STC15731-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC15731-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 73001-22-13-000-2022-00377-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 31 de octubre de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en la tutela que la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- instaur\u00f3 en contra del Juzgado Segundo Civil del Circuito de El Espinal, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2022-00205. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, a trav\u00e9s de apoderado, invoc\u00f3 la guarda de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, para que se ordenara a la autoridad acusada: (i) Dejar sin efecto el auto emitido en audiencia celebrada el 16 de septiembre de 2022 y, en su lugar, \u00abcontin\u00fae adelante con el tr\u00e1mite, (\u2026) espec\u00edficamente [con el] interrogatorio de peritos, conforme a lo reglado en el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 399 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb; y (ii) \u00abInstar[la] (\u2026) a que cumpla con las ritualidades del procedimiento de expropiaci\u00f3n judicial y oficie a los peritos que elaboraron los informes de aval\u00faos que se encuentran en contrapeso (\u2026), para que sustenten t\u00e9cnica y jur\u00eddicamente los informes de aval\u00fao, todo en consonancia con el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 399 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
En respaldo sostuvo que para la construcci\u00f3n de un proyecto vial en el \u201cTramo Salda\u00f1a \u2013 Espinal Segunda Calzada\u201d identificado con M.I. 357-62329, present\u00f3 oferta formal de compra a la propietaria Inversiones Barrag\u00e1n Ospina S.A.S. y aport\u00f3 aval\u00fao comercial en el que se fij\u00f3 la suma de $107\u2019363.614 por el \u201c\u00e1rea de terreno requerida, mejoras o construcciones anexas, cultivos y especies\u201d elaborado el 5 de octubre de 2020 por la Lonja de Propiedad Ra\u00edz del Tolima; empero, agotada la etapa de negociaci\u00f3n voluntaria sin \u00e9xito y vencido el t\u00e9rmino legal para la enajenaci\u00f3n, expidi\u00f3 la Resoluci\u00f3n n\u00b0 20216060008205 en la que determin\u00f3 la iniciaci\u00f3n de la expropiaci\u00f3n judicial por motivos de utilidad p\u00fablica e inter\u00e9s social. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de El Espinal admiti\u00f3 la demanda (15 jul. 2021) y la convocada objet\u00f3 el referido \u201caval\u00fao\u201d, raz\u00f3n por la que adjunt\u00f3 uno nuevo y dentro del tiempo concedido, lo refut\u00f3 por \u201cuna serie de inconsistencias t\u00e9cnicas y jur\u00eddicas\u201d. <\/p>\n
Adujo que el 16 de septiembre de 2022, el iudex instal\u00f3 la \u00abaudiencia\u00bb para interrogar a los peritos, seg\u00fan el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 399 del C\u00f3digo General del Proceso, empero, no evacu\u00f3 esa fase \u201ca pesar de que el perito de la Lonja de Propiedad Ra\u00edz del Tolima asisti\u00f3 a la audiencia virtual, mientras que el evaluador (\u2026) de la parte pasiva no concurri\u00f3\u201d; adem\u00e1s, decret\u00f3 una prueba de oficio consistente en el dictamen pericial por el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi (IGAC) con el fin de obtener \u201cun nuevo informe sobre el \u00e1rea objeto de expropiaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Manifest\u00f3 su inconformidad con esa decisi\u00f3n, puesto que desconoci\u00f3 el procedimiento establecido en la norma, en tanto, no se pod\u00eda \u201cdecretar un nuevo aval\u00fao\u201d sin antes adelantar \u201cel tr\u00e1mite dise\u00f1ado (\u2026), [esto es,] interrogar a los peritos que elaboraron los informes de aval\u00faos, (\u2026) encontrar[sen] en careo para ser desvirtuados por las partes, por tanto, quebrant\u00f3 directamente el numeral 7 del art\u00edculo 399 [\u00eddem], al ordenar un tercer informe (\u2026) sin tener la certeza si [los] eval\u00fao[s existentes] (\u2026) se ajustan a los requisitos t\u00e9cnicos jur\u00eddicos para establecer la indemnizaci\u00f3n a la que tiene lugar el propietario\u201d. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que, con esa actuaci\u00f3n, se le quit\u00f3 la posibilidad de controvertir las \u201cpruebas periciales\u201d y no se permiti\u00f3 que los extremos de la lid defendieran cada experticia y escogieran la id\u00f3nea para el prop\u00f3sito buscado. <\/p>\n
