STC15746-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC15746-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2022-02250-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de noviembre dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El representante legal de la sociedad invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad jur\u00eddica y confianza leg\u00edtima, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada en el asunto relacionado. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que el 27 de diciembre de 2017, solicit\u00f3 a la Superintendencia de Sociedades que la admitiera en reorganizaci\u00f3n, lo que se materializ\u00f3 en auto de 22 de marzo de 2018, inscrito en la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Explic\u00f3 que el 30 de abril de 2021 en audiencia de resoluci\u00f3n de objeciones, reconocimiento, calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y asignaci\u00f3n de derechos de voto, se aprob\u00f3 el proyecto radicado, y el 8 de septiembre siguiente, present\u00f3 acuerdo de reorganizaci\u00f3n aprobado por el voto favorable del 51.21780% de los cr\u00e9ditos reconocidos y calificados. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que el 3 de octubre de 2022, no se aprob\u00f3 el acuerdo de reorganizaci\u00f3n presentado, bajo el supuesto de que el mismo no pod\u00eda extenderse para el pago de las acreencias en un plazo superior a 10 a\u00f1os, en atenci\u00f3n a que los acreedores internos y vinculados superaban la mayor\u00eda decisoria. <\/p>\n
Sostuvo que junto con Redcom Ltda, interpuso recurso de reposici\u00f3n, porque los porcentajes de los acreedores internos y vinculados constitu\u00edan el 31.67%, y adem\u00e1s puso de presente que era errada la interpretaci\u00f3n que se hab\u00eda dado al par\u00e1grafo segundo del art\u00edculo 31 de la Ley 1116 de 2009, porque no se configuraban los supuestos indicados en esa regla. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el funcionario de conocimiento mantuvo la decisi\u00f3n, y procedi\u00f3 a otorgar 8 d\u00edas h\u00e1biles para presentar un nuevo acuerdo, en el que se ajustara el plazo a un periodo m\u00e1ximo de 10 a\u00f1os, circunstancia que incrementa de forma mensual los pagos, lo que acarrea posibles incumplimientos, y el no acatamiento de esa instrucci\u00f3n, implica que dicha entidad procesa a la liquidaci\u00f3n de la accionante. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 ordenar a la accionada dejar sin efecto la providencia de 3 de octubre de 2022, en la que dispuso la modificaci\u00f3n del Acuerdo de Reorganizaci\u00f3n, puesto que, no aplic\u00f3 lo previsto en el art\u00edculo 31 de la Ley 1116 de 2006, y, en consecuencia, proceda nuevamente con la aprobaci\u00f3n atendiendo que las votaciones se efectuaron con mayor\u00edas absolutas. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Delegatura de Procedimientos de Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades, manifest\u00f3 que en este asunto la mayor\u00eda decisoria en el acuerdo presentado por Sertic SAS estaba integrada por los acreedores internos y vinculados y, por tanto, resulta aplicable la limitaci\u00f3n establecida en el par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 31 de la Ley 1116 de 2006. <\/p>\n
2. Transit SAS, refiri\u00f3 que coadyuva los hechos y las pretensiones de la acci\u00f3n de tutela porque los votos de los acreedores internos y los vinculados no superan la mayor\u00eda decisoria, en especial si se tiene en cuenta que los primeros, corresponde al 3.68% y los internos el 27.98% respecto del 100% que tienen el derecho a votar. <\/p>\n
3. Redcom Ltda. en reorganizaci\u00f3n refiri\u00f3 que encontraba procedente el amparo, pues se confunde la mayor\u00eda decisoria con la mayor\u00eda del porcentaje que aprueba un acuerdo. <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1, neg\u00f3 el amparo porque la providencia atacada goza de suficiente motivaci\u00f3n y sus conclusiones tienen sustento en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 31 de la Ley 1116 de 2006, seg\u00fan el cual, cuando los acreedores internos o vinculados detenten la mayor\u00eda decisoria el acuerdo de reorganizaci\u00f3n no puede extenderse a m\u00e1s de 10 a\u00f1os, cosa que ocurre en este caso, puesto que, porque los acreedores internos y vinculados representan el 31.68% mientras que los restantes, cr\u00e9ditos laborales el 0.19%, las entidades p\u00fablicas el 6.16%, y otros acreedores el 13.37%. <\/p>\n
