STC15788-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15788-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 23001-22-14-000-2022-00225-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Wilson Ra\u00fal G\u00f3mez Ram\u00edrez frente al fallo proferido el 13 de octubre de 2022 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00e9l contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso, defensa, contradicci\u00f3n y \u00abtutela jurisdiccional efectiva\u00bb, as\u00ed como de los principios de \u00ablegalidad\u00bb e \u00abigualdad de armas\u00bb, presuntamente vulnerados por el estrado acusado en el juicio reprochado. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, revocar las siguientes decisiones: \u00aba) Auto de\u2026 26 de julio del\u2026 2019, que declar\u00f3 contrario a derecho el numeral primero del auto de\u2026 06 de junio del\u2026 2019, que previamente hab\u00eda dado tramite a la excepci\u00f3n de fondo propuesta por el demandado. b) Auto de\u2026 25 de junio del\u2026 2019, que dio tr[\u00e1]mite a la reforma de la demanda presentada por Bancolombia S.A. c) Auto de\u2026 05 de julio del\u2026 2022[,] que fij[\u00f3] fecha para la audiencia de remate para el\u2026 31 de agosto del\u2026 2022, donde omiti\u00f3 el se\u00f1or juez realizar control de legalidad riguroso\u00bb; y ordenar al estrado convocado retrotraer \u00abel proceso judicial hasta el primer defecto procesal alegado y momento procesal agraviado, esto es lo que ata\u00f1e a la excepci\u00f3n de m\u00e9rito propuesta y la indebida e inadmisible reforma de la demanda\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso: <\/p>\n
2.1. En el juicio hipotecario incoado por Bancolombia S.A. contra el accionante, inicialmente, el 6 de junio de 2019, se dispuso dar tr\u00e1mite a la excepci\u00f3n de fondo de ausencia de requisitos formales de los t\u00edtulos valores que formul\u00f3, y el 25 siguiente, se \u00abadmiti\u00f3 la reforma de la demanda\u00bb propuesta por el acreedor para adicionar otros pagar\u00e9s. <\/p>\n
2.3. Luego, el 12 de marzo de 2020, tras no haber sido objetada, se aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito allegada por el ejecutante; y embargado, secuestrado y avaluado comercialmente el predio objeto del gravamen, el 5 de julio de 2022 se fij\u00f3 el 31 de agosto siguiente para su subasta. <\/p>\n
2.4. El 16 de agosto de 2022 el deudor solicit\u00f3 la ilegalidad de los autos de 26 de julio y 25 de junio de 2019, aduciendo defectos procedimentales, en cuanto al primero, porque su excepci\u00f3n debi\u00f3 tramitarse al haber sido propuesta tempestivamente como una de las permitidas frente a la acci\u00f3n cambiaria; mientras que, respecto al segundo, porque, en su sentir, en los juicios ejecutivos es inviable la reforma de la demanda, permiti\u00e9ndose, con su aceptaci\u00f3n, la incorporaci\u00f3n de \u00abt\u00edtulos con valores inciertos y discutibles\u00bb; as\u00ed mismo, el 26 de agosto del a\u00f1o en curso, tambi\u00e9n deprec\u00f3 la ilegalidad del prove\u00eddo mediante el cual se se\u00f1al\u00f3 fecha para la almoneda, en lo medular, al considerar desactualizado el aval\u00fao comercial dado al predio, en tanto que databa del 4 de diciembre de 2020, aunado a que el certificado catastral que se aport\u00f3 con \u00e9l se\u00f1alaba como propietaria a persona distinta a quien tiene el derecho de dominio. <\/p>\n
2.5. El 30 de agosto de 2022 el Juzgado resolvi\u00f3 adversamente tales peticiones de invalidez, decisi\u00f3n que mantuvo en audiencia del d\u00eda 31 siguiente, en la que tambi\u00e9n declar\u00f3 desierta la subasta, por ausencia de postores. <\/p>\n
2.6. En sede de tutela el actor, en concreto, insistiendo en los planteamientos esbozados en las referidas solicitudes de invalidez, cuestion\u00f3 que el Juzgado accionado incurri\u00f3 en defectos sustantivo, procedimental absoluto y violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n, al desconocer la viabilidad de su excepci\u00f3n frente a la orden de apremio y la improcedencia de la reforma de la demanda, sumado a que, al momento de fijar fecha para la subasta, no efectu\u00f3 el adecuado y riguroso control de legalidad que le era exigible, dejando de lado que, acorde al art\u00edculo 19 del Decreto 1420 de 1998, el aval\u00fao dado al predio s\u00f3lo tiene vigencia de un a\u00f1o. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que el predio gravado es \u00abla \u00fanica vivienda con la que cuenta\u00bb y pretende despoj\u00e1rsele de ella mediante un tr\u00e1mite \u00abarbitrario e ilegal\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Monter\u00eda deprec\u00f3 declarar improcedente la protecci\u00f3n rogada porque en el tr\u00e1mite fustigado \u00abno se vislumbra la violaci\u00f3n o amenaza de un derecho fundamental; la parte tutelante, acude a la demanda de tutela como una instancia adicional, pues la decisi\u00f3n que pretende se revoque por esta v\u00eda constitucional, ha sido atacada por medio de petici\u00f3n de ilegalidad de actuaciones, y recurso de reposici\u00f3n, los cuales han sido resueltos en oportunidad\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional neg\u00f3 la salvaguarda, por un lado, al hallar insatisfechos los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, lo primero, porque \u00abfrente a los autos de\u2026 25 de junio y 26 de julio de 2019\u2026 se encuentra que han transcurrido m\u00e1s de 3 a\u00f1os desde su emisi\u00f3n y notificaci\u00f3n hasta la fecha de presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n ejusdem, que lo fue el 07 de octubre de la cursante anualidad\u00bb; mientras que, lo segundo, porque aunque \u00abno se desconoce que el 16 de agosto de 2022, el actor a trav\u00e9s de su apoderado, present\u00f3 solicitud de ilegalidad contra los autos en comento, lo cierto es que contra tales prove\u00eddos, proced\u00eda el recurso de reposici\u00f3n, incluso contra el interlocutorio del 26 de julio de 2019, a consideraci\u00f3n de esta Sala, tambi\u00e9n pudo haberse presentado recurso de apelaci\u00f3n, ya que, se trataba del auto que declaraba la ilegalidad del numeral que hab\u00eda ordenado dar tr\u00e1mite a la \u201csupuesta excepci\u00f3n de m\u00e9rito\u201d, es decir, se rechaz\u00f3 dichas excepciones\u00bb. <\/p>\n
Y de otra parte, porque respecto del auto de \u00ab05 de julio del\u2026 2022, que fij[\u00f3] fecha para la audiencia de remate\u2026, no encuentra esta judicatura que la decisi\u00f3n tomada por el Juzgado tutelado haya sido caprichosa o arbitraria, pues, a la parte demandada en el proceso g\u00e9nesis, hoy accionante en el presente asunto, se le dio traslado del aval\u00fao por auto del 02 de junio de 2022, por el termino de 10 d\u00edas, sin que haya ejercido reparo alguno sobre \u00e9l, raz\u00f3n por la que no le es dable intervenir al Juez Constitucional\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 el actor insistiendo en sus planteamientos iniciales y afirmando que por las particularidades de su caso deb\u00eda flexibilizarse los presupuestos de procedibilidad del ruego tutelar, como lo ha dejado por sentado la jurisprudencia sobre la materia, m\u00e1xime cuando el juzgador acusado pas\u00f3 por alto el deber oficioso de salvaguardar sus garant\u00edas ante la evidente conculcaci\u00f3n de sus derechos esenciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Puestas as\u00ed las cosas, se advierte que la salvaguarda propuesta estaba llamada al fracaso, lo que impone ratificar la decisi\u00f3n de primer grado, por las razones que se pasa a exponer: <\/p>\n
2.1. En cuanto al reclamo frente a los prove\u00eddos emitidos por el fallador acusado el 25 de junio (a trav\u00e9s del cual admiti\u00f3 la reforma de la demanda) y el 26 de julio de 2019 (mediante el cual declar\u00f3 la ilegalidad del auto de 6 de junio anterior y orden\u00f3 seguir adelante el cobro), e incluso, respecto del dictado el 12 de marzo de 2020 (con el cual se aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito), acertada fue la conclusi\u00f3n del fallador constitucional de primer grado en cuanto a la inviabilidad del ruego constitucional, al carecer del requisito de la inmediatez, habida cuenta que entre esas datas y la de interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala (octubre de 2022), transcurrieron m\u00e1s de dos (2) a\u00f1os, super\u00e1ndose, por mucho, el lapso semestral fijado por la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n supralegal. <\/p>\n
En la materia, se ha sostenido que: <\/p>\n
…si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01). <\/p>\n
2.2. De igual forma, la solicitud de resguardo tambi\u00e9n era improcedente frente a las primeras dos decisiones memoradas, porque contra las mismas el quejoso no formul\u00f3 ning\u00fan recurso ante el juzgador natural, con lo cual abandon\u00f3 la posibilidad que ten\u00eda de agotar all\u00ed la discusi\u00f3n que aqu\u00ed plantea; sumado a que no objet\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito que decant\u00f3 las sumas perseguidas, lo que, por su incuria, tambi\u00e9n le imposibilit\u00f3 atacar el aludido auto que la aprob\u00f3. <\/p>\n
