STC15756-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC15756-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de noviembre dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el 1\u00ba de noviembre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Cl\u00ednica Medical Duarte SF SAS contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bucaramanga, tr\u00e1mite al que fueron vinculados Coomeva EPS SA y su liquidador o quien haga sus veces, la Unidad Cl\u00ednica La Magdalena SA, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud \u2013 ADRES -, el Centro Integral de Rehabilitaci\u00f3n de C\u00f3rdoba, ESE Hospital San Juan de Dios de Floridablanca, Promotora Zona Franca de Urab\u00e1 SA, y la se\u00f1ora Adriana Cecilia Zableth Solano, y fueron citados los intervinientes en el proceso ejecutivo de radicado n\u00famero 2018-00138-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El representante legal de la cl\u00ednica solicitante, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que el 5 de junio de 2019, present\u00f3 ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bucaramanga, demanda acumulada por prestaci\u00f3n de servicios de salud, en el proceso ejecutivo singular de mayor cuant\u00eda, adelantado por la Unidad Cl\u00ednica La Magdalena SA., en contra de Coomeva EPS SA. <\/p>\n
Luego de relatar varias vicisitudes en el tr\u00e1mite de aprobaci\u00f3n de una transacci\u00f3n radicada el 19 de junio de 2018 tendiente a finalizar ese litigio, puso de manifiesto el Juzgado de conocimiento en auto de 10 de mayo de 2021 resolvi\u00f3 no aprobarla, raz\u00f3n por la que el 25 de mayo siguiente, la totalidad de los demandantes y la deudora, solicitaron la entrega a prorrata de los t\u00edtulos judiciales a despacho. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el 16 de junio de 2021, el agente especial interventor de Coomeva EPS SA, solicit\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso, y la entrega de los t\u00edtulos judiciales que eran para el pago de las obligaciones objeto de transacci\u00f3n, por lo que en auto de 17 de junio de 2021, se ofici\u00f3 a la Superintendencia Nacional de Salud para que informara si dicha sociedad estaba siendo intervenida, adem\u00e1s reproch\u00f3 que esta decisi\u00f3n se hubiese resuelto de manera \u00e1gil y r\u00e1pida en su detrimento. <\/p>\n
Explic\u00f3 que posteriormente, en providencia de 28 de enero de 2022, corregida el 18 de abril siguiente, el Juzgado accionado dispuso remitir la actuaci\u00f3n a la Superintendencia Nacional de Salud, para que fueran incluidos dentro de la calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, aquellos respecto de los cuales hab\u00eda proferido mandamiento de pago y auto que orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n, y se dejaron a disposici\u00f3n de esa entidad los dineros retenidos por materializaci\u00f3n de las medidas cautelares. <\/p>\n
Sostuvo que present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, contra los numerales 2, 3 y 4 del auto del 28 de enero y, el Juzgado accionado el 4 de octubre siguiente consider\u00f3, que como se dio el tr\u00e1mite de intervenci\u00f3n forzosa, no era admisible actuaci\u00f3n diferente al acatamiento de las medidas, salvo aquellas de mero tr\u00e1mite para la remisi\u00f3n del expediente al agente liquidador, y con respecto al recurso de apelaci\u00f3n subsidiario lo neg\u00f3 por no ser procedente. <\/p>\n
Adujo que plante\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y en subsidio queja contra la mencionada providencia, y en auto de 19 de octubre siguiente se mantuvo la determinaci\u00f3n, insistiendo en que no proced\u00eda actuaci\u00f3n diferente que acatar las medidas preventivas, al punto que hasta las decisiones posteriores pod\u00edan ser objeto de nulidad, raz\u00f3n por la que se abstuvo de tramitar sus recursos, sin atender ning\u00fan reclamo, recurso o requerimiento. <\/p>\n
