STC15764-2022 <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15764-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-21-000-2022-00039-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 14 de octubre de 2022 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Francisco Javier Sierra G\u00f3mez contra el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja, a cuyo tr\u00e1mite se acumul\u00f3 la acci\u00f3n de tutela que contra la misma autoridad promovieron Jaime Alberto Piedrahita C\u00e1rdenas, Jos\u00e9 Giraldo Laverde Saldarriaga, N\u00e9stor Mario Valencia Ram\u00edrez y Carlos Armodio Mar\u00edn (radicado No. 54001-22-21-000-2022-00040-00), asunto al que fueron vinculados las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores, el primero en causa propia y los dem\u00e1s a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclamaron el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades encausadas. <\/p>\n
Solicitan, entonces, que se ordene dejar sin valor ni efecto el auto de 26 de octubre de 2021 del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja, mediante el cual se les retir\u00f3 la calidad de opositores y en consecuencia se les reconozca tal calidad y se tenga por contestada la solicitud de restituci\u00f3n. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Dentro del proceso para restituci\u00f3n de tierras despojadas correspondiente al consecutivo 68081-31-21-001-2018-0009-00, el 7 de junio de 2018 el Juzgado accionado admiti\u00f3 la solicitud de restituci\u00f3n o formalizaci\u00f3n de tierras del predio denominado \u00abIngenio Panelero La Mundial\u00bb, promovida por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Tierras Despojadas de Antioquia a favor de Javier Su\u00e1rez y Jorge de Jes\u00fas Laverde, quienes representan a la sociedad Javier Su\u00e1rez y C\u00eda. <\/p>\n
2.2. En el prove\u00eddo admisorio se orden\u00f3 la publicaci\u00f3n de la decisi\u00f3n en un diario y en una emisora de amplia difusi\u00f3n en el territorio donde se ubica el bien a restituir, para que las personas con derechos leg\u00edtimos sobre el inmueble, los acreedores y quienes se consideraran afectados con el proceso, acudieran a hacer valer sus derechos, as\u00ed mismo, en el ordinal vig\u00e9simo octavo se corri\u00f3 traslado a los aqu\u00ed accionantes y a otros, como \u00abposibles poseedores del predio\u00bb, para que ejercieran su derecho de defensa, presentaran oposici\u00f3n e hicieran valer las pruebas, prop\u00f3sito para el cual en el ordinal trig\u00e9simo se le orden\u00f3 a la Unidad demandante procurar la notificaci\u00f3n de todos los vinculados al proceso. <\/p>\n
2.3. El 24 de agosto de 2018 el prove\u00eddo admisorio fue notificado a los gestores por la Unidad demandante, quienes contestaron la demanda el 11 y el 14 de septiembre siguiente, por lo cual el 13 de noviembre posterior el estrado cognoscente los reconoci\u00f3 como opositores, no obstante, el 26 de octubre de 2021 dicha autoridad hizo control de legalidad a lo actuado y opt\u00f3 por retirarles esa calidad, tras considerar que su intervenci\u00f3n fue extempor\u00e1nea, luego de contabilizar el lapso para hacerla desde la publicaci\u00f3n realizada para notificar a los interesados indeterminados, decisi\u00f3n contra la cual el accionante Francisco Javier Sierra G\u00f3mez present\u00f3 \u00abinconformidad\u00bb y coadyuv\u00f3 la solicitud de otros interesados de declarar la nulidad, coadyuvancia que tambi\u00e9n realizaron los dem\u00e1s aqu\u00ed accionantes, pero la invalidaci\u00f3n fue negada el 16 de septiembre de 2022, en consecuencia quedaron todos reconocidos como terceros intervinientes. <\/p>\n
