STC15716-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC15716-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-01741-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 6 de septiembre de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Javier Alexander G\u00f3mez Rivera le instaur\u00f3 a la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2017-00150-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al \u00abdebido proceso, defensa y contradicci\u00f3n\u00bb, para que se ordenara a la Magistratura acusada \u00abDejar sin efectos la sentencia SL1971-2022 (\u2026) de fecha 07 de junio de 2022\u00bb y, en consecuencia, \u00abprofiera una nueva sentencia dentro del proceso de la referencia con estricto apego a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la normatividad laboral vigente y la jurisprudencia laboral que regula el caso y el precedente jurisprudencial que en forma reiterada tiene sentada la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y que ha constituido precedente jurisprudencial, en relaci\u00f3n con la aplicaci\u00f3n de la condena por concepto de indemnizaci\u00f3n moratoria del art\u00edculo 65 del C. S. T. y de la sanci\u00f3n consagrada en el numeral 3 del art\u00edculo 99 de la Ley 50 de 1990, precedente que fue abiertamente desconocido por la Sala accionada\u00bb. <\/p>\n
En compendio adujo que el Juzgado Laboral del Circuito de Zipaquir\u00e1, en el juicio ordinario laboral que promovi\u00f3 contra Alpina Productos Alimenticios S.A para que \u00abse declarara que el despido (\u2026) lo fue sin justa causa comprobada y en consecuencia se condenara [a] reintegrar[lo], en raz\u00f3n al fuero circunstancial de que gozaba al momento del despido y\/o subsidiariamente, reconocer y pagar en [su] favor la indemnizaci\u00f3n consagrada en la convenci\u00f3n colectiva de trabajo vigente para la \u00e9poca del despido; [entre otros]\u00bb (rad. 2017-00150), dict\u00f3 sentencia \u00ab[orden\u00e1ndole] a la demandada a pagar en [su] favor conceptos de reliquidaci\u00f3n de cesant\u00edas, intereses a las cesant\u00edas, primas de servicios durante los a\u00f1os 2011 a 2016 [y] absolvi\u00f3 de las dem\u00e1s s\u00faplicas de la demanda\u00bb (11 jul. 2018). <\/p>\n
Ambos extremos apelaron esa resoluci\u00f3n y el ad quem \u00abREVOC\u00d3 el numeral 4\u00b0 de la sentencia de primera instancia para condenar a la demandada a paga[le] la indexaci\u00f3n de las condenas y confirm\u00f3 en lo dem\u00e1s la sentencia proferida por el Juzgado de primera instancia\u00bb (13 feb. 2019), decisi\u00f3n frente a la cual interpuso \u00abrecurso de casaci\u00f3n\u00bb, empero la Colegiatura accionada no la quebr\u00f3 (SL1971-2022, 7 jun.), por lo que incurri\u00f3 en v\u00edas de hecho por \u00abdefecto f\u00e1ctico\u00bb y \u00abdesconocimiento del precedente\u00bb, que sustent\u00f3 as\u00ed: <\/p>\n
a)- \u00abDefecto f\u00e1ctico\u00bb porque: <\/p>\n
(i) \u00ab[A]l encontrar acreditado que [\u00e9l] ten\u00eda conocimiento del enga\u00f1o, situaci\u00f3n que, de las pruebas arrimadas al plenario no existe certeza del conocimiento que se dice [\u00e9l] tuv[o] en relaci\u00f3n con el enga\u00f1o y encontrar acreditado [su] actuar como contrario a los principios de buena fe y fidelidad de que tratan los art\u00edculos 55 y 56 del C. S. T.\u00bb, por lo que, \u00ab[pas\u00f3] por alto que dichos principios no se enmarcan dentro de las justas causas consagradas en la norma sustantiva\u00bb; <\/p>\n
(ii) En relaci\u00f3n con las causas invocadas como \u00abjustas para terminar el contrato de trabajo\u00bb, indic\u00f3 que \u00abNo pod\u00eda la accionada, como lo hizo, simplemente calificar que no se equivoc\u00f3 el Ad quem al calificar de buena fe el actuar de la empleadora, soportado en la libre formaci\u00f3n de convencimiento del juez de apelaciones, cuando era su deber verificar si en efecto, de las pruebas obrantes en el proceso, encontraba a modo de justificaci\u00f3n un eximente para, por el contrario, haber encontrado acreditada la mala fe, si[n] que motivara en debida forma su decisi\u00f3n\u00bb; y, <\/p>\n
