STC15713-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC15713-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2022-01417-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Jos\u00e9 Iv\u00e1n Rivas Guti\u00e9rrez contra la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial y la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina del Valle del Cauca, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso disciplinario con radicado N\u00b0 76001110200020160075000. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas en el asunto referido. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que por la queja presentada por la se\u00f1ora Luz Adriana Cardona Aguirre, quien afirm\u00f3 que \u00abrecibi\u00f3 una suma inferior a lo que realmente le correspond\u00eda, luego de tramitar en su favor el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes con ocasi\u00f3n del fallecimiento del se\u00f1or FABIO IVAN OCAMPO RAMIREZ\u00bb, se inici\u00f3 en su contra juicio disciplinario, del que conoci\u00f3 en primer grado, la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca, autoridad que en sentencia de 20 de noviembre de 2020, lo sancion\u00f3 con la exclusi\u00f3n del ejercicio profesional de la abogac\u00eda, adem\u00e1s de imponerle una multa. <\/p>\n
Explic\u00f3 que apel\u00f3 esa decisi\u00f3n, y la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial la confirm\u00f3 el 24 de agosto de 2022, providencia en la que, en su criterio, incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho por defecto f\u00e1ctico, puesto que valor\u00f3 irregularmente las pruebas acerca de su imposibilidad de acudir oportunamente al proceso a ejercer su defensa t\u00e9cnica, lo que desencaden\u00f3 que el abogado de oficio que le fue designado, tuviera que preparar el caso con muy poco tiempo, \u00ablo cual constituye causal inequ\u00edvoca de nulidad\u00bb, que el ad quem se neg\u00f3 a declarar. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que la Comisi\u00f3n Nacional accionada desconoci\u00f3, adem\u00e1s, que \u00abaunque la falta disciplinaria haya existido, el mecanismo probatorio est\u00e1 viciado de nulidad\u00bb, pues lo cierto es que no tuvo la oportunidad para controvertir el mismo, ni ejercer en debida forma su contradicci\u00f3n. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, tampoco ning\u00fan medio de convicci\u00f3n \u00abda fe\u00bb de la apropiaci\u00f3n pecuniaria de la que fue acusado. <\/p>\n
2. Conforme a lo anterior, solicit\u00f3 que se invalide todo lo actuado en el mencionado proceso, a partir de la \u00abaudiencia de juzgamiento\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en proceso mencionado. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial se opuso al amparo, y afirm\u00f3 que no incurri\u00f3 en la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales de que se le acusa, y \u00abel accionante a trav\u00e9s de esta v\u00eda constitucional, pretende que el Juez de tutela, deje sin efecto la sanci\u00f3n que le fue impuesta al disciplinable aqu\u00ed accionante en el proceso disciplinario Rad. No.76001-11-02-000-2016-00750-02, en el cual se logr\u00f3 acreditar la incursi\u00f3n del abogado en la falta disciplinaria que le fue imputada en el pliego de cargos, pues ante la gravedad de la misma, el operador disciplinario, le impuso la m\u00e1xima de las sanciones, consagradas en los art\u00edculos 40 y sgts de la Ley 1123 de 2007, con sujeci\u00f3n a los criterios fijados para su graduaci\u00f3n consagrados en el art\u00edculo 45 del mismo Estatuto Disciplinario\u00bb, a lo que agreg\u00f3, que \u00abla falta sobre la cual se declar\u00f3 la responsabilidad disciplinaria del abogado investigado se encuentra tipificada en el numeral 4 del art\u00edculo 35 de la Ley 1123 de 2007, la cual fue imputada en la modalidad dolosa, seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 21 ibidem\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que lo que se valor\u00f3 fueron las normas jur\u00eddicas aplicables a la materia, concatenadas con los medios de convicci\u00f3n recaudados, lo que llev\u00f3 al convencimiento a la Comisi\u00f3n de la culpabilidad del disciplinado. <\/p>\n
