STC15772-2022.<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC15772-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2022-00879-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintitr\u00e9s de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia el 28 de julio de 2022, con la cual se declar\u00f3 improcedente el amparo invocado por Natalia Bernal Cano contra la Corte Constitucional de Colombia. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso de constitucionalidad de radicado D-13956. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales a la honra, dignidad humana, debido proceso, igualdad, libre ejercicio de la profesi\u00f3n y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resalta lo que viene: <\/p>\n
2.1. La tutelante narr\u00f3 que intervino ante la Corte Constitucional en el proceso de radicado D-13956, en el cual se estaba revisando la constitucionalidad del art\u00edculo 122 de la Ley 599 de 2000. Le referida Corporaci\u00f3n -con sentencia C-055 de 2022- declar\u00f3 la exequibilidad condicionada del precepto mencionado. <\/p>\n
2.2. Afirm\u00f3 que en el decurso del mentado tr\u00e1mite fueron proferidos los autos 480 y 473 de 2020, 055, 178 y 752 de 2021, los cuales vulneran sus garant\u00edas superlativas. En este sentido, enrostr\u00f3 que se le impuso una medida correccional de devoluci\u00f3n de documentos sin que ella hubiera hecho algo que mereciera dicha sanci\u00f3n. Adem\u00e1s, con prove\u00eddo A 473 se orden\u00f3 iniciar en su contra un proceso disciplinario por \u201csupuestos irrespetos y amenazas\u201d. <\/p>\n
2.4. Asimismo, hizo \u00e9nfasis en que el 18 de noviembre de 2020 radic\u00f3 solicitud de nulidad en el pluricitado proceso de constitucionalidad. No obstante, el 19 de febrero de 2021, tom\u00f3 la decisi\u00f3n de retirar dicho petitorio. Ulteriormente, el 1\u00ba de julio de 2022, present\u00f3 nueva petici\u00f3n de nulidad contra la sentencia C-055 de 2022, cuyo tr\u00e1mite se encuentra en curso. <\/p>\n
2.5. As\u00ed las cosas, adujo que se encuentra en situaci\u00f3n de notoria indefensi\u00f3n e impotencia ante la opresi\u00f3n de los altos funcionarios de la mentada colegiatura. Ello pues, en su sentir, la han humillado, desprestigiado, injuriado, calumniado y han alterado el contenido original de los manuscritos p\u00fablicamente. Esto, le ha causado graves perjuicios por cuanto \u00abno pud[o] seguir publicando [sus] investigaciones jur\u00eddicas, perdi[\u00f3] la posibilidad de expresar[se] en medios de comunicaci\u00f3n, perdi[\u00f3] oportunidades de seguir ense\u00f1ando, [sus] obras quedaron p\u00fablicamente desprestigiadas (\u2026)\u00bb. Por otro lado, resalt\u00f3 que el litigio penal no ha avanzado como deber\u00eda, puesto que a\u00fan no se han convocado a los indiciados para rendir declaraciones de rigor. <\/p>\n
3. Demand\u00f3 que se le ordene a la Corte Constitucional \u00ababstenerse de seguir acus\u00e1ndome\u00bb. Y que \u00abse retracte p\u00fablicamente revocando las acusaciones que me hizo\u00bb. Para ello, pidi\u00f3 que publiquen \u00abun comunicado de prensa dirigido a los medios con el fin de restaurar p\u00fablicamente mis derechos violados\u00bb. Adicionalmente, para evitar perjuicios irremediables, peticion\u00f3 que se decrete la ineficacia y la nulidad de la sentencia C-055 de 2022 y de los autos 480 A del 7 de diciembre 2020, 088 del 25 de febrero 2021 y 178 de abril 22 de 2021. Por \u00faltimo, solicit\u00f3 la intervenci\u00f3n en el incidente de nulidad que se est\u00e1 adelantando actualmente dentro de la referida providencia de constitucionalidad. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Magistrada Presidente de la Corte Constitucional1 se pronunci\u00f3 frente al sustento f\u00e1ctico aducido en el libelo genitor. En seguidas l\u00edneas, esgrimi\u00f3 los principios legales y jurisprudenciales que rigen la posibilidad de presentar acciones de tutela contra providencias judiciales, haciendo especial \u00e9nfasis en los postulados establecidos en la sentencia C-590 de 2005. <\/p>\n
Ahora bien, trat\u00e1ndose del sub examine, apuntal\u00f3 que no se cumple con el requisito de la subsidiariedad debido a que \u00abla accionante activ\u00f3 los medios y recursos ordinarios para la protecci\u00f3n judicial, tales como la acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa, la cual se encuentra en etapa de conciliaci\u00f3n prejudicial, tal y como ella lo afirma en su escrito de demanda\u00bb. Y concluy\u00f3 que en \u00abesta instancia no es procedente la acci\u00f3n de tutela, toda vez que, cuenta con medios procesales para proteger los derechos que pretende hacer valer\u00bb. Adem\u00e1s, enrostr\u00f3 que \u00abactualmente se encuentra en curso la decisi\u00f3n sobre la nueva solicitud de nulidad radicada el 1\u00ba de julio del a\u00f1o en curso. La Sala Plena en sesi\u00f3n del 14 de julio de 2022, estudi\u00f3 y decidi\u00f3 dicha solicitud, actualmente se encuentra en proceso de documentaci\u00f3n y firmas\u00bb. <\/p>\n
