STC15763-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15763-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03946-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela propuesta por Jader Carrillo Robayo en nombre propio y como representante legal de la Asociaci\u00f3n Sindical de Trabajadores Unidos \u2013 ASTU, contra la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar y el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a \u00abla defensa y contradicci\u00f3n\u00bb, a la igualdad y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por las sedes judiciales convocadas al no enterarlo debidamente del tr\u00e1mite de tutela y el subsiguiente incidente de desacato, que Adri\u00e1n Alfonso Pacheco promovi\u00f3 en su contra, del sindicato que representa y de otros, correspondiente al radicado 2001-31-21-001-2022-00026-02. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, que se ordene \u00abdecretar la nulidad de todo lo actuado desde el instante en el que el se\u00f1or Adri\u00e1n Alfonso Pacheco Fl\u00f3rez impetr\u00f3 acci\u00f3n de tutela (\u2026); revocar las providencias de fecha 25 de marzo de 2022 emanada del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar (\u2026) y la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar Sala Civil – Familia \u2013 Laboral del d\u00eda 26 de septiembre de 2022 (\u2026); dejar sin efectos el auto (\u2026) de fecha 25 de octubre de 2022, mediante el cual el [mencionado juzgado] lo responsabiliza del incidente de desacato por el fallo de tutela proferido por ese juzgado el 25 de marzo de 2022, [lo] sanciona con un (01) d\u00eda de arresto y el pago de una multa de tres (3) salarios m\u00ednimos\u00bb y en consecuencia, \u00ablevantar las sanciones impuestas a [su] nombre, las cuales fueron confirmadas en sede jurisdiccional\u00bb. <\/p>\n
2. Los hechos relevantes para la definici\u00f3n de este caso son los siguientes: <\/p>\n
2.1. Adri\u00e1n Alfonso Pacheco promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra el sindicato representado por el accionante, la Nueva EPS, el Hospital San Roque de El Copey, la Secretar\u00eda de Salud del prenombrado municipio y el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social, en la que indic\u00f3 como informaci\u00f3n de contacto de aquel, el correo electr\u00f3nico representantelegalastu@gmail.com. <\/p>\n
2.2. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el 25 de marzo de 2022 el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar accedi\u00f3 parcialmente a la protecci\u00f3n reclamada y entre varias \u00f3rdenes, a la Asociaci\u00f3n Sindical de Trabajadores le impuso reintegrar al accionante a un empleo en igual o mejores condiciones, volverlo a afiliar al Sistema de Seguridad social y pagar las cotizaciones dejadas de cubrir; decisi\u00f3n que confirm\u00f3 el 26 de septiembre siguiente la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Valledupar. <\/p>\n
2.3. Sostiene el accionante que, al no haber sido debidamente notificado de ese tr\u00e1mite, el promotor de la tutela present\u00f3 incidente de desacato en su contra, el cual prosper\u00f3 en prove\u00eddo de 25 de octubre de 2022, decisi\u00f3n que se remiti\u00f3 a la Colegiatura de segundo grado para surtir el grado de consulta. <\/p>\n
2.4. En esta oportunidad el actor se duele de haberse enterado de tales decisiones en la primera semana de noviembre pasado, por informaci\u00f3n que le suministr\u00f3 el tambi\u00e9n accionado Hospital San Roque del Municipio de El Copey, por lo cual no pudo aportar las pruebas de que \u00abhab\u00eda cumplido lo ordenado, incluso con anterioridad a la promulgaci\u00f3n del fallo de tutela ni su impugnaci\u00f3n\u00bb, ello, debido a que las decisiones all\u00ed proferidas no fueron remitidas al \u00abcorreo electr\u00f3nico oficial de ASTU\u00bb, jadercr@gmail.com, el cual consta como tal en el Registro de Modificaci\u00f3n de la Junta Directiva y\/o Comit\u00e9 Ejecutivo de Una Organizaci\u00f3n Sindical, en el Registro \u00danico Tributario RUT, e incluso en la portada del \u00abcontrato sindical 001-2021\u00bb, suscrito por el sindicato con la ESE Hospital San Roque de El Copey, en desarrollo del cual el promotor de la tutela sufri\u00f3 el accidente que lo llev\u00f3 a pedir la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado En Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar pidi\u00f3 que no se conceda la protecci\u00f3n, porque dentro del referido tr\u00e1mite constitucional y el incidente de desacato, el enteramiento al gestor se surti\u00f3 en la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico representantelegalastu@gmail.com, la cual fue extra\u00edda de los anexos de la demanda de tutela, donde \u00abconsta autorizaci\u00f3n para el retiro de cesant\u00edas, expedida por la Asociaci\u00f3n Sindical de Trabajadores Unidos \u2013 ASTU, a trav\u00e9s de su representante legal, el se\u00f1or Jader Carrillo Robayo, en donde se aprecia al pie de p\u00e1gina la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico antes se\u00f1alada, as\u00ed como el n\u00famero de contacto del mencionado representante legal\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que no era necesario enterar al gestor en la direcci\u00f3n de correo jadercr@gmail.com, porque corresponde a la personal de \u00e9ste, mas no a la del sindicato accionado, que es una persona jur\u00eddica diferenciada de su representante legal y sus asociados. <\/p>\n
2. La Nueva E.P.S. pidi\u00f3 que se niegue la protecci\u00f3n solicitada, por inexistencia de la conducta atribuida a las sedes judiciales accionadas. <\/p>\n
3. La Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite, para lo cual indic\u00f3 que su intervenci\u00f3n dentro del asunto cuestionado, se limit\u00f3 a informar el n\u00famero de identificaci\u00f3n del aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
4. El Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la presente actuaci\u00f3n, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
5. Por lo dem\u00e1s, al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el proyecto de decisi\u00f3n elaborado en este asunto, ning\u00fan otro de los convocados se hab\u00eda manifestado frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por l\u00ednea jurisprudencial, trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
El planteamiento anterior se aplica en \u00abuna medida a\u00fan mayor cuando la providencia atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo\u00bb (CSJ STC, 8 jul. 2008, rad. 2008-01018-00). <\/p>\n
2. Con fundamento en tales premisas, advierte la Sala que la solicitud de resguardo est\u00e1 llamada al fracaso, atendiendo a que el actor, aduciendo que el sindicato que representa, no fue debidamente enterado del referido tr\u00e1mite de tutela, dirigi\u00f3 su queja contra el fallo all\u00ed emitido el 26 de septiembre del presente a\u00f1o por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de 25 de marzo anterior del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de la misma ciudad, con que accedi\u00f3 al amparo que Adri\u00e1n Alfonso Pacheco Fl\u00f3rez promovi\u00f3 contra la Asociaci\u00f3n Sindical de Trabajadores Unidos, la Nueva E.P.S., LA Secretar\u00eda de Salud de El Copey, El Hospital San Roque de la misma ciudad y el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social. <\/p>\n
Del mismo modo, cuestiona el tr\u00e1mite de desacato al precitado fallo, porque tambi\u00e9n se omiti\u00f3 su enteramiento a esa actuaci\u00f3n. <\/p>\n
2.1. En punto a la improcedencia de esta herramienta supralegal respecto a decisiones adoptadas en actuaciones de la misma naturaleza, la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u2026el derecho de amparo constitucional no procede contra sentencias judiciales dictadas en el curso de tutela anterior, debido a que, de admitirse tal posibilidad, se permitir\u00eda una espiral sin l\u00edmite de acciones de dicha estirpe en procura de discutir las decisiones que deben cumplirse antes que someterse nuevamente a juicio de id\u00e9ntica naturaleza, pues no puede soslayarse el hecho relevante que lo considerado son garant\u00edas superiores, al extremo que, si el debate se reinicia, tales derechos y su vigencia en cada caso particular resultar\u00edan atacados y erosionada en forma profunda la efectividad de la justicia, as\u00ed como la seguridad jur\u00eddica que el fallo debe comportar\u2026 Igualmente, ha de tenerse en cuenta que en el tr\u00e1mite de la tutela existen mecanismos judiciales de defensa que tornan improcedente dicha acci\u00f3n constitucional contra una sentencia de amparo, cuales son el de impugnaci\u00f3n ante el inmediato superior funcional y la revisi\u00f3n eventual de la Corte Constitucional, de suerte que estos especiales y restringidos medios son los expeditos como instrumentos judiciales defensivos (CSJ STC, 2 oct. 2008, rad. 01619-00; reiterada en STC8097-2016, 16 jun., rad. 2015-00243-02). <\/p>\n
