STC15778-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC15778-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2022-03890-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Jes\u00fas Mar\u00eda Anaya Garc\u00e9s contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta y el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a los intervinientes e interesados del proceso de radicado 2022-00031. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor procura la salvaguarda sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad. <\/p>\n
2.1. El 8 de febrero de 2022, el tutelante, Luz Mariela Pedraza Rol\u00f3n, Yuly Andrea, Ana Isabel, Johan Sebasti\u00e1n y Jes\u00fas David Anaya Pedraza, a trav\u00e9s de apoderada, presentaron demanda en contra de Seguros Comerciales Bol\u00edvar S.A., la Empresa Trans Tonchala S.A., Yuliana Villegas Mart\u00ednez y Jos\u00e9 C\u00f3rdoba Blanco, a fin de que se les declarara civilmente responsables de los perjuicios generados con ocasi\u00f3n del fallecimiento de su hermano Carlos Javier Anaya Pedraza, ocurrido el 30 de mayo de 2021, por un accidente de tr\u00e1nsito con un veh\u00edculo de servicio p\u00fablico de placas VCK-146 (buseta), de propiedad de la se\u00f1ora Villegas Mart\u00ednez, que era conducido por el se\u00f1or C\u00f3rdoba Blanco y que estaba afiliado a la citada empresa1. <\/p>\n
Paralelamente, pidieron que se decretara una medida cautelar de inscripci\u00f3n de la demanda sobre el veh\u00edculo de servicio p\u00fablico referido, de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 590 del C\u00f3digo General del Proceso2. En raz\u00f3n a ello, en la demanda indicaron que \u00abno es necesario agotar el requisito de procedibilidad se\u00f1alado en la Ley 640 de 2001, de acuerdo a lo se\u00f1alado en el par\u00e1grafo del citado art\u00edculo\u00bb. <\/p>\n
2.2. El 11 de febrero siguiente, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de C\u00facuta inadmiti\u00f3 la demanda, tras considerar que, como la cautela solicitada era improcedente, deb\u00eda acreditarse el agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliaci\u00f3n prejudicial, previsto en el art\u00edculo 35 de la Ley 640 de 2001 y en el numeral 7 del 90 del C\u00f3digo General del Proceso3, con base en los siguientes argumentos: <\/p>\n
<\/p>\n
* No cumpli\u00f3 en debida forma con el requisito de procedibilidad contemplado en el Art\u00edculo 38 de la Ley 640 del 2001 y exigido por el No.7 del Art 90 del C.G.P, ya que la medida cautelar invocada no se ajusta a la excepci\u00f3n dispuesta en el art\u00edculo 35 ibidem, no es procedente en esta clase de asuntos seg\u00fan lo dispuesto por el legislador en el art\u00edculo 590 del C.G.P, siendo viable solo despu\u00e9s de proferida la sentencia.<\/p>\n
* Al no ajustarse la medida cautelar solicitada a lo dispuesto en el literal a) No.1 del art\u00edculo 590 del C.G.P, esto es la inscripci\u00f3n de la demanda procede en procesos declarativos cuando verse sobre el dominio u otro derecho real principal, situaci\u00f3n que en este caso no se configura, entonces se deber\u00e1 cumplir por el demandante con el requisito dispuesto en el inciso 4 del art\u00edculo 6 del decreto 806 del 2020, deber\u00e1 presentar la demanda y sus anexos a las entidades demandadas SEGUROS BOLIVAR S.A Y EMPRESA TRANSTONCHALA S.A mediante medio electr\u00f3nico. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, pidi\u00f3 que se allegara la direcci\u00f3n electr\u00f3nica del actor, Jes\u00fas Mar\u00eda Anaya Garc\u00e9s. <\/p>\n
2.3. En el escrito de subsanaci\u00f3n, se aport\u00f3 el correo del accionante y, frente a la medida cautelar, se pidi\u00f3 reconsiderar lo solicitado, dado que \u00abse solicit\u00f3 en forma expresa la inscripci\u00f3n de la demanda de conformidad con lo dispuesto en el literal b del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 590 del C.G.P. (\u2026) la cual es viable desde la presentaci\u00f3n de la demanda de conformidad con lo dispuesto en el p\u00e1rrafo 1\u00b0 del inciso 1\u00b0 del art\u00edculo 590 ibidem\u00bb. <\/p>\n
