STC15737-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC15737-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 68001-22-13-000-2022-00491-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de noviembre dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 14 de octubre de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Jord\u00e1n Alonso P\u00e9rez Garc\u00eda, propietario del establecimiento de comercio Universal de Tapizados, contra la Superintendencia de Industria y Comercio. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a Daniel Camilo Jaramillo y todos los intervinientes en el proceso objeto de censura. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente conculcados por la autoridad accionada, en el proceso de protecci\u00f3n al consumidor de radicado 21-389115. <\/p>\n
2. Del escrito de tutela y las pruebas allegadas se establece que, el 13 de mayo de 2021, Daniel Camilo Jaramillo compr\u00f3 una silla en Universal de Tapizados, establecimiento de comercio del aqu\u00ed accionante y, el 23 de agosto siguiente, solicit\u00f3 que fuera reparada en garant\u00eda. Ante la insatisfacci\u00f3n con el resultado, solicit\u00f3 el reembolso del dinero, que fue denegado. <\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, Daniel Camilo Jaramillo promovi\u00f3 una acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor, en virtud de la cual la Delegatura Para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante fallo del del 6 de septiembre de 2022, declar\u00f3 que Jord\u00e1n Alonso P\u00e9rez Garc\u00eda vulner\u00f3 los derechos del consumidor y, por tanto, le orden\u00f3 pagar al promotor $1.170.000, \u00aba t\u00edtulo de efectividad de la garant\u00eda\u00bb. <\/p>\n
El 13 de septiembre de 2022, el demandando radic\u00f3 una solicitud de nulidad de la sentencia y, adem\u00e1s, la impugn\u00f3, con fundamento en que no se hab\u00edan valorado las pruebas aportadas y porque no estaba de acuerdo con la decisi\u00f3n. El 4 de octubre de 2022, la nulidad se rechaz\u00f3 de plano, por no haberse invocado la causal de nulidad, al igual que se rechaz\u00f3, por improcedente, la impugnaci\u00f3n, porque el proceso era de \u00fanica instancia y no proced\u00eda recurso alguno contra el fallo. <\/p>\n
3. La parte actora sostuvo que s\u00f3lo deber\u00eda devolver el valor ajustado, \u00abteniendo en cuenta el p\u00e9simo estado en que devolvi\u00f3 la silla, acorde con el art\u00edculo 16 de la ley 1480 de 2011, y basados en las pruebas allegadas a la S.I.C, pruebas que no fueron valoradas\u00bb y que daban cuenta del mal uso del art\u00edculo durante tres meses (causal de exoneraci\u00f3n), entre ellas, un video entregado con la contestaci\u00f3n de la demanda y la constancia de recibido a satisfacci\u00f3n de fecha 9 de septiembre de 2021, luego de que el producto pasara por la garant\u00eda. Se\u00f1al\u00f3, adem\u00e1s, que el comprador no acept\u00f3 \u00abvarias f\u00f3rmulas de soluci\u00f3n\u00bb que le propuso cuando contest\u00f3 un derecho de petici\u00f3n que \u00e9l present\u00f3 y, por \u00faltimo, puso de presente que, por la venta de la silla, pag\u00f3 a la DIAN $186.806.67, por concepto de IVA, suma que perder\u00eda si realiza la devoluci\u00f3n total de lo recibido por el art\u00edculo. <\/p>\n
4. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, que se ordene a la accionada modificar la sentencia del 6 de septiembre de 2022, para que disponga la devoluci\u00f3n del 70% del dinero pagado. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
La Superintendencia de Industria y Comercio aludi\u00f3 a las razones expuestas en la providencia censurada y destac\u00f3 que el demandando no prob\u00f3 la causal de exoneraci\u00f3n de responsabilidad invocada. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo, tras establecer que la decisi\u00f3n de la superintendencia accionada resulta razonable y no se advierte caprichosa o desbordada, dado que \u00abvalor\u00f3 todas las circunstancias que dieron origen a la queja elevada por el consumidor, as\u00ed como la defensa planteada por el accionante\u00bb, para concluir que se demostraron los supuestos f\u00e1cticos contemplados en el art\u00edculo 11 de la Ley 1480 de 2011 y no as\u00ed la causal de exoneraci\u00f3n, para hacer efectiva la garant\u00eda, alegada por el demandado. Afirm\u00f3 que el video allegado por este s\u00ed fue tenido en cuenta por la convocada, la cual evidenci\u00f3 que, en las \u00f3rdenes de servicio, no se dej\u00f3 constancia de que el deterioro de la silla obedeciera a un supuesto uso indebido del consumidor. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor reiter\u00f3 que no se valoraron las pruebas y no se tuvieron en cuenta sus alegaciones, pues, de haberlo hecho, se habr\u00eda llegado a la conclusi\u00f3n de que el producto fue devuelto en mal estado, debido al mal uso, pues hac\u00eda 3 meses apenas que hab\u00eda sido entregado al consumidor. Esta situaci\u00f3n, que no evidenci\u00f3 la autoridad demandada, lo hubiera exonerado de la garant\u00eda, seg\u00fan lo previsto por el art\u00edculo 16 de la Ley 1480 de 2011. <\/p>\n