2.- El Juzgado Segundo Civil del Circuito de El Espinal \u00abdefendi\u00f3\u00bb su proceder y resalt\u00f3 que, contrario a lo alegado por la precursora, \u201cantes de acudir al interrogatorio de peritos (numeral 7\u00b0) deb\u00eda decretarse las pruebas, que fue donde la audiencia qued\u00f3, no en la pr\u00e1ctica del interrogatorio a los peritos, sino en el decreto de las pruebas y es all\u00ed donde el juez puede ejercer su facultad oficiosa. Raz\u00f3n por la cual, no se deb\u00eda correr a interrogar a los peritos si previamente se consideraba \u00fatil y necesario una prueba oficiosa\u201d. <\/p>\n
Inversiones Barrag\u00e1n Ospina S.A.S. dijo que el amparo \u201ces improcedente, en cuanto existieron otros medios id\u00f3neos para atacar la presunta vulneraci\u00f3n al debido proceso que alega la solicitante\u201d, por cuanto aquella tuvo la oportunidad de requerir un control de legalidad y\/o interponer los recursos de ley frente a ese auto; y, destac\u00f3, que a la vista p\u00fablica de 16 de septiembre de 2022 solo asisti\u00f3 el representante legal de la Lonja de Propiedad Horizontal a la que est\u00e1 afiliado el \u201cperito\u201d, persona que no est\u00e1 facultada para reemplazarlo de acuerdo con la Ley 1673 de 2013, de ah\u00ed que, la gestora \u201cpretende enmendar sus yerros y generar una actuaci\u00f3n favorable en desmedro de los derechos\u201d. <\/p>\n
LA SENTENCIA Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 neg\u00f3 la ayuda tras colegir que \u00abla decisi\u00f3n reprochada est\u00e1 exenta de capricho o irracionalidad, puesto que provino del an\u00e1lisis que realiz\u00f3 el juzgador a los dict\u00e1menes aportados y la necesidad de dilucidar el real valor del inmueble y su lucro cesante\u00bb, veredicto que apoy\u00f3 en pronunciamiento reciente de esta Corporaci\u00f3n en el que se analiz\u00f3 un asunto similar (STC14405-2022; 26 oct). <\/p>\n
2.- Ese desenlace fue repelido por la actora, quien trajo argumentos an\u00e1logos a los del escrito primigenio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Constituye principio invariable la improcedencia de este instrumento residual y sumario para debatir las providencias jurisdiccionales, salvo cuando surja ostensible un obrar arbitrario, grosero o ajeno a la ley por el encargado de impartir justicia o ante una clara vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas b\u00e1sicas de las partes, \u00fanicas circunstancias que viabilizan la intromisi\u00f3n del juez constitucional, vedado como tiene la labor de \u00abreexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la mas convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades\u00bb (CSJ STC4299-2021). <\/p>\n
2.- De la evidencia allegada al infolio combatido, ab initio, se anticipa el fracaso de la salvaguarda y la confirmaci\u00f3n de lo opugnado, toda vez que el interlocutorio criticado, proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de El Espinal (16 sep. 2022), no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento patrio o de la realidad procesal. <\/p>\n
En efecto, se constat\u00f3 que en el desarrollo de la \u00abaudiencia\u00bb llevada a cabo en esa data, previo a indagar a los \u201cperitos\u201d que elaboraron los dos \u201caval\u00faos\u201d de la heredad en cuesti\u00f3n, \u201cdecret\u00f3 de oficio\u201d una prueba, tras colegir que era necesaria para el esclarecimiento de los hechos \u2013 numeral 10\u00b0 – por tratarse de un juicio especial y expedito en el que no se admit\u00eda la proposici\u00f3n de excepciones previas (video min 53:00 al min 54:35). <\/p>\n
