STC15717-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC15717-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 17001-22-13-000-2022-00223-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintitr\u00e9s de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 18 de octubre de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior Distrito Judicial de Manizales, en la tutela que Industrias Maviltex S.A.S. le instaur\u00f3 al Juzgado Sexto Civil del Circuito de la misma ciudad, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2022-00477. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, actuando a trav\u00e9s de su representante legal, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, defensa, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y buena fe constitucional y legal\u00bb, para que se declarara \u00abla nulidad y\/o deje sin efecto el fallo de tutela nro. 151 del 29 de septiembre de 2022\u00bb, y se ordenara al estrado accionado emitir uno nuevo. <\/p>\n
Sustent\u00f3 las rogativas en que el Juzgado Sexto Civil Municipal de Manizales neg\u00f3 la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb que Olga Patricia Quintero Ortiz promovi\u00f3 en su contra (3 ag. 2022). <\/p>\n
Impugnada la decisi\u00f3n por Quintero Ortiz, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de esa localidad la revoco y, en su lugar, ampar\u00f3 el \u00abderecho a la estabilidad laboral reforzada y seguridad social\u00bb, declar\u00f3 la \u00abineficacia de la terminaci\u00f3n del contrato de obra o labor determinada celebrado entre la sociedad INDUSTRIAS MAVILTEX S.A.S. y la se\u00f1ora OLGA PATRICIA QUINTERO ORTIZ\u00bb y le mand\u00f3, reintegrarla \u00aba un empleo, bajo la misma modalidad contractual, en iguales o mejores condiciones al que ejerci\u00f3 hasta el momento de su desvinculaci\u00f3n\u00bb; pagarle \u00abtodos los salarios y las prestaciones sociales dejadas de percibir entre la terminaci\u00f3n de su contrato y la fecha de la presente providencia\u00bb y \u00ab(\u2026) una indemnizaci\u00f3n equivalente a ciento ochenta (180) d\u00edas del salario, conforme con el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997\u00bb; y, \u00abrealizar la afiliaci\u00f3n de (\u2026) OLGA PATRICIA QUINTERO ORTIZ al Sistema General de Seguridad Social, para asegurar de esta manera la prestaci\u00f3n del servicio de salud que requiera\u00bb (29 sep.). <\/p>\n
Critic\u00f3 la \u00faltima determinaci\u00f3n por contener una indebida valoraci\u00f3n probatoria, desconocer las contradicciones de Olga Patricia, el precedente judicial y el car\u00e1cter subsidiario de este tipo de acciones. <\/p>\n
Frente al primer t\u00f3pico, porque, \u00abdesconoci\u00f3 pruebas que obraban en el plenario tales como lo expuesto en los hechos del escrito de tutela -los cuales se tiene como confesiones, la historia cl\u00ednica de la se\u00f1ora Olga Patricia Quintero Ortiz, el examen peri\u00f3dico calendado del 19 de febrero de 2022 – donde se evidencia que no hay restricciones para el desempe\u00f1o de su labor -y por tanto lo llevaron a cometer el error judicial que se le endilga (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Respecto del segundo, en atenci\u00f3n a que, \u00abEs claro que las afirmaciones que se realizan al interponer la acci\u00f3n de tutela se toman como confesiones y son plena prueba de la fecha en la que se inform\u00f3 la finalizaci\u00f3n de la obra\/labor, fue as\u00ed como se reitera el accionante manifest\u00f3 que el documento que le comunicaba que la obra hab\u00eda terminado, le fue entregado el 29 de junio 2022 y no el 30 como ahora se quiere hacer ver. En este mismo sentido, se reitera que Industrias Maviltex explic\u00f3 frente al 29 de junio que en dicha fecha se hab\u00eda realizado entrega del documento a pesar de que el mismo est\u00e1 fechado con el 30 – fecha hasta la cual estuvo vigente el contrato de trabajo de las operarias-, pues finalmente este d\u00eda las operarias no fueron a trabajar teniendo presente el d\u00eda compensatorio que se les entreg\u00f3 a todas sin excepci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Aspecto sobre el que concluy\u00f3 \u00ab(\u2026) \u00abes claro que el fallo de segunda instancia desconoce que el empleador no realiz\u00f3 un despido discriminatorio en raz\u00f3n a un estado de salud de la empleada, toda vez que, la misma no estaba incapacitada para la fecha ni ten\u00eda un tratamiento m\u00e9dico pendiente (\u2026). Lo anterior hace que se coloque en cabeza de Industrias Maviltex S.A.S. una obligaci\u00f3n de cancelar el equivalente a 180 d\u00edas de salario como multa por lo sucedido, adem\u00e1s de cancelar salarios y afiliaciones no percibidas\u00bb. <\/p>\n