(iii) \u00abNo existe en el plenario una sola prueba a trav\u00e9s de la cual la demandada pudiera demostrar, como era su deber hacerlo, que no hab\u00eda actuado de mala fe, no existi\u00f3 pacto de desalarizaci\u00f3n como lo precept\u00faa el art\u00edculo 128 del C. S. T., para al menos, a partir de ello tener el convencimiento que por esa raz\u00f3n entendi\u00f3 que la bonificaci\u00f3n por mera liberalidad no ten\u00eda incidencia salarial, como lo interpret\u00f3 el Tribunal y as\u00ed lo acept\u00f3 la accionada\u00bb. <\/p>\n
b)- \u00abDesconocimiento del precedente\u00bb, ya que, desatendi\u00f3 que \u00abla Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia [ha] adoctrinado en forma reiterada respecto de la procedencia o no de la indemnizaci\u00f3n del art\u00edculo 65 del C.S.T. y de la sanci\u00f3n del art\u00edculo 99 de la Ley 50 de 1990\u00bb, dado que \u00aben forma somera, sin revisar, siendo su deber hacerlo, conforme la jurisprudencia por ella citada, si el actuar de la demandada en cuanto al reconocimiento y pago de los denominados conceptos de bonificaci\u00f3n por mera liberalidad y vi\u00e1ticos, que fueron reconocidos, tanto en primera, como en segunda instancia como factor salarial y condenar a la reliquidaci\u00f3n de mis prestaciones sociales, debi\u00f3 la accionada si la conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 el Ad quem se encontraba ajustada o no al referido precedente jurisprudencial, verificar si, como lo indic\u00f3 el juez de apelaciones, el actuar de la demandada estuvo revestido de buena fe\u00bb; por el contrario, concluy\u00f3 \u00aben contra del precedente jurisprudencial adoptado mayoritariamente por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral y por esa misma sala de descongesti\u00f3n, que el actuar de la demandada estuvo revestido de buena fe, para en su lugar absolver de las referidas sanciones e indemnizaciones, vulnerando con ello [su] debido proceso\u00bb. <\/p>\n
Por lo tanto, afirm\u00f3 que no se tuvo en cuenta, la SL991-2022 del 23 de marzo de 2022 de la Sala de Descongesti\u00f3n No. 3, en la que se zanj\u00f3 \u00abun caso similar al que nos ocupa, en contra de la misma demandada, referente a la retribuci\u00f3n de reemplazos al trabajador\u00bb, de ah\u00ed que, en su criterio \u00abresulta evidente el quebranto en que incurri\u00f3 la accionada a [su] debido proceso y absoluto desconocimiento del precedente jurisprudencial, al menos en lo atinente a las condenas por concepto de indemnizaci\u00f3n moratoria y sanci\u00f3n por no consignar en forma completa el auxilio de cesant\u00edas en un fondo\u00bb. <\/p>\n
De igual modo, frente al \u00abprecedente jurisprudencial aplicado en otros casos\u00bb e ignorando el suyo, en torno a \u00ablas sanciones moratorias\u00bb, cit\u00f3 la SL2411-2022, 28 jun., SL1844-2022, 24 may, y SL2720-2022, 2 ag. <\/p>\n
2.- La Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 4 dijo atenerse a la providencia combatida y resalt\u00f3 que \u00ab(\u2026) las sentencias CSJ SL13064-2016, y CSJ SL964-2014, en las que esta Sala de la Corte sostuvo que para atacar la buena o mala fe se debe encausar por la v\u00eda indirecta, lo que no fue as\u00ed, ya que el ataque se formul\u00f3 por la directa, adem\u00e1s, desde la parte jur\u00eddica se dijo que el Tribunal no cometi\u00f3 ninguna equivocaci\u00f3n, pues no exoner\u00f3 a la pasiva de las moratorias en forma autom\u00e1tica, sino que tal determinaci\u00f3n obedeci\u00f3 a un estudio de las pruebas allegadas al plenario\u00bb; m\u00e1xime, cuando \u00ablas sentencias de la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral, no son precedente para [ellos] conforme lo estipul\u00f3 la Ley 1781 de 2016 en el par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo segundo, as\u00ed mismo se consagr\u00f3 en el Acuerdo n.\u00ba 48 del reglamento de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia en su art\u00edculo 26\u00bb. <\/p>\n