Consider\u00f3 la actora que la apelaci\u00f3n contra esa decisi\u00f3n procede de conformidad con el numeral 8 del art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso, puesto que resuelve sobre la entrega de los dineros embargados producto de las medidas cautelares decretadas. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 \u00abordenar al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bucaramanga, se (sic) proceda a resolver el recurso de reposici\u00f3n y en subsidio de queja contra el auto de fecha 4 de octubre de 2022\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo Civil del Circuito de Bucaramanga, refiri\u00f3 que conoci\u00f3 del proceso radicado n\u00famero 2018-00138-01, promovido por la cl\u00ednica La Magdalena SAS, y los acreedores acumulados Medical Duarte ZF SAS, Promotora Cl\u00ednica Zona Franca de Urab\u00e1 SAS, Adriana Cecilia Zableth Solano, Centro Integral de Rehabilitaci\u00f3n de C\u00f3rdoba Ltda., y ESE Hospital San Juan de Dios de Floridablanca, contra Coomeva EPS SA. <\/p>\n
Relat\u00f3 pormenores del tr\u00e1mite en relaci\u00f3n a la aprobaci\u00f3n de una transacci\u00f3n suscrita entre las partes, en particular, que el 25 de mayo de 2021 presentaron otro s\u00ed al contrato de transacci\u00f3n, no obstante, como el 27 de mayo siguiente, la Superintendencia Nacional de Salud, orden\u00f3 la toma de posesi\u00f3n inmediata de los bienes, haberes y negocios de la EPS demandada, dispuso como medida preventiva, la suspensi\u00f3n de los procesos de ejecuci\u00f3n en curso. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, en auto de 17 de junio de 2021 requiri\u00f3 informaci\u00f3n a la mencionada superintendencia, el que, recurrido por los demandantes, mantuvo el 12 de octubre siguiente, no concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n subsidiaria, como tampoco tramit\u00f3 la transacci\u00f3n parcial porque suspendi\u00f3 el proceso, y cancel\u00f3 los embargos decretados. <\/p>\n
Record\u00f3 que esa determinaci\u00f3n tambi\u00e9n fue objeto de recursos, rebatiendo no haberse dado tr\u00e1mite a la transacci\u00f3n parcial, suspensi\u00f3n del proceso y cancelaci\u00f3n de embargos, y que el 27 de enero de 2022, inform\u00f3 a las ejecutantes que la Superintendencia Nacional de Salud orden\u00f3 la liquidaci\u00f3n de Coomeva EPS, y solicit\u00f3 la remisi\u00f3n directa las actuaciones correspondientes a los procesos de ejecuci\u00f3n en curso, y los dep\u00f3sitos judiciales constituidos. <\/p>\n
Narr\u00f3 que, por auto de 28 de enero de 2022, corregido el 18 de abril posterior, decret\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso, decidi\u00f3 no dar tr\u00e1mite a los dem\u00e1s desacuerdos presentados contra el auto de 12 de octubre de 2021, remitir el expediente al liquidador, poner los dineros a disposici\u00f3n de la superintendencia mencionada, determinaci\u00f3n contra la que se interpuso reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n. <\/p>\n
En auto de 4 de octubre de 2022, con fundamento en que no proced\u00eda algo diferente que acatar las medidas preventivas, resolvi\u00f3 no reponer la providencia anterior y con respecto al recurso de apelaci\u00f3n, no lo concedi\u00f3 porque \u00e9ste no procede contra el auto que ordena entregar dineros, decisi\u00f3n contra la que se interpuso reposici\u00f3n y en subsidio queja. <\/p>\n
2. La ESE Hospital San Juan de Dios de Floridablanca, consider\u00f3 que se vulneraron los derechos fundamentales reclamados al impedir la terminaci\u00f3n del proceso por transacci\u00f3n. <\/p>\n
3. La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud \u2013 ADRES, manifest\u00f3 no ser responsable del agravio a que alude la parte accionante, y solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
4. El Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social, solicit\u00f3 declarar la improcedencia de la presente acci\u00f3n, y en consecuencia exonerarlo de toda responsabilidad, toda vez que no es la competente para resolver la solicitud del accionante. <\/p>\n
