STC15741-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15741-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-30-000-2022-00887-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de noviembre dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 26 de julio de 2022 por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, que neg\u00f3 el amparo reclamado por M\u00f3nica Fonseca Garc\u00eda contra la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Santander y la Unidad Nacional de Registro de Abogados y Auxiliares de la Justicia. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso disciplinario de radicado 2018-00553. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora reclam\u00f3 la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, defensa, \u00ablegalidad y seguridad jur\u00eddica\u00bb. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. Joel Jes\u00fas Guerrero Motta instaur\u00f3 una queja disciplinaria contra la abogada M\u00f3nica Fonseca Garc\u00eda, aludiendo a su obrar negligente en el ejercicio del mandato conferido en el proceso ordinario laboral, pues \u00abdej\u00f3 vencer los t\u00e9rminos\u00bb para presentar la conciliaci\u00f3n prejudicial ante las autoridades competentes y, por ende, perdi\u00f3 la oportunidad de reclamar sus derechos laborales y de la seguridad social, adem\u00e1s de que le minti\u00f3 de forma reiterada, \u00abpara evadir su responsabilidad\u00bb1. <\/p>\n
2.2. El 24 de mayo de 20182, la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Santander abri\u00f3 el proceso disciplinario bajo el radicado 2018-00553 y cit\u00f3 a las partes a audiencia de pruebas y calificaci\u00f3n provisional de la conducta para el 6 de noviembre siguiente. Y aunque la investigada solicit\u00f3 el aplazamiento de la diligencia, porque ten\u00eda programada otra de car\u00e1cter penal, la Sala determin\u00f3 que su excusa era infundada y dio aplicaci\u00f3n a lo establecido en el art\u00edculo 104 del C\u00f3digo Disciplinario del Abogado; sin embargo, ante la no comparecencia de las partes y del Ministerio P\u00fablico, reprogram\u00f3 la diligencia para el 8 de mayo de 20193. <\/p>\n
2.3. El 2 de mayo de 2019 se fij\u00f3 edicto emplazatorio y, el 7 de mayo de posterior, se declar\u00f3 a la investigada como persona ausente y se le design\u00f3 defensor de oficio4. <\/p>\n
2.4. El 8 de mayo siguiente, d\u00eda programado para la celebraci\u00f3n de la audiencia, la citada profesional alleg\u00f3 otra excusa de inasistencia -incapacidad m\u00e9dica- y requiri\u00f3 nuevamente su suspensi\u00f3n5, lo cual no ocurri\u00f3, al constatar la presencia de los abogados de las partes. En ella se decretaron las pruebas y se formularon cargos a la actora, por un concurso de faltas a la diligencia profesional6. <\/p>\n
2.5. El 27 de febrero de 20207, la Colegiatura censurada adelant\u00f3 la audiencia de juzgamiento, en la que el defensor de oficio present\u00f3 alegatos de conclusi\u00f3n y pidi\u00f3 aplicar a la investigada la sanci\u00f3n de censura, por \u00abcarecer de antecedentes disciplinarios\u00bb8. Aqu\u00e9lla se excus\u00f3 nuevamente de asistir, con sustento en que ten\u00eda programada otra diligencia judicial9. <\/p>\n
2.6. El 4 de septiembre de 2020, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Santander la declar\u00f3 responsable de los cargos formulados, por la comisi\u00f3n de faltas a la debida diligencia profesional, seg\u00fan lo consagrado en los numerales 1\u00ba y 2\u00ba del art\u00edculo 37 del C\u00f3digo Disciplinario del Abogado, y la sancion\u00f3 con 12 meses de suspensi\u00f3n en el ejercicio de la profesi\u00f3n10. <\/p>\n
2.7. Inconforme con lo anterior, el abogado de confianza de la sancionada interpuso recurso de apelaci\u00f3n y pidi\u00f3 invalidar el tr\u00e1mite y, el 18 de mayo de 2022, la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial neg\u00f3 la nulidad solicitada, modific\u00f3 el fallo anterior, en tanto orden\u00f3 terminar y archivar la actuaci\u00f3n en relaci\u00f3n con la falta prevista en el numeral 1 del art\u00edculo 37 de la Ley 1123 de 2007, por haber operado la prescripci\u00f3n, y confirm\u00f3 su responsabilidad por la falta contemplada en el numeral 2 de la norma en cita, reduciendo el monto de la sanci\u00f3n a 4 meses de suspensi\u00f3n en el ejercicio de la profesi\u00f3n11. <\/p>\n