La Secretar\u00eda de la Sala Laboral del Tribunal de Cundinamarca anex\u00f3 copia digital de las determinaciones m\u00e1s relevantes del expediente objetado. <\/p>\n
El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Zipaquir\u00e1 defendi\u00f3 la legalidad de su proceder. <\/p>\n
Alpina Productos Alimenticios S.A. se opuso al resguardo, en tanto, (i) La presente \u00abacci\u00f3n de tutela no tiene relevancia constitucional\u00bb; (ii) No se cumpli\u00f3 con el requisito de la inmediatez; (iii) No se identificaron debidamente los yerros de la Sala confutada que originan este rito; (iv) No se ha vulnerado o puesto en peligro atributo alguno del tutelante; (v) Las pretensiones desbordan el \u00e1mbito de la \u00abtutela\u00bb, al aspirar convertir esta v\u00eda sumaria en una tercera instancia; y, (vi) No se acredit\u00f3 un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal desestim\u00f3 el ruego, tras hallar razonable el veredicto controvertido, en tanto, es \u00abajustado a derecho, [y] tiene soporte en las disposiciones legales pertinentes y la jurisprudencia aplicable. El contraste de ese marco jur\u00eddico con el caso concreto permite a la Sala alcanzar la misma conclusi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4.- Impugn\u00f3 el gestor, con argumentos similares a los inaugurales y, resalt\u00f3 que \u00ab(\u2026) es de tal magnitud el yerro de la accionada que en relaci\u00f3n con el tema objeto de despido del trabajador, calific\u00f3 mi actuar como de mala fe, con apoyo de lo consagrado en los art\u00edculos 55 y 56 del C. S. T. invocando el deber de actuar de buena fe con que deben ejecutarse los contratos de trabajo, pero, extra\u00f1amente, calific\u00f3 como de buena fe el actuar de Alpina que durante m\u00e1s de cinco (5) a\u00f1os vulner\u00f3 mis derechos laborales, disfraz\u00f3 los pagos de reemplazos y vi\u00e1ticos a trav\u00e9s de pol\u00edticas internas, no aport\u00f3 razones v\u00e1lidas para desconocer la naturaleza salarial de los mismos (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que el a quo \u00ab[s]e equivoc\u00f3 (\u2026) al resolver la presente acci\u00f3n al desconocer la abundante cita jurisprudencial relacionada en el escrito de tutela, en especial lo expuesto en sentencia SL991-2022 al resolver un caso en similares condiciones al [suyo] en el que se debati\u00f3 la procedencia de las sanciones deprecadas a trav\u00e9s de pagos bajo el denominado concepto \u201cBonificaci\u00f3n mera liberalidad\u201d (\u2026)\u00bb; adem\u00e1s, \u00abDesconoci\u00f3 igualmente (\u2026) su propio precedente consagrado en sentencia SL2720-2022\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, que \u00abla tutela se radic\u00f3 el d\u00eda 24 de agosto pasado, fue admitida el 26 del mismo mes, por tanto, el t\u00e9rmino para dictar sentencia se cumpl\u00eda el 9 de septiembre\u00bb, no obstante, \u00abrevisado el sistema de consulta de la Rama Judicial aparece con fecha de fallo el d\u00eda 11 de octubre de 2022, es decir, 48 d\u00edas calendario despu\u00e9s de radicada y un mes despu\u00e9s de vencido el t\u00e9rmino legal para resolver la presente acci\u00f3n, de d\u00f3nde no se entiende la contradicci\u00f3n de la fecha contenida en la sentencia 6 de septiembre, es decir, con una diferencia de m\u00e1s de un mes entre una fecha y otra, y mayor asombro causa el hecho que la notificaci\u00f3n al suscrito tan s\u00f3lo se haya efectuado por medios electr\u00f3nicos el pasado 19 de octubre, casi dos meses despu\u00e9s de radicada la acci\u00f3n, vulnerando el principio de inmediatez\u00bb. <\/p>\n
