STC15734-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC15734-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-01940-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 29 de septiembre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela formulada por Diego D\u00edaz \u00c1lvarez contra los Juzgados Sexto y Tercero Penales del Circuito con Funciones de Conocimiento de Palmira, la C\u00e1mara de Comercio y las Oficinas de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Palmira y Buga, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga y el Juzgado Tercero Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Palmira y citadas las dem\u00e1s partes e intervinientes en el proceso penal n\u00ba 2015-00222. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y \u00abfalta de publicidad y notificaci\u00f3n de providencias judiciales\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
En apoyo de sus reparos, manifest\u00f3 que el Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Palmira en auto n\u00ba 0404 de 28 de julio de 2022, orden\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares de suspensi\u00f3n del poder dispositivo de los bienes que pertenecen a las sociedades San Jos\u00e9 de Nima Ltda. y Hacienda Brisuelas, decretadas el 17 de julio de 2017 por el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de esa ciudad, en el proceso penal adelantado contra Jaime Antonio D\u00edaz \u00c1lvarez representante y gerente de las sociedades. <\/p>\n
Adujo que la orden impartida por el Juzgado Sexto mencionado, constituye un desacierto y pone en riesgo su patrimonio personal y social en calidad de v\u00edctima en el asunto penal, toda vez que Jaime Antonio inici\u00f3 proceso de venta y liquidaci\u00f3n de las mismas. <\/p>\n
Asimismo, se\u00f1al\u00f3 que dicha autoridad judicial incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, al levantar la medida con fundamento en el inciso primero del art\u00edculo 97 del C\u00f3digo de Procedimiento penal, desconociendo que la misma no fue ordenada en virtud de esa norma. <\/p>\n
En ese sentido, manifest\u00f3 \u00abEs extra\u00f1o c\u00f3mo el Juzgador de instancia Penal, comisionado por una alta corte, logra encontrar elementos suficientes para levantar una medida decretada por otro juzgado de conocimiento, amparado en preceptos legales asignados para las medidas que imponen los jueces de garant\u00edas al momento de imputar los cargos y, peor a\u00fan, levantar una medida por medio de una providencia escrita, no en audiencia y lo m\u00e1s grave sin notificaci\u00f3n alguna a las v\u00edctimas, fiscal\u00eda, abogados y dem\u00e1s involucrados\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 ordenar al Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Palmira declarar la nulidad del auto de 28 de julio de 2022 y, en su lugar, mantener la medida de suspensi\u00f3n del poder dispositivo ordenada por el Juez de Control de Garant\u00edas en audiencia preliminar solicitada por las v\u00edctimas. <\/p>\n
Igualmente, requiri\u00f3 disponer que la autoridad accionada suspenda las \u00f3rdenes impartidas en la decisi\u00f3n cuestionada y se abstenga de tramitar cualquier solicitud de levantamiento de medidas cautelares penales, hasta tanto no se resuelva el recurso de casaci\u00f3n formulado. <\/p>\n
3. La acci\u00f3n de tutela fue presentada inicialmente ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga, y el 13 de septiembre de 2022 orden\u00f3 la remisi\u00f3n de las diligencias a la Sala de Casaci\u00f3n Penal por competencia, teniendo en cuenta que esa Corporaci\u00f3n el 23 de julio de 2021 resolvi\u00f3 los recursos de apelaci\u00f3n interpuestos por la Fiscal\u00eda y los apoderados de las v\u00edctimas contra la sentencia absolutoria de 30 de enero de 2020, donde se debati\u00f3 el levantamiento de la medidas cautelares decretadas en el proceso penal. <\/p>\n
4. Mediante auto de 21 de septiembre de 2022 la Sala de Casaci\u00f3n Penal avoc\u00f3 conocimiento del amparo y accedi\u00f3 a la solicitud de medida provisional, en consecuencia, decret\u00f3 \u00abla suspensi\u00f3n de los efectos jur\u00eddicos de los autos de sustanciaci\u00f3n 0404 y 0410 de 28 de julio y 2 de agosto de 2022, expedidos por el Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Palmira, comunicados a la C\u00e1mara de Comercio y a las Oficinas de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Buga y Palmira (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Palmira inform\u00f3 que profiri\u00f3 sentencia absolutoria en favor de Jaime Antonio D\u00edaz \u00c1lvarez y otros, por lo que orden\u00f3 cancelar las medidas cautelares impuestas, determinaci\u00f3n que confirm\u00f3 el Tribunal Superior de Buga el 23 de julio de 2021 autoridad que, a su vez, orden\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares de la suspensi\u00f3n del poder dispositivo decretada por el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Palmira el 17 de julio de 2017 respecto de los bienes que pertenecen a las sociedades San Jos\u00e9 de Nima Ltda. y Hacienda Brisuelas y dem\u00e1s que se hubiesen decretado. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el 15 de julio de 2022 con fundamento en el art\u00edculo 190 de la Ley 906 de 2004, la Sala de Casaci\u00f3n Penal le corri\u00f3 traslado del memorial allegado por el procesado Jaime Antonio D\u00edaz \u00c1lvarez obrando como gerente y representante legal de la sociedad San Jos\u00e9 de Nima Ltda. y liquidador de la Hacienda Brisuelas Ltda en el que solicit\u00f3 el levantamiento y\/o cancelaci\u00f3n de la suspensi\u00f3n del poder dispositivo que recae sobre los bienes de dichas personas jur\u00eddicas, por lo que, el 18 de julio siguiente requiri\u00f3 al Tribunal Superior de Buga, teniendo en cuenta que, esa autoridad hab\u00eda ordenado en el fallo de segunda instancia el levantamiento de las medidas decretadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que en auto No. 404 de 28 de julio de 2022 accedi\u00f3 a lo peticionado y libr\u00f3 los oficios 1292 y 1293 dirigidos a la C\u00e1mara de Comercio y Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Palmira, posteriormente, el 29 del mismo mes y a\u00f1o, en atenci\u00f3n al requerimiento efectuado, el Tribunal Superior inform\u00f3 que hab\u00eda ordenado el levantamiento de las medidas cautelares decretadas y anex\u00f3 los oficios dirigidos a las mencionadas entidades. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que el 30 de julio de 2022 el apoderado de Jaime Antonio D\u00edaz \u00c1lvarez indic\u00f3 que los bienes de propiedad de la Hacienda Brisuelas se encontraban registrados en la C\u00e1mara de Comercio de Buga y no en la de Palmira -a la que se hab\u00eda oficiado-, por lo cual profiri\u00f3 auto 410 de 2 de agosto de 2022 ordenando el levantamiento de la medida cautelar respecto de los aludidos bienes y dispuso oficiar a la Oficina de Registro de Buga. <\/p>\n
Sostuvo que el 4 de agosto de 2022 recibi\u00f3 correo electr\u00f3nico procedente de la C\u00e1mara de Comercio de Palmira, informando la imposibilidad de registrar el oficio remitido, puesto que, el 4 de agosto de 2021 bajo el n\u00famero 11519 del libro VIII ya se hab\u00eda registrado el mismo levantamiento ordenado por el Tribunal Superior de Buga. Igualmente, indic\u00f3 que el 16 de septiembre de 2022 la Oficina de Registro e Instrumentos P\u00fablicos de Buga remiti\u00f3 constancia del registro ordenado en auto de 2 de agosto del a\u00f1o en curso. <\/p>\n
Frente a la falta de notificaci\u00f3n de los autos 404 y 410 alegada por el accionante, refiri\u00f3 que, en las sentencias de primera y segunda instancia, se hab\u00eda dispuesto el levantamiento de las medidas decretadas, decisiones que fueron comunicadas al aqu\u00ed accionante en su momento. <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Garant\u00edas de Palmira, sostuvo que el 17 de julio de 2017, se llev\u00f3 a cabo audiencia de suspensi\u00f3n del poder dispositivo, en la cual se procedi\u00f3 a decretar la medida sobre las Sociedades San Jos\u00e9 de Nima Ltda. y Hacienda Brisuelas Ltda. en Liquidaci\u00f3n, sin que existan m\u00e1s actuaciones en ese despacho respecto a la referida investigaci\u00f3n penal, en consecuencia, solicit\u00f3 ordenar su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite. <\/p>\n
3. Samuel Orozco Vander Hukc apoderado de las sociedades San Jos\u00e9 de Nima Ltda. y Hacienda Brisuelas Ltda. en liquidaci\u00f3n, se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n, argumentando que las medidas cautelares fueron levantadas tanto en primera como en segunda instancia, decisiones debidamente notificadas al accionante. <\/p>\n
4. La C\u00e1mara de Comercio de Palmira indic\u00f3 que la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga con oficio de 29 de julio de 2021, le inform\u00f3 del levantamiento de la medida cautelar de suspensi\u00f3n del poder dispositivo, por lo que procedi\u00f3 a realizar el registro en relaci\u00f3n con la sociedad San Jos\u00e9 de Nima Ltda., sin embargo, no qued\u00f3 registrado el levantamiento de la medida sobre las cuotas que se encuentran en la sociedad Hacienda Brisuelas Ltda. ya que en su momento no se identific\u00f3 que sobre dichos bienes tambi\u00e9n estuviera registrada la medida inicial, por tanto actualmente estaba vigente esa limitaci\u00f3n al poder dispositivo. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 la solicitud de amparo tras determinar que en ninguna irregularidad incurri\u00f3 el Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Palmira, con la expedici\u00f3n de los autos de 404 y 410 de 28 de julio y 2 de agosto de 2022, respetivamente, toda vez que, lo que dispuso, fue la materializaci\u00f3n del levantamiento de la medida de suspensi\u00f3n del poder dispositivo, ordenada en las decisiones absolutorias de instancia, en especial, en la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga. <\/p>\n
