STC15736-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC15736-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 63001-22-14-000-2022-00113-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Armenia el 26 de octubre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela que Edwin Juli\u00e1n Hern\u00e1ndez Ochoa formul\u00f3 contra el Partido Pol\u00edtico Cambio Radical, el Consejo Nacional Electoral – CNE y el Concejo Municipal de Calarc\u00e1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n, presuntamente vulnerado por los accionados. <\/p>\n
Manifest\u00f3, en s\u00edntesis, que fue elegido como concejal del Municipio de Calarc\u00e1, pero el partido pol\u00edtico Cambio Radical, sin haber agotado el debido proceso, lo expuls\u00f3 de esa colectividad, ante las denuncias que, en medios de comunicaci\u00f3n \u00abamarillistas\u00bb, se hicieron en su contra por el presunto delito de actos sexuales abusivos contra menor de edad. <\/p>\n
Inform\u00f3, que el 15 de julio de 2022, present\u00f3 un derecho de petici\u00f3n ante el Consejo Nacional Electoral, con la finalidad de continuar en su curul en el Concejo Municipal de Calarc\u00e1 y ejercer su voz y voto, y, de la misma manera, procedi\u00f3 el 6 de agosto siguiente ante Cambio Radical, al que le solicit\u00f3 su reintegro, debido al archivo de la investigaci\u00f3n que sobre el particular hab\u00eda iniciado la Fiscal\u00eda, as\u00ed como tambi\u00e9n lo hizo el 5 de septiembre de 2022 frente al Concejo Municipal de Calarc\u00e1, para pedir justificaci\u00f3n sobre la prohibici\u00f3n impuesta, sin embargo, a la fecha de presentaci\u00f3n de la tutela no hab\u00eda obtenido una respuesta satisfactoria, pese a haberse superado el t\u00e9rmino legal. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3, que el partido pol\u00edtico decidi\u00f3 sancionarlo con expulsi\u00f3n, sin que le notificara un pliego de cargos o proceso disciplinario en los que se especificaran los fundamentos de hecho y de derecho de la investigaci\u00f3n promovida en su contra, con lo que se vulner\u00f3 la presunci\u00f3n de inocencia y el derecho a ser elegido por voto popular. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, de la misma manera, se vulner\u00f3 el derecho de las personas que lo apoyaron electoralmente para desempe\u00f1ar su curul, sin que tuviese la posibilidad de acudir a otros mecanismos judiciales para la defensa de sus derechos fundamentales si se tiene en cuenta que, con anterioridad, formul\u00f3 otra acci\u00f3n de tutela por los aludidos hechos, la cual fue declarada improcedente por ausencia del requisito de subsidiaridad. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 ordenar a las accionadas otorgare una respuesta de fondo a sus peticiones, y, a las autoridades competentes, \u00abagilizar y\/o resolver de fondo [su] situaci\u00f3n jur\u00eddica \/pol\u00edtica actual (\u2026) con el fin de parar los perjuicios ocasionados tras la expulsi\u00f3n del partido Cambio Radical\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
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1. El Concejo Municipal de Calarc\u00e1 argument\u00f3 que sus actuaciones administrativas se han ce\u00f1ido a las determinaciones adoptadas por Cambio Radical y, por ende, se imparti\u00f3 estricto cumplimiento a la decisi\u00f3n adoptada por el mencionado partido pol\u00edtico, mediante pronunciamiento n\u00famero 199 de 31 de marzo de 2022, proferido por el respectivo Consejo de Control \u00c9tico, que fue notificado al accionante. <\/p>\n
Relat\u00f3, que seg\u00fan el concepto n\u00famero 11001-03-06-000-2014-00246-00 (2231) que expidi\u00f3 la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, el efecto jur\u00eddico de la expulsi\u00f3n del accionante implic\u00f3 la imposibilidad de que pudiera cumplir sus deberes de pertenencia a un partido o movimiento pol\u00edtico y \u00ablo pone en contrav\u00eda de las reglas de organizaci\u00f3n y funcionamiento de tales corporaciones, en las que los de participaci\u00f3n y funcionamiento de tales corporaciones corresponden a las bancadas y no a sus integrantes individualmente considerados\u00bb, por lo que el accionante estaba afectado en sus facultades de participaci\u00f3n pol\u00edtica, seg\u00fan lo prev\u00e9 el art\u00edculo 4\u00ba de la Ley 974 de 2005. <\/p>\n
<\/p>\n