2.4. La inconformidad de los actores radica, puntualmente, en que se dej\u00f3 sin efecto lo actuado tras contabilizarse el t\u00e9rmino para contestar la demanda desde la fecha de publicaci\u00f3n del auto admisorio en radio y en prensa, el cual venci\u00f3 el 24 de julio de 2018, y no desde el momento en que los notific\u00f3 la Unidad promotora del juicio, dada su condici\u00f3n de personas determinadas, por haber acudido al tr\u00e1mite desde la etapa administrativa, t\u00e9rmino \u00e9ste que venci\u00f3 el 14 de agosto siguiente, lo cual les genera un perjuicio irremediable, porque en calidad de terceros intervinientes no pueden ejercer activamente la defensa de sus derechos y eventualmente no ser\u00edan acreedores de una compensaci\u00f3n en caso de probarse su actuar de buena fe exenta de culpa. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
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1. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas \u2013 UAEGRTD pidi\u00f3 que se declare la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, porque es al juzgado accionado a quien le corresponde manifestarse frente a la solicitud de amparo. <\/p>\n
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2. El Procurador 43 Judicial I para Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja se\u00f1al\u00f3 que la decisi\u00f3n del juzgado accionado se tom\u00f3 para prevenir futuras nulidades a la par que los accionantes desconocieron las normas que rigen el tr\u00e1mite del proceso cuestionado. <\/p>\n
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3. El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja hizo un recuento de lo acontecido dentro del decurso criticado, del que resalt\u00f3 que el 1\u00ba de julio de 2018 se realiz\u00f3 la publicaci\u00f3n de la admisi\u00f3n de la solicitud de restituci\u00f3n de tierras, sin que compareciera alguien al juicio, y el 24 de agosto del mismo a\u00f1o se enter\u00f3 de la actuaci\u00f3n a los aqu\u00ed accionantes, quienes presentaron oposici\u00f3n a la restituci\u00f3n, la cual fue reconocida en prove\u00eddo de 13 de noviembre de la misma anualidad, no obstante, el 26 de octubre de 2021 se les retir\u00f3 dicha calidad, \u00abatendiendo a los postulados respecto de la oposici\u00f3n y el t\u00e9rmino para reconocerla en los procesos de restituci\u00f3n de tierras, los cuales respecto a las personas indeterminadas deber\u00e1 ser a partir de la publicaci\u00f3n que de la admisi\u00f3n de la solicitud de restituci\u00f3n de tierras, se realice, y para el caso de marras se realiz\u00f3 el d\u00eda 01 de julio de 2018, sin que persona alguna compareciera dentro del t\u00e9rmino de la misma\u00bb. <\/p>\n
El 2 de febrero de 2022 se resolvi\u00f3 la \u00abinconformidad\u00bb que presentaron los tutelantes y el 16 de septiembre se defini\u00f3 la nulidad solicitada al respecto, \u00abque se neg\u00f3 por considerarse que la publicaci\u00f3n realizada de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Ley 1448 de 2011, se ajusta a los lineamientos de la norma que rige los procesos de restituci\u00f3n de tierras\u00bb; posteriormente el 27 de septiembre pasado se abri\u00f3 el periodo probatorio. <\/p>\n
Enfatiz\u00f3 que los actores ten\u00edan dentro del proceso calidad de \u00abindeterminados\u00bb por no tener inscritos derechos reales sobre el predio, por lo que su enteramiento deb\u00eda verificarse como se\u00f1ala el art\u00edculo 87 de la Ley 1448 de 2011, es decir, con la publicaci\u00f3n de la admisi\u00f3n de restituci\u00f3n de tierras realizada en julio de 2018. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta deneg\u00f3 el resguardo por incumplir con el requisito de procedibilidad de la inmediatez, porque la nulidad solicitada luego de emitido el prove\u00eddo que se reprocha, no guarda relaci\u00f3n con \u00e9ste, pues ten\u00eda como prop\u00f3sito cuestionar que en la publicaci\u00f3n realizada debieron incluirse los nombres de los presuntos poseedores, mas no citarlos como personas indeterminadas. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que a\u00fan de sopesarse el tr\u00e1mite de nulidad para acreditar el requisito de la prontitud, el amparo no puede concederse, porque la determinaci\u00f3n criticada no resulta caprichosa, pues atendi\u00f3 a lo establecido en el art\u00edculo 87 de la Ley 1148 de 2011, donde se indica que de la solicitud debe correrse traslado a quienes \u00abfiguren como titulares inscritos de derechos en el certificado de tradici\u00f3n y libertad de matr\u00edcula inmobiliaria donde est\u00e9 comprendido el predio sobre el cual se solicite la restituci\u00f3n\u00bb, lo cual hizo valer el estrado accionado al realizar control de legalidad a lo actuado. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La presentaron todos los gestores, insistiendo en lo manifestado en el escrito inicial, con \u00e9nfasis en que se dio \u00abprevalencia a ritualidades procesales\u00bb, lo que les quita la posibilidad de hacer valer sus derechos y, que al no haber opositores, se limita el proceso a \u00fanica instancia, as\u00ed mismo sostuvieron que \u00abno es constitucional que se convoque a unas personas bajo unas reglas, (en acatamiento a las \u00f3rdenes del juez) y luego estas reglas sean cambiadas\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. No obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado: <\/p>\n
(\u2026) el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado(…), (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada STC4269-2015 16 abr. 2015). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3.1. En efecto, en el ordinal vig\u00e9simo octavo del prove\u00eddo de 7 de junio de 2018, admisorio de la solicitud de restituci\u00f3n, todos los aqu\u00ed accionantes fueron vinculados a la fase judicial del proceso como personas determinadas, dada su calidad de \u00abposibles poseedores del predio seg\u00fan los hechos narrados por la U.R.T.\u00bb, por lo que se orden\u00f3 a la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas \u2013 Territorial Antioquia, procurar notificarlos personalmente con el prop\u00f3sito de que \u00abejerza el derecho de defensa, se pronuncie sobre los hechos y pretensiones de la demanda, hagan valer las pruebas que estimen pertinentes y presenten oposiciones conforme al inciso tercero del Art. 88 de la Ley 1448 de 2011\u00bb. <\/p>\n
El anotado proceder garantiz\u00f3 de la mejor manera que los mencionados intervinientes determinados pudieran ejercer su derecho de defensa, como elemento esencial del derecho fundamental al debido proceso, cuyo respeto debe procurar siempre el funcionario instructor, tem\u00e1tica sobre la cual la Corte Constitucional ha precisado que, <\/p>\n
\u00abla notificaci\u00f3n personal es la que ofrece una mayor garant\u00eda del derecho de defensa, en cuanto permite en forma clara y cierta el conocimiento de la decisi\u00f3n por la parte o el tercero que la recibe\u00bb, si se tiene en cuenta que \u00abpara garantizar la seguridad jur\u00eddica, el derecho al debido proceso y el derecho de defensa, es necesario que las personas que puedan resultar involucradas en procesos judiciales, cualquiera sea su naturaleza, deban ser enteradas acerca de la existencia del proceso mediante la notificaci\u00f3n personal de la primera providencia que se profiere en el mismo, bien tr\u00e1tese de auto admisorio de la demanda o bien de mandamiento ejecutivo o de pago. Noticia de la existencia del proceso que debe hacerse en primer lugar, agotando todos los mecanismos dispuestos en la ley para hacerla de manera personal, y s\u00f3lo en la medida en que no sea posible cumplir con \u00e9sta diligencia es pertinente, de manera subsidiaria, recurrir a otras formas dispuestas para el efecto por la ley\u00bb, reiterando que \u00abel legislador otorga un tratamiento de favor a la notificaci\u00f3n personal, por ser la que otorga la mayor garant\u00eda de que el demandado conozca en forma cierta la existencia del proceso y ejerza su derecho de defensa, pero no la acoge como \u00fanica, con exclusi\u00f3n de modalidades de car\u00e1cter subsidiario, ya que, si lo hiciera, entrabar\u00eda la administraci\u00f3n de justicia y desfavorecer\u00eda el logro de la convivencia pac\u00edfica consagrada en el pre\u00e1mbulo de la Constituci\u00f3n\u00bb. (Negrilla adicionada – Corte Constitucional C-783 de 2004 citado entre otros en STC11709-2019) <\/p>\n