En lo que concierne con los dem\u00e1s puntos, se quej\u00f3 de que el despacho confutado no tuvo en cuenta que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, \u00ab(\u2026) por regla general, la tutela no es un mecanismo adecuado para obtener el reintegro laboral, como as\u00ed lo se\u00f1al\u00f3 la Sentencia T \u2013768 de 2005, dado que \u00e9sta es un mecanismo residual de protecci\u00f3n subsidiaria de los derechos presuntamente vulnerados. De all\u00ed que el reintegro laboral deba tramitarse en principio ante los jueces ordinarios, que son los encargados de resolver tales pretensiones en el marco de procesos expresamente dise\u00f1ados para tal efecto (\u2026). No obstante, esa Corporaci\u00f3n ha hecho la salvedad de que la acci\u00f3n de tutela es procedente en aquellos procesos de car\u00e1cter laboral cuando la sola existencia de un medio ordinario de defensa no se ofrece como alternativa real de protecci\u00f3n de los derechos constitucionales fundamentales de los trabajadores. En estos casos, la protecci\u00f3n iusfundamental se permite por v\u00eda tutela si el mecanismo ordinario no resulta id\u00f3neo y eficaz, cuyo an\u00e1lisis no se efect\u00faa en forma abstracta, sino que se requiere incursionar en un estudio concienzudo de las particularidades que el caso entra\u00f1a. <\/p>\n
2.- El Juzgado Sexto Civil del Circuito defendi\u00f3 la legalidad del prove\u00eddo combatido, porque para su emisi\u00f3n tuvo en cuenta el historial cl\u00ednico que se alleg\u00f3 como prueba, que da cuenta que desde el mes de abril a Olga Patricia le han realizado varias valoraciones m\u00e9dicas e incapacidades, tr\u00e1mites para los que debi\u00f3 obtener los \u201cpermisos correspondientes\u201d de su empleador, o justificar el por qu\u00e9 su \u201causencia de las labores desempe\u00f1adas\u201d, de lo que coligi\u00f3 que el empleador si conoc\u00eda del estado de vulnerabilidad de su trabajadora y que \u00e9sta, de conformidad con los diagn\u00f3sticos dados \u00ab(\u2026) era un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional para el momento en que se dio por terminado el v\u00ednculo laboral (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3.- El Tribunal Superior de Manizales desestim\u00f3 el ruego, por improcedencia de la \u00abtutela contra tutela\u00bb y por la existencia de otro instrumento como la revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, el cual no se ha surtido. <\/p>\n
Adicionalmente, esboz\u00f3, frente al fraude aducido por el gestor, que \u00ab(\u2026) a pesar de la invocaci\u00f3n indiscriminada hecha al final del libelo genitor sobre la jurisprudencia que habilita el uso de la \u201ctutela contra tutela\u201d en casos de fraude, la sociedad demandante desarrolla todas sus afirmaciones en torno a la presunta valoraci\u00f3n indebida de las pruebas, el desconocimiento del precedente y el car\u00e1cter subsidiario del mecanismo al que acudi\u00f3 en su momento la se\u00f1ora Quintero Ortiz, para explicar que no debi\u00f3 interpretarse el despido como realizado el 30 de junio de 2022, d\u00eda de la incapacidad, sino el 29 de los mismos mes y a\u00f1o puesto que el d\u00eda 30 lo otorg\u00f3 en compensatorio por la participaci\u00f3n en jornadas electorales; aseveraciones de las cuales, lejos de desprenderse la configuraci\u00f3n de un fraude, una incursi\u00f3n ileg\u00edtima, dolosa y grosera en el criterio judicial, se extrae \u00fanicamente que el disenso radica en la forma como el ad quem valor\u00f3 los elementos suasorios recaudados y la hermen\u00e9utica efectuada; que no, por ejemplo, en la inducci\u00f3n de pruebas declaradas falaces, vulneraciones voluntarias al debido proceso o la defensa, dado que en todo momento pudo participar la entonces tutelada, replicando y aportando pruebas como las que dieron pie a la conclusi\u00f3n hoy censurada (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4.- Recurri\u00f3 la precursora insistiendo en lo esgrimido en el escrito genitor, pidiendo que en esta instancia se revise el veredicto de primer nivel, por \u00abcarecer de las condiciones necesarias a la sentencia congruente, teniendo en cuenta que: (i) No se ajusta a los hechos antecedentes que motivaron la tutela ni al derecho impetrado, por error de hecho y de derecho, en el examen y consideraci\u00f3n de la solicitud de amparo, ya que el an\u00e1lisis elaborado por el juez constitucional, no tuvo en cuenta la prevalencia de los derechos fundamentales afectados en la presente demanda, prescindiendo de ellos y pronunci\u00e1ndose de manera limitada al respecto, (ii) se niega a cumplir el mandato legal de garantizar al agraviado el pleno goce de sus derechos fundamentales como lo son el debido proceso, defensa, igualdad, acceso a la justicia y buena fe constitucional y legal\u00bb. <\/p>\n