Del mismo modo, agreg\u00f3 que por tratarse de un auto de tr\u00e1mite, no estaba cobijado por la formalidad de la notificaci\u00f3n extra\u00f1ada por el accionante, ni tampoco se exig\u00eda la celebraci\u00f3n de alguna audiencia para suscitar alg\u00fan tipo de incidente o controversia, pues lo cierto es que todos los aspectos sustanciales respecto de las medidas cautelares sobre los bienes fueron discutidos en el proceso y definidos en la sentencia del Tribunal que orden\u00f3 el levantamiento de la suspensi\u00f3n de poder dispositivo. <\/p>\n
Destac\u00f3 que resultaba totalmente viable, que el Juzgado accionado, al percatarse de que dicha medida, tambi\u00e9n fue comunicada a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Buga y que, la Secretar\u00eda de la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga no le dirigi\u00f3 ning\u00fan oficio para informarle del levantamiento de la misma, superara dicha situaci\u00f3n ordenando tambi\u00e9n informar la determinaci\u00f3n a esa oficina registral. <\/p>\n
Por \u00faltimo, precis\u00f3 que, si bien fue un desacierto que el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Palmira mencionara como otro de los fundamentos para acceder a la petici\u00f3n, el vencimiento del t\u00e9rmino de los 6 meses de que trata el art\u00edculo 97 de la Ley 906 de 2004, lo cierto es que ello no constitu\u00eda una irregularidad que hiciera necesaria la intervenci\u00f3n del juez constitucional, puesto que la menci\u00f3n de ese precepto normativo no fue determinante para acceder a la petici\u00f3n. <\/p>\n
En ese orden, tras no advertirse ninguna vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados por el actor, resolvi\u00f3 negar la acci\u00f3n y orden\u00f3 cesar los efectos de la medida provisional decretada en auto de 21 de septiembre de 2022. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por el accionante afirmando que si bien los procesados fueron absueltos en instancias, lo cierto es que el asunto a\u00fan no ha culminado, como quiera que se encuentra en la Sala de Casaci\u00f3n Penal surtiendo el recurso de casaci\u00f3n, medio extraordinario de impugnaci\u00f3n que no constituye acci\u00f3n independiente, sino que hace parte del mismo, por lo que, en su sentir, \u00abmal hace la Corte al ignorarla y dejar ejecutoriadas las decisiones tomadas en instancias anteriores, m\u00e1s a\u00fan cuando las mismas son objeto de revisi\u00f3n y reparo en una instancia superior, de la cual, f\u00e1cilmente se puede desprender decisi\u00f3n contraria a todas las anteriores\u00bb. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que la discrepancia se fundamenta, principalmente, en la falta de garant\u00edas legales para las v\u00edctimas que, como \u00e9l, acuden a las instancias judiciales en busca de una debida protecci\u00f3n, bien sea en la instancia penal como en la constitucional. Por lo dem\u00e1s, reiter\u00f3 los argumentos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el se\u00f1or Diego D\u00edaz \u00c1lvarez acude a la acci\u00f3n de tutela en busca de la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que considera vulnerados con el auto 404 proferido el 28 de julio de 2022 por el Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Palmira, mediante el cual accedi\u00f3 a la solicitud de levantamiento de la medida de suspensi\u00f3n del poder dispositivo, decretada el 17 de julio de 2017 por el Juzgado Tercero Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas, en el proceso penal adelantado contra Jaime Antonio D\u00edaz \u00c1lvarez y otros. <\/p>\n
3. Analizados los aspectos que fundamentan la inconformidad del accionante y examinado el expediente, se advierte la confirmaci\u00f3n de la sentencia constitucional impugnada, ante la inexistencia de la vulneraci\u00f3n alegada, como pasa a exponerse, <\/p>\n
3.1 El 30 de enero de 2020 el Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Palmira, profiri\u00f3 sentencia absolutoria en favor de Jaime Antonio D\u00edaz \u00c1lvarez y otros, en el proceso penal adelantado por los delitos de falsedad en documento privado, obtenci\u00f3n de documentos p\u00fablico falso, fraude procesal, administraci\u00f3n desleal y fraude a resoluci\u00f3n judicial y, orden\u00f3 la cancelaci\u00f3n de las medidas cautelares impuestas. <\/p>\n
Esa determinaci\u00f3n la confirm\u00f3 la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga en sentencia de 23 de julio de 2021 en la que, en su numeral tercero, orden\u00f3 el levantamiento de la medida cautelar de suspensi\u00f3n del poder dispositivo decretada por el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de Palmira el 17 de julio de 2017, respecto de los bienes de las sociedades San Jos\u00e9 de Nima Ltda. y Hacienda Brisuelas y dispuso oficiar a la C\u00e1mara de Comercio y a la Oficina de Registro e Instrumentos P\u00fablicos, ambas de Palmira, comunicaciones enviadas el 29 de julio de 2021 a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico. <\/p>\n
