STC15714-2022<\/p>\n
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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15714-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2022-02199-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
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Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n que promovi\u00f3 Jairo Fernando Vargas Cruz contra el fallo de 19 de octubre de 2022, dictado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela que Miguel Cano Mart\u00ednez instaur\u00f3 contra la Superintendencia de Sociedades \u2013 Direcci\u00f3n de Intervenci\u00f3n Judicial, extensiva a los dem\u00e1s interesados en el proceso de intervenci\u00f3n con radicado N\u00b0 69309. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El libelista pretende a trav\u00e9s del presente mecanismo se ordene al Juez aludido \u00abDECRET[AR] LA LIQUIDACI\u00d3N JUDICIAL COMO MEDIDA DE INTERVENCI\u00d3N\u00bb en el citado litigio. <\/p>\n
En sustento de lo anterior, adujo que tiene la calidad de v\u00edctima en el juicio objeto de escrutinio que se sigue respecto de Minerg\u00e9ticos S.A., en el que pese a que, por una parte, ya cancelaron las acreencias reconocidas, y por la otra, han trascurrido 70 meses desde su comienzo y que en sus inicios, inclusive, el primer interventor y dem\u00e1s interesados abogaron por la liquidaci\u00f3n judicial de la citada sociedad, entre otras, para lograr el pago de las deudas que fueron excluidas del mentado tr\u00e1mite, la Superintendencia convocada es renuente en decretar tal medida y no ha dado alcance a la \u00faltima de las peticiones que elev\u00f3 en ese sentido; el actor advierte que la anterior circunstancia ha impedido el recaudo de $112.000.000,oo que no se tuvieron en cuenta en la proceso, junto con los US $800.000,oo que prest\u00f3 en nombre propio y a trav\u00e9s de un persona jur\u00eddica. <\/p>\n
2. La Directora de Intervenci\u00f3n Judicial de la Superintendencia de Sociedades precis\u00f3 que el concurso criticado \u00abse encuentra a\u00fan en tr\u00e1mite, no habi\u00e9ndose agotado en su totalidad las etapas contempladas en las normas que regulan el proceso y que son necesarias para decretar la terminaci\u00f3n de la medida de intervenci\u00f3n judicial y evaluar la pertinencia de adoptar otras medidas de intervenci\u00f3n judicial\u00bb; agreg\u00f3 que el actor solo elev\u00f3 una solicitud relacionada con dar impulso procesal al juicio; sin embargo, en relaci\u00f3n a peticiones con la tan anhelada liquidaci\u00f3n judicial, en prove\u00eddo del 10 de octubre pasado, se pronunci\u00f3 negativamente; el Procurador Judicial para Asuntos Civil, puntualiz\u00f3 que ha insistido en la celeridad que se le deba dar al tr\u00e1mite de este tipo de asunto. <\/p>\n
Rudy Estela Camacho Gonz\u00e1lez, Hern\u00e1n Arturo Barrera quienes adujeron representar los derechos \u00abdel se\u00f1or Romero Murcia\u00bb y de Luis Fernando Meza Rey, respectivamente, y Jairo Fernando Vargas Cruz, aunque en escritos separados, coadyuvaron la salvaguarda reclamada, cada uno relatando el incumplimiento econ\u00f3mico que padecieron por cuenta de la sociedad intervenida. <\/p>\n
3. El a quo neg\u00f3 el resguardo por carencia actual de objeto, en cuanto refiere a la solicitud elevada por el actor, comoquiera que la autoridad convocada el 10 de octubre pasado se pronunci\u00f3 sobre la particular tem\u00e1tica; agreg\u00f3 que el tr\u00e1mite impartido al juicio criticado \u00ab(\u2026) no se subsume en mora judicial injustificada, pues es el tr\u00e1mite propio de la indicada liquidaci\u00f3n, el que no ha permitido llegar al punto procesal que reclama el accionante (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. El coadyuvante Jairo Fernando Vargas Cruz impugn\u00f3 la anterior decisi\u00f3n, para lo cual se\u00f1al\u00f3 que en el marco del juicio concursal no fueron tenidas en cuenta las sentencias judiciales que reconoc\u00edan el pago de acreencias labores a cargo de la sociedad intervenida, as\u00ed como tampoco los dineros que prest\u00f3, circunstancias que ocasionaron junto a su esposa que tiene una discapacidad permanente, un detrimento en su salud y en la econom\u00eda familiar. <\/p>\n
De otra parte, indic\u00f3 que el a quo nada dijo respecto de la prevalencia del inter\u00e9s general sobre el particular, en la medida que se contin\u00faa dicho juicio con unos cuantos, y se neg\u00f3 la vinculaci\u00f3n de la DIAN y la Agencia Nacional de Miner\u00eda ANM, sin contar, adem\u00e1s, que por las irregularidades evidenciadas se vio avocado a denunciar penal y disciplinariamente a los funcionarios que han conocido del asunto, as\u00ed como tambi\u00e9n de acciones constitucionales relacionadas. <\/p>\n