Enfatiz\u00f3 en que \u00abEn los defectos se\u00f1alados, se hace evidente el desconocimiento del precedente judicial lo que da lugar al defecto o error judicial por indebida valoraci\u00f3n probatoria, aspecto sobre el cual el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Manizales, Caldas, Sala Civil \u2013Familia, nada manifest\u00f3 (\u2026). No consider\u00f3 aun siquiera que de acuerdo a las pruebas que obran dentro del proceso, es claro que el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Manizales, Caldas, desatendi\u00f3 el precedente sobre la solicitud de reintegro laboral en materia de tutela y subsidiariedad de la acci\u00f3n de tutela desconocimiento que llev\u00f3 a condenar a Industrias Maviltex S.A.S al pago de una sanci\u00f3n, reintegro, salarios y seguridad social por la notificaci\u00f3n de que hab\u00eda terminado una obra acordada por las partes y que solo compete a un juez laboral dirimir\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Por regla general la \u00abtutela contra tutela es improcedente\u00bb, salvo cuando la providencia adoptada en el auxilio objetado es producto de un fraude o si se reprochan actos anteriores o posteriores a ella, lesivos del \u00abdebido proceso, como cuando \u00abse omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir\u00bb (STC8657-2021), siempre y cuando se cumplan los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad jurisprudencialmente establecidos. <\/p>\n
As\u00ed, en el fallo SU-627 de 2015, el Alto Tribunal Constitucional predic\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) 4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
\u201c4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional (\u2026)\u201d Subrayas y negrillas para resaltar. <\/p>\n
2.- En el sub lite, el anhelo de la actora es que \u00abse declare la nulidad y\/o deje sin efecto el fallo de tutela nro. 151 del 29 de septiembre de 2022\u00bb emitido por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Manizales, en la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb n.\u00b0 2022-00477 porque, en su opini\u00f3n, se incurri\u00f3 en v\u00edas de hecho por \u00abdefecto o error judicial por indebida valoraci\u00f3n probatoria\u00bb, y por desatenci\u00f3n del \u00abprecedente judicial y el car\u00e1cter subsidiario de este tipo de acciones\u00bb, esto es, que, lo que discute es el fondo mismo de esa sentencia, lo que torna inviable su estudio; m\u00e1xime cuando no se aprecian hechos constitutivos de \u00abfraude\u00bb, evento capaz de tornar \u00abprocedente\u00bb este especial sendero. <\/p>\n
Y es que, como lo precis\u00f3 el Tribunal Superior de Manizales, desarrolla todas sus afirmaciones de una actuaci\u00f3n \u00abfraudulenta\u00bb, en \u00ab(\u2026) en torno a la presunta valoraci\u00f3n indebida de las pruebas, el desconocimiento del precedente y el car\u00e1cter subsidiario del mecanismo al que acudi\u00f3 en su momento la se\u00f1ora Quintero Ortiz\u00bb, de donde \u00abrefulge por su ausencia una situaci\u00f3n probadamente fraudulenta y no se alude siquiera yerro alguno en la tramitaci\u00f3n, ni soluci\u00f3n de la tuitiva anterior que amerite anular algo (\u2026)\u00bb, lo que se corrobora con lo aducido en el escrito impugnativo, en el sentido, que \u00ab(\u2026), es posible que la accionante este incurriendo en fraude teniendo presente que en el escrito de tutela es claro que el documento mediante el cual se socializ\u00f3 la terminaci\u00f3n, fue entregado el 29 de junio de 2022 y no el 30 de junio de 2022, pero que posteriormente y de manera conveniente cambia su versi\u00f3n en la apelaci\u00f3n aprovech\u00e1ndose de la fecha que est\u00e1 puesta en el documento\u00bb, enfatizando nuevamente, en la indebida valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
2.1.- Se agrega a lo anterior, que la querellante a\u00fan tiene a su alcance el remedio previsto en el ordenamiento jur\u00eddico para atacar el \u00abfallo de tutela\u00bb que reprocha, como es la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, lo que cierra la \u00abposibilidad\u00bb de auscultar por este camino una resoluci\u00f3n de otro juez \u00abconstitucional\u00bb. <\/p>\n
De igual forma, nada impide que, en caso de no ser seleccionado el expediente, haga uso de la facultad de insistencia, herramienta de la que se ha dicho: <\/p>\n
Y, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019 (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992 (CSJ STC568-2021 y STC3147-2022). <\/p>\n
3.- Basten las precedentes reflexiones para ratificar el fallo confutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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