2.4. Como la falencia referente al requisito de procedibilidad no fue subsanada, el 23 de febrero del presente a\u00f1o, el Juzgado de conocimiento rechaz\u00f3 la demanda4, decisi\u00f3n que fue confirmada, en sede de reposici\u00f3n, el 20 de abril ulterior5, pues se consider\u00f3 que, dado que \u00abla medida cautelar de inscripci\u00f3n de la demanda es abiertamente improcedente para el tipo de pretensi\u00f3n y proceso (\u2026), no puede entenderse que se encuentra configurada la excepci\u00f3n prevista en el par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 590 del CGP, para acudir de forma directa\u00bb. <\/p>\n
2.5. El 4 de octubre de los cursantes, la Sala Unitaria Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta ratific\u00f3 el pronunciamiento apelado, pero porque no se acredit\u00f3 el requisito de procedibilidad respecto de los dem\u00e1s accionados, sobre los que no se pidi\u00f3 medida cautelar alguna6. <\/p>\n
3. En criterio del promotor, la Corporaci\u00f3n ad quem criticada incurri\u00f3 en un defecto espec\u00edfico de procedibilidad al subvertir lo previsto en el numeral 1, literal b), del art\u00edculo 590 del C\u00f3digo General del Proceso, que sostiene que es procedente \u00abla inscripci\u00f3n de la demanda sobre bienes sujetos a registro que sean de propiedad del demandado, cuando en el proceso se persiga el pago de perjuicios provenientes de responsabilidad civil contractual o extracontractual\u00bb, solicitud que exime del deber de agotar el requisito de la conciliaci\u00f3n prejudicial. <\/p>\n
4. Con estribo en lo relatado pide, en concreto, que se deje sin efectos el auto proferido el 4 de octubre de 2022 por la Colegiatura accionada y que se provea nuevamente. <\/p>\n
II. RESPUESTA RECIBIDA <\/p>\n
El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de C\u00facuta afirm\u00f3 que se hab\u00eda interpuesto una tutela previa por los mismos hechos, raz\u00f3n por la cual hab\u00eda cosa juzgada7. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el promotor pretende que se deje sin efectos el auto de 4 de octubre de 2022, emanado del Colegiado criticado. <\/p>\n
2. En el pronunciamiento rese\u00f1ado, el Tribunal, luego de referirse a lo previsto en los art\u00edculos 35 y 38 de la Ley 640 de 2001, referente al requisito de procedibilidad de la conciliaci\u00f3n para procesos civiles, afirm\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
De la normatividad en cita se extrae que es necesario agotar el requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicci\u00f3n civil cuando se trate de asuntos susceptibles de conciliaci\u00f3n y se trate de procesos declarativos exceptuando los de expropiaci\u00f3n, divisorios y aquellos en los que se demanda o deba citarse a indeterminados. <\/p>\n
Sin embargo, dicha exigencia tiene una excepci\u00f3n que se encuentra prevista en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 590 del C\u00f3digo General del Proceso, en donde se\u00f1ala \u201cEn todo proceso y ante cualquier jurisdicci\u00f3n, cuando se solicite la pr\u00e1ctica de medida cautelares se podr\u00e1 acudir directamente al juez sin necesidad de agotar la conciliaci\u00f3n prejudicial como requisito de procedibilidad\u201d. <\/p>\n
Centrado en el caso concreto, el Tribunal consider\u00f3: <\/p>\n
Mediante providencia del 23 de febrero de 2022, el a quo rechaz\u00f3 la demanda de responsabilidad civil extracontractual, argumentado que la parte actora en la oportunidad procesal respectiva no subsano la falencia relativa al requisito de procedibilidad, de ah\u00ed que se desprendiera la causal indicada en el numeral 7 del art\u00edculo 90 del estatuto procesal. <\/p>\n
A partir de lo anterior, esta Magistratura desde ya advierte, que la decisi\u00f3n adoptada por la a quo debe ser confirmada, pues resulta claro la exigencia del cumplimiento del aludido requisito de procedibilidad para el presente tr\u00e1mite, pues la controversia bajo estudio es de car\u00e1cter conciliable y de naturaleza declarativa de conformidad con las pretensiones de la demanda, adicionalmente, no se est\u00e1 en presencia de ninguna de las excepciones previstas para acudir a la jurisdicci\u00f3n prescindiendo de tal presupuesto, pues no se trata de un proceso especial (expropiaci\u00f3n o divisorio), tampoco se demanda a personas indeterminadas o se desconoce