2. La Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca pidi\u00f3 declarar improcedente el amparo, por no ajustarse a los requisitos generales y espec\u00edficos de procedibilidad de la acci\u00f3n constitucional, porque su alegaci\u00f3n debi\u00f3 efectuarse en el tr\u00e1mite disciplinario. <\/p>\n
3. Al momento de presentar el proyecto de sentencia, no se hab\u00edan recibido otros pronunciamientos de los involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, revisada la sentencia de 24 de agosto de 2022, mediante la cual la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial confirm\u00f3 las sanciones impuestas al aqu\u00ed accionante por la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca el 20 de noviembre de 2020, y con esa decisi\u00f3n puso fin a la controversia aqu\u00ed planteada, se establece el fracaso de la protecci\u00f3n invocada, pues no se observa irregularidad que permita la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, en la referida decisi\u00f3n, la Comisi\u00f3n Nacional accionada comenz\u00f3 por relatar los antecedentes del asunto y lo decidido en primera instancia, en la que se dispuso sancionar a Jos\u00e9 Iv\u00e1n Rivas Guti\u00e9rrez con la exclusi\u00f3n del ejercicio de la profesi\u00f3n y multa de cincuenta y cinco (55) SMLMV, al encontrar que hab\u00eda vulnerado el deber establecido \u00aben el numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 28 de la Ley 1123 de 2007, y la incursi\u00f3n en la falta disciplinaria contenida en el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 35 ibidem, a t\u00edtulo de dolo\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, resalt\u00f3 que la apelaci\u00f3n contra la anterior decisi\u00f3n se apoy\u00f3, en s\u00edntesis, en los defectos f\u00e1cticos de la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial, pues, seg\u00fan expuso el sancionado, la indebida valoraci\u00f3n de las pruebas la llev\u00f3 a determinar su responsabilidad disciplinaria, y, adem\u00e1s solicit\u00f3 la nulidad de todo lo actuado desde el auto admisorio de la demanda, porque se viol\u00f3 su derecho a la defensa. <\/p>\n
Frente a tal reproche, la Corporaci\u00f3n accionada advirti\u00f3 su fracaso porque, de la revisi\u00f3n de los elementos probatorios allegados y apreciados por el fallador de primer grado, se conclu\u00eda la comisi\u00f3n de la falta criticada, ya que tanto la declaraci\u00f3n -versi\u00f3n libre- rendida por el disciplinado, como las afirmaciones de Luz Adriana Cardona Aguirre y la prueba documental aportada, daban cuenta que Rivas Guti\u00e9rrez se apropi\u00f3 de una suma de dinero que no le correspond\u00eda ($50\u2019462.231 aproximadamente), la cual se gener\u00f3 como resultado de los procesos ordinario y ejecutivo laborales que adelant\u00f3, en representaci\u00f3n de la quejosa. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el accionante acept\u00f3 la apropiaci\u00f3n y justific\u00f3 la misma, en el supuesto cumplimiento que pretendi\u00f3 darle a la orden del juez de la causa ordinaria, que neg\u00f3 el reconocimiento de los intereses moratorios a la all\u00ed demandante respecto de la pensi\u00f3n de sobrevivientes que solicit\u00f3, situaci\u00f3n que de tajo descart\u00f3, pues era evidente cu\u00e1l fue el porcentaje pactado por los contratantes (40%) que le correspond\u00eda al abogado por concepto de honorarios en los mencionados procesos, por lo que realizando las respetivas operaciones aritm\u00e9ticas, f\u00e1cil era establecer cu\u00e1nto le correspond\u00eda a la poderdante, quien, en efecto, result\u00f3 defraudada en m\u00e1s de 50 millones de pesos. <\/p>\n
Adem\u00e1s, y en relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de nulidad tambi\u00e9n pedida por el sancionado, advirti\u00f3 la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial que ninguna irregularidad observ\u00f3, en la medida que \u00abeste acudi\u00f3 a la totalidad de cesiones de audiencia de pruebas y calificaci\u00f3n provisional (1 de diciembre de 2016, 30 de mayo, 29 de junio, 28 de septiembre de 2017, 18 de abril de 2018) y la reanudaci\u00f3n de la audiencia que se realiz\u00f3, con posterioridad a la declaratoria de nulidad decretada por la Sala Superior\u00bb, en suma, que una vez proferida la nueva imputaci\u00f3n de cargos, el profesional del derecho pudo ejercer su defensa de manera libre, pues adem\u00e1s de haber rendido nuevamente versi\u00f3n libre, pidi\u00f3 el decret\u00f3 de diferentes pruebas que en efecto fueron practicadas. <\/p>\n
