STC15784-2022 <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15784-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03895-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Adriana Patricia Apache contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial Ibagu\u00e9 y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La actora, sin efectuar solicitud concreta alguna, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, defensa, igualdad, contradicci\u00f3n y \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb, presuntamente conculcadas por las sedes judiciales acusadas en su juicio de \u00abreorganizaci\u00f3n comercial\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso: <\/p>\n
2.1. En el proceso hipotecario incoado contra la accionante por el Fondo Nacional del Ahorro, el 10 de diciembre de 2020, la Notar\u00eda Cuarta del C\u00edrculo de Ibagu\u00e9, comisionada por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de esa ciudad, remat\u00f3 el inmueble gravado, adjudic\u00e1ndolo, por cuenta del cr\u00e9dito, como cesionarios, a Leyden Johanna Trujillo Perdomo y Alexander Valdez Alcal\u00e1; subasta que el 2 de marzo de 2021 aprob\u00f3 la citada sede judicial. <\/p>\n
2.2. Sin embargo, la quejosa recurri\u00f3 esa decisi\u00f3n, en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n subsidiaria, as\u00ed mismo, pidi\u00f3 la nulidad del remate y deprec\u00f3 la suspensi\u00f3n de ese juicio porque el 17 de febrero de 2021 el accionado Juzgado Segundo Civil del Circuito la admiti\u00f3 a tr\u00e1mite de \u00abreorganizaci\u00f3n comercial\u00bb; situaci\u00f3n \u00faltima por la que el estrado municipal, el 23 de marzo siguiente, dispuso la remisi\u00f3n del tr\u00e1mite a dicho despacho del circuito, anunci\u00e1ndole la falta de resoluci\u00f3n de las dem\u00e1s solicitudes. <\/p>\n
2.3. El 8 de septiembre de 2021 los rematantes deprecaron la aprobaci\u00f3n de la almoneda, ante lo cual, el 5 de noviembre posterior, el estrado del circuito accionado, como juez del concurso, en lo medular, declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado en el juicio hipotecario desde el 17 de febrero de ese a\u00f1o, \u00abpuntualmente, el auto que aprob\u00f3 la diligencia de remate calendado el 2 de marzo de 2021, y las actuaciones antecedentes que se deriven de aquel, es decir, la diligencia de remate\u2026, as\u00ed como las actuaciones dictadas por el Superior en sede de apelaci\u00f3n, a partir del 17 de febrero de 2021, por estructurarse la causal de nulidad descrita en el numeral 133-2 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
2.4. Esa decisi\u00f3n la cuestionaron los rematantes mediante recursos horizontal y vertical, sin embargo, el 12 de noviembre de 2021, el Juzgado atacado, indicando hacer uso del control de legalidad, declar\u00f3 la ilegalidad de la anulaci\u00f3n de la subasta y dispuso su aprobaci\u00f3n, determinaci\u00f3n que mantuvo el 18 de marzo \u00faltimo, al resolver la reposici\u00f3n propuesta por la accionante, a la vez que dispuso devolver el proceso hipotecario al Juzgado municipal para que resolviera las solicitudes pendientes y neg\u00f3 la concesi\u00f3n de la apelaci\u00f3n subsidiaria que aqu\u00e9lla formul\u00f3; luego, el 28 de abril posterior, revoc\u00f3 la negativa de la concesi\u00f3n de la alzada para disponer su tr\u00e1mite ante el Tribunal convocado, \u00faltimo que el pasado 23 de septiembre la declar\u00f3 inadmisible. <\/p>\n
2.5. En sede de tutela, en concreto, la actora critic\u00f3 que el Tribunal accionado, injustificadamente, declar\u00f3 inadmisible su alzada, pasando por alto lo reglado en el numeral 4\u00ba del par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba de la Ley 1116 de 2006, el cual contempla dicho recurso para el prove\u00eddo mediante el cual se \u00abrechace la solicitud de nulidad\u2026 [o] la decrete\u00bb; y que aunque dicho aparte normativo \u00abno hace menci\u00f3n al auto de control de legalidad oficioso\u00bb, lo cierto era que lo que hizo el a-quo fue decretar la \u00abnulidad de una actuaci\u00f3n judicial\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, censur\u00f3 que el Juzgado Segundo Civil del Circuito, bajo un supuesto y errado control de legalidad, el 12 de noviembre de 2021, aprob\u00f3 la almoneda sin motivar razonadamente la inaplicaci\u00f3n del canon 20 de la Ley 1116 de 2006, el cual le impon\u00eda declarar la nulidad, de plano, de todas las actuaciones surtidas con posterioridad al inicio de la reorganizaci\u00f3n. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que ese Juzgado tard\u00f3 en el tr\u00e1mite de su demanda concursal, pues la present\u00f3 desde el 30 de octubre de 2020, se reparti\u00f3 el 6 de noviembre siguiente, pasaron 3 meses para emitir auto de inadmisi\u00f3n el 1\u00ba de febrero de 2021 y, finalmente, se admiti\u00f3 hasta el d\u00eda 17 posterior; que la almoneda estuvo viciada de nulidad porque la comisi\u00f3n a la Notar\u00eda no satisfizo los presupuestos legales y \u00e9sta se extralimit\u00f3 en sus funciones, adem\u00e1s, retornado el comisorio, no se dio el traslado respectivo para objetar tales irregularidades; y que el control de legalidad dispuesto por el Juzgado convocado fue injustificado porque no incurri\u00f3 en ninguna irregularidad al anular las actuaciones surtidas luego de admitirse a tr\u00e1mite la reorganizaci\u00f3n, por el contrario, su proceder se ajust\u00f3 a lo dispuesto en el precepto 20 de la Ley 1116 de 2006. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 indic\u00f3 atenerse \u00aba lo considerado y resuelto en el auto de 23 de septiembre de 2022\u2026[,] mediante el cual se declar\u00f3 inadmisible el recurso de apelaci\u00f3n presentado contra el auto del 12 de noviembre de 2021\u00bb. <\/p>\n
2. El Segundo Civil del Circuito de la capital tolimense limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a remitir link de acceso al expediente contentivo del juicio recriminado. <\/p>\n
3. Almacenes \u00c9xito S.A. deprec\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite constitucional por no ser la llamada a atender el reclamo de la censora, sumado a que \u00e9sta \u00abno [le] ha presentado ninguna petici\u00f3n, queja o recurso\u00bb. <\/p>\n
4. La Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales rog\u00f3 declarar improcedente la salvaguarda porque \u00abno ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental de la parte accionante\u00bb. <\/p>\n
5. El Fondo Nacional del Ahorro manifest\u00f3 que \u00abno tiene conocimiento ni le consta ninguno de los hechos narrados en la acci\u00f3n de tutela, pues las pretensiones van dirigidas y son competencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial Ibagu\u00e9 y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9\u00bb; sumado a que vendi\u00f3 la obligaci\u00f3n que con ella ten\u00eda la quejosa, de donde tampoco estaba legitimada en la causa por pasiva, por lo que se opuso a las pretensiones de la accionante. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Por ese sendero, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u2019 (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr.). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos, o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. Del escrito de tutela extracta la Sala que la reclamante critic\u00f3 dos situaciones concretas, la primera, que el Tribunal convocado declarara inadmisible el recurso de apelaci\u00f3n que formul\u00f3 contra el auto emitido por el Juzgado convocado el 12 de noviembre de 2021; y la segunda, que a trav\u00e9s de \u00e9ste, injustificadamente, el a-quo declarara la ilegalidad parcial del prove\u00eddo en el que dispuso la anulaci\u00f3n de parte de las actuaciones surtidas en el juicio hipotecario. <\/p>\n
Con base en tales premisas, concluye la Corte que el resguardo de que se trata est\u00e1 llamado a prosperar parcialmente, por las razones que se pasa a explicar: <\/p>\n
3.1. Respecto a la primera queja mencionada, la protecci\u00f3n rogada se muestra inviable, porque el Tribunal acusado, en su decisi\u00f3n del 23 de septiembre \u00faltimo, mediante el cual declar\u00f3 inadmisible la apelaci\u00f3n que inco\u00f3 la quejosa contra el prove\u00eddo dictado el 12 de noviembre de 2021 por el a-quo reprochado (a trav\u00e9s del \u00abcual se declar\u00f3 la ilegalidad del auto del 5 de noviembre de 2021\u00bb), expres\u00f3 claramente las razones para proceder en tal forma, las cuales, lejos est\u00e1n de mostrarse arbitrarias. <\/p>\n