Despu\u00e9s de realizar un recuento de las actuaciones adelantadas en el tr\u00e1mite efectuado por el Consejo de Control \u00c9tico y Comit\u00e9 Central del Partido, manifest\u00f3 que la sanci\u00f3n de expulsi\u00f3n del partido fue producto de un estricto cumplimiento al procedimiento disciplinario previsto para el efecto, el cual se aplic\u00f3 con participaci\u00f3n del accionante, quien apel\u00f3 la decisi\u00f3n ante el Comit\u00e9 Central del Partido, cuyo recurso fue resuelto desfavorablemente, por lo que, de conformidad con el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 130 de 1994, este \u00faltimo pronunciamiento pod\u00eda ser cuestionado ante el Consejo Nacional Electoral y sus decisiones, demandarlas con posterioridad ante el Consejo de Estado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Consejo Nacional Electoral requiri\u00f3 declarar improcedente la acci\u00f3n de tutela, porque no ha vulnerado los derechos fundamentales alegados, e indic\u00f3 que, el proyecto de ponencia que se pronunciar\u00eda en relaci\u00f3n con la petici\u00f3n de 15 de julio de 2022, fue radicado por el Magistrado ponente ante la Secretar\u00eda de la Corporaci\u00f3n el 21 de octubre, correspondi\u00e9ndole el n\u00famero de Sala 0143, para ser discutido en Sala Plena, por lo que era evidente que de ning\u00fan modo pod\u00eda ser entendido como un acto de mero tr\u00e1mite, ya que la generaci\u00f3n de ese acto administrativo obedec\u00eda a unos ritualismos de estricto estudio, porque genera derechos pol\u00edticos a los peticionarios. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Armenia, declar\u00f3 improcedente el amparo, tras estimar que la solicitud elevada por el actor el 15 de julio de 2022, ante el Consejo Nacional Electoral no pod\u00eda ser considerada un simple \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb, en la medida en que deb\u00eda ser objeto de una resoluci\u00f3n que est\u00e1 sometida a plazos y turnos establecidos por la autoridad accionada, por lo que \u00abcualquier inquietud con su requerimiento e irregularidad que consider[ara] se present[\u00f3] en el mismo, deber\u00e1 proponerla y debatirla dentro de la misma actuaci\u00f3n, a trav\u00e9s del incoamiento de los instrumentos previstos para el efecto, m\u00e1xime que en este caso no se aleg\u00f3 y menos demostr\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable que hiciera procedente del amparo de forma transitoria o provisoria\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el solicitante para insistir en sus pretensiones y reiterar que las accionadas no respetaron los t\u00e9rminos legales con los que contaban para definir sus peticiones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. La acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica es un mecanismo judicial de car\u00e1cter excepcional breve y sumario que permite la protecci\u00f3n de derechos fundamentales cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad o de un particular -en casos excepcionales-. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En cuanto al contenido y alcance del derecho fundamental de petici\u00f3n, la doctrina constitucional prev\u00e9 que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de inter\u00e9s general o particular y a obtener pronta resoluci\u00f3n, cuya eficacia est\u00e1 supeditada al cumplimiento de tres exigencias, (i) la respuesta debe ser adecuada a la solicitud planteada, (ii) efectiva para la soluci\u00f3n del caso en cuesti\u00f3n, es decir, el funcionario no solo est\u00e1 llamado a responder sino que tambi\u00e9n debe esclarecer, dentro de lo posible, el camino jur\u00eddico que conduzca al peticionario a la soluci\u00f3n del problema, y, (iii) oportuna, sin que ello implique, claro est\u00e1, que deba ser favorable a los intereses de los titulares de la solicitud. <\/p>\n
Adem\u00e1s, la contestaci\u00f3n debe ser puesta en conocimiento de estos dentro de los quince (15) d\u00edas a los que se refiere el art\u00edculo 14 de la Ley 1755 de 20151, a menos que exista \u00abnorma legal especial\u00bb que disponga alg\u00fan t\u00e9rmino particular. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley 130 de 19942 estableci\u00f3 como una de las obligaciones de los partidos pol\u00edticos, el adoptar sus propios estatutos, con base en los cuales, entre otros, se deben regir las decisiones que tomen frente a los distintos ciudadanos con los cuales interact\u00faan. As\u00ed, dicha disposici\u00f3n finaliza se\u00f1alando que \u00abCualquier ciudadano, dentro de los veinte d\u00edas siguientes a la adopci\u00f3n de la respectiva decisi\u00f3n, podr\u00e1 impugnar ante el Consejo Nacional Electoral las cl\u00e1usulas estatutarias contrarias a la Constituci\u00f3n, a la ley o a las disposiciones del Consejo Nacional Electoral, o las decisiones de las autoridades de los partidos y movimientos tomadas contraviniendo las mismas normas.\u00bb (\u00c9nfasis no original). <\/p>\n