2. La asesora I CIA de la Comisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n y Acusaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Representantes2 refiri\u00f3 que la aqu\u00ed accionante denunci\u00f3 a los dignatarios Gloria Stella Ortiz, Alejandro Linares y Antonio Jos\u00e9 Lizarazo. Sobre el particular, agreg\u00f3 que se encuentra en etapa de investigaci\u00f3n preliminar. No obstante, precis\u00f3 que, dada la culminaci\u00f3n del periodo constitucional del Congreso, actualmente se est\u00e1 a la espera de la designaci\u00f3n de los nuevos miembros de la Comisi\u00f3n para continuar con el tr\u00e1mite respectivo. <\/p>\n
3. Carlos Frandique M\u00e9ndez3 y Mar\u00eda Paola Lugo G\u00f3mez4 realizaron diversos planteamientos de cara a la sentencia C-055 de 2022. En este sentido, manifestaron que el amparo deb\u00eda ser denegado, comoquiera que el juicio contra el art\u00edculo 122 del C\u00f3digo Penal hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada. <\/p>\n
4. Felipe Chica Duque5 adujo que el escrito de tutela tiene serias deficiencias argumentativas que no permiten su estudio de fondo. Adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que no se cumple con el requisito de la subsidiariedad, ya que la gestora solicit\u00f3 que se anulara la sentencia C-055 del 2022, lo cual se encuentra en curso. <\/p>\n
5. La subdirectora t\u00e9cnica de Defensa Jur\u00eddica de la Superintendencia Nacional de Salud6, la jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica de la Secretar\u00eda Distrital de la Mujer7, las apoderadas del Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social8 y del Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n9, la Comisi\u00f3n de Derechos Humanos y Audiencias de la C\u00e1mara de Representantes y Eliana Mar\u00eda Mahecha10 pidieron ser desvinculados del amparo por carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
6. Harold Eduardo Sua Monta\u00f1a11 relacion\u00f3 los requisitos generales y espec\u00edficos de la tutela contra providencias judiciales. En adici\u00f3n, afirm\u00f3 que se debe amparar el derecho al debido proceso de la actora, porque la Corte Constitucional tiene comprometida su imparcialidad para resolver la nulidad promovida por la accionante. Frente a los dem\u00e1s argumentos de la demanda de tutela, indic\u00f3 que se deb\u00eda declarar una carencia actual de objeto. <\/p>\n
7. La Conferencia Episcopal de Colombia12 se limit\u00f3 a sintetizar la participaci\u00f3n que ha tenido en el tr\u00e1mite de constitucionalidad que se cuestiona. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 improcedente el amparo rogado. Para arribar a la anterior determinaci\u00f3n, evidenci\u00f3 que exist\u00edan dos problemas jur\u00eddicos por resolver: i) Si la Comisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n y Acusaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Representantes ha incurrido en mora judicial injustificada al resolver el proceso penal de radicado 5564 promovido por Natalia Bernal Cano contra algunos magistrados de la Corte Constitucional. Y ii) si el se\u00f1alado cuerpo colegiado vulner\u00f3 los derechos fundamentales de la promotora durante el decurso del proceso de constitucionalidad D-13956. <\/p>\n
De cara al primer interrogante, luego de explicar in extenso la figura de la mora judicial, concluy\u00f3 que la Comisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n y Acusaci\u00f3n de la C\u00e1mara de representantes no ha superado el plazo razonable para desentra\u00f1ar la causa penal, por cuanto \u00abha desplegado labores tendientes a la superaci\u00f3n de los estados procesales propios de la Ley Procedimental de 2000. Todo ello, de cara la robustez y complejidad que representa el caso en concreto, hecho que exige que el proceso se desarrolle con mayor cuidado, sutileza y minuciosidad, lo cual necesariamente implica una mayor inversi\u00f3n de tiempo\u00bb. <\/p>\n