1.- De la evidencia allegada, muy pronto se anuncia que la salvaguarda no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad y, por ende, la convalidaci\u00f3n del prove\u00eddo opugnado, porque la sentencia rebatida, no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento jur\u00eddico o de la realidad procesal. <\/p>\n
2.- En efecto, al escudri\u00f1ar la directriz de la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 (SL1971-2022, 7 jun.), se aprecia que realiz\u00f3 un sensato estudio de las normas que disciplinan el asunto y del haz probatorio recaudado, de lo cual reflexion\u00f3: <\/p>\n
Pues bien, seg\u00fan la carta visible a folios 32 a 34 del expediente, la empleadora despidi\u00f3 al trabajador por (i) haberla enga\u00f1ado con la presentaci\u00f3n de un documento que no correspond\u00eda a la realidad con el prop\u00f3sito de obtener un provecho indebido, en la medida en que le pag\u00f3 el auxilio de lentes cuando no ten\u00eda derecho al mismo, o por lo menos no con los soportes presentados, habida cuenta de que la f\u00f3rmula allegada no fue expedida por un profesional de la salud, hecho que conoc\u00eda el operario. Tambi\u00e9n lo responsabiliz\u00f3 de (ii) causarle intencionalmente un detrimento econ\u00f3mico a la compa\u00f1\u00eda, y le reproch\u00f3, (iii) que no le hubiera puesto en conocimiento que un compa\u00f1ero de trabajo vend\u00eda los certificados. <\/p>\n
El primer punto est\u00e1 suficientemente clarificado, y de hecho lo admiti\u00f3 parcialmente el recurrente como ya se anot\u00f3. Lo que este no acepta es que se le atribuya haber tenido conocimiento de esa irregularidad, y estar involucrado junto a otros trabajadores en ese actuar. <\/p>\n
Sin embargo, el convencimiento del Tribunal de que el demandante no desconoc\u00eda la situaci\u00f3n expuesta, fue el resultado de una sesuda valoraci\u00f3n de las pruebas recaudadas en el juicio, en franco ejercicio de la potestad legal con la que cuentan los jueces del trabajo de apreciar libremente las pruebas a la luz de los principios cient\u00edficos que informan su cr\u00edtica, conforme a lo previsto en el art\u00edculo 61 del CPTSS, sin que se advierta una apreciaci\u00f3n caprichosa de las mismas. <\/p>\n
Por el contrario, el acta de descargos no es suficiente para inferir que el actor desconociera las irregularidades presentadas, pues solo registra su versi\u00f3n de los hechos ante su empleador con ocasi\u00f3n de la investigaci\u00f3n adelantada. No se olvide, adem\u00e1s, que el interrogatorio de parte del demandante no es prueba calificada en la casaci\u00f3n del trabajo, de modo que no es posible fundar en esta pieza probatoria una acusaci\u00f3n eficaz, salvo que contenga una confesi\u00f3n, algo que evidentemente no es lo que pretende alegar el recurrente en esta ocasi\u00f3n. <\/p>\n
En todo caso, lo que ocurre es que el Tribunal le rest\u00f3 credibilidad a la manifestaci\u00f3n de G\u00f3mez Rivera relativa a que desconoc\u00eda las anomal\u00edas de los documentos presentados, luego de contrastar sus declaraciones, rendidas tanto en la diligencia de descargos como en el interrogatorio, con otras pruebas, tales como las facturas y \u00f3rdenes de ventas n.\u00b0 0323 del 2 de abril de 2014 y 0951, y el testimonio de Martha Rodr\u00edguez Campos, pues a partir de estas probanzas concluy\u00f3 que no era l\u00f3gico ni coherente, ni acompasado con las reglas de la experiencia, que el trabajador no se hubiera detenido a verificar que quien aparec\u00eda relacionada como facultativa no era la persona que lo auscult\u00f3, y decir que no sab\u00eda si Judy Jim\u00e9nez era la hermana o no de William Jim\u00e9nez. <\/p>\n