Circunscrita la Corte a la impugnaci\u00f3n formulada, se anticipa que la decisi\u00f3n impugnada ser\u00e1 ratificada, pero por razones diferentes a las expuestas en la decisi\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n
En primer lugar, en relaci\u00f3n a las alegaciones efectuadas por Jairo Fernando Vargas Cruz, con las que adujo coadyuvar la petici\u00f3n de amparo e impugnar la determinaci\u00f3n de primer grado, se advierte que el ordenamiento jur\u00eddico no lo faculta para modificar las pretensiones de la tutela y, en esa medida, la Corte no est\u00e1 compelida a pronunciarse sobre las reclamaciones que efectu\u00f3, las cuales se fundamentan en cuestiones que no fueron planteadas en la demanda de tutela g\u00e9nesis de este asunto. <\/p>\n
Al respecto, en punto a las peticiones presentadas por los terceros intervinientes a trav\u00e9s de la figura de coadyuvancia, la Sala dej\u00f3 dicho que: <\/p>\n
\u2026frente a los reproches de la coadyuvante\u2026 los mismos no pueden ser estudiados por la Corte, puesto que, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, su intervenci\u00f3n en esta especie de tr\u00e1mite excepcional bajo la figura procesal de la coadyuvancia, implica el respaldo de las razones que sustentan el reclamo, m\u00e1s no una oportunidad para promover sus propias pretensiones. As\u00ed lo precis\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia T-269 de 2012, al se\u00f1alar lo siguiente: <\/p>\n
\u00abPrecisamente en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela, reglamentado en el Decreto 2591 de 1991, se prev\u00e9 que los terceros con inter\u00e9s leg\u00edtimo pueden intervenir en el proceso de tutela actuando como coadyuvantes. Tal como se se\u00f1al\u00f3 anteriormente, el art\u00edculo 13 del Decreto 2591 dispone que \u201cquien tuviere un inter\u00e9s leg\u00edtimo en el resultado del proceso podr\u00e1 intervenir en \u00e9l como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad p\u00fablica contra quien se hubiere hecho la solicitud\u201d. <\/p>\n
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Esto implica, en principio, que con independencia de la categor\u00eda particular dentro de la que pudieran ubicarse en raz\u00f3n de su inter\u00e9s en el proceso y del nombre que se les asigne dentro de los procesos ordinarios, en la acci\u00f3n de tutela los terceros se involucran en el proceso porque sus resultados pueden afectarlos, pero lo hacen apoyando las razones presentadas, bien por el actor o por la persona o autoridad demandadas, y no promoviendo sus propias pretensiones. <\/p>\n
En el tr\u00e1mite de las acciones de tutela esta delimitaci\u00f3n del papel de los terceros debe armonizarse con el principio de informalidad y de prevalencia de lo sustancial que rigen el proceso. Es por esto que una persona que no solicit\u00f3 el amparo y que luego es vinculada a su tr\u00e1mite, bien por solicitud de las partes o por decisi\u00f3n oficiosa del juez, puede advertir que su inter\u00e9s no se reduce al resultado del proceso, sino que tambi\u00e9n es titular de los derechos que se ven vulnerados o amenazados en el caso concreto. Esto ocurre en virtud de los mismos hechos m\u00e1s o menos delimitados desde la instauraci\u00f3n de la tutela, y porque es la misma persona o autoridad p\u00fablica accionada quien con su conducta ha generado esta situaci\u00f3n presentada al juez de tutela. <\/p>\n
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En estos casos, el juez de tutela est\u00e1 facultado para involucrar a esta persona, pero para que pueda actuar a favor de sus propias pretensiones, la convierte en una verdadera parte dentro del proceso, dejando as\u00ed de ser un tercero coadyuvante. Es por ello que en la sentencia puede pronunciarse sobre los derechos afectados de quien promovi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y de otros vinculados al mismo proceso en calidad de partes del mismo. A\u00fan m\u00e1s, como excepci\u00f3n al efecto inter partes de la tutela, en sede de revisi\u00f3n puede la Corte Constitucional establecer que el fallo tiene efectos inter comunis pues no solo se ven afectados quienes instauraron la acci\u00f3n, sino todos aquellos que se encuentren en condiciones objetivas similares de vulneraci\u00f3n de los derechos. Esto ocurre en las situaciones en las que adoptar un fallo solo respecto del accionante termina atentando contra el derecho a la igualdad de otras personas, y contra el goce efectivo de los derechos de la comunidad. <\/p>\n