En el mismo sentido se ha resaltado que: <\/p>\n
\u2026\u2018ante una equivocaci\u00f3n o arbitrariedad en que puedan incurrir los jueces en sede de tutela al ocuparse de la pertinente decisi\u00f3n, no ser\u00eda una nueva queja de tal naturaleza la id\u00f3nea para contrarrestar el supuesto quebranto, sino \u00fanicamente la impugnaci\u00f3n y la revisi\u00f3n eventual, instrumentos que deben surtirse ante los funcionarios habilitados para ello, aspecto que pone de relieve la existencia de otros medios de defensa judicial, a los que debe acudir el interesado en procura de dilucidar las inconformidades referidas, pues, la tutela no puede convertirse en un mecanismo paralelo\u2019 (expedientes 2006-01425-01 y 2007-02023-00). <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, surge palmario que son dos los mecanismos previstos en el ordenamiento para recurrir una decisi\u00f3n en materia de tutela, esto es, por medio de la impugnaci\u00f3n de la providencia de primera instancia y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, quedando, por consiguiente, cerrada la oportunidad de que se examine una determinaci\u00f3n tomada por otro juez en sede constitucional (CSJ STC, 2 ag. 2013, rad. 00851-01; reiterada en STC8097-2016, 16 jun. 2016, rad. 2015-00243-02). <\/p>\n
3. Ahora bien, no olvida la Corte que, en casos excepcionales, ha aceptado la procedencia del mecanismo de amparo contra tr\u00e1mites de tutela, espec\u00edficamente \u00aben presencia de una vulneraci\u00f3n del debido proceso y, en particular, cuando se omite la integraci\u00f3n del contradictorio…[,] para restablecer el statu quo lesivo del derecho fundamental\u00bb (se destac\u00f3 – STC11156-2014, 22 ag., rad. 01804-00; STC-2016, 21 en., rad. 2015-03107-00; STC-2016, 11 feb., rad. 00188-00; y STC, 7 abr. 2016, rad. 00744-00; citadas en STC8768-2016, 6 jul., rad. 2016-00141). <\/p>\n
No obstante, aunque el aqu\u00ed inconforme pretendi\u00f3 concentrar su queja en que, seg\u00fan adujo, el sindicato que representa no fue enterado debidamente de la iniciaci\u00f3n del tr\u00e1mite constitucional, cercen\u00e1ndole la posibilidad de ejercer su derecho de defensa, lo cierto es que al auscultar el expediente digital de la actuaci\u00f3n recriminada se observa que, efectivamente, el juzgado atacado remiti\u00f3 la notificaci\u00f3n a la direcci\u00f3n electr\u00f3nica informada en la demanda, que a su vez coincide con la registrada en el pie de p\u00e1gina de uno de los anexos de la misma, correspondiente a la carta de autorizaci\u00f3n de retiro de cesant\u00edas al promotor Adri\u00e1n Alfonso Pacheco Fl\u00f3rez, fechada 9 de febrero del presente a\u00f1o, donde se indicaron los siguientes datos de contacto del sindicato: <\/p>\n
De ah\u00ed que, obra prueba en el expediente constitucional que respald\u00f3 la informaci\u00f3n de contacto suministrada en el escrito de tutela, a la par que, para el buen suceso de su alegaci\u00f3n, el aqu\u00ed accionante debi\u00f3 demostrar que el Sindicato no recib\u00eda comunicaciones en dicho correo electr\u00f3nico, lo que no acredit\u00f3, pues para el efecto aport\u00f3 documentaci\u00f3n que muestra otra direcci\u00f3n (jadercr@gmail.com), plasmada en el Registro de Modificaci\u00f3n de la Junta Directiva y\/o Comit\u00e9 Ejecutivo de \u00e9ste, en el RUT y en el \u00abcontrato sindical 001-2021\u00bb suscrito con la ESE Hospital San Roque de El Copey, dato que, no solo consta en documentos m\u00e1s antiguos que el que plasma la direcci\u00f3n finalmente utilizada para la notificaci\u00f3n, lo que pone en duda su vigencia, sino que adem\u00e1s, no se demuestra conocido o informado en modo alguno al accionante como id\u00f3neo para enterar al Sindicato, sin que pueda d\u00e1rsele tal connotaci\u00f3n ni reproch\u00e1rsele a \u00e9ste su desconocimiento, pues no consta en alg\u00fan registro legalmente establecido para el efecto, como s\u00ed ocurre por ejemplo con el dato para notificaci\u00f3n judicial de las personas jur\u00eddicas de derecho privado y los comerciantes, que debe figurar en el registro mercantil. <\/p>\n