La Corte no advierte equivocado dicho raciocinio, sino que, adem\u00e1s, lo respalda, pues al adentrarse en el interrogatorio, en aras de resolver de fondo el asunto, se advierte que el demandante fue enf\u00e1tico en sostener que se acerc\u00f3 a la \u00f3ptica donde la doctora Viviana Sol\u00f3rzano fue la que le practic\u00f3 los ex\u00e1menes m\u00e9dicos, pero en el acta de descargos dijo que \u00abel examen s\u00ed lo hizo esa chica JUDY PAOLA JIM\u00c9NEZ\u00bb, evidenci\u00e1ndose de este modo otra contradicci\u00f3n. <\/p>\n
A ello se suma que en las facturas y en las \u00f3rdenes mencionadas en l\u00edneas anteriores, es Judy Jim\u00e9nez quien aparece como opt\u00f3metra, por lo que ciertamente no es l\u00f3gico que el accionante adujera que no sab\u00eda que tal aspecto, en s\u00ed mismo, anunciaba una irregularidad que ameritaba ser esclarecida, por lo menos antes de presentar la solicitud del auxilio ante la empresa. <\/p>\n
A lo anterior se agrega que, contrario a lo arg\u00fcido en el recurso, el cotejo de la versi\u00f3n rendida en los descargos del 23 de noviembre de 2016 con la provocada en la diligencia del interrogatorio de parte llevada a cabo en la audiencia del 10 de julio de 2018, s\u00ed muestra serias discordancias que no pod\u00eda pasar desapercibidas el sentenciador plural de la instancia, como en efecto no lo hizo. <\/p>\n
As\u00ed, se advierte que en el interrogatorio admiti\u00f3 que se dirigi\u00f3 a la \u00f3ptica de Judy Paola porque en la empresa hab\u00eda publicidad de ese establecimiento, y porque varios compa\u00f1eros le indicaron que ah\u00ed el precio era mejor que en Sop\u00f3 y Zipaquir\u00e1, y porque su compa\u00f1ero de trabajo \u00c1lvaro Pinz\u00f3n, le dijo que \u00ab[\u2026] en Bogot\u00e1 hab\u00eda una \u00f3ptica, daban unas gafas de muy buen material donde nos hac\u00edan los ex\u00e1menes que \u00e9l tambi\u00e9n hab\u00eda ido y eran m\u00e1s econ\u00f3micos que en cualquier otro sitio en la ciudad de Zipaquir\u00e1 [\u2026]\u00bb. Sin embargo, tal afirmaci\u00f3n no se muestra acorde con lo dicho en los descargos, cuando manifest\u00f3 que la f\u00f3rmula fue expedida en Bogot\u00e1 en la direcci\u00f3n que est\u00e1 en la factura y que \u00e9l asisti\u00f3 a la \u00f3ptica, discordancia que termina de corroborar el raciocinio del ad quem. <\/p>\n
De otro lado, pero en l\u00ednea directa con lo que se acaba de exponer, no es fundada la acusaci\u00f3n del recurrente al insistir en la inexistencia del provecho indebido, pues, al final, el empleador le pag\u00f3 el auxilio sin tener por qu\u00e9 hacerlo, ya que el trabajador no aport\u00f3 el soporte exigido por la cl\u00e1usula extralegal, con lo cual compens\u00f3, si la hizo, la supuesta erogaci\u00f3n econ\u00f3mica registrada en las cuestionadas facturas n.\u00b0 0323 y 0951. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, frente a los dem\u00e1s medios suasorios, como los testimonios recibidos, el informe del presidente de la CTNPO y la diligencia de descargos, apostill\u00f3: <\/p>\n
Continuando con las evidencias singularizadas en el cargo, observa la Sala que la declaraci\u00f3n de Martha Elizabeth Rodr\u00edguez Campos, y el informe del presidente de la CTNPO, este \u00faltimo por su car\u00e1cter testimonial al tratarse de un documento declarativo de tercero, no son pruebas h\u00e1biles en la casaci\u00f3n del trabajo, de conformidad con el art\u00edculo 7 de la Ley 16 de 1969. <\/p>\n
La diligencia de descargos adelantada a William Jim\u00e9nez tampoco le ayuda al recurrente en su prop\u00f3sito de derruir la providencia impugnada, sino que, en vez de ello, confirma las anormalidades que se presentaron a la hora de solicitar el auxilio, las cuales tampoco eran aisladas, puesto que se logr\u00f3 comprobar que aquel trabajador era quien exped\u00eda las facturas sin tener la calificaci\u00f3n, idoneidad y autorizaci\u00f3n legal para ello. <\/p>\n