Sin embargo, en la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales los par\u00e1metros para estudiar la intervenci\u00f3n de los terceros son mucho m\u00e1s estrictos. En primer lugar, siguiendo el concepto general del tercero coadyuvante, quienes tienen un inter\u00e9s leg\u00edtimo en los resultados del proceso pueden coadyuvar la solicitud del actor o de la persona o autoridad p\u00fablica contra quien se hubiera hecho la solicitud, pero no est\u00e1n facultados para solicitar la protecci\u00f3n de sus propios derechos, mucho menos en detrimento de los derechos de quien solicit\u00f3 el amparo, pues es la solicitud de este \u00faltimo la que le da la unidad al proceso de tutela. Pero, adicionalmente, si una persona considera que una providencia judicial desconoce sus derechos fundamentales, lo pertinente es que promueva una acci\u00f3n de tutela diferente y no que presente en el tr\u00e1mite de amparo de los derechos fundamentales ajenos las razones de su inconformidad\u00bb (Resalto de la Sala) (ver en el mismo sentido, entre otras, C.C. T-1062\/10 y T-349\/12) (CSJ, STC15602-2018, 28 nov., rad. 2018-00545; reiterado en STC6292-2021). <\/p>\n
En segundo lugar y sentado lo anterior, no se advierten motivos que justifiquen la concesi\u00f3n del amparo por la mora endilgada, como quiera que no se evidencia conducta desidiosa e injustificada del Juez concursal accionado y existen razones objetivas en sus conductas, respecto de la tramitaci\u00f3n del proceso de intervenci\u00f3n objeto de revisi\u00f3n. <\/p>\n
Esta instituci\u00f3n no fue creada para controvertir la actividad desplegada por la administraci\u00f3n de justicia, salvo cuando se configure un defecto que afecte las garant\u00edas superiores del interesado y trat\u00e1ndose de la mora judicial, la arbitrariedad se estructura cuando el fallador no decide los asuntos sometidos a su composici\u00f3n, dentro del plazo establecido en la ley y sin justificaci\u00f3n alguna. <\/p>\n
En concreto, la Corte ha puntualizado que las situaciones en las que es procedente el resguardo constitucional por dicha circunstancia son \u00ab(\u2026) las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (STC11379-2022, entre otras). <\/p>\n
Revisado el paginario cuestionado pudo constatarse que si bien la intervenci\u00f3n mediante toma de posesi\u00f3n de la sociedad Minerg\u00e9ticos S.A. tuvo su g\u00e9nesis el 6 de diciembre de 2016, lo cierto es que desde aquella data hasta la radicaci\u00f3n de la salvaguarda se denota que se han desarrollado las etapas contempladas en el Decreto 4334 de 2008 conforme las circunstancias procesales lo han permitido, pues se advierte que en el interregno se formularon un sin numero de peticiones y recursos que la autoridad convocada ha desatado al punto que, no solo, mediante prove\u00eddo de 3 de febrero de la presente anualidad cobr\u00f3 firmeza el auto que adjudic\u00f3 los bienes a los distintos acreedores, sino que, el 10 de octubre de los corrientes, se pronunci\u00f3 nuevamente respecto de reconocimiento de deudas, adjudicaciones y la terminaci\u00f3n de la controversia. <\/p>\n
Ahora en el informe que se alleg\u00f3 en el presente asunto, bajo la gravedad de juramento (art. 19 del Decreto 2591 de 1991), el Juez concursal indic\u00f3 que si bien la decisi\u00f3n que resolvi\u00f3 sobre la adjudicaci\u00f3n qued\u00f3 ejecutoriada, lo cierto es que de conformidad con las normas que rigen la materia, previo a analizar la viabilidad de adoptar otras medidas de intervenci\u00f3n, como la liquidaci\u00f3n judicial, \u00abse hace necesario concluir las etapas de la medida de toma de posesi\u00f3n, como la adjudicaci\u00f3n de bienes (materializaci\u00f3n de la adjudicaci\u00f3n), rendici\u00f3n final de cuentas por parte del interventor y terminaci\u00f3n del proceso\u00bb, y en tal orden, advirti\u00f3 que \u00abverificado el expediente se pudo apreciar que no todas las adjudicaciones se encuentran registradas debiendo[se](\u2026) librar los oficios correspondientes tendientes al registro de las adjudicaciones, por lo que, actualmente se encuentra materializ\u00e1ndose la etapa de la adjudicaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
F\u00edjese, entonces, que no se evidencia una actitud desidiosa o una tardanza injustificada por parte de la Superintendencia en el tr\u00e1mite del proceso concursal, pues como esta Sala lo tiene decantado, no es cualquier retardo el que habilita la injerencia constitucional, sino aquel que en realidad deriva en una lesi\u00f3n ius fundamental acreditada. En ese orden, como en este caso concreto no se demostr\u00f3 -ni se infiere\u001f- la forma en la que se pudieron haber lesionados los derechos del censor, no queda alternativa distinta a desestimar el auxilio en lo que a ello respecta. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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