3.2. No desconoce la Sala que el inciso segundo del art\u00edculo 87 de la Ley 1448 de 2011 establece que \u00abcon la publicaci\u00f3n a que se refiere el literal e) del art\u00edculo anterior se entender\u00e1 surtido el traslado de la solicitud a las personas indeterminadas que consideren que deben comparecer al proceso para hacer valer sus derechos leg\u00edtimos y a quienes se consideren afectados por el proceso de restituci\u00f3n\u00bb, empero, ello no aplicaba para los aqu\u00ed accionantes, por tratarse de personas determinadas dentro de la actuaci\u00f3n, a quienes por ende deb\u00eda procurarse notificarlas de manera personal, acorde con la citada regla procedimental. <\/p>\n
Lo anterior, aun cuando esas personas determinadas no figuren como \u00abtitulares inscritos de derechos en el certificado de tradici\u00f3n y libertad de matr\u00edcula inmobiliaria donde est\u00e9 comprendido el predio sobre el cual se solicite la restituci\u00f3n (\u2026)\u00bb, como establece el inciso primero del art\u00edculo citado a espacio, pues, se enfatiza, es el solo hecho de estar individualizados dentro del juicio y conocerse su paradero, lo que impone procurar primero su enteramiento de manera personal, as\u00ed se trate de poseedores, segundos ocupantes, acreedores, o cualquier persona que se considere con derechos leg\u00edtimos sobre el predio o simplemente afectada con la suspensi\u00f3n de procesos y procedimientos administrativos. <\/p>\n
3.3. La relevancia de dicha regla procesal est\u00e1 dada en que procura garantizar a quien deba resistir o simplemente discutir la pretensi\u00f3n, se entere de la actuaci\u00f3n adelantada en contra de sus intereses, para as\u00ed poder ejercer su prerrogativa de contradicci\u00f3n, pues, como lo ha explicado la Sala, <\/p>\n
Apunta a proteger el derecho fundamental al debido proceso en su m\u00e1s pr\u00edstina manifestaci\u00f3n, como es la posibilidad de ser enterado de la actuaci\u00f3n judicial iniciada en contra y, por esa senda, acceder al abanico de posibilidades de contradicci\u00f3n que brinda el ordenamiento jur\u00eddico, pues, de no darse aquella, queda cercenada de tajo cualquier posibilidad ulterior de ejercicio de esos privilegios (CSJ SC7882-2018, criterio reiterado en CSJ SC4064-2020, 20 Oct.). <\/p>\n
3.4. As\u00ed, el proceder del estrado enjuiciado, consistente en tener por extempor\u00e1nea la oposici\u00f3n de los aqu\u00ed accionantes, tras considerar que debieron presentarla dentro del t\u00e9rmino que inici\u00f3 con la publicaci\u00f3n realizada para notificar a las personas indeterminadas, pese a que aquellos eran personas determinadas dentro de la actuaci\u00f3n, y como tales oportunamente presentaron su oposici\u00f3n una vez fueron notificados personalmente, deja en evidencia la vulneraci\u00f3n al derecho fundamental al debido proceso alegada por \u00e9stos, por configuraci\u00f3n del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, el cual, seg\u00fan ha indicado la Corte Constitucional <\/p>\n
\u2026 puede ser (i) de tipo absoluto; o (ii) por exceso ritual manifiesto. Sobre el particular, la sentencia SU-770 de 2014 indic\u00f3 que el defecto procedimental absoluto se presenta \u201ccuando el procedimiento que adopta el juzgador no est\u00e1 sometido a los requisitos previstos en la ley, sino que obedece a su propia voluntad\u2026 porque (i) el juez se ci\u00f1e a un tr\u00e1mite ajeno al pertinente, o porque (ii) el juez omite etapas sustanciales del procedimiento con violaci\u00f3n de los derechos de defensa y de contradicci\u00f3n de una de las partes del proceso. Este defecto requiere, adem\u00e1s, que se trate de un error de procedimiento grave y trascendente, valga decir, que influya de manera cierta y directa en la decisi\u00f3n de fondo\u201d, mientras que el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto \u201cocurre cuando el funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial, \u2026 (i) se deja de inaplicar normas procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) se exige cumplir requisitos formales de manera irreflexiva, aunque pueda tratarse de cargas imposibles de cumplir, siempre que esta circunstancia est\u00e9 comprobada; (iii) se incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas; (iv) o se omite el decreto oficioso de pruebas cuando a ello hay lugar\u201d (CC T-204\/18). <\/p>\n