<\/p>\n
4. De acuerdo con el art\u00edculo 265 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, el Consejo Nacional Electoral, <\/p>\n
[R]egular\u00e1, inspeccionar\u00e1, vigilar\u00e1 y controlar\u00e1 toda la actividad electoral de los partidos y movimientos pol\u00edticos, de los grupos significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos, garantizando el cumplimiento de los principios y deberes que a ellos corresponden, y gozar\u00e1 de autonom\u00eda presupuestal y administrativa. Tendr\u00e1 las siguientes atribuciones especiales: <\/p>\n
1. Ejercer la suprema inspecci\u00f3n, vigilancia y control de la organizaci\u00f3n electoral. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
6. Velar por el cumplimiento de las normas sobre Partidos y Movimientos Pol\u00edticos y de las disposiciones sobre publicidad y encuestas de opini\u00f3n pol\u00edtica; por los derechos de la oposici\u00f3n y de las minor\u00edas, y por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garant\u00edas. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
11. Colaborar para la realizaci\u00f3n de consultas de los partidos y movimientos para la toma de decisiones y la escogencia de sus candidatos. <\/p>\n
14. Las dem\u00e1s que le confiera la ley\u201d. <\/p>\n
En consecuencia, es esta autoridad la competente para decidir las impugnaciones que presente cualquier ciudadano contra las decisiones de los partidos y movimientos pol\u00edticos, seg\u00fan se extrae del art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley 130 de 1994, en concordancia con los art\u00edculos 1\u00b0 y 4\u00b0 de la Ley 1475 de 2011 que establecen lo pertinente sobre los principios de organizaci\u00f3n y funcionamiento de los partidos y movimientos pol\u00edticos, y el contenido de sus estatutos, respectivamente, sin que ciertamente exista un plazo o t\u00e9rmino concreto para ejercer dicha funci\u00f3n. <\/p>\n
No obstante, resulta razonable concluir, que la complejidad que en algunos casos se presenta en las referidas impugnaciones, impide que sea bajo los cortos plazos se\u00f1alados en la Ley 1755 de 2015, que deba decidirse sobre el particular -en todo caso, dentro de t\u00e9rminos razonables3- m\u00e1xime si se en cuenta se tiene, que en la mayor\u00eda de \u00e9stos resulta necesario el decreto, pr\u00e1ctica e incorporaci\u00f3n de pruebas tendientes a dilucidar la tem\u00e1tica puesta en conocimiento del CNE, en aras de garantizar a los involucrados sus derechos a la contradicci\u00f3n y defensa, as\u00ed como para velar por el debido proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
5. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, se encuentra acreditado que, el 20 de enero de 2022, la secretaria del Consejo de Control \u00c9tico del Partido Pol\u00edtico Cambio Radical, notific\u00f3 al accionante la apertura de una investigaci\u00f3n disciplinaria y, que mediante pronunciamiento 199 de 31 de marzo siguiente, decidi\u00f3 sancionarlo con su expulsi\u00f3n del partido, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 su Comit\u00e9 Central en Acta 106 de 4 de mayo del a\u00f1o que avanza. <\/p>\n
Asimismo, que el 15 de julio de 2022, el accionante present\u00f3, ante el Consejo Nacional Electoral – CNE \u00abImpugnaci[\u00f3]n -Denuncia por violaci\u00f3n de derechos pol[\u00ed]ticos y derechos fundamentales por parte del partido pol[\u00ed]tico cambio radical\u00bb, pidi\u00f3, que se decretara la nulidad de todo lo actuado en el proceso disciplinario referido y, en consecuencia, se dejaran sin efectos las decisiones adoptadas por el partido pol\u00edtico en menci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
6. As\u00ed las cosas, es claro que el aqu\u00ed accionante, ante las determinaciones proferidas tanto por el Consejo de Control \u00c9tico, como por el Comit\u00e9 Central del partido pol\u00edtico al que se encontraba vinculado, lo que present\u00f3 el 15 de julio de 2022 ante el CNE, fue la \u00abimpugnaci\u00f3n\u00bb de que trata la Ley 130 de 1994 referida, y no un simple derecho de petici\u00f3n, recurso cuyo tr\u00e1mite se encuentra sometido a lo dispuesto en la Resoluci\u00f3n 065 de 1996, expedida por el CNE4, el cual define, entre otros, la periodicidad de sus sesiones de decisi\u00f3n, la expedici\u00f3n de sus \u00f3rdenes del d\u00eda y su quorum decisorio. <\/p>\n