En efecto, de entrada, sintetiz\u00f3 que para conceder tal censura vertical el Juzgado estim\u00f3 que \u00abde conformidad con el numeral 4 del par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 6 de la ley 1116 de 2006 proced\u00eda el recurso de alzada contra el auto que \u201crechace la solicitud de nulidad\u2026 y la que la decrete\u2026\u201d\u00bb; sin embargo, seguidamente, rese\u00f1\u00f3 que \u00abal revisar el contenido del auto apelado se observa que lo decidido por el juez no obedeci\u00f3 a una solicitud de nulidad[,] menos al decreto de la misma\u00bb, comoquiera que: <\/p>\n
\u2026por el auto del 12 de noviembre de 2021 se dispuso realizar el control de legalidad del prove\u00eddo emitido el 5 de noviembre de esa misma anualidad conforme lo establece el art\u00edculo 132 del C\u00f3digo General del Proceso. Como resultado de ese medio de control se determin\u00f3 en el numeral primero de la parte resolutiva de ese auto \u201cDECLARAR LA ILEGALIDAD, tan solo, de la parte del auto calendado el cinco (5) de noviembre de 2021, por medio del cual se declar\u00f3 la nulidad de la diligencia de remate del inmueble identificado con matricula inmobiliaria No. 350-109686 realizada por la Notar\u00eda Cuarta del Circulo de Ibagu\u00e9, en lo dem\u00e1s el auto queda inc\u00f3lume\u201d. <\/p>\n
Por ese sendero, anot\u00f3 que era evidente que \u00abel auto mediante el cual se realiza un control de legalidad no se encuentra enlistado en el art\u00edculo 6\u00b0 de la ley ya citada. En esa medida, contra esa determinaci\u00f3n no proced\u00eda el recurso de apelaci\u00f3n otorgado\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, con fundamento en ello, \u00abteniendo en cuenta lo previsto en el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 326 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, declar\u00f3 \u00abinadmisible el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por Adriana Patricia Apache\u2026 contra el prove\u00eddo proferido el 12 de noviembre de 2021\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, la Sala concluye que esa decisi\u00f3n no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, evidenci\u00e1ndose que el reclamo de la peticionaria al respecto no halla recibo en esta sede excepcional, ya que, en rigor, lo que formul\u00f3 es una diferencia de criterio acerca del planteamiento jur\u00eddico que sirvi\u00f3 de soporte para el pronunciamiento antes rese\u00f1ado, edificado en lo expresamente reglado en las aludidas normas de la Ley 1116 de 2006 y del C\u00f3digo General del Proceso; en cuyo caso, esa labor no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria por este juzgador constitucional, \u00abm\u00e1xime si la [interpretaci\u00f3n] que ha hecho [el fallador ordinario] no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135-2016, 2 jun., rad. 2016-01050). <\/p>\n
3.2. A conclusi\u00f3n diferente llega la Corte en punto al segundo reparo, esto es, al defecto enrostrado por la accionante al Juzgado convocado, aspecto frente al cual se advierte que \u00e9ste cometi\u00f3 un desafuero que s\u00ed amerita la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, por cuanto, bajo un supuesto control de legalidad, el 12 de noviembre de 2021 termin\u00f3 restando efectos a la decisi\u00f3n que, bajo el amparo del canon 20 de la Ley 1116 de 2006, emiti\u00f3 el 5 de noviembre de 2021. <\/p>\n
3.2.1. En ese sentido, delanteramente se observa que: <\/p>\n
a). En el rese\u00f1ado auto de 5 de noviembre de 2021, en lo que aqu\u00ed interesa y acorde con la norma referida a espacio, el Juzgado convocado declar\u00f3 \u00abde plano la nulidad de todo lo actuado tanto en la primera como en la segunda instancia en el proceso Ejecutivo Hipotecario promovido por el Fondo Nacional del Ahorro contra Adriana Patricia Apache\u2026, a partir de la fecha de inicio del presente proceso de Reorganizaci\u00f3n Comercial, esto es, el 17 de febrero de 2021, puntualmente, el auto que aprob\u00f3 la diligencia de remate calendado el 2 de marzo de 2021, y las actuaciones antecedentes que se deriven de aquel, es decir, la diligencia de remate del inmueble\u2026, por estructurarse la causal de nulidad descrita en el numeral 133-2 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