5. La EPS Coomeva SA, refiri\u00f3 que el proceso en menci\u00f3n tiene que ver con recursos que debitaron de la cuenta maestra, y, por tanto, corresponde a recursos de la UPC, las acreencias reclamadas se encuentran pendientes de graduar y calificar, adem\u00e1s que no ha vulnerado los derechos invocados por la accionante, resultando evidente su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bucaramanga, neg\u00f3 el amparo atendiendo que la decisi\u00f3n objeto de acci\u00f3n constitucional era razonable. <\/p>\n
Para el efecto, sostuvo que la providencia atacada es el auto de 19 de octubre de 2022, mediante el cual el Juzgado se abstuvo de resolver recurso de reposici\u00f3n y en subsidio el de queja, y que se pretende que el accionado prorrogue la competencia jurisdiccional para que apruebe una transacci\u00f3n celebrada entre las partes el 19 de junio de 2020, adicionada en otro s\u00ed el 10 de mayo de 2021. <\/p>\n
Arguy\u00f3 que las decisiones atacadas no son arbitrarias, puesto que la competencia del juez de conocimiento est\u00e1 sometida desde el 25 de enero de 2022, cuando la Superintendencia Nacional de Salud comunic\u00f3 a los jueces, sobre la suspensi\u00f3n de los procesos de ejecuci\u00f3n en curso, y la imposibilidad de admitir otros nuevos. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la Cl\u00ednica accionante con fundamento en que el acuerdo transaccional trae como efecto la cosa juzgada, y en casos como este, habr\u00eda lugar a la terminaci\u00f3n anormal del proceso. <\/p>\n
Reclam\u00f3 que los recursos econ\u00f3micos salieron de la propiedad de la deudora, y no hacen parte de los establecidos en la mentada liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
Denunci\u00f3 que en este caso no existi\u00f3 incumplimiento de las partes, sino que por mora judicial el Juzgado accionado no efectu\u00f3 un pronunciamiento de fondo a la solicitud de aprobaci\u00f3n del contrato de transacci\u00f3n de 10 de marzo de 2020, y esto condujo a que la EPS fuera liquidada, lo que genera un perjuicio irremediable a la accionante. <\/p>\n
Argument\u00f3 que lo \u00fanico que se busca es que se apruebe el contrato de transacci\u00f3n y su otros s\u00ed, en el que est\u00e1 el acuerdo enfilado al cumplimiento de la obligaci\u00f3n con los dineros cautelados. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Revisada la queja constitucional y los soportes incorporados, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primera instancia, por las razones que se explican a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
1.1 La accionante pretende que a trav\u00e9s de este tr\u00e1mite constitucional se amparen los derechos fundamentales que consider\u00f3 vulnerados y en consecuencia, se ordene \u00abal Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bucaramanga, se proceda a resolver el recurso de reposici\u00f3n y en subsidio de queja contra el auto de fecha 4 de octubre de 2022\u00bb. <\/p>\n
Revisado el expediente contentivo del proceso ejecutivo adelantado ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bucaramanga, radicado n\u00famero 008-2018-00138-01, se evidencia que la decisi\u00f3n objeto de inconformidad de la accionante es la contenida en el auto de 19 de octubre de 2022, mediante el cual, el Juzgado de conocimiento resolvi\u00f3 abstenerse de tramitar el recurso de reposici\u00f3n y subsidiario de queja presentado por la Cl\u00ednica Zona Franca de Urab\u00e1 SAS y Medical Duarte ZF SAS, contra el auto de 4 de octubre del mismo a\u00f1o, en el que se neg\u00f3 conceder el recurso de apelaci\u00f3n, contra la providencia de 28 de enero de 2022, atendiendo que no estaba contenida en el art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso (42Auto abstienetr\u00e1mite, C02medidascautelares). <\/p>\n
En la providencia cuestionada, se record\u00f3 que, en el auto de 4 de octubre de 2022, se sostuvo que, para ese efecto, <\/p>\n