En cuanto a las declaraciones del representante legal de la pasiva, estas no comportan una confesi\u00f3n que conduzca a encontrar acreditado alguno de los yerros f\u00e1cticos enumerados, pues en nada influye que el declarante haya mencionado -como lo repara la censura-, que no exist\u00edan determinados establecimientos de comercio exclusivos para el tr\u00e1mite del beneficio, o que frente al trabajador en particular hubiera una denuncia previa a trav\u00e9s de la l\u00ednea \u00e9tica sobre la supuesta comisi\u00f3n de la falta, como quiera que bastaba acreditar el accionar irregular del actor para fundar la falta atribuida, sin otros aditamentos. <\/p>\n
Adem\u00e1s, su manifestaci\u00f3n acerca de si exist\u00edan pruebas o no de la falta achacada a la terminaci\u00f3n del contrato, tampoco es determinante, pues en \u00faltimas, el empleador est\u00e1 compelido a demostrar en el juicio la justa causa esgrimida para finiquitar el v\u00ednculo laboral, carga probatoria que cumpli\u00f3 en el sub judice. <\/p>\n
Se sigue de lo anterior, ineludiblemente, el acierto de la providencia impugnada. <\/p>\n
En torno al cargo tercero invocado por la casacionista, por la v\u00eda directa, \u00aben la modalidad de aplicaci\u00f3n indebida, los art\u00edculos 65 del CST y 99 de la Ley 50 de 1990\u00bb, dijo, <\/p>\n
Tiene raz\u00f3n la opositora en el reproche de orden t\u00e9cnico que le hace al cargo, pues, en efecto, pese a que fue enderezado por la senda del derecho, la recurrente lo fund\u00f3 en que el Tribunal apreci\u00f3 con error las pruebas que lo llevaron a la convicci\u00f3n de que la bonificaci\u00f3n por mera liberalidad y los vi\u00e1ticos eran salario. El argumento as\u00ed planteado invita a la Corte necesariamente a verificar lo que qued\u00f3 demostrado en el juicio, lo que evidentemente resulta por completo impropio a la senda escogida por la censura, habida cuenta de que, si la inconformidad radica en temas f\u00e1cticos, como la buena o mala fe del empleador, el ataque debe orientarse por la v\u00eda indirecta. <\/p>\n
Seguidamente, citando jurisprudencia de esta Corte, coligi\u00f3, <\/p>\n
Sobre el punto, en la sentencia CSJ SL13064-2016, la Corte razon\u00f3 de esta manera: <\/p>\n
Por \u00faltimo, la censura controvierte la absoluci\u00f3n a la moratoria dispuesta por el tribunal de cara a las prestaciones reconocidas por la primera parte del contrato, quien se bas\u00f3 para negarla en que la enjuiciada actu\u00f3 de buena fe, convencida de que no pod\u00eda tener contrato de trabajo con el accionante, al inicio de la vinculaci\u00f3n, porque el gerente no ten\u00eda la autorizaci\u00f3n para celebrar esta clase de contratos. Para tal efecto, el recurrente alega la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del art\u00edculo 65 del CST, modificado por el art\u00edculo 29 de la Ley 789 de 2002, pero, desde esta perspectiva, no se equivoc\u00f3 el juzgador al examinar la buena o mala fe del empleador, seg\u00fan la justificaci\u00f3n que este dio y acredit\u00f3 para su proceder. Si la censura estimaba que la justificaci\u00f3n dada por la entidad no era seria, o convincente, debi\u00f3 acudir a la v\u00eda indirecta, con la denuncia de los yerros f\u00e1cticos evidentes cometidos por el tribunal, debidamente sustentada en prueba calificada; sin embargo, el recurrente no opt\u00f3 por este camino. <\/p>\n
De la mano con lo expuesto, conviene recordar que esta Corporaci\u00f3n ha adoctrinado que la buena o mala fe no depende de la prueba formal de los convenios o de la simple afirmaci\u00f3n del demandado de creer estar actuando conforme a derecho, pues, en todo caso, es indispensable la verificaci\u00f3n de otros tantos aspectos que giraron alrededor de la conducta que asumi\u00f3 en su condici\u00f3n de deudor obligado; \u00ab[\u2026] vale decir, adem\u00e1s de aquella, el fallador debe contemplar el haz probatorio para explorar dentro de \u00e9l la existencia de otros argumentos valederos, que sirvan para abstenerse de imponer la sanci\u00f3n\u00bb (CSJ SL9641-2014). \u2013Subrayado Adrede-. <\/p>\n