b). Sin embargo, despu\u00e9s, con prove\u00eddo de 12 de noviembre de 2021, el a-quo recriminado declar\u00f3 la ilegalidad, \u00abtan solo, de la parte del auto calendado\u2026 (5) de noviembre de 2021, por medio del cual se declar\u00f3 la nulidad de la diligencia de remate del inmueble\u00bb, dej\u00e1ndolo inc\u00f3lume en lo dem\u00e1s, y aprob\u00f3 la referida almoneda, con sus consecuenciales ordenamientos; para lo cual, tras aludir a la denominada \u00abteor\u00eda del antiprocesalismo\u00bb, sostuvo que: <\/p>\n
\u2026parte del auto calendado\u2026 (5) de noviembre\u2026 resulta ilegal\u2026, en tanto vulnera el derecho de las partes al debido proceso, al considerarse que al haberse declarado nulo, \u201c(\u2026) las actuaciones antecedentes que se deriven de aquel, es decir la diligencia de remate del inmueble\u2026\u201d[,] va en contrav\u00eda de la ley, ya que no se pod\u00eda decretar nula dicha actuaci\u00f3n[,] por haber sido anterior a la fecha de inicio del presente proceso (17 de febrero de 2021), ya que la diligencia de remate se llev\u00f3 a cabo el 10 de diciembre de 2020, es decir[,] con mucha anterioridad al inicio del presente proceso de Reorganizaci\u00f3n. <\/p>\n
Efectuada esa precisi\u00f3n, seguidamente procedi\u00f3 \u00aba pronunciarse respecto a la aprobaci\u00f3n [de] la diligencia de remate, por ser de [su] competencia\u00bb, hallando que, \u00ab[d]e conformidad con el art\u00edculo 455 del C\u00f3digo General del Proceso\u2026: \u201cCumplidos los deberes previstos en el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 453, el juez aprobar\u00e1 el remate\u00bb; y que, en el caso concreto, \u00abLeyden Johanna Trujillo Perdomo y Alexander Valdez Alcal\u00e1, rematantes[,] cancelaron el rubro por concepto de impuesto a favor de la naci\u00f3n, como se dispuso en la licitaci\u00f3n\u00bb, cumpliendo \u00abcon todas las exigencias previstas para el remate de bienes, establecidas en el Cap\u00edtulo III – T\u00edtulo \u00daNICO – Secci\u00f3n Segunda – Libro Tercero – del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan las constancias dejadas en el acta de remate, por lo que es viable proceder a la aprobaci\u00f3n de la almoneda, haci\u00e9ndose los dem\u00e1s pronunciamientos previstos en el art\u00edculo 455 del C.G.P.\u00bb <\/p>\n
As\u00ed mismo, consign\u00f3 que no se pronunciar\u00eda frente \u00abal recurso de Reposici\u00f3n interpuesto por el apoderado de los se\u00f1ores Leyden Johanna Trujillo Perdomo y Alexander Valdez Alcal\u00e1\u00bb, por tornarse, el mismo, inocuo e \u00abimprocedente (Art. 20 ley 1116 de 2006)\u00bb. <\/p>\n
c). Finalmente, a pesar de que despu\u00e9s, en el auto de 18 de marzo de 2022, indic\u00f3 no reponer esa \u00faltima decisi\u00f3n, contradictoriamente dispuso all\u00ed \u00abREMITIR el expediente ejecutivo hipotecario\u2026 al Juzgado Cuarto (4) Civil Municipal de la ciudad, para que contin\u00fae con el respectivo tr\u00e1mite y de resuelva las diferentes solicitudes elevadas como el recurso y solicitud de nulidad allegadas al proceso\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
As\u00ed mismo, que el \u00abfuncionario competente declarar\u00e1 de plano la nulidad de las actuaciones surtidas en contravenci\u00f3n a lo prescrito en el inciso anterior, por auto que no tendr\u00e1 recurso alguno\u00bb; y que el incumplimiento de ello ser\u00e1 \u00abcausal de mala conducta\u00bb. <\/p>\n
3.2.3. Bajo tales derroteros, al auscultar detenidamente la actuaci\u00f3n surtida en el juicio reprochado, en contraposici\u00f3n con las reglas procedimentales atr\u00e1s destacadas, la concesi\u00f3n del resguardo implorado se muestra infranqueable, en tanto que, comunicada oportunamente la aceptaci\u00f3n de la deudora al tr\u00e1mite concursal, como efectivamente ocurri\u00f3, en el juicio ejecutivo fustigado no se pod\u00eda emitir decisi\u00f3n distinta a aquella que dispusiera su remisi\u00f3n al juez de la reorganizaci\u00f3n, siendo \u00e9ste, a partir de ese momento, el competente para emitir las decisiones subsiguientes. <\/p>\n