el paradero del demandado, aunado a lo anterior, tampoco le es aplicable la excepci\u00f3n descrita en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 590 del C.G.P, pues si bien, el extremo activo present\u00f3 escrito a parte solicitando la pr\u00e1ctica de una medida cautelar, dicha solicitud reca\u00eda sobre un bien de propiedad de uno de los demandados, por lo que se infiere que el requisito de procedibilidad se agot\u00f3 respecto de la demanda Yuliana Villegas Mart\u00ednez, pero no frente a el se\u00f1or Jos\u00e9 C\u00f3rdoba Blanco quien tambi\u00e9n es demandado, pues dentro del plenario no hay prueba alguna que la parte demandante adelantar\u00e1 dicho tr\u00e1mite con el citado demandado, ni solicitud alguna a fin que se decretara una medida cautelar sobre alg\u00fan bien sujeto a registro que fuera de propiedad de ese demandado a fin de garantizar el pago de los perjuicios por concepto de da\u00f1o moral. <\/p>\n
A lo anterior, agreg\u00f3: <\/p>\n
As\u00ed las cosas, reca\u00eda en cabeza de la parte actora, el deber de acreditar la realizaci\u00f3n de la conciliaci\u00f3n prejudicial con todos los sujetos procesales, aunque en la misma no se hubiere llegado a un acuerdo, o en su defecto allegar la constancia de no asistencia de los convocados, con lo que se entender\u00eda cumplido, sin embargo dentro del expediente digital no se encontr\u00f3 documento alguno que acreditara la realizaci\u00f3n del requisito de procedibilidad, por lo que se evidencia que las determinaciones tomadas por el Juez de primera instancia se ajustaron a los par\u00e1metros legales (\u2026). <\/p>\n
Valido de tales argumentos, ratific\u00f3 lo resuelto por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de C\u00facuta, pero por los motivos referidos. <\/p>\n
3. Revisada la determinaci\u00f3n rese\u00f1ada, se evidencia que el Tribunal atacado expuso las razones que lo condujeron a entender que, en el caso, s\u00ed deb\u00eda agotarse el requisito de procedibilidad de la conciliaci\u00f3n prejudicial respecto de los accionados que no estaban cobijados con la solicitud de la medida cautelar, pues solo se pidi\u00f3 la inscripci\u00f3n de la demanda frente al veh\u00edculo con el cual ocurri\u00f3 el accidente de tr\u00e1nsito que dio origen al proceso, propiedad de una sola de las demandadas, raz\u00f3n por la cual respecto de los dem\u00e1s sujetos procesales que integraban el extremo pasivo debi\u00f3 cit\u00e1rseles a conciliaci\u00f3n antes de proponerse la demanda. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se observa una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad accionada -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el solicitante, de manera que la salvaguarda peticionada no puede prosperar, por cuanto el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden8. <\/p>\n
4. Colof\u00f3n de lo razonado, se desestimar\u00e1 el auxilio implorado. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivo digital \u00ab004ESCRITO DE DEMANDA FAMILIA ANAYA PEDRAZA.pdf\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Archivo digital \u00ab020SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES VCK-146 PFD.pdf\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Archivo digital \u00ab0021AutoInadmiteDemanda2022003100.pdf\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Archivo digital \u00ab0023AutoRechazaDemanda2022-000031.pdf\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Archivo digital \u00ab025ResuelveRecursoRad2022-00031 00.pdf\u00bb. <\/p>\n
6\u0002 Archivo digital \u00ab08 Auto confirma.pdf\u00bb. <\/p>\n
7\u0002 Se refiere a la tutela de radicado 2022-03575-00, formulada por Claudia Patricia Barrera Gelves, que fue negada por la Sala en sentencia CSJ STC14363-2022, porque la tutelante, si bien ten\u00eda poder para representar al se\u00f1or Jes\u00fas Mar\u00eda Anaya Garc\u00e9s en el proceso ordinario, no alleg\u00f3 poder especial para proponer en su nombre la acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
8\u0002 Al respecto, ver, entre otras, STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada recientemente en la CSJ STC7607-2021. <\/p>\n
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