Con base en esos derroteros, dedujo que el Juez Plural estudi\u00f3 los elementos de convicci\u00f3n del paginario, al inferir que: <\/p>\n
(\u2026) desde lo jur\u00eddico, el Tribunal no cometi\u00f3 ninguna equivocaci\u00f3n, pues no exoner\u00f3 a la pasiva de las moratorias en forma autom\u00e1tica, sino que tal determinaci\u00f3n obedeci\u00f3 a un estudio de las pruebas allegadas al plenario, que lo llevaron a la convicci\u00f3n de que el incumplimiento patronal evidenciado no fue de mala fe. <\/p>\n
Para la Sala, las razones por las cuales el ad quem absolvi\u00f3 a la enjuiciada de las indemnizaciones del art\u00edculo 65 del CST y 99 de la Ley 50 de 1990, se fundaron en motivos razonables y, en todo caso, protegidos por la libre formaci\u00f3n del convencimiento establecida en favor del juez colegiado en el art\u00edculo 61 del CPTSS. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no emerge defecto alguno que estructure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como busca el querellante, pues la Corporaci\u00f3n reprochada emprendi\u00f3 una labor intelectiva adecuada al \u00ababordar los medios suasorios\u00bb prenotados, cuya proveimiento es el producto de un pormenorizado examen de los hechos; y al margen de que la Sala o el impulsor compartan o no tales deducciones, no es este el escenario que habilite a este a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la pugna, pues el objetivo tuitivo de este sendero especial, no fue servir de tercera instancia con el fin de discutir \u00ablos \u00abfundamentos de la entidad jurisdiccional\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC2544-2021, reiterada en STC8170-2022). <\/p>\n
Aunado a lo anterior, en cuanto al an\u00e1lisis que se procura endilgando las v\u00edas de hecho aludidas, ha dicho la Sala de forma reiterada que, \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 0009-01; citada, entre muchas otras, en STC7535-2022, 15 jun. 2022, rad. 01788-00). <\/p>\n
3.- Adicionalmente, tampoco se vislumbra \u00abv\u00eda de hecho\u00bb por \u00abdesconocimiento del precedente\u00bb, dado que las \u00absentencias\u00bb mencionadas en el libelo incoatorio, emitidas por esta Corte [SL991-2022, 23 mar.] y [SL2411-2022, 28 jun., SL1844-2022, 24 may. y SL2720-2022, 2 ag.], no constituyen un \u00abprecedente\u00bb horizontal en el asunto, que sea vinculante y obligatorio; espec\u00edficamente porque, en ellas debe existir una l\u00ednea jurisprudencial que instituya un derrotero a seguir; adem\u00e1s, que el precursor demuestre, que esas determinaciones planteen con suficiencia y no de forma aislada la postura jur\u00eddica afianzada que se alega como desatendida o inaplicada; lo cual no aconteci\u00f3 en este caso. <\/p>\n
No, porque en el primer pronunciamiento prenotado, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, si bien estudi\u00f3 la demanda de dos ex -trabajadores con el mismo empleador y comportan supuestos de hechos similares, los cargos abordados no fueron los mismos, dado que, en el tercero, los all\u00e1 recurrentes, adujeron la \u00abv\u00eda indirecta por aplicaci\u00f3n indebida del art\u00edculo 65 del CST, modificado por el 29 de la Ley 789 de 2002, en relaci\u00f3n con los art\u00edculos 19, 21, 55, 127, del CST; 8 de la Ley 153 de 1887; 249, 253 \u00ab(art\u00edculo 17 Decreto 2351 de 1965)\u00bb y 254 del CST; 1 de la Ley 52 de 1975; 167, 176, 193 y 196 y 281 del CGP \u00ab(antes 177, 187, 197 y 200 del C. P. C.)\u00bb; 60 y 145 del CPTSS y 53 de la CN\u00bb (SL991-2022); mientras que en este asunto, el convocante \u00ab[acus\u00f3] a la providencia del Tribunal de transgredir, por la v\u00eda directa, en la modalidad de aplicaci\u00f3n indebida, los art\u00edculos 65 del CST y 99 de la Ley 50 de 1990\u00bb -cargo tercero- (SL1971-2022), de ah\u00ed que, en ellas no se afianz\u00f3 una postura jur\u00eddica en torno a lo aqu\u00ed discutido. Y las segundas, corresponden a situaciones con dis\u00edmiles problemas jur\u00eddicos y hechos al aqu\u00ed analizado. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con dicho t\u00f3pico, esta Sala, citando la Corte Constitucional dijo: <\/p>\n