Sostuvo que no se estaba exigiendo mayor\u00eda calificada para la aprobaci\u00f3n del acuerdo, sino que como los acreedores internos y vinculados exhib\u00edan la mayor\u00eda requerida para aprobar el acuerdo, se estaba superando el l\u00edmite temporal previsto por el legislador. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la accionante, reproch\u00f3 que en el tr\u00e1mite de primera instancia se efectu\u00f3 una interpretaci\u00f3n sesgada, permitiendo que se cree un supuesto de hecho no indicado o inexistente, puesto que en la providencia objeto de debate se explic\u00f3 que lo exigido fue una mayor\u00eda calificada, es decir una mayor\u00eda de la mayor\u00eda. <\/p>\n
Reproch\u00f3 que no puede sostenerse que los acreedores internos o vinculados tienen una mayor\u00eda decisoria, porque sumados tienen un porcentaje de 31.67%, que discriminados corresponden a 27.98% internos y 3.68% los vinculados, esto es, \u00abno ostentan la mayor\u00eda alegada, se confunde mayor\u00eda absoluta con simple y se tiene en cuenta los votos a favor de quienes suscribieron el acuerdo de reorganizaci\u00f3n, sin tener en cuenta que es necesario mirar la mitad m\u00e1s uno de las personas que tienen derecho al voto\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Revisada la queja constitucional y los soportes incorporados, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primera instancia, por las razones que se explican a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
2. No es materia de discusi\u00f3n que esta acci\u00f3n constitucional recae sobre el tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n regulado por la Ley 1116 de 2006, al que fue admitida la Sociedad Sertic SAS, mediante auto de 22 de marzo de 2018, proferida por la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades (03.2022-00728 Escrito tutela, p\u00e1gina 1). <\/p>\n
Tampoco es objeto de debate que en el escrito de amparo la sociedad solicit\u00f3 dejar sin efecto la decisi\u00f3n adoptada en audiencia del 3 de octubre de 2022, mediante la cual la Superintendencia accionada orden\u00f3 la modificaci\u00f3n del acuerdo de reorganizaci\u00f3n presentado en ese tr\u00e1mite, con fundamento en que no se aplic\u00f3 en debida forma el par\u00e1grafo segundo del art\u00edculo 31 de la Ley 1116 de 2006, y se pidi\u00f3, resolver nuevamente la aprobaci\u00f3n del acuerdo de reorganizaci\u00f3n teniendo en cuenta las previsiones de dicha regla, en la medida que el mismo \u00abse elabor\u00f3 y aprob\u00f3\u00bb de conformidad con los requisitos exigidos y, en particular, las votaciones se realizaron con las \u00abmayor\u00edas absolutas\u00bb. <\/p>\n
La lectura de las anteriores peticiones en contraste con lo resuelto en la audiencia de 3 de octubre de 2022, permite advertir el fracaso del amparo, toda vez que, si bien se solicit\u00f3 dejar sin efecto la providencia, se reproch\u00f3 exclusivamente una de las falencias en la que se sustent\u00f3 esa decisi\u00f3n, sin que las dem\u00e1s hubiesen sido objeto de censura por esta v\u00eda. <\/p>\n
Se afirma lo anterior, porque en la audiencia referida de confirmaci\u00f3n del acuerdo de reorganizaci\u00f3n (minuto 45:19), el juez del concurso entre otras observaciones a los aspectos formales y de estructura del acuerdo, hizo lo siguientes requerimientos i) en el numeral noveno del cap\u00edtulo primero, se alude a un auto cuando en realidad corresponde a un acta de audiencia de resoluci\u00f3n de objeciones, reconocimiento y calificaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y, ii) en cuanto a la modificaci\u00f3n del acuerdo, no corresponde al comit\u00e9 de acreedores realizar este procedimiento. <\/p>\n
De igual modo, se solicit\u00f3 corregir i) en todas las clases de acreencia no se se\u00f1ala el medio a trav\u00e9s del cual se har\u00e1 efectivo el pago y el lugar donde se realizar\u00e1 este, ii) en cuanto a las acreencias de cuarta clase, no se comprende la raz\u00f3n por la que se aplica una forma de pago diferente a la Cooperativa de Trabajo Asociado Proyecci\u00f3n Profesional, y iii) entre el final del pago de los acreedores de cuarta clase y los de quinta, hay un espacio de dos meses, se debe explicar si ese periodo corresponde a un periodo de gracia. <\/p>\n