2.8. El 1 de junio de 2022, la actora pidi\u00f3 aclarar el fallo en cuanto a la dosificaci\u00f3n de la sanci\u00f3n, al tiempo que solicit\u00f3 al Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia la suspensi\u00f3n de la anotaci\u00f3n de la sanci\u00f3n hasta tanto se resolviera dicha aclaraci\u00f3n12. El 9 de junio siguiente, esta autoridad inform\u00f3 que la tarjeta profesional de la solicitante se encontraba en estado \u00abno vigente\u00bb y que no exist\u00eda situaci\u00f3n para modificar o corregir, por cuanto no se hab\u00eda recibido el fallo aclaratorio de la sanci\u00f3n disciplinaria impuesta por el ad quem13. <\/p>\n
2.9. La accionante censura que las Comisiones de Disciplina Judicial accionadas no valoraron la excusa que present\u00f3 por la inasistencia a la audiencia de 6 de noviembre de 2018 y agreg\u00f3 que la actuaci\u00f3n adolece de nulidad, por violaci\u00f3n a su derecho de defensa, dado que su defensor de oficio fue designado un d\u00eda antes de la audiencia, lo cual le impidi\u00f3 comunicarse con \u00e9l, lo que \u00abderiv\u00f3 en la pobre y nula actividad de defensa que se evidencia en el proceso\u00bb. <\/p>\n
Cuestiona que los fallos del 4 de septiembre de 2020 y del 18 de mayo de 2022 se emitieron con base en las pruebas aportadas por el quejoso y no se tuvo en cuenta la solicitud de la defensa relativa a la aplicaci\u00f3n de la censura en consideraci\u00f3n a los criterios de graduaci\u00f3n de la sanci\u00f3n, sumado a que la sentencia de segunda instancia no fundament\u00f3 la dosificaci\u00f3n sancionatoria aun cuando se presentaron circunstancias de atenuaci\u00f3n de la pena. <\/p>\n
Reprocha que la Unidad Nacional de Registro de Abogados y Auxiliares de la Justicia inscribi\u00f3 la sanci\u00f3n sin que se hubiera resuelto la solicitud de aclaraci\u00f3n frente al fallo de segundo grado y alega que, en la causa disciplinaria endilgada, oper\u00f3 el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n consagrado en el art\u00edculo 24 de la Ley 1123 de 2007, porque, en su sentir, la decisi\u00f3n emitida el 18 de mayo de 2022 cobr\u00f3 ejecutoria el 1 de julio siguiente. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 declarar: i) la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n disciplinaria por prescripci\u00f3n y la nulidad de todo lo actuado, a partir de la audiencia celebrada el 8 de mayo de 2019 y ii) modular los efectos del fallo de 18 de mayo de 2022 y aplicar lo dispuesto en el numeral 2, literal b, del art\u00edculo 45 de la Ley 1123 de 2007. <\/p>\n
1. La Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial solicit\u00f3 negar la tutela, por cuanto no se desconocieron las garant\u00edas constitucionales de la actora, ni se incurri\u00f3 en alg\u00fan defecto constitutivo de v\u00eda de hecho. Afirm\u00f3 que lo alegado en este tr\u00e1mite constitucional fue abordado y dirimido por la jurisdicci\u00f3n disciplinaria y que no prescribi\u00f3 la acci\u00f3n frente a la conducta por la cual fue sancionada, de conformidad con lo previsto en los art\u00edculos 16 de la Ley 1123 de 2007 y 205 y 206 de la Ley 734 de 2002. <\/p>\n
2. La Comisi\u00f3n Seccional Disciplinaria Judicial de Santander defendi\u00f3 la legalidad del fallo de primera instancia y manifest\u00f3 que se garantizaron los derechos fundamentales de la promotora. <\/p>\n