Sobre el desconocimiento del precedente judicial como causal espec\u00edfica de procedencia de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional ha dicho que puede configurarse cuando se demuestra un defecto sustantivo o al evidenciar un apartamiento de la jurisprudencia de forma aut\u00f3noma, y en cuando a la primera modalidad indic\u00f3 que se produce cuando una autoridad judicial: <\/p>\n
\u00abi) aplica una disposici\u00f3n en el caso que perdi\u00f3 vigencia por cualquiera de la razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica un precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto de hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; (iii) a pesar del amplio margen hermen\u00e9utico que la Constituci\u00f3n le reconoce a las autoridades judiciales, realiza una interpretaci\u00f3n contraevidente -interpretaci\u00f3n contra legem- o claramente irrazonable o desproporcionada; (iv) se aparta del precedente judicial \u2013horizontal o vertical- sin justificaci\u00f3n suficiente; o (v) se abstiene de aplicar la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad ante una violaci\u00f3n manifiesta de la Constituci\u00f3n, siempre que su declaraci\u00f3n haya sido solicitada por alguna de las partes en el proceso\u00bb (CC SU-298\/15). <\/p>\n
En punto de esta circunstancia, resulta necesario precisar que para la configuraci\u00f3n de tal irregularidad debe existir una l\u00ednea jurisprudencial que constituya un derrotero a seguir. As\u00ed, puede hablarse de precedente horizontal, cuando en una misma corporaci\u00f3n existe una posici\u00f3n consolidada y un\u00e1nime por parte de las salas que la componen respecto a una materia, y de precedente vertical, cuando ello tiene lugar en relaci\u00f3n con decisiones del superior funcional de quien la ha de emplear. <\/p>\n
De manera que, para demostrarla (en el caso del precedente horizontal), es indispensable que se plantee en la demanda de tutela, con suficiencia y no de forma aislada, la postura jur\u00eddica afianzada que se alega como desatendida o inaplicada. (STC6026-2021). <\/p>\n
4.- Finalmente, frente a las cr\u00edticas del impugnante, concernientes a las presuntas irregularidades en la calenda, notificaci\u00f3n y registro virtual del fallo de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en virtud del principio de la \u00absubsidiariedad\u00bb, deben ser puestas en conocimiento de aquella o de la autoridad competente, para obtener el \u00abpronunciamiento\u00bb que procura por esta excepcional v\u00eda. <\/p>\n
5.- Como colof\u00f3n, se ratificar\u00e1 la providencia de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s \u00e1gil y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC15716-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC15716-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-01741-01 (Aprobado en Sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 6 de septiembre de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-69039","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69039","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69039"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69039\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69039"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69039"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69039"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}