STC15709-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15709-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-01929-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
<\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El convocante pidi\u00f3, en suma, se ordene a los funcionarios de instancia y de casaci\u00f3n que \u00abemitan una nueva sentencia que estudie el reconocimiento de [su] pensi\u00f3n de vejez teniendo en cuenta los tiempos laborados (\u2026) con la Asamblea Departamental de Sucre (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En sustento de las s\u00faplicas, indic\u00f3 que demand\u00f3 a Colpensiones para que se declarara que cumpl\u00eda los requisitos establecidos en el art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley 71 de 1988 y se le reconociera y pagara la pensi\u00f3n vitalicia de jubilaci\u00f3n. El asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Sincelejo quien neg\u00f3 las pretensiones (1\u00b0 mar. 2017), apel\u00f3 y el Tribunal confirm\u00f3 (22 nov. 2018), postul\u00f3 casaci\u00f3n y la Corte no cas\u00f3 el fallo de segundo grado (CSJ SL2588-2022, 19 jul.). <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que lo convocados incurrieron en inadecuada valoraci\u00f3n del acervo probatorio y desconocimiento del precedente judicial adem\u00e1s violaron la ley 5 de 1969 y se apartaron del criterio establecido tanto por el Consejo de Estado como de la Corte Constitucional en el sentido de computar las sesiones. <\/p>\n
2.- Los jueces colegiados de segunda instancia y casaci\u00f3n defendieron sus prove\u00eddos. Quien fungi\u00f3 como apoderado del actor en el tr\u00e1mite ordinario coadyuv\u00f3 en los anhelos. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n P.A.R.I.S.S. esgrimi\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
3.- La hom\u00f3loga en la especialidad penal neg\u00f3 la protecci\u00f3n por considerar que la decisi\u00f3n censurada obedece a un criterio de interpretaci\u00f3n razonable. <\/p>\n
4.- Recurri\u00f3 el activante e insisti\u00f3 en las alegaciones del libelo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Se anticipa que el desenlace objetado se ratificar\u00e1, por cuanto de la providencia de casaci\u00f3n reprochada, sobre la que se circunscribir\u00e1 el an\u00e1lisis, al ser la determinaci\u00f3n que finiquit\u00f3 cualquier discusi\u00f3n sobre el litigio, no emerge desatino con entidad suficiente como para permitir la injerencia de esta herramienta. <\/p>\n
En efecto, los planteamientos que condujeron a desechar los dos cargos que en esa sede elev\u00f3 Villalobos Sotomayor, ata\u00f1en a razones de t\u00e9cnica de casaci\u00f3n por la forma en que dirigieron los ataques, perspectiva donde la autoridad enjuiciada resalt\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) En el cargo primero, dirigido por la senda jur\u00eddica, la censura efect\u00faa una rese\u00f1a normativa a fin de explicar los preceptos que han regulado el r\u00e9gimen prestacional de los diputados de las asambleas departamentales, sustentando, en lo fundamental, que el r\u00e9gimen pensional de los diputados es el contenido en la Ley 6 de 1945, y que para acceder a la pensi\u00f3n prevista por el art\u00edculo 29 de tal normativa, el art\u00edculo 3 de la Ley 5 de 1969 permite, en su caso, que se sume el tiempo desde el 1 de enero de 1992, pese a haberse posesionado en el referido cargo el 1 de octubre de ese a\u00f1o. <\/p>\n
No obstante, ese Colegiado se ocup\u00f3 de su estudio y en ese escenario indic\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) dado que el fundamento principal del Tribunal respecto de la forma en que deb\u00eda contabilizarse el tiempo laborado como diputado del 1 de octubre de 1992 al 31 de diciembre de 1994, consisti\u00f3 en que la parte actora solo con posterioridad a la formulaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n plante\u00f3 que tal periodo deb\u00eda sumarse desde el 1 de enero de 1992, seg\u00fan el inciso segundo del art\u00edculo 3 de la Ley 5 de 1969, cuando en el escrito inicial acumul\u00f3 tal lapso \u00abdesde el 1 de octubre de 1992 y hasta el 31 de diciembre de 1994, sumando 2 a\u00f1os y 3 meses, que es igual, a 115.71 semanas\u00bb. <\/p>\n