3. La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia requiri\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la presente acci\u00f3n, dado que no vulner\u00f3 las prerrogativas de la actora. Inform\u00f3 que, por orden del ad quem, anot\u00f3 la sanci\u00f3n de suspensi\u00f3n del ejercicio de la profesi\u00f3n de la accionante por el t\u00e9rmino de cuatro meses, la cual rigi\u00f3 entre el 3 de junio y el 2 de octubre de 2022. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el amparo, porque consider\u00f3 que la decisi\u00f3n censurada es razonable y se soporta en la normativa pertinente, en las pruebas legalmente allegadas al proceso y en la jurisprudencia aplicable. Se\u00f1al\u00f3 que el defensor de oficio designado agenci\u00f3 de forma activa los intereses de la actora y que los resultados adversos que ahora censura son producto de \u00absu propia desidia\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, como la actuaci\u00f3n de la disciplinada le gener\u00f3 un perjuicio al quejoso, ning\u00fan criterio de atenuaci\u00f3n se pod\u00eda aplicar al caso, a lo cual se sum\u00f3 que no es posible alegar la prescripci\u00f3n de la falta descrita en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 37 de la Ley 1123 de 2007, porque el ad quem emiti\u00f3 la sentencia el 18 de mayo de 2022, la \u00abcual cobr\u00f3 ejecutoria en esa fecha, y no el 1\u00ba de julio de 2022\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la actora, quien frente a la prescripci\u00f3n adujo que el a quo aplic\u00f3 los art\u00edculos 205 y 206 de la Ley 734 de 2002, normas que fueron derogadas por el art\u00edculo 138 de la Ley 1952 de 2019 e insisti\u00f3 en que la notificaci\u00f3n del fallo censurado se surti\u00f3 el 1 de julio de 2022. A\u00f1adi\u00f3 que el juez de primera instancia se apart\u00f3 del procedimiento para notificaciones establecido en el Decreto 806 de 2020. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
cho impetrado, por error de hehco y derecho, en el exica saldidad a la fecha de <\/p>\n
1. En el sub examine, la gestora persigue la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados por las autoridades convocadas, con ocasi\u00f3n de la providencia dictada el 18 de mayo de 2022 por la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, que confirm\u00f3 su responsabilidad disciplinaria, por la falta contenida en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 37 de la Ley 1123 de 2007, y del tr\u00e1mite adelantado por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, en el proceso de radicado 2018-00553. <\/p>\n
2. En torno al tema debatido, resulta pertinente se\u00f1alar, en primer lugar, que la Sala centrar\u00e1 su an\u00e1lisis en la providencia de segunda instancia, pues fue la que defini\u00f3 el asunto y resolvi\u00f3 los reparos concretos expuestos por la actora en sede de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Pues bien, respecto del fallo de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, se observa que se explicaron las razones por las cuales confirm\u00f3 su responsabilidad por la falta consagrada en el numeral 2\u00ba de la precitada normativa y redujo el tiempo de la sanci\u00f3n. <\/p>\n
Inicialmente, indic\u00f3 que negaba la solicitud de nulidad, en los t\u00e9rminos en que fue planteada por la recurrente, porque no observ\u00f3 irregularidad sustancial alguna que afectara el debido proceso, pues consider\u00f3 que el a quo encuadr\u00f3 de manera acertada la conducta omisiva de la abogada M\u00f3nica Fonseca Garc\u00eda frente al encargo del quejoso, en las faltas a la debida diligencia profesional de los numerales 1\u00ba y 2\u00ba del art\u00edculo 37 de la Ley 1123 de 2007. <\/p>\n
Luego, sobre la vulneraci\u00f3n al derecho de defensa alegado por la recurrente constat\u00f3 que, \u00abteniendo conocimiento de las [audiencias] con antelaci\u00f3n, [aquella] no acudi\u00f3 a las mismas\u00bb, pues \u00aballegaba excusas para no presentarse\u00bb y, a pesar de que sab\u00eda que se le declar\u00f3 persona ausente y que se le design\u00f3 un defensor de oficio, no entabl\u00f3 comunicaci\u00f3n con \u00e9l, para darle indicaciones sobre su defensa, ni design\u00f3 un abogado de confianza que la representara, sino que lo hizo \u00fanicamente para la formulaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n contra el fallo sancionatorio de primera instancia. Resalt\u00f3, en todo caso, que el defensor de oficio particip\u00f3 activamente en el decurso reprochado. <\/p>\n