Por tanto, en principio, los precisos t\u00e9rminos establecidos en la Ley 1755 de 2015 no pod\u00edan aplicarse de manera estricta en este caso, en la medida en que, como se pudo observar en el informe remitido el 21 de noviembre de 2022 por el CNE, el asunto que all\u00ed se tramita no solo result\u00f3 afectado por una tardanza en el nombramiento del Magistrado Ponente, carga que no le puede ser imputada a este \u00faltimo, por no estar bajo su control, sino que, adem\u00e1s, se hizo necesario decretar ciertas pruebas que, apenas, mientras se proyectaba esta decisi\u00f3n, finalizaba el t\u00e9rmino concedido para tales efectos5. <\/p>\n
Sin perjuicio de todo lo anterior, m\u00edrese bien que el proyecto de la respectiva decisi\u00f3n ya fue radicado por el Magistrado que conoce de la impugnaci\u00f3n elevada por el actor, funcionario este que manifest\u00f3 que \u00ab[u]na vez recaudado [el] material probatorio [\u2026] radicar\u00e1 cambio al proyecto de sala bajo n\u00famero 143 orientado conforme las nuevas piezas procesales incorporadas al expediente.\u00bb6; asimismo, fue anunciado para el orden del d\u00eda 23 de noviembre de 20227, lo que de plano desdibuja la par\u00e1lisis se\u00f1alada por el accionante y permite concluir que su caso sigue en tr\u00e1mite, sin que se advierta una mora injustificada que imponga la intervenci\u00f3n del juez de la tutela. <\/p>\n
7. Ahora bien, en lo que guarda relaci\u00f3n con el derecho de petici\u00f3n que present\u00f3 el actor el 6 de agosto de 2022, ante el Partido Pol\u00edtico Cambio Radical, observ\u00f3 la Sala que el 21 de noviembre de 2022, este le notific\u00f3 al interesado la respuesta que ech\u00f3 de menos8, con lo que se present\u00f3 una carencia actual del objeto de tutela, que impide al Juez constitucional proferir alg\u00fan ordenamiento en tal sentido. <\/p>\n
T\u00e9ngase presente, en cualquier caso, que una vez desaparecidas las causas que motivaron la interposici\u00f3n del amparo, este debe fracasar, pues, \u00absi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ. STC de 13 de marzo de 2009, rad. 2009-00147-01, reiterada entre muchos, en STC10752-2020, STC11271-2021, STC3520-2022 y STC6738-2022). <\/p>\n
<\/p>\n
8. Finalmente, frente a la petici\u00f3n que el se\u00f1or Hern\u00e1ndez Ochoa present\u00f3 ante el Concejo Municipal de Calarc\u00e1 el 5 de septiembre de 2022, se advierte que el accionante aport\u00f3 con el escrito de tutela la respuesta que recibi\u00f3 el 27 del mismo mes, sin que hubiera alegado alguna inconformidad con respecto de su contenido. Contestaci\u00f3n sobre la que debe decirse, la misma se observ\u00f3 completa, congruente y oportuna para los cuestionamientos realizados por el peticionario, con lo que cual se descart\u00f3 una eventual vulneraci\u00f3n del derecho cuya protecci\u00f3n fue invocada. <\/p>\n
<\/p>\n
9. Como consecuencia de lo expuesto, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Que modific\u00f3, entre otros, el art\u00edculo 14 de la Ley 1437 de 2011. <\/p>\n
2\u0002 Por la cual se dicta el estatuto b\u00e1sico de los partidos y movimientos pol\u00edticos, se dictan normas sobre su financiaci\u00f3n y la de las campa\u00f1as electorales y se dictan otras disposiciones. <\/p>\n
3\u0002 Sobre el plazo razonable, la Corte Constitucional en sentencia SU-333 de 2020, explic\u00f3: \u00abel concepto de plazo razonable es indeterminado, pero determinable y procura acudir al an\u00e1lisis de las especificidades de cada caso en particular. Los criterios que han elaborado distintos tribunales para adelantar el estudio son (i) las circunstancias generales del caso concreto (incluida la afectaci\u00f3n actual que el procedimiento implica para los derechos y deberes del procesado), (ii) la complejidad del caso, (iii) la conducta procesal de las partes, (iv) la valoraci\u00f3n global del procedimiento y (v) los intereses que se debaten en el tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Por la cual se dicta el Reglamento de la Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
5\u0002 Cfr. Correo electr\u00f3nico de 21 de noviembre de 2022 mesastoque@cne.gov.co incorporado en el ESAV [expediente digital]. <\/p>\n
6\u0002 Ib\u00eddem. <\/p>\n