As\u00ed mismo, se pidi\u00f3 esclarecer, i) los intereses deb\u00edan ajustarse conforme a lo indicado por el despacho, y respecto al reconocimiento del IPC de las obligaciones que no estaban vencidas a la admisi\u00f3n del proceso de reorganizaci\u00f3n, deb\u00edan pagarse a este \u00faltimo momento; ii) en el comit\u00e9 de acreedores se deb\u00edan incluir entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera y, iii) ajustar la redacci\u00f3n de los numerales 4 y 5 del numeral und\u00e9cimo, puesto que en el primero se dice que deliberar\u00e1 y decidir\u00e1 con mayor\u00eda simple, y en el segundo con mayor\u00eda num\u00e9rica de los que asistan. <\/p>\n
De igual manera, encontr\u00f3 lo siguiente, i) el acuerdo de reorganizaci\u00f3n es de ejecuci\u00f3n por lo que no deber\u00e1 contener cl\u00e1usulas de interpretaci\u00f3n, ii) se debe se\u00f1alar el medio a trav\u00e9s del cual se har\u00e1 la convocatoria, y iii) debe suprimirse que el comit\u00e9 de acreedores debe autorizar previamente el reparto de utilidades, y como corresponde a una funci\u00f3n de coadministraci\u00f3n durante la ejecuci\u00f3n el acuerdo, no deben repartirse utilidades. <\/p>\n
Como puede apreciarse, fueron varias la razones por las cuales la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades no aprob\u00f3 el acuerdo de reorganizaci\u00f3n y dispuso su modificaci\u00f3n. No obstante, la sociedad accionante solo se enfoc\u00f3 en la indebida aplicaci\u00f3n de la referida norma jur\u00eddica, acontecer que permite sostener que el amparo est\u00e1 condenado al fracaso porque las dem\u00e1s razones bastar\u00edan para mantener la determinaci\u00f3n censurada. <\/p>\n
3. Ahora, la accionante v\u00eda impugnaci\u00f3n nuevamente reclam\u00f3 que se hizo una interpretaci\u00f3n sesgada del par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 31 de la Ley 1116 de 2006, atendiendo que se exigi\u00f3 una \u00abmayor\u00eda calificada\u00bb, cuando esa regla establece una mayor\u00eda decisoria, y esta se determina con el 100% de los acreedores reconocidos. <\/p>\n
En orden a resolver este punto de inconformidad, se recuerda que dicha regla dispone, \u00abcuando los acreedores internos o vinculados detenten la mayor\u00eda decisoria en el acuerdo de reorganizaci\u00f3n, no podr\u00e1 preveerse en el acuerdo ni en sus reformas un plazo para la atenci\u00f3n del pasivo externo de acreedores no vinculados superior a diez a\u00f1os contados desde la fecha de celebraci\u00f3n del acuerdo, salvo que la mayor\u00eda de los acreedores externos consientan en el otorgamiento de un plazo superior\u00bb (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
En el auto objeto de censura, esto es el proferido en audiencia de 3 de octubre de 2022, una de las razones por las que se neg\u00f3 confirmar el acuerdo de reorganizaci\u00f3n, fue que la votaci\u00f3n proven\u00eda del 31.67% de acreedores internos y vinculados y que, por tal virtud, el t\u00e9rmino de duraci\u00f3n no pod\u00eda ser superior a 10 a\u00f1os, se dijo, <\/p>\n
\u00abal existir una votaci\u00f3n por parte de los acreedores internos equivalente al 27.98% y de vinculados por un 3.69% lo que equivale a un 31.67% de internos y vinculados, el acuerdo estar\u00eda dentro de lo previsto en el par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 31, el t\u00e9rmino de duraci\u00f3n no pod\u00eda ser superior a 10 a\u00f1os\u00bb (audiencia 3 de octubre de 2022, minuto 52:00). En esa oportunidad el juez del concurso aclar\u00f3 que \u00aben ning\u00fan momento ha hecho alusi\u00f3n a una mayor\u00eda calificada para la aprobaci\u00f3n del acuerdo, lo que se ha manifestado aqu\u00ed es que toda vez que acreedores internos y vinculados ostentan la mayor\u00eda de la mayor\u00eda requerida para aprobar el acuerdo, este tendr\u00e1 el l\u00edmite en el tiempo que le se\u00f1ala la ley\u00bb (audiencia 3 de octubre de 2022, hora 1:12:34). <\/p>\n
Una vez negada la confirmaci\u00f3n del acuerdo, y requerido el promotor para que allegara el mismo con las mayor\u00edas exigidas en la ley (audiencia 3 de octubre de 2022, hora 1:15:34), la accionante interpuso recurso de reposici\u00f3n, el que sustent\u00f3 en que la mencionada regla no hace alusi\u00f3n a la mayor\u00eda de las mayor\u00edas, y cuando habla de mayor\u00eda decisoria se refiere a 50+1 de los votos lo que en este caso no existe, puesto que apenas se tiene el 31% entre acreedores internos y vinculados (audiencia 3 de octubre de 2022, hora 1:24:53). <\/p>\n
El recurso fue despachado desfavorablemente (audiencia 3 de octubre de 2022, hora 1:43:43), y para el efecto se procedi\u00f3 a diferenciar entre la mayor\u00eda absoluta, mayor\u00eda especial y mayor\u00eda decisoria, a que aluden los art\u00edculos 31 y 32 de la Ley 1116 de 2006, y, para ese efecto, se sostuvo lo siguiente, <\/p>\n
