STC15760-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15760-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Nubia Ospina Pe\u00f1a contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad, as\u00ed como los intervinientes en el proceso objeto de la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El convocante deprec\u00f3 el respeto de sus prerrogativas esenciales a la dignidad humana, al debido proceso, a la defensa, al \u00abderecho de contradicci\u00f3n\u00bb, a \u00abla defensa t\u00e9cnica\u00bb, a una vivienda digna, presuntamente conculcadas por las autoridades jurisdiccionales accionadas. <\/p>\n
Y en concreto solicita, se ordene se deje sin valor ni efecto el prove\u00eddo de 11 de febrero de 2020 con que la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 \u00abdeneg\u00f3 la recusaci\u00f3n y orden\u00f3 que la se\u00f1ora juez cuarta civil del circuito de Ibagu\u00e9 siguiera conociendo del incidente de nulidad propuesto\u00bb. <\/p>\n
2. Adujo la accionante, en compendio y en cuanto corresponde conocer a esta Corte, que dentro del proceso ejecutivo con garant\u00eda hipotecaria que en su contra inici\u00f3 Arbey M\u00e9ndez Gonz\u00e1lez y Jos\u00e9 Ascensi\u00f3n M\u00e9ndez contra ella, radicado No. 73001-40-03-006-2011-00531-00, conocido inicialmente por el Juzgado Sexto Civil Municipal de Ibagu\u00e9 y posteriormente por el S\u00e9ptimo Civil Municipal de la misma ciudad, ella pidi\u00f3 la nulidad del proceso porque no se decret\u00f3 prueba grafol\u00f3gica sobre las letras de cambio sustento del cobro. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la nulidad fue negada en primera instancia por el precitado estrado, decisi\u00f3n que apel\u00f3 y la alzada le correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma urbe, quien no acept\u00f3 la recusaci\u00f3n que le elev\u00f3, por lo cual el asunto se envi\u00f3 a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, que en prove\u00eddo del 11 de febrero de 2020 declar\u00f3 no probada la recusaci\u00f3n, lo que llev\u00f3 a que se confirmara la negativa a la invalidaci\u00f3n del juicio, se compulsaran copias para investigar a su apoderado y se le impusiera multa, todo ello pese a que, dice \u00abla se\u00f1ora Magistrada Astrid Valencia sab\u00eda que la se\u00f1ora juez cuarta civil del circuito de Ibagu\u00e9 nunca se pronunci\u00f3 sobre esta petici\u00f3n, entonces en el incidente de nulidad no iba a cambiar la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Esta Sala de la Corte dio inicio al pliego supra legal de marras y opt\u00f3 por librar las comunicaciones de rigor. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
Al momento de someterse el presente asunto al conocimiento de la Sala, no se hab\u00edan recibido respuestas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
Por lineamiento doctrinario, en lo que concierne a las actuaciones judiciales, el resguardo cabe de manera ins\u00f3lita y ce\u00f1ido a la presencia de un irrefutable desafuero, si \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01); y por antonomasia, de aparecer el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
2. Revisada la demanda de tutela, se verifica que lo cuestionado por la actora, es la decisi\u00f3n de 11 de febrero de 2020, con que la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 declar\u00f3 no probada la recusaci\u00f3n que aquella elev\u00f3 contra la titular del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, para conocer de un recurso de apelaci\u00f3n presentado contra la negativa a decretar la nulidad del proceso ejecutivo adelantado en su contra por Arbey M\u00e9ndez Gonz\u00e1lez y Jos\u00e9 Ascensi\u00f3n M\u00e9ndez. <\/p>\n
En este orden de ideas, de entrada, advierte la Sala que la solicitud de resguardo carece del requisito de inmediatez, habida cuenta que, como qued\u00f3 visto, la providencia cuestionada data del 11 de febrero de 2020. <\/p>\n
Entonces, entre la fecha de proferida esa decisi\u00f3n y la de interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el 2 de noviembre de 2022 transcurrieron m\u00e1s de 6 meses (2 a\u00f1os y 8 meses), super\u00e1ndose ampliamente el lapso que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional, o visto desde otra arista, no se encuentra argumento v\u00e1lido para que hasta ahora se consideren vulnerados los derechos con la citada decisi\u00f3n de declarar no probada la recusaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el requisito de inmediatez, se ha sostenido que: <\/p>\n
(…) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante. (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01) <\/p>\n
3. Las consideraciones que anteceden resultan suficientes para negar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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