Acto seguido, de manera oficiosa declar\u00f3 la extinci\u00f3n parcial de la sanci\u00f3n, por prescripci\u00f3n de la conducta que dio lugar a la falta disciplinaria del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 37 de la Ley 1123 de 2007, comoquiera que transcurrieron m\u00e1s de cinco a\u00f1os desde el 2014, cuando ocurri\u00f3 el actuar reprochado y la fecha de esa determinaci\u00f3n -2022. <\/p>\n
Luego, al descender al caso concreto, se\u00f1al\u00f3 que no eran de recibo los argumentos relacionados con la exclusi\u00f3n de la responsabilidad disciplinaria esbozados por la recurrente. Frente a la causal del numeral 1 del art\u00edculo 22 del C\u00f3digo Disciplinario memorado14, adujo que no se le estaba reprochando a la recurrente que hiciera algo imposible de ejecutar, sino el hecho de que no le hubiese brindado a su cliente la informaci\u00f3n requerida de manera oportuna y, en cuanto al motivo estipulado en el numeral 6 de esa disposici\u00f3n15, constat\u00f3 que, con independencia de que la investigada asumiera el encargo de manera gratuita, no lo tramit\u00f3, generando expectativas a su prohijado \u00absin raz\u00f3n alguna\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, indic\u00f3 que el a quo s\u00ed tuvo certeza para imponer la sanci\u00f3n disciplinaria, pues del caudal probatorio16 evidenci\u00f3 que la disciplinable retard\u00f3 la rendici\u00f3n del informe de gesti\u00f3n solicitado por Joel Jes\u00fas Guerrero Motta, el cual s\u00f3lo entreg\u00f3 como consecuencia de una orden proferida por un juez de tutela; asimismo, verific\u00f3 que, en efecto, esa autoridad aplic\u00f3 los criterios para graduar la sanci\u00f3n, conforme a lo reglado en el precepto 45 y siguientes de la citada codificaci\u00f3n, pues se comprob\u00f3 la indiligencia de aqu\u00e9lla y el perjuicio generado al quejoso, consistente en la \u00abesperanza\u00bb de obtener las prestaciones a las que cre\u00eda tener derecho, la cual se mantuvo durante 3 a\u00f1os, raz\u00f3n por la que le solicit\u00f3 el informe de gesti\u00f3n en el 2017. <\/p>\n
En ese orden, concluy\u00f3, de conformidad con el principio de proporcionalidad reglado en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 43 y a los criterios de graduaci\u00f3n establecidos en el art\u00edculo 45 de la Ley 1123 de 2007, que la sanci\u00f3n deb\u00eda reducirse a cuatro meses de suspensi\u00f3n del ejercicio profesional, por hallarla responsable de la falta contemplada en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 37 de la norma en cita. <\/p>\n
3.1. Revisada la determinaci\u00f3n de fondo adoptada y la actuaci\u00f3n refutada, independientemente de que la postura sea o no compartida, no se vislumbra arbitraria ni manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, pues fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas y la normatividad que gobierna el asunto, de forma que se evacuaron, motivadamente, los argumentos de la parte interesada y en los que se insiste en sede de tutela. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial estableci\u00f3, con sustento en los elementos suasorios adosados al plenario, que no hubo violaci\u00f3n al derecho de defensa de la recurrente, pues cont\u00f3 con la representaci\u00f3n de un defensor de oficio, quien asisti\u00f3 a las audiencias, tuvo participaci\u00f3n en estas, solicit\u00f3 pruebas y present\u00f3 alegatos de conclusi\u00f3n, inclusive pidi\u00f3 una sanci\u00f3n m\u00e1s benevolente para su defendida, a pesar de no haberse comunicado con ella, quien, no obstante haber tenido conocimiento de la actuaci\u00f3n desde el a\u00f1o 2018, asumi\u00f3 una actitud desinteresada frente al proceso, tanto que decidi\u00f3 designar un abogado de confianza s\u00f3lo para la formulaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n contra el fallo de primera instancia. <\/p>\n
Adicionalmente, la autoridad judicial demandada encontr\u00f3 que no estaban fundadas las causales de exclusi\u00f3n de la responsabilidad disciplinaria aducidas por la apelante y que, por el contrario, estaba probada su falta de diligencia profesional, por el retardo en la rendici\u00f3n del informe de gesti\u00f3n en el encargo judicial, habida cuenta que tard\u00f3 injustificadamente dos meses en atender la petici\u00f3n de informaci\u00f3n de su representado, el cual s\u00f3lo rindi\u00f3 como consecuencia de una orden constitucional. <\/p>\n