4. Complementario a lo expuesto, al proferir la providencia discutida, que resolvi\u00f3 \u00abretirar la calidad de opositores\u00bb a los aqu\u00ed accionantes y otros intervinientes, el Juzgado accionado desconoci\u00f3 que el 13 de noviembre de 2018 les hab\u00eda reconocido tal calidad, tras considerar que hab\u00edan presentado oportunamente la oposici\u00f3n, luego de ser notificados por la UAEGRTD como \u00abposibles poseedores del predio\u00bb, conforme a la vinculaci\u00f3n como personas determinadas dispuesta en el auto de 7 de junio de 2018, admisorio de la solicitud de restituci\u00f3n o formalizaci\u00f3n de tierras, actuaci\u00f3n con la que entonces vulner\u00f3 el principio de la confianza leg\u00edtima que protege a los promotores del resguardo. <\/p>\n
En efecto, revisados los elementos de juicio allegados a esta sumaria tramitaci\u00f3n, se advierte que en la providencia admisoria de la solicitud de restituci\u00f3n el estrado cognoscente dispuso, <\/p>\n
VIG\u00c9SIMO OCTAVO: VINC\u00daLESE a los se\u00f1ores MARIO ALONSO LAVERDE, NESTOR MARIO VALENCIA RAMIREZ, MARIA IDALI VALLEJO GARCI, MARTHA CECILIA GARCIA GOMEZ, CINDY PAOLA OLARTE ALVAREZ, CARLOS ARMODIO MARI, JOSE GILDARDO LAVERDE SALDARRIAGA, FRANCISCO JAVIER SIERRA, MACEDONIO DE JESUS MUNERA, DAIRO LEON SUAREZ SUAREZ, ANIBAL DE JESUS GUTIERREZ, VALERIO DE JESUS GUTIERRIEZ, CENAIDA VASQUEZ BETANCUR, CARLOS MAURICIO QUINTERO YEPES, RESFA DEL SOCORRO MORALES LUJAN, RAMON EMILIO POSADA BEDOYA, FELIX ADOLFO OLARTF CASTA\u00d1O, EDILMA DEL SOCORRO BUSTAMANTE OCHOA, RAFAEL ANTONIO CASTRILLON SANCUEZ, GUSTAVO DE JESUS ARROYAVE VEGA, LUZ EMILLER JARAMILLO CHABARRIA y JAIME ALBERTO PIEDRAHITA, a las presentes actuaciones, y c\u00f3rrasele traslado en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 87 y 88 de la ley 1448 de 2011, a fin de garantizar sus derechos, como posible Poseedores del predio identificado con matricula inmobiliaria N\u00b0 019-2035, seg\u00fan los hechos narrados por parte de la U.R.T, por lo que habr\u00e1 de corr\u00e9rsele traslado de la presente demanda, para que ejerza el derecho de defensa, se pronuncie sobre los hechos y pretensiones de la demanda, hagan valer las pruebas que estimen pertinentes y presenten oposiciones conforme al inciso tercero del Art. 88 de la Ley 1448 de 2011, dentro de los t\u00e9rminos del art\u00edculo 87 de la ley 1448 de 2011. <\/p>\n
Fue as\u00ed que en auto de 13 de noviembre de 2018 el juzgado observ\u00f3 que, <\/p>\n
obran escritos de oposici\u00f3n presentados por la apoderada de JAIME ALBERTO PIEDRAHITA CARDENAS, JOSE GILDARDO LAVERDE, NESTOR MARIO VALENCIA RAMIREZ, CARLOS ARNOBIO MARIN y VALERIO DE JESUS GUTIERREZ7; por el se\u00f1or FRANCISCO JAVIER SIERRA GOMEZ, en causa propia8; por el apoderado de RESFA DEL SOCORRO MORALES, RAMON EMILIO POSADA BEDOYA, FELIZ ADOLFO OLARTE CASTA\u00d1O, RAFAEL ANTONIO CSTRILLON SANCHEZ, GUSTAVO DE JESUS ARROYAVE VEGA, LUZ EMILLER JARAMILLO CHAVARRIA, FERNANDO ALONSO GAVIRIA CASTRILLON, LIBIA MARTINEZ ESPINOZA, FRANCISCO JAVIER SUAREZ SUAREZ Y DAIRO DE LEON SUAREZ SUAREZ9, los que se presentaron en t\u00e9rmino si se tiene en cuenta que los vinculados fueron notificados el 24 de agosto de 2018, luego el plazo fenec\u00eda el 14 de septiembre de 2018, <\/p>\n
En consecuencia, decidi\u00f3 \u00abque se les reconocer\u00e1 como opositores, igualmente, se reconocer\u00e1 personer\u00eda jur\u00eddica a los apoderados para actuar en su representaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