De all\u00ed, advirtiendo que la aprobaci\u00f3n del remate no cobr\u00f3 firmeza con antelaci\u00f3n al env\u00edo del tr\u00e1mite ejecutivo al juez del concurso, sin duda alguna, le correspond\u00eda a \u00e9ste adoptar las medidas respectivas frente al particular, lo que, al margen de la errada afirmaci\u00f3n contenida en el auto de 5 de noviembre de 2021, en cuanto a invalidar actuaciones anteriores a la admisi\u00f3n de la reorganizaci\u00f3n comercial, ciertamente su decisi\u00f3n no pod\u00eda ser distinta a incorporar a \u00e9sta el cr\u00e9dito cobrado y el bien gravado, en tanto que la falta de aprobaci\u00f3n de la almoneda conllev\u00f3 a que la misma no tuviera ning\u00fan car\u00e1cter vinculante para las partes ni para terceros, supuesto mismo por el que result\u00f3 injustificada la ilegalidad dispuesta el 12 de noviembre de 2021 y, m\u00e1s a\u00fan, la devoluci\u00f3n del expediente del juicio hipotecario al juzgado que inicialmente conoci\u00f3 del mismo, ordenada el 18 de marzo de \u00faltimo, para que resolviera las solicitudes pendientes, pues ello claramente contrar\u00eda lo reglado en el aludido precepto 20 de la Ley 1116 de 2006, pues acorde con \u00e9ste, cualquier actuaci\u00f3n futura del \u00faltimo estar\u00eda viciada de nulidad. <\/p>\n
En otras palabras, era inviable que el juez del concurso diera plenos efectos a la subasta cuya aprobaci\u00f3n no adquiri\u00f3 firmeza con antelaci\u00f3n a la remisi\u00f3n del proceso hipotecario a la reorganizaci\u00f3n comercial y, as\u00ed mismo, era improcedente disponer la devoluci\u00f3n de ese juicio al inicial juez cognoscente con miras a la resoluci\u00f3n de las solicitudes pendientes; siendo evidente el defecto procedimental en que, en los autos de 12 de noviembre de 2021 y 18 de marzo de 2022, incurri\u00f3 el a-quo acusado. <\/p>\n
En cuanto a la espec\u00edfica tem\u00e1tica de la remisi\u00f3n de los juicios ejecutivos al tr\u00e1mite concursal cuando la aprobaci\u00f3n de la almoneda no ha cobrado firmeza y, por ende, no vincula a las partes ni a terceros, en asuntos con alguna simetr\u00eda con el aqu\u00ed tratado, aunque bajo el tr\u00e1mite de insolvencia de persona natural incluido en el C\u00f3digo General del Proceso pero que, mutatis mutandis, se muestran aplicables a la presente actuaci\u00f3n, la Sala ha dejado dicho: <\/p>\n
\u2026En el sub examine, a voces de la censura, la oficina querellada err\u00f3 al \u00absuspender\u00bb el juicio compulsivo porque desconoci\u00f3 lo reglado en el art\u00edculo 455 de la Ley 1564 de 2012, a cuyo tenor \u00abcumplidos los deberes previstos en el inciso 1\u00b0 del art\u00edculo 453, el juez aprobara el remate\u00bb, los cuales observ\u00f3 en la oportunidad pertinente. <\/p>\n
Precisado lo anterior, sin atisbo de duda se indica que no saldr\u00e1 victorioso el inconforme, porque lo dirimido el pasado 16 de mayo, no luce caprichoso o ilegal, independientemente de que esta Sala proh\u00edje (o no) la postura sentada. <\/p>\n
All\u00ed, con apego a la \u00abnormatividad aplicable\u00bb, se resolvi\u00f3 no reponer la providencia de 9 de marzo de 2018, que \u00absuspendi\u00f3 el proceso ejecutivo\u00bb porque <\/p>\n
\u00ab[s]iguiedo los derroteros del art\u00edculo 545 del CGP con suficiente nitidez se concluye que los efectos all\u00ed consagrados en punto de la suspensi\u00f3n de procesos ejecutivos en curso contra el deudor insolventado, se predican \u2018a partir de la aceptaci\u00f3n de la solicitud\u2019, la que aqu\u00ed ocurri\u00f3 el 16 de febrero de 2018. As\u00ed entonces, a partir de la mentada fecha no puede el Juzgado asumir decisi\u00f3n alguna sobre la suerte del bien trabado en el litigio; inclusive si eventualmente el proceso continuara, las actuaciones posteriores, ser\u00edan nulas, tal como lo impone la propia norma, al autorizar al deudor a \u2018\u2026alegar la nulidad del proceso ante el juez competente, para lo cual bastar\u00e1 presentar copia de la certificaci\u00f3n que expida el conciliador sobre la aceptaci\u00f3n del procedimiento de negociaci\u00f3n de deudas\u2019, y se impone al juez, en el art\u00edculo 548 ib\u00eddem, adem\u00e1s de declarar la suspensi\u00f3n pertinente, previo control de legalidad, la de dejar \u2018sin efecto cualquier actuaci\u00f3n que se haya surtido con posterioridad a la aceptaci\u00f3n\u2019\u00bb. <\/p>\n