\u00abdebido al inicio del tr\u00e1mite de intervenci\u00f3n forzosa de Coomeva E.P.S. \u201clos procesos, indistinto de la etapa en que se encontrasen, y ajenos a cualquier discusi\u00f3n que pendiente por zanjar, se vieron avocados a su suspensi\u00f3n, no siendo admisible para los funcionarios judiciales otra actuaci\u00f3n distinta que el acatamiento de las medidas preventivas, salvo aquellas de mero tr\u00e1mite relacionadas con los actos preparatorios para la remisi\u00f3n de los expediente al Agente Liquidador\u201d (\u2026) Lo anterior, tanto as\u00ed que las decisiones posteriores a ello pueden ser objeto de nulidad, tal como lo prev\u00e9 el Art. 20 de la Ley 1116 de 2006\u00bb (42Auto abstiene tr\u00e1mite, C02medidascautelares). <\/p>\n
Fueron entonces esos argumentos los que permitieron que en esas providencias -4 de octubre de 2022- (37 AutoNoReponeNiegaApelaci\u00f3n, C02medidascautelares), se resolviera no conceder el recurso de apelaci\u00f3n y se negara reponer el auto de 28 de enero del mismo a\u00f1o (27AutoRemite Proceso Competencias,C02medidascautelares), corregido el 8 de abril siguiente (74AutoRequiereinformet\u00edtulos, C01Pincipal), en el que se dispuso, i) suspender el proceso por virtud del inicio del tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n de la entidad promotora de salud demandada, ii) remitir la actuaci\u00f3n a la Superintendencia Nacional de Salud y, ii) poner a disposici\u00f3n los dineros retenidos en raz\u00f3n de las medidas cautelares materializadas (27AutoRemiteProcesoCompetencias, C02medidascautelares) <\/p>\n
Se tiene entonces que, la controversia en este tr\u00e1mite se centr\u00f3 de una parte, en que la accionante solicit\u00f3 ordenar al Juzgado accionado resolver el recurso de reposici\u00f3n y en subsidio queja que plante\u00f3 contra el auto de 4 de octubre de 2022, mediante el cual se neg\u00f3 conceder recurso apelaci\u00f3n contra esa decisi\u00f3n, y de otro lado, en el Juzgado se neg\u00f3 a proceder de esa manera, atendiendo que, por virtud de la liquidaci\u00f3n de Coomeva EPS, el tr\u00e1mite ejecutivo se suspendi\u00f3 independiente de lo que se est\u00e9 por resolver, y cualquier decisi\u00f3n en contravenci\u00f3n a lo anterior estar\u00eda viciada de nulidad procesal, determinaci\u00f3n que no se advierte irrazonable. <\/p>\n
1.2 Para ese efecto se tiene en cuenta que no es objeto de discusi\u00f3n en esta instancia, que por virtud de la Resoluci\u00f3n n\u00famero 06045 de 27 de mayo de 2021 proferida por La Superintendencia Nacional de Salud, se orden\u00f3 la \u00abtoma de posesi\u00f3n inmediata\u00bb de los bienes, haberes y negocios de Coomeva Entidad Promotora de Salud SA., determinaci\u00f3n prorrogada mediante Resoluci\u00f3n n\u00famero 202151000125056 de 27 de julio de 2021, hasta el 27 de septiembre de la misma anualidad, y por esta raz\u00f3n sobrevino la suspensi\u00f3n del proceso ejecutivo cuestionado (50SuperSaludDaRespuesta Oficio). <\/p>\n
En esa Resoluci\u00f3n, se advirti\u00f3 al Juzgado de conocimiento que esa determinaci\u00f3n ten\u00eda los efectos previstos en los art\u00edculos 116 y 117 del Decreto Ley 663 de 1993 y en los art\u00edculos 9.1.3.1.1 y el 9.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010. <\/p>\n
Basta leer esas disposiciones, para afianzar la razonabilidad de la providencia de la que se duele el accionante. V\u00e9ase, la primera norma mencionada (art. 116) en su literal d) establece: \u00abLa toma de posesi\u00f3n conlleva: La suspensi\u00f3n de los procesos de ejecuci\u00f3n en curso y la imposibilidad de admitir nuevos procesos de esta clase contra la entidad objeto de toma de posesi\u00f3n por raz\u00f3n de obligaciones anteriores a dicha medida (\u2026). La actuaci\u00f3n correspondiente ser\u00e1 remitida al agente especial\u00bb (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