El \u201cdecret\u00f3 de oficio\u201d de dicho medio de convicci\u00f3n, a practicar por el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi (IGAC), lo hizo, \u00abpara que con la ayuda de las partes y en especial de la demandada, emita uno ilustrando el valor del predio incluyendo el lucro cesante, obviamente atendiendo los par\u00e1metros legales especialmente la resoluci\u00f3n 620 y dem\u00e1s normas concordantes que regulan la materia, explicando y detallando la metodolog\u00eda aplicada, por qu\u00e9 se escoge una y no la otra metodolog\u00eda, obviamente, todo esto para la \u00e9poca en que la obra comenz\u00f3 o se dio el proceso de la compra inicial\u00bb (video min 54:35 al min 55:23). <\/p>\n
Bajo ese derrotero, expuso que dicha determinaci\u00f3n la adopt\u00f3 luego de analizar diferentes sistemas normativos (ley, jurisprudencia, posturas de las Cortes, en especial de la Constitucional, precedente judicial), de la propia experiencia en el despacho con varias contiendas de la misma naturaleza y su prop\u00f3sito gira en torno a, <\/p>\n
la dimensi\u00f3n que implica esta clase de indemnizaci\u00f3n, que no es otra que adem\u00e1s de previa, plena y justa, como lo define el art\u00edculo 58 constitucional, tambi\u00e9n es reparadora, esos son los calificativos sobre los cuales descansa esta indemnizaci\u00f3n muy especial y muy distinta a las dem\u00e1s, y esto de cierta manera tambi\u00e9n se prev\u00e9 claramente en el art\u00edculo 283 inciso final del C\u00f3digo General, el cual indica literalmente que cuando estamos en vista de analizar cualquier tipo de da\u00f1o o toda valoraci\u00f3n de da\u00f1os, se deben atender los principios de valoraci\u00f3n integral y de equidad, y, por \u00faltimo, todo esta argumentaci\u00f3n encaja en el principio de necesidad que rodea toda prueba de acuerdo con el art\u00edculo 164 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb (video min 58:23 al 58:25). <\/p>\n
De igual forma, en lo concerniente al \u00bfpor qu\u00e9 se decreta esta prueba y de esta forma?, puntualiz\u00f3: <\/p>\n
primero, porque as\u00ed lo permite especialmente el art\u00edculo 230 del C\u00f3digo General del Proceso, es decir, esa parte de la obra que apunta a la facultad oficiosa y que tiene que ver con el dictamen pericial. De igual forma esto est\u00e1 atado al art\u00edculo 170 del C\u00f3digo General en armon\u00eda con el art\u00edculo 42-4 del C\u00f3digo General, sobre todo, pues, lo que tiene que ver con el nuevo rol que hoy en d\u00eda tiene el juez como director del proceso\u00bb (video min 57:15 al 57:18). <\/p>\n
Posteriormente, anot\u00f3 que, despu\u00e9s de recaudar el material suasorio en su totalidad, se expondr\u00e1n las cr\u00edticas de los interesados frente a cada \u201caval\u00fao\u201d, tal como lo pregona el numeral 7\u00b0 del canon 399 \u00eddem. <\/p>\n
Frente a la tem\u00e1tica aqu\u00ed esbozada, huelga replicar lo adverado por esta Sala en STC14405-2022: <\/p>\n
(\u2026) 2. Circunscrita la Sala a la impugnaci\u00f3n presentada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de El Espinal, relativa a que a\u00fan no ha llegado el juicio a la audiencia dispuesta en el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 399 del C\u00f3digo General del Proceso, pues al existir motivo de duda en el valor a indemnizar decret\u00f3 oficiosamente una nueva experticia, para que, una vez recaudada, escuchar a los auxiliares de justicia y adoptar una determinaci\u00f3n con un debido material probatorio; de entrada, advierte la Corte que el resguardo concedido por el a quo constitucional debe ser revocado. <\/p>\n
En efecto, de lo consignado en la decisi\u00f3n reprochada en sede constitucional, esto es, el prove\u00eddo de 30 de junio de 2022, mediante el cual la sede judicial acusada, previo a escuchar a los peritos en interrogatorio, consider\u00f3 la necesidad de decretar oficiosamente una experticia practicada por el IGAC, la Sala estima que carece de arbitrariedad, pues fue el resultado de la interpretaci\u00f3n de las disposiciones legales aplicables al asunto, as\u00ed como de la valoraci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n obrantes en el plenario, las que no resultan caprichosas o antojadizas, con independencia de que sean compartidas por la Corte, por no ser este el escenario natural para emitir tal pronunciamiento. <\/p>\n