\u00abEstudiados los argumentos y para resolver los recursos presentados encuentra necesario el despacho precisar, lo relativo a mayor\u00eda absoluta, mayor\u00eda especial y mayor\u00eda decisoria en los siguientes t\u00e9rminos. Mayor\u00eda absoluta es la referida en el inciso segundo del art\u00edculo 31 de la ley 1116 de 2006, entendida esta como la mayor\u00eda de los votos que la ley requiere para que el acuerdo se apruebe, corresponde al 50% m\u00e1s uno de los votos, de los acreedores calificados y graduados. Ahora bien, la mayor\u00eda especial corresponde a la regulada en el inciso primero del art\u00edculo 32 de la ley 1116 de 2006, corresponde al 25% de votaci\u00f3n adicional cuando la mayor\u00eda absoluta es alcanzada por votos provenientes de la categor\u00eda de votos internos y vinculados. Y en lo que respecta a la mayor\u00eda decisoria regulada en el par\u00e1grafo segundo del art\u00edculo 31 de la Ley 1116 de 2006, relativa a la limitaci\u00f3n para extender el acuerdo de reorganizaci\u00f3n a m\u00e1s de 10 a\u00f1os, como su nombre lo indicada, corresponde a la mayor\u00eda de los acreedores que deciden y toman la decisi\u00f3n conforma a la manifestaci\u00f3n del voto efectivamente emitido. En el caso bajo estudio se destaca que la mayor\u00eda decisoria, esto es la mayor\u00eda de los acreedores que adoptaron la decisi\u00f3n correspondiente, corresponde a acreedores internos y vinculados, ello como quiera que conforme a lo relacionado en los anexos del acuerdo, esta categor\u00eda del acreedores representa el 31.67% sobre un total del 51.23%\u00bb. <\/p>\n
Quiere decir entonces que mientras para el accionante la mayor\u00eda decisoria a que alude el par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 31 de la Ley 1116 de 2006, corresponde a \u00abla mitad m\u00e1s uno de la totalidad de aquellos que cuentan con la facultad de votar y que en el proceso de reorganizaci\u00f3n (\u2026) corresponde a la totalidad de los acreedores\u00bb, para el juez del concurso se refiere \u00aba la mayor\u00eda de los acreedores que deciden y toman la decisi\u00f3n conforma a la manifestaci\u00f3n del voto efectivamente emitido\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, y como el referido acuerdo de reorganizaci\u00f3n fue votado por un 31.67% de acreedores internos y vinculados, sobre un total de 51.23%, -porcentajes que no fueron materia de debate-, se concluy\u00f3 que \u00abno podr\u00e1 preveerse en el acuerdo ni en sus reformas un plazo para la atenci\u00f3n del pasivo externo de acreedores no vinculados superior a diez a\u00f1os contados desde la fecha de celebraci\u00f3n del acuerdo\u00bb, circunstancia por la que se orden\u00f3 su modificaci\u00f3n. <\/p>\n
4. El anterior recuento impone concluir que, la impugnante insiste en esta instancia en que esa interpretaci\u00f3n realizada por la Superintendencia de Sociedades es sesgada, que la mayor\u00eda decisoria debe tomar en cuenta todos los que se encuentran en posibilidad de votar, que se confunde mayor\u00eda simple con absoluta, y que no se tuvo en cuenta que la mayor\u00eda implica la mitad m\u00e1s uno de las personas que tienen derecho de voto. <\/p>\n
Esas alegaciones revelan es que, no comparten los argumentos sostenidos en la cuestionada providencia, y v\u00eda impugnaci\u00f3n pretende que se acojan sus criterios, echando de menos que este tr\u00e1mite no corresponde a un recurso adicional, sino que es un instrumento excepcional y residual, en el que la divergencia de posturas no es una raz\u00f3n para que salga avante, atendiendo que este no es un \u00abinstrumento para definir cu\u00e1l planteamiento es el v\u00e1lido, el m\u00e1s acertado o m\u00e1s correcto para dar lugar a la intervenci\u00f3n del fallador de tutela\u00bb. (CSJ. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; exp. 2012-01828-01, STC825-2020, STC 10259 de 2021 y STC2621-2022, reiteradas en STC11814-2022). <\/p>\n
En cuanto al an\u00e1lisis de las providencias judiciales por v\u00eda de tutela, esta Corte ha se\u00f1alado \u00ab[al juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC13815-2021). <\/p>\n
5. Por todo lo anterior, se confirmar\u00e1 la sentencia constitucional de primera instancia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, confirma la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotados. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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