No obstante, en la decisi\u00f3n cuestionada, socapa de hacer control de legalidad el juicio, opt\u00f3 por retirarles esa calidad, con fundamento en que la publicaci\u00f3n que ordena el inciso segundo del art\u00edculo 87 de la Ley 1448 de 2011, para las \u00abpersonas indeterminadas que consideren que deben comparecer al proceso para hacer valer sus derechos leg\u00edtimos y a quienes se consideren afectados por el proceso de restituci\u00f3n\u00bb, <\/p>\n
fue realizada el d\u00eda primero de julio de 2018 como figura en el folio 151 y 152 del expediente f\u00edsico y anotaci\u00f3n 25 del expediente digital. Por ello se tiene entonces que los 15 d\u00edas venc\u00edan el 24 de julio de 2018. <\/p>\n
Los vinculados JAIME ALBERTO PIEDRAHITA CARDENAS, JOSE GILDARDO LAVERDE SALDARRIAGA, NESTOR MARIO VALENCIA RAMIREZ, CARLOS ARMODIO MARIN Y VALERIO DE JESUS LOPEZ allegaron contestaci\u00f3n el d\u00eda 11 de septiembre de 2018, vencido el t\u00e9rmino de traslado. <\/p>\n
El vinculado FRANCISCO JAVIER SIERRA present\u00f3 su oposici\u00f3n el d\u00eda 14 de septiembre de 2018, vencido el t\u00e9rmino de traslado. <\/p>\n
Los vinculados RESFA DEL SOCORRO MORALES, RAMON EMILIO POSADA BEDOYA, FELIZ ADOLFO OLARTE CASTA\u00d1O, RAFAEL ANTONIO CSTRILLON SANCHEZ, LUZ EMILLER JARAMILLO CHAVARRIA, FERNANDO ALONSO GAVIRIA CASTRILLON, LIBIA MARTINEZ ESPINOZA, FRANCISCO JAVIER SUAREZ SUAREZ, DAIRO DE LEON SUAREZ SUAREZ y JOSE LUIS GAVIRIA allegaron oposici\u00f3n el d\u00eda 14 de septiembre de 2018, vencido el t\u00e9rmino de traslado. <\/p>\n
Entonces, la decisi\u00f3n del accionado, en el sentido de dejar completamente de lado ese reconocimiento, bajo el argumento de que las oposiciones realmente hab\u00edan sido presentadas tard\u00edamente, tras contabilizar el t\u00e9rmino respectivo desde la fecha de la publicaci\u00f3n para notificar a las personas indeterminadas, sin duda alguna vulner\u00f3 el anotado principio de la confianza leg\u00edtima, al sorprender a los opositores con una determinaci\u00f3n que no se ajustaba a lo que se estim\u00f3 en los prove\u00eddos precedentes. <\/p>\n
Sobre dicho principio, esta Corporaci\u00f3n ha decantado: <\/p>\n
\u2018(\u2026) [C[onceptualmente ha reconocido la Corte que el principio de \u2018confianza leg\u00edtima\u2019 procura \u2018garantizar a las personas que ni el Estado ni los particulares, van a sorprenderlos con actuaciones que, analizadas aisladamente tengan un fundamento jur\u00eddico, pero que al compararlas, resulten contradictorias1, ya que el proceder inicial puede generar leg\u00edtimas expectativas en los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia, que deben ser respetadas (auto de 4 de febrero de 2008, exp. 2002-00537-00). <\/p>\n
\u2018\u2026la administraci\u00f3n de justicia no puede con posterioridad adoptar decisiones contradictorias, desconociendo las expectativas que dicho particular, de buena fe, se haya formado. Por esa raz\u00f3n, se ha se\u00f1alado, por ejemplo, que las consecuencias de un error judicial no pueden afectar negativamente a la parte procesal que lo padece al punto de socavar su derecho a la defensa o el acceso a la administraci\u00f3n de justicia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Tambi\u00e9n esta Corporaci\u00f3n, ha dicho: <\/p>\n
\u2018(\u2026) [L]a jurisprudencia constitucional, de vieja data, ha se\u00f1alado que los derechos fundamentales de una persona no detentan un car\u00e1cter absoluto en relaci\u00f3n con los de otros, por lo cual es preciso realizar una tarea de contraste cuando en una situaci\u00f3n concreta confluyen los intereses de varios individuos. <\/p>\n
[E]s as\u00ed como en los casos en los que se controvierte un pronunciamiento judicial, es claro que de un lado emerge la pretensi\u00f3n de la parte lesionada para que se le garantice el debido proceso; y del otro, el de los dem\u00e1s sujetos, quienes claman por el respeto de principios que son igualmente relevantes, como la seguridad jur\u00eddica y la confianza leg\u00edtima, pues, no se entender\u00eda que alguien que acude a un tr\u00e1mite absolutamente reglado, obtenga un fallo jurisdiccional ejecutoriado, que pueda ser despu\u00e9s revocado, sin mayores condicionamientos (\u2026)\u2019 (CSJ STC8305-2014; reiterada recientemente en STC9542-2016). <\/p>\n