Llega la Corporaci\u00f3n a la anterior conclusi\u00f3n al observar que la sede judicial censurada, en la citada providencia, tras realizar la fijaci\u00f3n del litigio, refiri\u00f3 el decreto de pruebas y encontr\u00f3 pertinente: <\/p>\n
Decretar un dictamen pericial de oficio para lo cual se dispondr\u00e1 oficiar al INSTITUTO GEOGRAFICO AGUST\u00cdN CODAZZI (IGAC) para que con ayuda de la parte demandada, emita uno que nos ilustre el valor del predio solo frente a la franja requerida por la ANI, toda vez que as\u00ed viene enfilada la pretensi\u00f3n, atendiendo desde luego los par\u00e1metros legales y en especial la resoluci\u00f3n 620 y dem\u00e1s normas concordantes, explicando y detallando la metodolog\u00eda aplicada y explicando por qu\u00e9 se escoge esa y no otra, obviamente, para la \u00e9poca en que comenz\u00f3 la obra o se dio inicio el proceso de compra inicial\u2026 (\u2026) Ahora, \u00bfporque se decreta esta prueba y de esta forma? les voy a exponer m\u00e1s o menos unos cinco argumentos: Primero, porque as\u00ed lo permite especialmente el art\u00edculo 230 del c\u00f3digo general del proceso, es decir, esa parte de la obra que apunta a la facultad oficiosa y que tiene que ver con el dictamen pericial. De igual forma esto est\u00e1 atado al art\u00edculo 170 del c\u00f3digo general en armon\u00eda con el art\u00edculo 42-4 del c\u00f3digo general, sobre todo, pues, lo que tiene que ver con el nuevo rol que hoy en d\u00eda tiene el juez como director del proceso. Pero sobre todo por estos tres puntos: Primero, por la dimensi\u00f3n que implica esta clase de indemnizaci\u00f3n, que no es otra que adem\u00e1s de previa, plena y justa, como lo define el art\u00edculo 58 constitucional, tambi\u00e9n es reparadora, esos son los calificativos sobre los cuales descansa esta indemnizaci\u00f3n muy especial y muy distinta a las dem\u00e1s, y esto de cierta manera tambi\u00e9n se prev\u00e9 claramente en el art\u00edculo 283 inciso final del c\u00f3digo general, el cual indica literalmente que cuando estamos en vista de analizar cualquier tipo de da\u00f1o o toda valoraci\u00f3n de da\u00f1os, se deben atender los principios de valoraci\u00f3n integral y de equidad, y, por \u00faltimo, todo esta argumentaci\u00f3n encaja en el principio de necesidad que rodea toda prueba de acuerdo con el art\u00edculo 164 del c\u00f3digo general del proceso\u2026 esto es, grosso modo, el argumento del despacho para decretar esta prueba oficiosa\u2026 con el objeto de obtener una prueba adicional y poder examinar el valor de la indemnizaci\u00f3n, pues ha quedado claro el interior de estos actos preliminares, que la discusi\u00f3n va orientada hacia ese punto, la ANI trajo un dictamen de la lonja del Tolima\u2026 m\u00e1s o menos un c\u00e1lculo de 80 – 85 millones de pesos, la parte demandada aporta un dictamen pericial particular, que tal vez no se ajusta a las reglas o exigencias\u2026 que tasa un valor casi que del triple, y eso genera una sensaci\u00f3n de necesidad de examinar a trav\u00e9s de un estudio a trav\u00e9s del IGAC, como lo recomienda la misma legislaci\u00f3n procesal, para que precisamente aterricemos esos valores y podamos examinar el valor de la indemnizaci\u00f3n de acuerdo a sus calificativos, que como ya dijimos no solamente debe ser plena, previa y justa sino tambi\u00e9n reparadora, esa es la motivaci\u00f3n que\u2026 conlleva al despacho a decretar esta prueba (\u2026) Negrilla fuera de texto. <\/p>\n
3.- Ergo, independientemente que esta Sala avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, como busca la quejosa, quien anhela imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la Litis, sin que ello acompase con la finalidad de la v\u00eda superlativa, cuyo objetivo tuitivo no es servir de tercera instancia para discutir los fundamentos de la \u00abautoridad judicial\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; STC,9232-2018 y STC2544-2021). <\/p>\n
4.- Corolario de lo expuesto, se impone la refrendaci\u00f3n del prove\u00eddo recurrido. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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