Cabe se\u00f1alar, como el citado art\u00edculo 116 del Decreto, en estrictez alude a los efectos de la \u00abtoma de posesi\u00f3n\u00bb y en este \u00faltimo caso se comunic\u00f3 la \u00abliquidaci\u00f3n como consecuencia de la toma de posesi\u00f3n\u00bb, los efectos dispuestos para este \u00faltimo, tiene sustento en que el art\u00edculo 117 de la misma norma, dice \u00abLa decisi\u00f3n de liquidar la entidad implicar\u00e1, adem\u00e1s de los efectos propios de la toma de posesi\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Si se sigue indagando en la razonabilidad de la cuestionada determinaci\u00f3n, el resultado no var\u00eda. El par\u00e1grafo segundo del art\u00edculo tercero de la citada Resoluci\u00f3n indica, \u00ablos efectos de la toma de posesi\u00f3n ser\u00e1n los del art\u00edculo 2.4.5.1.2. del Decreto 2555 de 2010\u00bb, disposici\u00f3n que a su vez consagra, \u00abLos efectos de la Toma de Posesi\u00f3n ser\u00e1n los siguientes: (\u2026) La suspensi\u00f3n de los procesos de ejecuci\u00f3n en curso y la imposibilidad de admitir nuevos procesos de esta clase contra la entidad objeto de toma de posesi\u00f3n por raz\u00f3n de obligaciones anteriores a dicha medida. A los procesos ejecutivos se aplicar\u00e1n en lo pertinente las reglas previstas por los art\u00edculos 20 y 70 de la Ley 1116 de 2006. La actuaci\u00f3n correspondiente ser\u00e1 remitida al Agente Especial\u00bb (Destaca la Sala). <\/p>\n
1.3. Ahora, puesto que esta acci\u00f3n recae sobre un proceso ejecutivo, y que otra de las razones por las que el Juzgado accionado se abstuvo de tramitar el recurso de reposici\u00f3n y queja de los que se duele el accionante, es que cualquier contravenci\u00f3n al env\u00edo del expediente viciaba el correspondiente tr\u00e1mite de nulidad, se tiene que art\u00edculo 20 de la Ley 1116 de 2006, respalda esa postura, puesto que establece, <\/p>\n
\u00abLos procesos de ejecuci\u00f3n o cobro que hayan comenzado antes del inicio del proceso de reorganizaci\u00f3n, deber\u00e1n remitirse para ser incorporados al tr\u00e1mite y considerar el cr\u00e9dito y las excepciones de m\u00e9rito pendientes de decisi\u00f3n, las cuales ser\u00e1n tramitadas como objeciones, para efectos de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n y las medidas cautelares quedar\u00e1n a disposici\u00f3n del juez del concurso, seg\u00fan sea el caso (\u2026). El Juez o funcionario competente declarar\u00e1 de plano la nulidad de las actuaciones surtidas en contravenci\u00f3n a lo prescrito en el inciso anterior, por auto que no tendr\u00e1 recurso alguno\u00bb (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
Inclusive, esa regla establece que la nulidad puede ser alegada por el promotor o el deudor, y que incumplir lo anterior es causal de mala conducta para el juez o funcionario, \u00abEl promotor o el deudor quedan legalmente facultados para alegar individual o conjuntamente la nulidad del proceso al juez competente, para lo cual bastar\u00e1 aportar copia del certificado de la C\u00e1mara de Comercio, en el que conste la inscripci\u00f3n del aviso de inicio del proceso, o de la providencia de apertura. El Juez o funcionario que incumpla lo dispuesto en los incisos anteriores incurrir\u00e1 en causal de mala conducta\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, la citada Resoluci\u00f3n en el literal f) del art\u00edculo quinto, impuso al liquidador designado de Coomeva Entidad Promotora de Salud SA, comunicar \u00aba los jueces de la Rep\u00fablica y a las autoridades que adelanten procesos de jurisdicci\u00f3n coactiva, sobre la suspensi\u00f3n de los procesos de ejecuci\u00f3n y la imposibilidad de admitir nuevo procesos de esta clase la entidad objeto de toma de posesi\u00f3n con ocasi\u00f3n de las obligaciones anteriores a dicha medida, lo anterior, en atenci\u00f3n a lo obligaci\u00f3n de dar aplicaci\u00f3n a las reglas previstas por los art\u00edculo 20 y 70 de la Ley 1116 de 2006\u00bb (Se destaca). <\/p>\n