Contra esa decisi\u00f3n, la v\u00edctima Diego D\u00edaz \u00c1lvarez \u2013aqu\u00ed accionante- interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, encontr\u00e1ndose actualmente el expediente en la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Jaime Antonio D\u00edaz \u00c1lvarez formul\u00f3 ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal una solicitud de levantamiento de la medida de suspensi\u00f3n del poder dispositivo, la cual fue remitida por competencia al Juzgado Sexto Penal de Circuito de Palmira, autoridad que mediante auto 404 de 28 de julio de 2022, accedi\u00f3 a lo peticionado, considerando que en las sentencias absolutorias de primera y segunda instancia se orden\u00f3 el levantamiento de la aludida medida decretada por el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de Palmira el 17 de julio de 2017, respecto de la sociedad San Jos\u00e9 de Nima Ltda., adem\u00e1s, que hab\u00edan transcurrido los 6 meses estipulados en el art\u00edculo 97 de la Ley 906 de 2004 desde la inscripci\u00f3n de la misma, en ese orden, dispuso librar las respectivas comunicaciones a la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos y la C\u00e1mara de Comercio de Palmira. <\/p>\n
Posteriormente tras evidenciar que, el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de Palmira hab\u00eda remitido el oficio 2123 de 30 de julio de 2019 a la Oficina de Registro e Instrumentos P\u00fablicos de Buga para efectuar la inscripci\u00f3n de la suspensi\u00f3n del poder dispositivo sobre los bienes de la sociedad Hacienda Brisuelas, en auto 410 de 2 de agosto de 2022, resolvi\u00f3 decretar el levantamiento de la medida respecto de dichos bienes, para lo cual orden\u00f3 comunicar el levantamiento de medida a la mencionada Oficina de Registro. <\/p>\n
4. Del recuento efectuado, no se advierte la vulneraci\u00f3n endilgada al Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Palmira, en tanto que, el proceder de dicha autoridad no revela la v\u00eda de hecho alegada por Diego D\u00edaz \u00c1lvarez, como quiera que, si bien cuestiona la falta de notificaci\u00f3n del auto 404 de 28 de julio de 2022, lo cierto es que, lo dispuesto en el mismo, esto es, el levantamiento de la medida de suspensi\u00f3n del poder dispositivo decretada respecto de los bienes que pertenecen a las sociedades San Jos\u00e9 de Nima Ltda. y Hacienda Brisuelas, ya hab\u00eda sido ordenado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga en sentencia de segunda instancia proferida el 23 de julio de 2021, determinaci\u00f3n comunicada a las partes en su momento, excepto que la orden no se hab\u00eda materializado completamente, por tanto, el aqu\u00ed accionante ten\u00eda conocimiento desde esa fecha, de la orden de levantamiento de las medidas, circunstancia que descarta la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos invocados. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, las divergencias exteriorizadas por Diego D\u00edaz \u00c1lvarez a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, frente a lo decidido en el auto objeto de su inconformidad, no resultan suficientes para que acuda al juez constitucional, con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido por el juzgador correspondiente. (CSJ. STC 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en la STC 1212-2022). <\/p>\n
5. Ahora bien, en relaci\u00f3n con lo se\u00f1alado por el accionante en la impugnaci\u00f3n, referente a que, si bien los procesados fueron absueltos en las instancias, lo cierto es que el asunto a\u00fan no ha culminado, puesto que se encuentra surtiendo el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, resulta ser un cuestionamiento nuevo no expuesto en la demanda de tutela, situaci\u00f3n que, por lo tanto, no pudo ser controvertida por los implicados, raz\u00f3n por la cual un pronunciamiento de esta instancia frente al mismo implicar\u00eda la vulneraci\u00f3n del debido proceso y del derecho de defensa del aqu\u00ed accionado. <\/p>\n
6. De conformidad con lo expuesto, la sentencia constitucional impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC15734-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente STC15734-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-01940-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-69057","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69057","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69057"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69057\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69057"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69057"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69057"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}