De acuerdo con ello, en criterio del Tribunal, al no haber sido tema objeto de debate procesal en las instancias, la inclusi\u00f3n del supuesto f\u00e1ctico relativo a la validez del tiempo comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre de 1992 a pesar de haberse posesionado solo hasta octubre de ese a\u00f1o no era posible analizarlo, pues ello implicaba sorprender a Colpensiones con un nuevo hecho y argumento, respecto del cual no tuvo oportunidad de controvertirlo. M\u00e1xime que las afirmaciones que sobre el particular hizo el colegiado, solo tuvieron fines aclaratorios, esto es, para explicar por qu\u00e9 raz\u00f3n en las cuentas del Tribunal solo le resultaba un total de 19,8 a\u00f1os. <\/p>\n
Y en esa l\u00ednea de pensamiento rese\u00f1\u00f3: <\/p>\n
Si la censura quer\u00eda tener \u00e9xito en su ataque, necesariamente ten\u00eda que desvirtuar las inferencias principales que, acertadas o no, sustentaron el discurso del juez de segundo grado. <\/p>\n
De ah\u00ed que, si aspiraba a la prosperidad de su acusaci\u00f3n, lo primero que deb\u00eda hacer era controvertir la conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 el colegiado, esto es: que no pod\u00eda adentrarse en el an\u00e1lisis de tal tema porque, de la demanda advirti\u00f3 que no hab\u00eda sido materia de debate, pues, all\u00ed hab\u00eda pedido que, el periodo servido como diputado, se tomara desde el 1 de octubre de 1992, en tanto que, la inclusi\u00f3n de tal tiempo desde el 1 de enero de ese a\u00f1o solo hab\u00eda sido planteado con posterioridad al recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) el colegiado al final de su providencia aludi\u00f3 a un \u00abcon todo\u00bb, en el que, a manera de aclaraci\u00f3n, expuso que, seg\u00fan certificaci\u00f3n expedida por la Asamblea Departamental de Sucre, el convocante ejerci\u00f3 el oficio de diputado desde su posesi\u00f3n, esto es, a partir del 1 de octubre de 1992 y desde ese momento hasta diciembre de 1994 se efectuaron aportes a Cajanal, por lo que no pod\u00eda contabilizar un interregno anterior a la calenda en que comenz\u00f3 a ejercer ese cargo, de ah\u00ed que, al haberse cotizado desde su posesi\u00f3n (1 de octubre de 1992) y por los a\u00f1os calendario 1993 y 1994, la Ley 5 de 1969 fue aplicada correctamente. <\/p>\n
La sucinta alusi\u00f3n a la ley referida descartar\u00eda claramente la infracci\u00f3n directa del art\u00edculo 3 de la Ley 5 de 1969 que se denuncia en el cargo primero, pues el colegiado s\u00ed la tuvo en cuenta. En efecto, recu\u00e9rdese que \u00abla infracci\u00f3n directa se presenta cuando el sentenciador, comprendiendo correctamente la realidad f\u00e1ctica dentro del debate procesal, desconoce la norma jur\u00eddica por rebeld\u00eda, ignorancia o por no tener en cuenta sus efectos en el tiempo\u00bb (CSJ AL133-2022). <\/p>\n
En tal sentido, el censor debi\u00f3 dirigir la acusaci\u00f3n a cuestionar la comprensi\u00f3n o inteligencia de la norma, a trav\u00e9s de la modalidad adecuada, esto es, la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea. Ahora, si la Sala entendiera que se acusa la referida disposici\u00f3n bajo tal sub motivo de violaci\u00f3n de la ley, lo cierto es que el recurrente no explica suficiente y adecuadamente las razones por las cuales estima que la interpretaci\u00f3n expuesta en gracia de discusi\u00f3n por el ad quem fue errada, dado que, se limita a expresar que el r\u00e9gimen pensional a favor de los miembros de las asambleas departamentales corresponde a la Ley 6 de 1945 y que seg\u00fan el art\u00edculo 3 de la Ley 5 de 1969, pese a que se posesion\u00f3 el 1 de octubre de 1992, debi\u00f3 contarse desde el 1 de enero 1992 para efectos pensionales, presupuesto bajo el cual arrojar\u00eda un total de 1058,28 semanas. <\/p>\n