Vislumbra la Corporaci\u00f3n que, distinto a como lo sostuvo el confutador, el proceder de la c\u00e9lula judicial est\u00e1 tapizado con una intelecci\u00f3n plausible que aunque pudiera no ser \u00abcompartida\u00bb supera cualquier detracci\u00f3n en sede superlativa. <\/p>\n
V\u00e9ase que fue con apoyo en los art\u00edculos 545 y 548 del C\u00f3digo General del Proceso, que se emiti\u00f3 la decisi\u00f3n cuestionada, entre otras cosas, al comprender razonablemente de lo estipulado por el ordenamiento jur\u00eddico, que continuar con el mentado rito equival\u00eda a irrumpir en una irregularidad, capaz de retrotraer lo actuado en la litis, despu\u00e9s del 16 de febrero de 2018, cuando se \u00abadmiti\u00f3 a tr\u00e1mite de insolvencia\u00bb el deudor. <\/p>\n
Y es que el \u00abproceso ejecutivo\u00bb no termina con la \u00absentencia\u00bb, tampoco con la \u00abadjudicaci\u00f3n\u00bb del \u00abbien\u00bb cautelado, sino con la declaraci\u00f3n de pago de la prestaci\u00f3n que lo impuls\u00f3. <\/p>\n
A ese respecto, se ha asegurado que <\/p>\n
\u00ab[e]l proceso ejecutivo en general tiene por finalidad obtener la plena satisfacci\u00f3n de una prestaci\u00f3n u obligaci\u00f3n a favor del demandante y a cargo del demandado; se trata, como lo han definido los doctrinantes de una pretensi\u00f3n cierta pero insatisfecha, que se caracteriza porque no se agota sino con el pago total de la obligaci\u00f3n\u00bb (C.C. Sentencia C- 454\/2002). <\/p>\n
De modo que, emerge con claridad que la referida \u00abacci\u00f3n\u00bb se hallaba en curso, en tanto que no se hab\u00eda \u00abimpartido la aprobaci\u00f3n del remate\u00bb, luego era dable, dar paso a lo previsto por el numeral 1 del art\u00edculo 545, ib\u00eddem, sin transgredir los intereses del acreedor adjudicatario, porque <\/p>\n
\u00abs\u00f3lo cuando el remate se decreta, se realiza, es aprobado y dicho auto aprobatorio queda en firme, puede hablarse propiamente de la adquisici\u00f3n del derecho de dominio por el rematante. En este momento aparece un inter\u00e9s jur\u00eddico protegible. No antes, cuando solo puede hablarse de expectativa de derecho\u00bb (C.C. sentencia T-659 de 2006) (CSJ STC9880-2018, 2 ag., rad. 2018-00061-01). <\/p>\n
3.2.4. Entonces, patentes afloran en este asunto los presupuestos jurisprudenciales establecidos por el m\u00e1ximo \u00f3rgano patrio en lo constitucional para la viabilidad del auxilio supralegal, ante la presencia del anunciado defecto procedimental, el que se configur\u00f3 cuando el Juzgado acusado contravino lo reglado en el precepto 20 de la Ley 1116 de 2006, al mantener la aprobaci\u00f3n de la almoneda que no adquiri\u00f3 firmeza con antelaci\u00f3n a la remisi\u00f3n del juicio hipotecario al concursal y al disponer su devoluci\u00f3n al juez de ejecuci\u00f3n para que, inviablemente, sin competencia, desatara las solicitudes pendientes de resoluci\u00f3n; lo que impone concluir que el proceder del juzgador acusado no descansa en un criterio razonable que, al margen de que se comparta, pueda recibir respaldo por esta Corte. <\/p>\n
En lo tocante con el error procedimental como supuesto suficiente para la prosperidad de la acci\u00f3n de tutela, la Corte Constitucional ha indicado que: <\/p>\n
