendaciones del comit\u00e9 de libertad sindical de la OIT. <\/p>\n
2.- El juez de conocimiento y la sala accionada hicieron un recuento de los hechos y defendieron la legalidad de estos. ETB S.A. E.S.P esgrimi\u00f3 falta de inmediatez. <\/p>\n
3.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia no accedi\u00f3 a la s\u00faplica al concluir que la decisi\u00f3n cuestionada era razonable. <\/p>\n
4.- El promotor recurri\u00f3 bajo sus argumentos iniciales y aleg\u00f3 que el que la prueba testimonial est\u00e9 recogida en un documento no le resta su naturaleza de prueba testimonial; adem\u00e1s, solicit\u00f3 que se aplique lo dispuesto en la sentencia SL2835-2022 (9 ago. 2022). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Se anticipa que el desenlace objetado se ratificar\u00e1 por las razones que pasan a explicarse. <\/p>\n
1.- En cuanto a los reparos expuestos frente a las determinaciones de instancia y de casaci\u00f3n, la Corte centrar\u00e1 su estudio en el veredicto que desat\u00f3 el mencionado recurso extraordinario, al ser la determinaci\u00f3n que finiquit\u00f3 cualquier discusi\u00f3n sobre el litigio. <\/p>\n
Pues bien, al analizar de manera omnicomprensiva la providencia reprochada, no emerge desatino con entidad suficiente como para permitir la injerencia de esta especial justicia. En efecto, los argumentos que condujeron a la desestimaci\u00f3n de los cargos que en esa sede elev\u00f3 el gestor, resaltaron en primer lugar que, \u00abpara causar el derecho, el actor deb\u00eda reunir 20 a\u00f1os de servicio en alguno de los cargos enunciados en el numeral tercero, o 15 a\u00f1os desempe\u00f1ados en las mismas actividades y 50 a\u00f1os de edad\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que al revisar el lleno de las mencionadas exigencias el ad quem dedujo que el accionante reuni\u00f3 20 a\u00f1os de servicio en los mencionados cargos hasta el 3 de diciembre de 2010, esto es, despu\u00e9s de que el Acto Legislativo 01 de 2005 restara eficacia a las estipulaciones pensionales de las Convenciones Colectivas y que, pese a lo refutado por el casacionista, el examen de las pruebas documentales \u00abno lleva a inferir que Ca\u00f1\u00f3n Calder\u00f3n hubiera desempe\u00f1ado alguno de los cargos que dan origen al derecho reclamado antes del 3 de diciembre de 1990, y no permiten siquiera suponer que las actividades propias de algunos de los cargos enlistados en el numeral 3 de la disposici\u00f3n extralegal transcrita hayan sido ejercidos\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, respecto a los puestos de trabajo ocupados por el accionante destac\u00f3: <\/p>\n
Importa resaltar que el recurrente al referirse a las pruebas que atac\u00f3, omiti\u00f3 se\u00f1alar las de folios 47 a 49, con las que el Tribunal concluy\u00f3 sobre los cargos que aquel ejerci\u00f3, principalmente como obrero de semaforizaci\u00f3n desde el 30 de noviembre de 1989 al 2 de diciembre de 1990 y, que solo se desempe\u00f1\u00f3 como ayudante empalmador desde el 3 de diciembre de 1990. De cualquier modo, tales probanzas, antes que desmentir, ratifican la conclusi\u00f3n del juzgador, seg\u00fan la cual, el demandante solo ejerci\u00f3 los cargos especiales desde el 3 de diciembre de 1990. (negrillas de ahora) <\/p>\n
En esa l\u00ednea de pensamiento, la magistratura encartada valid\u00f3 la determinaci\u00f3n del Tribunal al reconocer que el demandante no cumpli\u00f3 con los requisitos para acceder a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n antes del 31 de julio de 2010, fecha en la que las convenciones colectivas con derechos pensionales diferentes al Sistema General perd\u00edan vigencia, puesto que cumpli\u00f3 20 a\u00f1os de servicio en alguno de los cargos enunciados en el numeral tercero hasta el 3 de diciembre de 2010: <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no err\u00f3 el fallador cuando coligi\u00f3 que el actor no cumpli\u00f3 los requisitos para hacerse acreedor a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, antes del 31 de julio de 2010, de conformidad con lo se\u00f1alado en el Acto Legislativo 01 de 2005, en el cual las convenciones colectivas que estatu\u00edan derechos pensionales ajenos al Sistema General, perd\u00edan vigencia. <\/p>\n
Asimismo, respecto a las pruebas testimoniales la convocada esgrimi\u00f3: <\/p>\n
En lo que refiere a la prueba testimonial, sabido es que solo puede ser analizada en sede extraordinaria, cuando se demuestra previamente la existencia de errores manifiestos de hecho en las que son calificadas, as\u00ed se encuentra adoctrinado, entre otras providencias en CSJ AL2088-2019. Es evidente que tal supuesto ac\u00e1 no se cumple, de manera que no es posible descender a tales medios de convicci\u00f3n. <\/p>\n
Igual suerte corre la denuncia de las declaraciones extraprocesales de Miguel \u00c1ngel Fonseca y Jos\u00e9 Agust\u00edn Rinc\u00f3n Fern\u00e1ndez visibles en los folios 54 y 55, en tanto tampoco son prueba calificada en casaci\u00f3n, pues el hecho de que la versi\u00f3n de los terceros declarantes, est\u00e9 recogida en un documento, no resta su naturaleza de prueba testimonial. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el Acto Legislativo 01 de 2005 resalt\u00f3: <\/p>\n
