STC15753-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC15753-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 13001-22-13-000-2022-00530-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de noviembre dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 24 de octubre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Alfredo Giraldo Gonz\u00e1lez, contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cartagena. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental a la informaci\u00f3n, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que el 22 de julio de 2022, elev\u00f3 derecho de petici\u00f3n al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cartagena, en el que solicit\u00f3: \u00abcertificaci\u00f3n si en ese juzgado se tramito (sic) el proceso de PRESCRIPCI\u00d3N ADQUISITIVA DE DOMINIO en el cual el demandante fue el se\u00f1or RAFAEL NILO VERGARA VILLARREAL y el demandado fue ABEL COTA PRINS Y PERSONAS INDETERMINADAS. Proceso identificado con la radicaci\u00f3n No. 0279 del 2005, y que culmino (sic) con sentencia de fecha 18 de diciembre de 2006\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que el 28 de julio siguiente, por el mismo canal, \u00abcomplemente (sic) mi derecho de petici\u00f3n en el sentido de solicitar copias del proceso con radicaci\u00f3n No. 0279 \u2013 2005\u00bb, sin que a la fecha hubiera recibido respuesta, y pese haber requerido a ese despacho en dos oportunidades. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 ordenar al Juzgado accionado expedir la certificaci\u00f3n y copias solicitadas. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cartagena, manifest\u00f3 que desde el a\u00f1o de 2016 ha solicitado de manera infructuosa el referido expediente al Archivo Central Seccional Bol\u00edvar de la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial, y bajo esos par\u00e1metros remiti\u00f3 respuesta al accionante. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Cartagena, neg\u00f3 el amparo constitucional por carencia actual de objeto, en tanto que la petici\u00f3n del accionante fue resuelta a cabalidad, sin que exista m\u00e9rito para referirse de fondo a una cuesti\u00f3n decidida en la instancia correspondiente. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la decisi\u00f3n sin manifestar motivo concreto de inconformidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Revisada la queja constitucional y los soportes incorporados, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primera instancia, por las razones que se explican a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
2. No es materia de debate que el 22 de julio de 2022, el se\u00f1or Luis Alfredo Giraldo Gonz\u00e1lez elev\u00f3 derecho de petici\u00f3n ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cartagena, mediante el cual solicit\u00f3 que \u00abcertifique si en ese juzgado se tramito (sic) el proceso de Prescripci\u00f3n Extraordinaria Adquisitiva de Dominio en el cual el demandante fue Rafael Nilo Vergara (\u2026) y el demandado fue Abel Cota Prins y personas indeterminadas, y a la cual se le asign\u00f3 la radicaci\u00f3n No 0279 del 2005 y culmin\u00f3 con sentencia de fecha 18 de diciembre de 2006\u00bb (Expediente 20229-530.pdf. P\u00e1gina 8-9). <\/p>\n
Tampoco es objeto de discusi\u00f3n que el Juzgado accionado en el curso de este tr\u00e1mite, esto es el 28 de octubre de 2022, remiti\u00f3 respuesta al accionante al correo electr\u00f3nico referenciado en dicho escrito -luisgiraldo64@hotmail.com-, (Expediente 202530.pdf, p\u00e1gina 19), mediante la cual contest\u00f3, <\/p>\n
Informamos que solicitamos el aludido proceso al archivo central donde se encuentran archivados estos y nos manifestaron que desde el a\u00f1o 2016, se elev\u00f3 igual solicitud, resultando infructuoso la b\u00fasqueda. <\/p>\n
El referenciado proceso, se encontraba archivado en las bodegas tituladas en el barrio El Bosque, seg\u00fan la relaci\u00f3n que reposa en este juzgado (\u2026). Estos procesos fueron traslados en 4 ocasiones a diferentes Bodegas, sin que se permitiera el acceso de empleados para custodiar o vigilar que no se destruyera ni se traspapelara proceso alguno. Luego fueron organizados por la ESA y seguidamente por el SENA, raz\u00f3n por la cual la informaci\u00f3n del destino de ese proceso se sale del \u00e1mbito de este juzgado. <\/p>\n