Todo ese recuento impone concluir que la decisi\u00f3n cuestionada se motiv\u00f3 razonadamente, bajo una interpretaci\u00f3n plausible de las reglas que gobiernan el tr\u00e1mite, acontecer que descarta la intervenci\u00f3n del juez constitucional porque abstenerse de tramitar dicho recurso de reposici\u00f3n y subsidio queja por env\u00edo del expediente al agente liquidador, encuentra soporte en las disposiciones que consagran la suspensi\u00f3n del tr\u00e1mite de los procesos de ejecuci\u00f3n en esos eventos, y la nulidad por contravenci\u00f3n de esas determinaciones. <\/p>\n
1.4. No obstante, la impugnante insisti\u00f3 en esta instancia en que la transacci\u00f3n tiene efectos de cosa juzgada, los recursos embargados salieron de la propiedad de la deudora, hubo mora judicial para resolver, el auto de 28 de enero de 2022, que orden\u00f3 remitir la actuaci\u00f3n y poner a disposici\u00f3n los dineros retenidos era apelable, y que no resulta consecuente continuar un tr\u00e1mite cuando se tienen las razones para terminarlo. <\/p>\n
Esas alegaciones lo que revelan, es que no se comparten los argumentos sostenidos en la cuestionada providencia, y v\u00eda impugnaci\u00f3n se pretende que se acojan sus criterios, echando de menos que este tr\u00e1mite no corresponde a un recurso adicional, sino que es un remedio excepcional y residual, en el que la divergencia de posturas no es una raz\u00f3n para que salga avante, atendiendo que este no es un \u00abinstrumento para definir cu\u00e1l planteamiento es el v\u00e1lido, el m\u00e1s acertado o m\u00e1s correcto para dar lugar a la intervenci\u00f3n del fallador de tutela\u00bb. (CSJ. STC18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; exp. 2012-01828-01, STC825-2020, STC 10259 de 2021, STC2621-2022 y STC11814-2022, entre muchas). <\/p>\n
T\u00e9ngase presente, que esta Corte respecto al an\u00e1lisis de las providencias judiciales por v\u00eda de tutela, ha reiterado \u00ab[al juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ. STC13815-2021). <\/p>\n
1.5. Finalmente, conforme al literal h) del art\u00edculo 116 del Decreto Ley 663 de 1993, surge una raz\u00f3n m\u00e1s que conduce a la improcedencia de esta acci\u00f3n, consistente en que el accionante no ha agotados todos los medios que tiene a su alcance para hacer valer los derechos que reclama, atendiendo que es en ese tr\u00e1mite donde tiene que hacer las correspondientes alegaciones, camino que a la fecha no se advierte recorrido. V\u00e9ase, esa regla consagra, \u00abLa toma de posesi\u00f3n conlleva (\u2026) El que todos los depositantes y los acreedores, incluidos los garantizados, quedar\u00e1n sujetos a las medidas que se adopten para la toma de posesi\u00f3n, por lo cual para ejercer sus derechos y hacer efectivo cualquier tipo de garant\u00eda de que dispongan frente a la entidad intervenida, deber\u00e1n hacerlo dentro del proceso de toma de posesi\u00f3n y de conformidad con las disposiciones que lo rigen\u00bb (Destaca la Sala). <\/p>\n
Esta situaci\u00f3n cierra el paso a este tr\u00e1mite, de conformidad con lo previsto en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, donde se determina que a este especial\u00edsimo mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para usurpar las funciones que la ley tiene asignadas a determinadas autoridades. <\/p>\n
2. Por todo lo anterior, se confirmar\u00e1 la sentencia constitucional de primera instancia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, confirma la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotados. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC15756-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC15756-2022 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de noviembre dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-69078","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69078","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69078"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69078\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69078"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69078"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69078"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}