Lo anterior se afirma pues, si bien el par\u00e1grafo 3 de la reforma constitucional de 2005, estableci\u00f3 que proteger\u00eda los derechos y expectativas de quienes cumplen los requisitos para acceder a las pensiones convencionales contempladas, entre el 29 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2010, en sentencia CSJ SL2543-2020, la Corte razon\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) el Acto Legislativo 01 de 2005, como norma de rango constitucional, no permite, a partir de su vigencia, la inclusi\u00f3n de reglas de car\u00e1cter pensional distintas a las de las leyes generales de pensiones en nuevos acuerdos colectivos, ni mucho menos, extender la aplicaci\u00f3n de las reglas vigentes a su fecha de entrada en vigor con posterioridad a la fecha l\u00edmite, es decir, el 31 de julio de 2010. (negrillas de ahora) <\/p>\n
Frente al desconocimiento de tratados internacionales y principios constitucionales asegur\u00f3: <\/p>\n
En lo referente al argumento relacionado con el desconocimiento de normas constitucionales, convenios y tratados internacionales, en sentencias CSJ SL621-2019, CSJ SL2802-2019 y CSJ SL5561-2019, esta \u00faltima que memor\u00f3 la CSJ SL1408-2019, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
[\u2026] la Corte no encuentra que el ad quem hubiese desconocido las normas constitucionales sobre integraci\u00f3n de los tratados en los cuales se consagr\u00f3 el derecho a la seguridad social como un derecho humano, pues justamente se limit\u00f3 a aplicar en estricto rigor las disposiciones constitucionales referidas a la negociaci\u00f3n de condiciones pensionales, plasmadas en el Acto Legislativo 01 de 2005, que establecieron la p\u00e9rdida de la vigencia de las condiciones pensionales extralegales a partir del 31 de julio de 2010, de manera que el fallador no desconoci\u00f3 la especial protecci\u00f3n que tiene el derecho a la seguridad social en el \u00e1mbito del derecho internacional. <\/p>\n
Para la Corte resulta claro que un juez no puede desconocer normas internacionales cuando aplica los mandatos de la Carta Pol\u00edtica de 1991, que constituyen la fuente primaria del ordenamiento jur\u00eddico colombiano, tal como lo efectu\u00f3 en el presente asunto el Tribunal, pues el constituyente derivado, en este caso, fue el que dispuso la modificaci\u00f3n de las reglas constitucionales. (negrillas de ahora). <\/p>\n
Por \u00faltimo, descart\u00f3 la aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad debido a que no se present\u00f3 un conflicto de normas, lo que llev\u00f3 a la Sala accionada a colegir que: <\/p>\n
As\u00ed las cosas y sin que sean necesarias otras consideraciones, es claro que la censura incumpli\u00f3 con demostrar los errores jur\u00eddicos y f\u00e1cticos que le endilg\u00f3 al sentenciador plural, de modo que la sentencia fustigada se mantiene inc\u00f3lume, en raz\u00f3n de la doble presunci\u00f3n de cierto y legalidad de la que llega revestida a esta sede. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, esta Sala advierte que las conclusiones adoptadas son la inferencia de las probanzas aportadas y que de su lectura no refulge la v\u00eda de hecho alegada, ya que el juez plural de casaci\u00f3n efectu\u00f3 una respetable hermen\u00e9utica y una adecuada motivaci\u00f3n que le llev\u00f3 al desenlace reprochado, respetando los principios constitucionales aplicables al caso concreto, acorde con la jurisprudencia emitida tanto por el \u00f3rgano l\u00edmite constitucional como por la especialidad laboral en el marco de sus competencias. <\/p>\n
Ahora, si bien el actor en la impugnaci\u00f3n alega que se debieron estudiar los testimonios porque \u00abque la prueba testimonial est\u00e9 recogida en un documento no le resta su naturaleza de prueba testimonial\u00bb; dichos reparos sin lugar a dudas constituyen hechos nuevos que no fueron puestos en conocimiento del a quo, lo que descarta la posibilidad de su escrutinio en esta sede superior, so pena de quebrantar el \u00abderecho de defensa\u00bb que le asiste a los querellados. (STC14922-2017, reiterado en STC11080-2018). <\/p>\n
Por \u00faltimo, respecto a la sentencia SL2835 del 9 de agosto del presente a\u00f1o, se recuerda al censor que en concordancia con la jurisprudencia constitucional esta Sala ha dispuesto que, para que un precedente sea aplicable debe ser anterior a la decisi\u00f3n en la que se pretende aplicar y, adem\u00e1s, debe presentarse una semejanza de problemas jur\u00eddicos, escenarios f\u00e1cticos y normativos. No podr\u00e1 predicarse la aplicaci\u00f3n de un precedente en ausencia de alguno de estos elementos,1 en este sentido, al no cumplir con ninguno de los anteriores requerimientos, se concluye que no puede darse aplicaci\u00f3n a la aludida providencia. <\/p>\n
Entonces, comoquiera que la directriz controvertida no alberga anomal\u00eda susceptible de ser enmendada por este sendero, se ratificar\u00e1 lo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Sentencia T-656 de 2011 citada en STC5812-2022 <\/p>\n
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STC15706-2022 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC15706-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba11001-02-04-000-2022-01854-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 22 de septiembre […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-69029","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69029","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69029"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69029\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69029"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69029"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69029"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}