En un caso de contornos similares al aqu\u00ed presentado, la Corte concedi\u00f3 el amparo tras considerar trasgredida la garant\u00eda de confianza leg\u00edtima poque, <\/p>\n
(\u2026) aun cuando el Fondo Ganadero de C\u00f3rdoba fue calificado como el titular del dominio de los inmuebles y no lo era, de todos modos para aqu\u00e9l exist\u00eda una confianza leg\u00edtima de que sus ruegos iban a ser esclarecidos ya que de ello se comprometi\u00f3 la judicatura cuando le \u00abreconoci\u00f3 personer\u00eda al opositor\u00bb, por lo que si bien no est\u00e1 prohibido por la ley que el fallador corrobore su \u00abcompetencia\u00bb, como \u00abpresupuesto procesal de la sentencia\u00bb, en todo caso una vez el \u00abjuez instructor\u00bb acogi\u00f3 la \u00aboposici\u00f3n\u00bb, que por dem\u00e1s fue presentada en tiempo como \u00abparte conocida\u00bb, no le era permitido al Magistrado sustanciador obrar como lo hizo ya que lesionaba, como sucedi\u00f3, las prerrogativas supralegales del quejoso\u201d (se resalta). (STC14175 de 31 de octubre de 2018, rad. 2018-03220-00 citada en STC14777-2021). <\/p>\n
5. Total que, por el desafuero evidenciado a lo largo de esta considerativa, se dejar\u00e1 sin valor ni efecto el prove\u00eddo emitido el 26 de octubre de 2021 por el Juzgado accionado y toda decisi\u00f3n que dependa del mismo, para que en su lugar se contin\u00fae con la actuaci\u00f3n correspondiente, sin que en esta decisi\u00f3n interfiera el supuesto incumplimiento del requisito de la inmediatez que argument\u00f3 el a quo constitucional para negar la protecci\u00f3n, pues, no solo la evidente vulneraci\u00f3n superior advertida amerita soslayarlo, sino que, adem\u00e1s, los accionantes participaron en la solicitud de nulidad que por los mismos hechos se neg\u00f3 dentro del proceso cuestionado el pasado 16 de septiembre, lo que les imped\u00eda acudir antes al amparo, por estar en curso ese medio de defensa que eventualmente remediar\u00eda su situaci\u00f3n. <\/p>\n
6. En consonancia con lo expuesto, se revocar\u00e1 la decisi\u00f3n constitucional de primer grado para en su lugar acceder a la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, revoca el fallo impugnado y en su lugar concede la protecci\u00f3n invocada. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero: Ordenar al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja, Santander, que que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la fecha de notificaci\u00f3n de la presente decisi\u00f3n, deje sin valor y efecto el prove\u00eddo que emiti\u00f3 el 26 de octubre de 2021 y las actuaciones que dependan de \u00e9ste, dentro del proceso de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras de la referencia y en su lugar, inmediatamente contin\u00fae con el tr\u00e1mite respectivo, teniendo en cuenta lo plasmado en las precedentes consideraciones. <\/p>\n
Segundo: Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 C. Const. Sent. C-836 de 2001. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC15764-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC15764-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-21-000-2022-00039-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 14 de octubre de 2022 por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-69086","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69086","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69086"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69086\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69086"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69086"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69086"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}