3.2. As\u00ed las cosas, en el sub judice se evidencia una disparidad de criterios entre lo considerado por el juzgador accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la solicitante, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala, en sentencia CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01, precis\u00f3 que el juez de tutela no es el llamado a \u00abintervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y tampoco est\u00e1 facultado para realizar, bajo ese pretexto, una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb. <\/p>\n
4. Por otra parte, frente a la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n disciplinaria, por prescripci\u00f3n de la conducta imputada a la actora con fundamento en la falta prevista por el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 37 del C\u00f3digo Disciplinario de Abogado, el a quo constitucional, en consonancia con el informe que emiti\u00f3 la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, se\u00f1al\u00f3 que, seg\u00fan los art\u00edculos 16 de la Ley 1123 de 2007 y 205 y 206 de la Ley 734 de 2002, las providencias de segunda instancia sobre las cuales no proceden los recursos de ley quedan ejecutoriadas el d\u00eda de su suscripci\u00f3n y, por tanto, como la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial dict\u00f3 el fallo cuestionado el 18 de mayo de 2022, este cobr\u00f3 ejecutoria en esa fecha y no el 1 de julio de 2022, como err\u00f3neamente -asegur\u00f3- lo sugiri\u00f3 la disciplinada, disposiciones que resultaban aplicables al caso concreto, toda vez que, a la entrada en rigor de la Ley 1952 de 2019 (29 de marzo de 2022), el proceso ya hab\u00eda surtido toda la primera instancia y, por tanto, las normas relativas al procedimiento reguladas en la nueva ley no estaban llamadas a gobernar el asunto (art\u00edculo 263 ibidem). <\/p>\n
5. Hechas las anteriores precisiones, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado, por las razones ac\u00e1 expuestas. <\/p>\n
<\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 24 a 28, archivo \u201c0002 125117Demanda\u201d, expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Folio 63, ibidem. <\/p>\n
3\u0002 Folio 90, ibidem. <\/p>\n
4\u0002 Folios 105 y 106, ibidem. <\/p>\n
5\u0002 Folio 109, ibidem. <\/p>\n
6\u0002 Folios 115 a 119, ibidem. <\/p>\n
7\u0002 Folio 175, ibidem. <\/p>\n
8\u0002 Folio 186, ibidem. <\/p>\n
9\u0002 Folios 185, ibidem. <\/p>\n
10\u0002 Folios 187 a 192, ibidem. <\/p>\n
11\u0002 Folios 220 a 256, ibidem. <\/p>\n
12\u0002 Folios 257 a 262, ibidem. <\/p>\n
13\u0002 Folios 263 y 264, ibidem. <\/p>\n
14\u0002 Atinente a que se obre en circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. <\/p>\n
15\u0002 Referido a que se obre con la convicci\u00f3n errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria. <\/p>\n
16\u0002 Consistente en lo informado por la Procuradur\u00eda General de la Nacional y por el Hospital ESE California, Santander, as\u00ed como el fallo de tutela que le orden\u00f3 responder lo peticionado por su representado, y no s\u00f3lo con los documentos aportados por el quejoso. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC15741-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC15741-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-30-000-2022-00887-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de noviembre dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 26 de julio […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-69064","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69064","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69064"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69064\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69064"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69064"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69064"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}