…este defecto puede ser (i) de tipo absoluto; o (ii) por exceso ritual manifiesto. Sobre el particular, la sentencia SU-770 de 2014 indic\u00f3 que el defecto procedimental absoluto se presenta \u201ccuando el procedimiento que adopta el juzgador no est\u00e1 sometido a los requisitos previstos en la ley, sino que obedece a su propia voluntad\u2026 porque (i) el juez se ci\u00f1e a un tr\u00e1mite ajeno al pertinente, o porque (ii) el juez omite etapas sustanciales del procedimiento con violaci\u00f3n de los derechos de defensa y de contradicci\u00f3n de una de las partes del proceso. Este defecto requiere, adem\u00e1s, que se trate de un error de procedimiento grave y trascendente, valga decir, que influya de manera cierta y directa en la decisi\u00f3n de fondo\u201d, mientras que el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto \u201cocurre cuando el funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial, \u2026 (i) se deja de inaplicar normas procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) se exige cumplir requisitos formales de manera irreflexiva, aunque pueda tratarse de cargas imposibles de cumplir, siempre que esta circunstancia est\u00e9 comprobada; (iii) se incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas; (iv) o se omite el decreto oficioso de pruebas cuando a ello hay lugar\u201d (CC T-204\/18). <\/p>\n
4. Las anotadas contingencias, sin duda, comprometieron la garant\u00eda fundamental al debido proceso de la actora, lo que impone conceder el resguardo, con alcance parcial, dejando sin efecto los prove\u00eddos de 12 de noviembre de 2021 (mediante el cual se declar\u00f3 la ilegalidad de parte del emitido el d\u00eda 5 anterior) y 18 de marzo de 2022 (que mantuvo el anterior, ordenando, inviablemente, devolver las diligencias al juez del ejecutivo para la resoluci\u00f3n de las solicitudes pendientes), para que, en su lugar, el Juzgado convocado imprima el tr\u00e1mite que corresponda al juicio concursal recriminado, partiendo del hecho cierto de la improcedencia de los recursos propuestos frente al auto de 5 de noviembre de 2021 (en atenci\u00f3n a que el inciso 2\u00ba del canon 20 de la Ley 1116 de 2006 claramente dispone que \u00abEl Juez o funcionario competente declarar\u00e1 de plano la nulidad de las actuaciones surtidas en contravenci\u00f3n a lo prescrito en el inciso anterior, por auto que no tendr\u00e1 recurso alguno\u00bb -se destac\u00f3-), \u00faltimo que, por dem\u00e1s, con la salvedad efectuada en el segundo p\u00e1rrafo del numeral 3.2.3. de estas consideraciones, es contentivo de un criterio razonable vinculante para la actuaci\u00f3n subsiguiente. En lo dem\u00e1s, conforme qued\u00f3 dicho, se denegar\u00e1 la protecci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, concede, con alcance parcial, el amparo al derecho al debido proceso de Adriana Patricia Apache, por la incursi\u00f3n en defecto procedimental por parte del Juzgador a-quo acusado. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero. Dejar sin valor ni efecto alguno los autos emitidos por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 el 12 de noviembre de 2021 y el 18 de marzo de 2022, en el tr\u00e1mite de \u00abreorganizaci\u00f3n comercial\u00bb de la quejosa (rad. 73001-31-03-002-2020-00184), as\u00ed como todas las decisiones que de ellos dependan, para que, en su lugar, esa autoridad imprima al asunto el tr\u00e1mite que legalmente corresponda, partiendo del hecho cierto de la improcedencia de los recursos propuestos frente al prove\u00eddo que dict\u00f3 el 5 de noviembre de 2021, contentivo de un criterio razonable vinculante para la actuaci\u00f3n subsiguiente, con la salvedad efectuada en la parte motiva de este veredicto. <\/p>\n
Segundo. Denegar, en lo dem\u00e1s, la protecci\u00f3n rogada. <\/p>\n
Tercero. Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse este fallo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC15784-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC15784-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03895-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Adriana Patricia Apache contra la Sala Civil-Familia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-69096","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69096","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69096"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69096\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69096"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69096"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69096"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}