(\u2026) Aunado a lo anterior, los planteamientos de la censura en este aspecto resultan ajenos a la prestaci\u00f3n que reclam\u00f3 desde el inicio del proceso, esto es, la prevista por el art\u00edculo 7 de la Ley 71 de 1988. Se dice lo anterior porque todo el discernimiento de la parte actora expuesta en el cargo primero se dirige a sostener que le resulta aplicable la Ley 6 de 1945, dado que ostent\u00f3 la condici\u00f3n de miembro de la Asamblea Departamental de Sucre, y que para la pensi\u00f3n prevista en el art\u00edculo 29 de tal ley, deben sumarse el tiempo no desde la fecha en que comenz\u00f3 a desempe\u00f1ar tal cargo (1 de octubre de 1992), sino todo el a\u00f1o calendario, es decir, desde el 1 de enero de 1992, conforme a lo previsto por el art\u00edculo 3 de la Ley 5 de 1969. <\/p>\n
Y bajo esa l\u00ednea argumentativa precis\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n regida por el art\u00edculo 29 de la Ley 6 de 1945, es una prestaci\u00f3n distinta a la reclamada, en tanto que correspond\u00eda a una pensi\u00f3n construida exclusivamente con tiempo p\u00fablico, a trav\u00e9s de la acumulaci\u00f3n del tiempo de servicios prestado, continua o discontinuamente, pero exclusivamente en entidades oficiales. Mientras que la pensi\u00f3n regulada por el art\u00edculo 7 de la Ley 71 de 1988 \u2013 reclamada en el actual proceso – se soporta en la sumatoria del tiempo p\u00fablico cotizado o laborado con el tiempo privado cotizado. <\/p>\n
Ahora, al ocuparse del segundo de los ataques sintetiz\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) se acude a la senda indirecta, se formulan errores de hecho y denuncian las pruebas que, en su criterio, fueron mal valoradas o se dejaron de apreciar; no obstante, no efect\u00faa una confrontaci\u00f3n, correcta y suficiente, entre el defecto valorativo de ellas y la realidad procesal, ni explica qu\u00e9 es lo que en verdad acreditan o informan estos elementos y en qu\u00e9 consisti\u00f3 el defecto valorativo en que incurri\u00f3 el juez de alzada, esto es, precisando c\u00f3mo la falta o defectuosa apreciaci\u00f3n probatoria condujo al Tribunal a incurrir en un error trascendente en su decisi\u00f3n. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que, cuando se pretende derruir los soportes f\u00e1cticos del fallo cuestionado, es carga del recurrente, adem\u00e1s de individualizar con precisi\u00f3n las equivocaciones en el terreno netamente f\u00e1ctico y precisar los medios de convicci\u00f3n no apreciados o indebidamente valorados, contrastar lo que emerg\u00eda de estos de cara a lo que el fallador extrajo de ellos, explicar por qu\u00e9 dichas falencias tendr\u00edan las caracter\u00edsticas de un error de hecho e identificar los raciocinios que habr\u00edan propiciado un yerro de esa naturaleza y cu\u00e1l habr\u00eda sido su incidencia en la decisi\u00f3n recurrida (CSJ SL, 23 mar.2001, rad. 15148). <\/p>\n
En tal sentido, la demostraci\u00f3n de los errores de hecho que permiten quebrar la sentencia de segundo grado debe \u00abestructurarse mediante un an\u00e1lisis razonado y cr\u00edtico de los medios de convicci\u00f3n, confrontando la conclusi\u00f3n de ese proceso intelectual con las deducciones acogidas en la resoluci\u00f3n judicial\u00bb (CSJ SL 17 may. 2011, rad. 42037). <\/p>\n
De ah\u00ed que, no baste con rese\u00f1ar algunos medios probatorios y calificarlos como indebidamente valorados o dejados de apreciar (CSJ SL4734-2017), sin efectuar la debida y suficiente confrontaci\u00f3n entre ellos y lo razonado por el juez plural, tal como ocurre en el presente caso, en donde sin efectuar una demostraci\u00f3n de por qu\u00e9 las pruebas denunciadas evidenciaban una situaci\u00f3n f\u00e1ctica distinta a la concluida por el colegiado, se limit\u00f3 a decir que los elementos probatorios y la pieza procesal de la demanda acreditaban un total de 1058,28 semanas cotizadas, pero sin aludir en lo m\u00e1s m\u00ednimo a su contenido. <\/p>\n