En ese orden de ideas, resulta inexistente la afectaci\u00f3n denunciada por la supuesta indebida notificaci\u00f3n dentro del tr\u00e1mite de la tutela, por lo que la decisi\u00f3n del estrado convocado no pod\u00eda ser distinta a tener por notificada a la Asociaci\u00f3n Sindical de Trabajadores Unidos en la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico representantelegalastu@gmail.com. <\/p>\n
4. Igual motivo para denegar el amparo cobija a la inconformidad expuesta por el accionante por su indebido enteramiento dentro del subsiguiente incidente de desacato, pues, del an\u00e1lisis del expediente del mismo extrae la Sala que la vulneraci\u00f3n alegada al respecto es inexistente, comoquiera que en prove\u00eddo calendado 9 de noviembre del corriente a\u00f1o, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, al resolver sobre el grado jurisdiccional de consulta a la sanci\u00f3n impuesta en primera instancia a aquel, opt\u00f3 por \u00abdeclarar la nulidad de todo lo actuado en el presente asunto, a partir del auto del 8 de septiembre de 2022, debiendo en su lugar, el Juzgado de primera instancia, renovar la actuaci\u00f3n viciada de nulidad, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia\u00bb, ello, tras constatar la indebida notificaci\u00f3n del aqu\u00ed interesado, con lo cual, lo puntualmente requerido por \u00e9ste mediante la tutela se hallaba cumplido desde antes de presentada la misma el pasado 10 de noviembre. <\/p>\n
Colige entonces la Sala que no existe acci\u00f3n u omisi\u00f3n alguna por parte de la Colegiatura accionada que amerite la intervenci\u00f3n excepcional e impostergable del juez de tutela, pues, se itera, lo perseguido se cumpli\u00f3 antes de elevar la solicitud de amparo, lo que impone la negativa a la protecci\u00f3n por inexistencia de vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n
En el mismo sentido lo han expresado sentencias como la SU-975 de 2003 o la T-883 de 2008, al afirmar que \u201cpartiendo de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, tanto de la Constituci\u00f3n, como de los art\u00edculos 5\u00ba y 6\u00ba del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acci\u00f3n u omisi\u00f3n cometida por los particulares o por la autoridad p\u00fablica que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito l\u00f3gico-jur\u00eddico para la procedencia de la acci\u00f3n tuitiva de derechos fundamentales (…) En suma, para que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (\u2026)\u201d, ya que \u201csin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Y lo anterior resulta as\u00ed, ya que si se permite que las personas acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipot\u00e9ticas, y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material y jur\u00eddico, \u201cello resultar\u00eda violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acci\u00f3n, atentar\u00eda contra el principio de la seguridad jur\u00eddica y, en ciertos eventos, podr\u00eda constituir un indebido ejercicio de la tutela, ya que se permitir\u00eda que el peticionario pretermitiera los tr\u00e1mites y procedimientos que se\u00f1ala el ordenamiento jur\u00eddico como los adecuados para la obtenci\u00f3n de determinados objetivos espec\u00edficos, para acudir directamente al mecanismo de amparo constitucional en procura de sus derechos\u201d\u00bb (T-130 2014). <\/p>\n
5. Lo dicho impone despachar adversamente la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, declara improcedente la salvaguarda deprecada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en oportunidad, de no impugnarse este veredicto, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC15763-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC15763-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03946-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela propuesta por Jader Carrillo Robayo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-69085","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69085","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69085"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69085\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69085"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69085"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69085"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}