En segundo lugar, ilustr\u00f3 que no se cumple con el requisito general de la subsidiariedad, comoquiera que \u00abesta acci\u00f3n constitucional comparte identidad f\u00e1ctica con la denuncia formulada por la accionante ante la Comisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n y Acusaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Representantes\u00bb. Por tanto, \u00abse impone la necesidad de agotar en primer lugar el medio ordinario de defensa judicial, antes de solicitar la intervenci\u00f3n del juez de tutela (\u2026)\u00bb. Asimismo, resalt\u00f3 que Bernal Cano, el 1\u00ba de julio hoga\u00f1o present\u00f3 nulidad contra la sentencia C-055 de 2022, el cual se encuentra en curso. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el extremo activo quien reiter\u00f3 los argumentos del libelo genitor. De igual forma, indic\u00f3 que es autora de libros y profesora, pero que por la afectaci\u00f3n a su buen nombre no ha podido continuar desarrollando estas actividades. Refiri\u00f3 que al presente amparo anex\u00f3 el prove\u00eddo de la Comisi\u00f3n de Disciplina Judicial que la exoneraba de las presuntas faltas disciplinarias cometidas. Por ello, considera que esta es la prueba id\u00f3nea para demostrar que no amenaz\u00f3 ni injuri\u00f3 a ning\u00fan dignatario. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el asunto sub examine, corresponde a la Sala establecer si se vulneraron las prebendas fundamentales de la actora. Ello pues, aduce que los magistrados de la Corte Constitucional la han humillado, desprestigiado, injuriado, calumniado y han alterado el contenido de algunos documentos que aport\u00f3 al tr\u00e1mite D-13956. Asimismo, se\u00f1al\u00f3 que existe una demora injustificada por parte de la Comisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n y Acusaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Representantes respecto de la denuncia promovida contra algunos magistrados de la mentada Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Escrutado el material probatorio, se advierte, por un lado, la desatenci\u00f3n del presupuesto general de subsidiariedad. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. Esto, debido a que, a la fecha de presentaci\u00f3n del amparo, tanto la nulidad promovida por la actora dentro del expediente D-13956, como la denuncia penal de radicado 5564 incoada contra los dignatarios de la Corte Constitucional -la cual comparte identidad f\u00e1ctica con el presente resguardo- se encuentran en curso. <\/p>\n
2.1. En este sentido, deviene imperioso se\u00f1alar que, al no existir pronunciamiento de fondo en los referidos tr\u00e1mites, no puede aducirse la vulneraci\u00f3n de derecho fundamental alguno, comoquiera que la gestora cuenta con herramientas procesales para ejercer la defensa de sus derechos. As\u00ed las cosas, es claro que la reclamante no puede aspirar a que por esta senda excepcional, el fallador constitucional se pronuncie sobre un aspecto que le corresponde decidir a los jueces naturales de las respectivas causas pues, admitir la intervenci\u00f3n del juez de tutela implicar\u00eda reemplazar los instrumentos ordinarios y las facultades asignadas a los operadores cognoscentes. <\/p>\n
2.2. Al respecto, esta Corte ha reiterado que <\/p>\n
(\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas. (CSJ STC, 28 oct. 2011, Rad. 00312-01. Reiterado en STC3807-2018, 20 mar. 2018, Rad. 2018-00327-01; CSJ STC, 2 jun. 2020, Rad. 2020-00195-01). <\/p>\n
2.3. De no ser as\u00ed, la tutela se convertir\u00eda en un mecanismo de protecci\u00f3n alternativo con el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales y de permitir la concentraci\u00f3n en la jurisdicci\u00f3n constitucional de todas ellas, capaz de rebozar el cumplimiento de las funciones de esta. <\/p>\n
2.4. En igual sentido, la Corte Constitucional en sentencia T-335 de 2018, rese\u00f1\u00f3 que <\/p>\n
3.1.4.1. La acci\u00f3n de tutela es improcedente cuando se instaura contra procesos judiciales en curso. <\/p>\n
En efecto, la Corte Constitucional ha se\u00f1alado que, cuando el proceso a\u00fan se encuentra en tr\u00e1mite, la intervenci\u00f3n del juez constitucional est\u00e1 vedada toda vez que la acci\u00f3n de tutela no constituye -salvo que se est\u00e9 ante la posible configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable- un mecanismo alternativo o paralelo para resolver problemas jur\u00eddicos que deben ser resueltos al interior del tr\u00e1mite ordinario. Incluso, cuando los procesos han culminado, se deben interponer y agotar los medios de defensa (i.e. recursos) que se encuentran previstos en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Por otro lado, frente a la presunta mora judicial en que ha incurrido la Comisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n y Acusaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Representantes dentro del proceso penal promovido en contra de los magistrados de la Corte Constitucional, refulge imperioso traer a colaci\u00f3n lo aducido por dicha Comisi\u00f3n en su informe, donde indic\u00f3 que el retardo suscitado surge como <\/p>\n