En realidad, en esta acusaci\u00f3n la parte realiza una mixtura de las v\u00edas, dado que pese a formular errores de hecho y denunciar los elementos de prueba, su inconformidad de fondo radica en que es posible contabilizar el tiempo laborado como diputado no desde su posesi\u00f3n sino desde el primer d\u00eda del a\u00f1o en que comenz\u00f3 su periodo en tal cargo fundament\u00e1ndose en el art\u00edculo 3 de la Ley 5 de 1969, lo que conlleva un reparo de tipo jur\u00eddico, en tanto no est\u00e1 soportado en el contenido de las pruebas sino en la forma como debe contabilizarse el periodo servido a la luz de la norma que estima aplicable. <\/p>\n
De otra parte, en lo relacionado con el principio de consonancia explic\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) cuando se controvierte la violaci\u00f3n de normas procesales el ataque debe enderezarse como violaci\u00f3n de medio, lo que no hizo la censura. <\/p>\n
En efecto, conforme a la jurisprudencia de esta corporaci\u00f3n, las normas adjetivas deben denunciarse a trav\u00e9s de la violaci\u00f3n de medio, por ello, el ataque primero debe demostrar la manera como se produjo el quebranto de la norma procesal, y, segundo, acreditar, rigurosamente, la incidencia de esa violaci\u00f3n en la ley sustancial laboral (CSJ SL, 2 dic. 1997, rad. 10157). <\/p>\n
En todo caso, la Sala debe precisar que, en realidad, el Tribunal soport\u00f3 su decisi\u00f3n en el principio de congruencia, pese a que no lo mencion\u00f3 expresamente, el cual est\u00e1 previsto en el art\u00edculo 305 del CPC, hoy 281 del CGP, seg\u00fan el cual, la sentencia debe estar \u00aben consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda\u00bb. <\/p>\n
Lo que el ad quem destac\u00f3 fue que el actor en el escrito inicial solicit\u00f3 la contabilizaci\u00f3n del periodo comprendido entre el 1 de octubre de 1992 y, por ende, la inclusi\u00f3n del lapso del 1 de enero al 30 de septiembre de 1992 no fue objeto de debate procesal en las instancias, de ah\u00ed que no era viable \u00absorprender a Colpensiones con este nuevo hecho y argumento, frente al cual, no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de contradicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Ante ello se recuerda que las exigencias de la demanda de casaci\u00f3n no corresponden a un culto a las formalidades sino a elementos esenciales de la racionalidad del recurso, de ah\u00ed que los cargos deban ser completos en su formulaci\u00f3n, suficientes en su desarrollo y eficaces en lo que persiguen. <\/p>\n
(\u2026) debe precisarse que el colegiado expres\u00f3 al final de la sentencia atacada, que no era posible acudir al Acuerdo 049 de 1990 por no cumplirse los requisitos all\u00ed previstos para obtener la pensi\u00f3n de vejez, dado que, en su criterio, bajo tal r\u00e9gimen no era viable la sumatoria de las cotizaciones efectuadas a cajas o fondos privados con las cotizaciones realizadas a Colpensiones. Tal planteamiento no fue cuestionado en lo m\u00e1s m\u00ednimo en los dos cargos formulados por la parte actora, de ah\u00ed que, la Sala no pueda adentrarse en su an\u00e1lisis dado el car\u00e1cter rogado del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, lo que impide el estudio de asuntos de forma oficiosa. <\/p>\n
Por lo expuesto, concluy\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) La Corte destaca que el recurso extraordinario no es una tercera instancia y su finalidad es controvertir la legalidad de la sentencia del juez de apelaciones, por lo que le correspond\u00eda al casacionista la carga de acreditar de manera puntual y objetiva los desaciertos en que incurri\u00f3 el Tribunal, al no hacerlo la decisi\u00f3n se mantiene inc\u00f3lume debido a la doble presunci\u00f3n que la protege. <\/p>\n