En cuanto a la incapacidad m\u00e9dica que aleg\u00f3 inobservada el disciplinable, se\u00f1al\u00f3 \u00abla Sala no desconoce que en el decurso del proceso el disciplinable pudo tener algunos quebrantos de salud, dicha eventualidad per se no puede convertirse en excusa para que el togado desatendiera el proceso, porque bien pudo acudir a un abogado defensor de confianza, que le generara mayor confianza en sus anhelos defensivos, pero en todo insiste la Sala, que la garant\u00eda del debido proceso se cumpli\u00f3 a cabalidad con la participaci\u00f3n efectuada por el abogado defensor de oficio\u00bb. <\/p>\n
Con todo, determin\u00f3 que contrario a lo alegado por el aqu\u00ed accionante, quien adujo no haber procedido con dolo, lo cierto es que aqu\u00e9l actu\u00f3 con el conocimiento y la voluntad para ejecutar la conducta imputada, pues, <\/p>\n
\u00abadem\u00e1s de conocer y entender como jurista los t\u00e9rminos pactados en el contrato de prestaci\u00f3n de servicios, y haber obtenido un valor superior en el tr\u00e1mite del proceso ejecutivo, lo cual acept\u00f3, aqu\u00e9l opt\u00f3 por delimitar el pago a su cliente en virtud a los lineamientos de la sentencia de segunda instancia y no como correspond\u00eda tasarlos de conformidad con el valor que fue depositado en su cuenta, producto de ese [litigio], vulnerando con ello el deber previsto en el numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 28 ibidem\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, concluy\u00f3 la Comisi\u00f3n Nacional accionada, que estaba acreditado que el investigado no fue trasparente, honesto y leal con su cliente, raz\u00f3n por la cual, resultaba acreedor de las sanciones impuestas por el a quo, las cuales confirm\u00f3. <\/p>\n
Por tanto, este amparo no puede abrirse paso por la diferencia de criterio que pudiera tener el solicitante con la argumentaci\u00f3n expuesta, pues esa circunstancia no permite predicar arbitrariedad, como lo ha advertido esta Sala en m\u00faltiples oportunidades (CSJ. STC825-2020, reiterada en STC12510-2022, entre otras). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la Sala ha reiterado en m\u00faltiples oportunidades, que en el punto donde m\u00e1s se demuestra la autonom\u00eda e independencia del Juez, es en la apreciaci\u00f3n del material probatorio, actividad que se fundamenta en el principio de la sana cr\u00edtica, a\u00fan m\u00e1s, cuando dicha valoraci\u00f3n est\u00e1 lejos de ser caprichosa o injusta. (CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; reiterada en STC de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01, STC8884-2020, STC 2462-2021, STC859-2022, STC2622-2022 y STC12510-2022, entre muchas). <\/p>\n
4. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve Negar la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Iv\u00e1n Rivas Guti\u00e9rrez contra la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial y la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina del Valle del Cauca. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC15713-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC15713-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2022-01417-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Jos\u00e9 Iv\u00e1n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-69036","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69036","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69036"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69036\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69036"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69036"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69036"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}