(\u2026) consecuencia del cambio de periodo constitucional del Congreso de la Rep\u00fablica, el Expediente 5564, qued\u00f3 sin Representante investigador, por lo cual estamos a la espera de la designaci\u00f3n de nuevos miembros de la Comisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n y Acusaci\u00f3n, quien definir\u00e1 el curso de la presente investigaci\u00f3n bajo los ritualismos y momento procesal oportuno, pues el mismo debe ce\u00f1irse a las formalidades y rituales del juicio y no, como lo estima la accionante. <\/p>\n
Asimismo, para ahondar en razones, esta Corporaci\u00f3n comparte la conclusi\u00f3n del a quo constitucional conforme la cual <\/p>\n
(\u2026) se destaca que la autoridad judicial que conoce la investigaci\u00f3n ha desplegado labores tendientes a la superaci\u00f3n de los estados procesales propios de la Ley Procedimental de 2000. Todo ello, de cara la robustez y complejidad que representa el caso en concreto, hecho que exige que el proceso se desarrolle con mayor cuidado, sutileza y minuciosidad, lo cual necesariamente implica una mayor inversi\u00f3n de tiempo. <\/p>\n
3.1. En este sentido, debe recordarse que la salvaguarda no puede proceder autom\u00e1ticamente ante el retardo del juez o la autoridad de conocimiento en resolver una causa. Sobre el punto, la Sala, en reiteradas oportunidades ha expresado que: <\/p>\n
(\u2026) la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuanto la mora judicial es injustificada. (CSJ SC, 19 de septiembre de 2008, exp. 001138-00, 15 feb. 2017, rad. 2016-02250-01, citada en STC195-2021 entre otras). <\/p>\n
3.2. En ese orden, la jurisprudencia ha se\u00f1alado que los escenarios de \u00abmora judicial\u00bb o \u00abmora administrativa\u00bb que abren paso a este excepcional medio de defensa constitucional son aquellos que denotan una abierta y ostensible par\u00e1lisis. Esto es, los que sean producto de \u00abun comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (CSJ STC6772-2019, mayo 30 de 2019, rad. 2019-01579-00, STC5633-2021 rad. 2021-00299-01, CSJ STP6648- 2022 mayo 19 de 2022, rad. 2022-00330-01). Corolario de lo anterior, en el caso en concreto, esta Sala encuentra que la autoridad referida no ha incurrido en comportamiento negligente, ni mucho menos ha actuado con desidia. Por el contrario, el presunto retardo obedece a circunstancias objetivas y razonablemente justificadas. <\/p>\n
4. Por lo ilustrado, se ratificar\u00e1 el fallo opugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En oportunidad, enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 1-10, archivo \u201cRespuesta de tutela de ECC 2022-4653 Natalia Bernal Sentencia aborto nulidad contra sentencia AJUSTADA (1)\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Folios 1-4, archivo \u201cRESPUESTA TUTELA 125063\u201d del expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Folios 1 y 2, archivo \u201ctutela contra sentencia aborto RESPONDO\u201d del expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Folios 1-7, archivo \u201cINTERVENCION ANTE LA CSJ 17 de julio 2022\u201d del expediente digital. <\/p>\n
5\u0002 Folios 1-5, archivo \u201cintv tutela natalia bernal\u201d del expediente digital. <\/p>\n
6\u0002 Folios 1-8, archivo \u201cSUPERSALUD 1\u201d del expediente digital. <\/p>\n
7\u0002 Folios 1-5, archivo \u201cORFEO CONTESTACIO\u0301N ACCIO\u0301N DE TUTELA 2022-879\u201d del expediente digital. <\/p>\n
8\u0002 Folios 1-7, archivo \u201c1202242301507262_00005\u201d del expediente digital. <\/p>\n
9\u0002 Folios 1-5, archivo \u201cA.T. 2022-00879 NATALIA BERNAL CANO (1)\u201d del expediente digital. <\/p>\n
10\u0002 Folio 1, archivo \u201cDoc1\u201d del expediente digital. <\/p>\n
11\u0002 Folios 1-5, archivo \u201cPronunciamiento sobre la acci\u00f3n de tutela de la Doctora Natalia Bernal Cano contra la Corte Constitucional\u201d del expediente digital. <\/p>\n
12\u0002 Folios 1 y 2, archivo \u201cSPEC19149 Se\u00f1ora Magistrada Myriam \u00c1vila Rold\u00e1n\u201d del expediente digital. <\/p>\n
<\/p>\n
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