Pues bien, aunque se present\u00f3 la casaci\u00f3n, el convocante omiti\u00f3 el cumplimiento de los requisitos t\u00e9cnicos se\u00f1alados en los art\u00edculos 90 y 91 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, complementados por las reglas jurisprudenciales fijadas para su procedencia, pues dado su car\u00e1cter riguroso, rogado y extraordinario, estas exigencias son supuestos racionales del recurso que aseguran su debido proceso y no pueden ser suplidos de manera oficiosa, y menos a\u00fan por esta v\u00eda. <\/p>\n
En este orden de ideas, lo dispuesto por el \u00f3rgano de cierre no puede calificarse como una trasgresi\u00f3n de las garant\u00edas b\u00e1sicas del inconforme, toda vez que contrario a lo por \u00e9l entendido, no es viable desatender las exigencias que la normatividad procesal establece en algunos eventos como presupuesto esencial para el \u00abejercicio de un derecho\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, esa incuria o falta de cuidado en la proposici\u00f3n del \u00abrecurso de casaci\u00f3n\u00bb, impide que por esta senda se revise el fondo del veredicto emitido por los funcionarios de instancia, por tanto, no es de recibo lo alegado por el impugnante, y menos entrar a contabilizarle unos periodos de tiempo de servicios que, como lo tiene asentado la hom\u00f3loga del trabajo \u00ablos diputados de las asambleas departamentales entre el 7 de julio de 1991 y la entrada en vigencia del Acto Legislativo No 1 de 1996, no eran funcionarios p\u00fablicos de acuerdo con el contenido inicial del art\u00edculo 299 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, antes de su modificaci\u00f3n por el citado Acto Constitucional, razonamiento que llev\u00f3 a la colegiatura a no tener en cuenta las cotizaciones que el demandante, como diputado de la Asamblea de Antioquia, realiz\u00f3 durante el per\u00edodo mencionado\u00bb (cas. 3 dic. 2008, rad- 33226). <\/p>\n
N\u00f3tese, adem\u00e1s, que la acci\u00f3n de tutela no puede ser usada como una tercera instancia en la que se reabra un debate suscitado ante los jueces ordinarios, de ah\u00ed que la reclamaci\u00f3n de los impugnantes en punto a que se efectu\u00e9 una nueva valoraci\u00f3n probatoria en sede constitucional sea inaceptable. <\/p>\n
Finalmente, frente a la solicitud para que se acojan los precedentes C-700 de 2010, Expediente 1532 de 3 de octubre de 2003 y 2004-01099-02 de 10 de julio de 2014, del Consejo de Estado, debe decirse que la existencia de decisiones anteriores contrarias, basadas en supuestos aparentemente similares, no es argumento a considerar para fincar en \u00e9l la supuesta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental a la igualdad, ni para apoyar un presunto defecto sustancial, porque en estos casos, las diversas reflexiones posibles que conducen a tomar la decisi\u00f3n judicial, pueden provenir de elementos objetivos que emanan de circunstancias distintas, o que, de suyo, por la facultad relativa de interpretaci\u00f3n de que est\u00e1 revestido el juez, permiten un trato y una conclusi\u00f3n diferente, bien sea por exigirlo as\u00ed una nueva interpretaci\u00f3n, o por imponerlo la necesidad de correcci\u00f3n, sin que tal ejercicio pueda ser calificado como trasgresor del derecho a la igualdad. <\/p>\n
Entonces, comoquiera que la directriz controvertida no alberga anomal\u00eda susceptible de ser enmendada por este sendero, se ratificar\u00e1 lo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC15709-2022 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC15709-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-01929-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). ANTECEDENTES 1.- El convocante pidi\u00f3, en suma, se ordene […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-69032","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69032","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69032"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69032\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69032"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69032"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69032"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}