En adici\u00f3n, manifest\u00f3 que el producto fue reparado y entregado nuevamente en perfecto estado al consumidor, quien el mismo d\u00eda, despu\u00e9s de haberlo recibido a satisfacci\u00f3n, lo retorn\u00f3, supuestamente porque no hab\u00eda quedado bien, evidenci\u00e1ndose que lo \u00fanico que quer\u00eda era la devoluci\u00f3n del dinero, no obstante haberle ofrecido distintas alternativas de soluci\u00f3n, como el cambio del producto o de la pieza supuestamente defectuosa. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2. En el aludido fallo, la Superintendencia, inicialmente, hizo un recuento de los hechos y asegur\u00f3 que el consumidor demandante adquiri\u00f3 una silla ergon\u00f3mica, que luego devolvi\u00f3 por \u00abruptura y mal funcionamiento\u00bb. La reparaci\u00f3n que hizo el demandado no fue adecuada, pues el da\u00f1o persist\u00eda, raz\u00f3n por la cual el usuario reclam\u00f3 por segunda vez y dej\u00f3 el producto en las instalaciones del accionado, \u00abaclarando la intenci\u00f3n de obtener la devoluci\u00f3n de la totalidad del dinero\u00bb. <\/p>\n
Luego, tras referir los argumentos de defensa y advertir que se tendr\u00edan en cuenta las pruebas aportadas por las partes, entre ellas las allegadas por el demandando, \u00abdocumentos obrantes a p\u00e1gina 3 y 4 del consecutivo 5 del expediente virtual\u00bb, la autoridad cognoscente cit\u00f3 la Ley 1480 de 2011, sobre la obligaci\u00f3n de garant\u00eda de los productores y\/o proveedores frente a los consumidores, \u00abpor la calidad, idoneidad, seguridad y buen estado de los productos\u00bb, quienes \u00abtienen derecho a obtener la reparaci\u00f3n totalmente gratuita del bien cuando se presente una falla y, en caso de repetirse, podr\u00e1 obtener a su elecci\u00f3n una nueva reparaci\u00f3n, la devoluci\u00f3n total o parcial del precio pagado o el cambio del bien por otro de la misma especie, similares caracter\u00edsticas o especificaciones t\u00e9cnicas\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a los presupuestos de la obligaci\u00f3n de la garant\u00eda para el caso concreto, se\u00f1al\u00f3 que estaba probado, en primer lugar, la relaci\u00f3n de consumo, pues as\u00ed lo reconoci\u00f3 el demandado en su contestaci\u00f3n y, adem\u00e1s, con la demanda se alleg\u00f3 la factura electr\u00f3nica de venta FE1121 del 13 de mayo de 2021, expedida por el se\u00f1or Jord\u00e1n Alonso Garc\u00eda; en segundo lugar, la ocurrencia del defecto, de conformidad con el art\u00edculo 10 de la Ley 1480 de 2011. <\/p>\n
En cuanto a este \u00faltimo, destac\u00f3 que el consumidor refiri\u00f3 que el producto adquirido present\u00f3 ruptura y mal funcionamiento, por lo que ingres\u00f3 por primera vez a servicio t\u00e9cnico el 23 de agosto de 2021, como se desprende del folio 2 de la p\u00e1gina 4 del consecutivo 5 del expediente, al tiempo que el demandado reconoci\u00f3 que la silla presentaba un desajuste general y que la espuma del asiento estaba rota en los lados. <\/p>\n
Se estableci\u00f3, igualmente, que el 9 de septiembre de 2021 el producto ingres\u00f3 nuevamente al almac\u00e9n y se dej\u00f3 constancia de que ya se hab\u00eda aplicado garant\u00eda y de que el cliente no estaba conforme con la soluci\u00f3n dada, situaci\u00f3n que el fallador contrast\u00f3 con las fotograf\u00edas aportadas por el actor. <\/p>\n
Por \u00faltimo, en cuanto a las causales de exoneraci\u00f3n de la responsabilidad de garant\u00eda, contempladas en el art\u00edculo 16 de la referida ley, advirti\u00f3 que la carga probatoria para demostrar el nexo causal entre esta y el defecto del bien estaba en cabeza de quien la invocaba y que, en el asunto bajo examine, \u00ablas \u00f3rdenes de servicio t\u00e9cnico no dan cuenta de causales de exoneraci\u00f3n, mientras que por parte del consumidor se allegan los soportes que dan lugar a considerar evidente la reiteraci\u00f3n de la falla, circunstancia contraria a la defensa, que se limit\u00f3 simplemente a realizar una manifestaci\u00f3n\u00bb, raz\u00f3n por la cual orden\u00f3 al demandado que, a t\u00edtulo de efectividad de la garant\u00eda, proceda con la devoluci\u00f3n al consumidor de $1.170.000, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del art\u00edculo 11 de la Ley 1480 de 2011. <\/p>\n
3. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n motivada de las pruebas consideradas y la normatividad que gobierna el asunto, de forma que se evacuaron razonablemente los argumentos reiterados en sede de tutela. <\/p>\n
En ese orden, la autoridad accionada estableci\u00f3 los presupuestos para la efectividad de la garant\u00eda que deb\u00eda brindar el vendedor del producto, ante la probada persistencia de la falla, sin que fuera demostrado el uso indebido del bien, alegado por el demandado, como causal de exoneraci\u00f3n, pues en las dos oportunidades que se recibi\u00f3 la silla por el vendedor, no se dej\u00f3 tal observaci\u00f3n en las respectivas constancias. <\/p>\n
Establecido lo anterior, era procedente la orden de reintegrar la totalidad de lo pagado por el comprador, como una de las opciones que tiene el afectado a la hora de materializar la garant\u00eda. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el sub judice se identifica una disparidad de criterios entre lo considerado por el juzgador accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el solicitante, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala, en sentencia CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01, precis\u00f3 que el juez de tutela no es el llamado a \u00abintervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y tampoco est\u00e1 facultado para realizar, bajo ese pretexto, una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb. <\/p>\n
5. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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