De ah\u00ed que la salvaguarda tampoco fuera viable porque, muy a pesar de las alegaciones del impugnante, el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen en las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites correspondientes, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de defensa previstos en el orden jur\u00eddico, como aqu\u00ed aconteci\u00f3, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que les sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el gestor del amparo \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
…es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
2.3. Por ese sendero, adicionalmente, cabe anotar que aunque, tras la firmeza de los dos prove\u00eddos del a\u00f1o 2019, atr\u00e1s relacionados, el quejoso rog\u00f3 su invalidaci\u00f3n, la cual le fue denegada el 30 de agosto \u00faltimo (decisi\u00f3n que se mantuvo en audiencia celebrada al d\u00eda siguiente), lo cierto es que ello de ninguna manera reviv\u00eda las oportunidades fenecidas, pues el juzgador all\u00ed simplemente se ocup\u00f3 de reiterar lo que estaba definido mediante decisiones ejecutoriadas, de donde ello en nada altera las conclusiones atr\u00e1s consignadas. <\/p>\n
En ese sentido, en casos con alguna simetr\u00eda al aqu\u00ed auscultado, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
(\u2026) la solicitud de dejar sin efecto lo actuado no tiene la virtualidad de neutralizarla ni se erige como un mecanismo de defensa contra la providencia, en este caso particular, dado que no suple los remedios que debieron interponerse oportunamente y tampoco altera el an\u00e1lisis efectuado sobre la incuria. <\/p>\n
En un caso similar, en que se pretendi\u00f3 desvirtuar el principio enunciado mediante la presentaci\u00f3n de una solicitud posterior a la ejecutoria de la providencia, la Sala expuso <\/p>\n
\u201c\u2026a diferencia de lo manifestado en el escrito de impugnaci\u00f3n, la solicitud resuelta \u2026retom\u00f3 la situaci\u00f3n definida en pret\u00e9rita oportunidad \u2026que se encuentra en firme, sin que el haber reiterado sobre el tema, aunque con distinta argumentaci\u00f3n, tenga la virtud de desconfigurar el principio analizado, como razonadamente lo consider\u00f3 el Tribunal\u201d (CSJ STC, 27 may. 2011, exp. 00096-01). (CSJ STC, 10 mar. 2016, rad. 2016-00075-01) <\/p>\n
2.4. Finalmente, en lo que tiene que ver con el auto de 5 de julio de 2022, debe destacarse que en ninguna irregularidad incurri\u00f3 el juzgador acusado cuando fij\u00f3 fecha para adelantar la almoneda, pues estaban reunidos todos los supuestos que para tal proceder establece el canon 448 del C\u00f3digo General del Proceso (diligencia que, en todo caso, en el asunto en cuesti\u00f3n, se declar\u00f3 desierta el pasado 31 de agosto), m\u00e1xime si se tiene en cuenta que, contrario a lo considerado por el censor, acorde con el precepto 457 ib\u00eddem, la posibilidad de presentar un nuevo aval\u00fao s\u00f3lo le surge \u00abcuando haya transcurrido m\u00e1s de un (1) a\u00f1o desde la fecha en que el anterior\u2026 qued\u00f3 en firme\u00bb, lo que aqu\u00ed no aconteci\u00f3, pues del all\u00ed arrimado, que, por cierto, no objet\u00f3 y fue de naturaleza comercial que no catastral, apenas se corri\u00f3 traslado a mediados del a\u00f1o en curso. <\/p>\n
As\u00ed, es claro que el se\u00f1alamiento para la diligencia de remate es la consecuencia natural de las actuaciones surtidas en el proceso, de las cuales no se desprende arbitrariedad o capricho alguno por parte de la sede judicial acusada, lo que tambi\u00e9n denota la anunciada improsperidad de esta salvaguarda. <\/p>\n
En concordancia con ello, desafortunada se muestra la alegaci\u00f3n cimentada en que el resguardo debe concederse porque el bien gravado es la \u00fanica vivienda del inconforme, comoquiera que lo cierto es que trat\u00e1ndose de un juicio ejecutivo hipotecario como el auscultado, contrario a su querer, por imperativo legal, no hay \u00ablugar a reducci\u00f3n de embargos ni al beneficio de competencia\u00bb (numeral 2\u00ba -in fine- del art\u00edculo 468 ib\u00eddem), y como lo tiene por sentado la jurisprudencia constitucional, circunstancias como la expuesta, por s\u00ed mismas, no implican dispensar la protecci\u00f3n, pues para que esto ocurra es necesario demostrar que la conculcaci\u00f3n de las prerrogativas esenciales invocadas es atribuible al proceder de la autoridad encausada, lo que aqu\u00ed no ocurri\u00f3, en tanto que, como qued\u00f3 dicho, en la actuaci\u00f3n desplegada en el juicio recriminado no se advierte la incursi\u00f3n en actuaci\u00f3n arbitraria o caprichosa por parte de la sede judicial convocada, sin que puedan endilg\u00e1rsele las situaciones que alude el quejoso como derivadas de la futura subasta del predio involucrado en el proceso. <\/p>\n