Las copias de la sentencia deben reposar en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos, si fueron protocolizadas por el demandante. A ellos se les entregaban dos juegos de copias de la sentencia (\u2026). En caso de tener documentos, sugerimos pedir la reconstrucci\u00f3n del aludido proceso (Expediente 202530.pdf, p\u00e1gina 18). <\/p>\n
De esa manera, la vulneraci\u00f3n inicialmente alegada no existe actualmente, en la medida en que se dio respuesta por correo electr\u00f3nico que guarda correspondencia con lo pedido, y adem\u00e1s se plante\u00f3 el camino que a juicio del accionado se pod\u00eda seguir para conducir a la definici\u00f3n final de su inconveniente. <\/p>\n
Atendiendo que el accionante solicit\u00f3 por esa v\u00eda una certificaci\u00f3n y unas copias de un expediente que finalmente no fueron entregadas, se impone recordar que las respuestas a los derechos de petici\u00f3n necesariamente no tienen que ser favorables para que se estime satisfecho, sino que la misma sea apropiada de cara a lo pedido, cosa que ocurre en este caso, en donde se inform\u00f3 puntualmente que no fue encontrado el expediente en el correspondiente archivo, y se ofrecieron soluciones para esa finalidad. <\/p>\n
Al respecto, se ha sostenido, \u00abEl derecho de petici\u00f3n supone para el Estado la obligaci\u00f3n positiva de resolver con prontitud y de manera congruente acerca de la solicitud elevada, lo que no implica que ese pronunciamiento tenga que ser favorable, pues como bien se sabe la garant\u00eda constitucional mencionada tiende a asegurar respuestas oportunas y apropiadas en relaci\u00f3n con aquello que de las autoridades se pide, no a obtener de estas \u00faltimas una resoluci\u00f3n que indefectiblemente acceda a las pretensiones del solicitante\u201d (Ver, entre otras, Sentencias de 31 de octubre de 1997, 8 de mayo de 2000 y 28 de septiembre de 2004)\u00bb (CSJ. STC, 10 dic. 2012, rad. 00120-01, citada entre otras en STC8882-2022, 13 jul. 2022, rad. 00853-00, reiterada en STC14076-2022). <\/p>\n
Lo anteriormente expuesto, impone confirmar la decisi\u00f3n de primera instancia, relativa a que en este caso sobrevino una carencia actual de objeto por hecho superado que hace improcedente la acci\u00f3n de tutela. Recu\u00e9rdese, sobre el tema esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que, \u00abEl hecho superado o la carencia de objeto (\u2026), se presenta: \u201csi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez de amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ. STC de 13 de mar de 2009, exp. T-00147-01, reiterada entre otros, en STC de 12 de sep de 2011, exp. 00081-01, STC10752-2020, STC1124-2021, STC11271-2021 y STC3782-2022, entre otras). <\/p>\n
3. Cabe igualmente se\u00f1alar, que el accionante tiene a su alcance otros mecanismos para obtener lo pretendido, puesto que puede elevar solicitud de reconstrucci\u00f3n al Juzgado competente, a quien corresponde analizar la pertinencia de la misma, en los t\u00e9rminos que establece el art\u00edculo 126 del C\u00f3digo General del Proceso, cerrando el paso a esta acci\u00f3n constitucional, en la medida que corresponde a un tr\u00e1mite de car\u00e1cter residual y excepcional. <\/p>\n
Como esta Sala lo ha indicado en varias ocasiones, a la acci\u00f3n de tutela solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, pues procede \u00absiempre que el afectado no posea otro medio de defensa judicial para obtener su restablecimiento\u00bb (CSJ. STC 30 en. 2013, rad. 2012-00275-01, reiterada entre otras, en STC1119-2019 STC547-2022, STC605-2022 y, STC2287-2022, entre muchas). <\/p>\n
4. Por todo lo anterior, se confirmar\u00e1 la sentencia constitucional de primera instancia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, Confirma la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotados. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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