En asuntos donde se ha cuestionado la futura diligencia de entrega de predios ya rematados, que no precisamente la fijaci\u00f3n de fecha para la almoneda, pero que, mutatis mutandis, resultan aplicables al presente caso, en tanto que se ha determinado que ello es consecuencia l\u00f3gica del devenir procesal ajustado al ordenamiento jur\u00eddico, para denegar el resguardo all\u00ed reclamado, in extenso, esta Sala ha precisado que: <\/p>\n
2. De cara a los argumentos planteados por el inconforme, se advierte que lo concretamente pretendido por \u00e9ste a trav\u00e9s del amparo, es que se ordene al Juzgado… suspender la entrega del inmueble…, que fue ordenada en el marco del proceso ejecutivo hipotecario que en contra de su c\u00f3nyuge… promovi\u00f3 la se\u00f1ora… Rojas Vda. de Callejas, hasta tanto pueda acudir a los mecanismos ordinarios que permitan evitar, dice, la realizaci\u00f3n definitiva de tal diligencia, pues se enter\u00f3 de la existencia del referido proceso s\u00f3lo hasta el pasado 8 de junio, cuando recibi\u00f3 un aviso donde la Inspecci\u00f3n comisionada informaba sobre la data programada para realizar la diligencia. <\/p>\n
3. Bajo ese escenario, anticipa la Corte que la protecci\u00f3n constitucional solicitada no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, toda vez que en este caso no es procedente acceder al pedimento aludido, pues la diligencia de entrega memorada fue dispuesta por la mencionada autoridad jurisdiccional competente en virtud de la adjudicaci\u00f3n por remate del inmueble objeto de garant\u00eda, dentro de la ejecuci\u00f3n tantas veces citada, y en esa medida, la actuaci\u00f3n cuestionada encuentra su fundamento en una orden proferida como consecuencia de un tr\u00e1mite judicial, lo que impide cualquier tipo de intromisi\u00f3n al respecto por parte del Juez de tutela, como quiera que la Sala en la materia ha puntualizado, que el amparo \u00abno se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales (CSJ, SC, 28 de octubre de 2009, exp. 1496-01, citada el 19 de mayo de 2014, exp. STC6190 y en STC226-2015). <\/p>\n
4. Ahora bien, la demanda de protecci\u00f3n tampoco se abre paso como mecanismo transitorio, pues recu\u00e9rdese que <\/p>\n
\u00ab[E]n principio, la pr\u00e1ctica de una diligencia de entrega no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales\u2026 De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u00bb (CSJ, SC, 29 de noviembre de 2006, citada el 20 de marzo de 2014, exp. STC3468 y en STC226-2015). <\/p>\n
5. Finalmente cabe precisar, que aunque el actor y su c\u00f3nyuge sean personas de la tercera edad, no se observa dentro del plenario que se encuentren en una situaci\u00f3n de peligro que amerite conceder el resguardo, a\u00fan como mecanismo transitorio, pues no se demostr\u00f3 la afectaci\u00f3n de su m\u00ednimo vital o que est\u00e9n comprometidas sus necesidades b\u00e1sicas. <\/p>\n
Frente a situaciones similares a las que aqu\u00ed se examina, la Sala ha determinado que <\/p>\n
\u00ab[E]l hecho de que la gestora del amparo sea persona de la tercera edad, en s\u00ed mismo considerado no implica, per se, que deba concederse la salvaguarda invocada, desde luego que es necesario probar la violaci\u00f3n o amenaza de prerrogativas esenciales, situaci\u00f3n que no se avizora en este asunto (\u2026), sobre el punto esta Sala indic\u00f3 que \u201csi bien es cierto se trata de adulto mayor (\u2026), esa sola circunstancia no es suficiente para brindar protecci\u00f3n especial, pues deben estar acreditadas las afectaciones a sus prerrogativas que lo coloquen en estado de vulnerabilidad, lo que no se advierte en el plenario y, por ende, no procede orden constitucional al respecto\u00bb (CSJ STC 11 mar. 2013, reiterado STC17105-2014 y STC14586-2015). <\/p>\n
6. Corolario de lo discurrido en precedencia, y sin lugar a m\u00e1s consideraciones por innecesarias, se impone mantener la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta instancia (CSJ STC11859-2016, 25 ag., rad. 2016-00462-01). <\/p>\n
3. Las anteriores razones imponen respaldar el fallo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC15788-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC15788-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 23001-22-14-000-2022-00225-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Wilson Ra\u00fal G\u00f3mez Ram\u00edrez frente […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-69099","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69099","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69099"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69099\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69099"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69099"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69099"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}