STC15791-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15791-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2022-00354-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Cristian Camilo Montiel Ruiz frente a la sentencia del pasado 6 de octubre, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, Sala Civil-Familia, en la acci\u00f3n de tutela impulsada por aquel contra el Juzgado Cuarto de Familia de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite fueron vinculados el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, as\u00ed como los part\u00edcipes en el asunto materia de la presente queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El promotor deprec\u00f3 la pronta protecci\u00f3n de sus prerrogativas esenciales \u00abal debido proceso, (\u2026) trabajo, (\u2026) carrera judicial e igualdad\u00bb, presuntamente conculcadas por el despacho repelido. <\/p>\n
Y en concreto, se ordene restar valor a la \u00abResoluci\u00f3n 023 (\u2026) de\u2026 08 de septiembre\u00bb de los corrientes. <\/p>\n
2. Como sustento adujo, en lo de importancia, que el titular del Juzgado Cuarto de Familia de Ibagu\u00e9 dispuso, mediante el descrito acto administrativo, \u00abnombra[r] en propiedad\u00bb a Yecid Z\u00fa\u00f1iga Mosquera en el cargo de escribiente de esa agencia, luego de aceptar la petici\u00f3n de \u00abtraslado horizontal\u00bb impetrada por este \u00faltimo. <\/p>\n
Reproch\u00f3 lo as\u00ed resuelto toda vez que, en estricto compendio, el dispensador de justicia en cita quiso pasar por alto su derecho a acceder a la referida plaza, a consecuencia de haber quedado en el \u00abpuesto n\u00famero dos (02) [de] la lista de aspirantes por sede (\u2026) de junio\u00bb anterior, en el marco de un concurso de m\u00e9ritos a nivel regional. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que el acudimiento en v\u00eda supralegal es en procura de conjurar cualquier \u00abperjuicio\u00bb derivado de la resoluci\u00f3n en cuesti\u00f3n, m\u00e1xime si la misma no contiene \u00abNING[\u00da]N criterio objetivo\u00bb para desechar las leg\u00edtimas expectativas de los elegibles bajo el sistema de m\u00e9rito. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
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1. El dirigente del estamento juzgador requerido defendi\u00f3 la pertinencia de su labor y se opuso al \u00e9xito de la clama, por no vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
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2. En parecida orientaci\u00f3n se expres\u00f3 Yecid Z\u00fa\u00f1iga Mosquera, quien adem\u00e1s sostuvo que hay otros conductos al alcance del querellante. <\/p>\n
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3. El Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima hizo reporte de sus gestiones (acerca del \u00abconcurso\u00bb de la Rama y el concepto favorable al ruego de \u00abtraslado\u00bb) y tambi\u00e9n se mostr\u00f3 en contra de la prosperidad de la clama, por ausencia de afectaci\u00f3n, en tanto que no es la competente para proveer sobre la situaci\u00f3n particular del ac\u00e1 precursor. <\/p>\n
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4. Sandra Bibiana Vargas Pinz\u00f3n pregon\u00f3 estar de acuerdo con la s\u00faplica de marras. <\/p>\n
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5. No se produjeron m\u00e1s respuestas. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Rehus\u00f3 conferir la salvaguarda, pues am\u00e9n de que la resoluci\u00f3n disentida no se muestra carente de motivaci\u00f3n razonable, lo cierto es que existen otros caminos jur\u00eddicos \u00abpara controvertir[la]\u00bb y tampoco deviene palpable la presencia de \u00abperjuicio irremediable\u00bb alguno. <\/p>\n
La propuso el convocante, con persistencia en sus censuras y quien, adem\u00e1s, asever\u00f3 que no hay sendero m\u00e1s apropiado que este, en torno a lo dirimido por el juzgado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un instrumento jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de incoar siempre que resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n residual no permite sustituir o desplazar a los canales comunes de ayuda. <\/p>\n
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2. Refulge, circunscrito el debate al memorial impugnatorio, que hay otro mecanismo de defensa al alcance del ahora quejoso para cuestionar la resoluci\u00f3n aqu\u00ed repudiada. La posibilidad existente e id\u00f3nea, pese a lo sugerido en la alzada, es suscitar el control judicial ante la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa. <\/p>\n
Como acto administrativo que se predica del descrito pronunciamiento, dable es controvertirlo por virtud de los medios de control de nulidad y\/o nulidad y restablecimiento del derecho previstos en los c\u00e1nones 137 y 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – ley 1437 de 2011; de donde, se configura la causal de improcedencia contemplada en el precepto 6\u00b0 del decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Vale recordar que las manifestaciones de esa \u00edndole gozan de presunci\u00f3n de legalidad y acierto, por lo que las controversias que las mismas provoquen deben ser pregonadas ante la autoridad competente, escenario en el que es posible solicitar medidas cautelares \u00abpreventivas, conservativas, anticipativas o de suspensi\u00f3n\u00bb en torno a dichos actos, a voces de lo preconizado en el art\u00edculo 230 de la codificaci\u00f3n antes aludida. <\/p>\n
En lo tocante con la tem\u00e1tica, la Corte ha precisado que, <\/p>\n
\u2026\u2018por tratarse de actos administrativos, el debate acerca de su legalidad cumple suscitarlo ante los Jueces Contencioso Administrativos competentes, a trav\u00e9s de las acciones previstas en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, de acuerdo con las circunstancias y particularidades que, a juicio del interesado, experiment\u00f3 la situaci\u00f3n que gener\u00f3 lo resuelto por la administraci\u00f3n y que es materia de inconformidad, a fin de generar las determinaciones con las cuales se obtenga el restablecimiento del derecho\u2026\u2019. Adem\u00e1s, en este escenario la interesada puede solicitar como medida cautelar la suspensi\u00f3n provisional del acto ilegal, raz\u00f3n por la cual no se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional ni siquiera como mecanismo transitorio. As\u00ed las cosas, y en vista de que no se cumple el requisito de la subsidiariedad, la Corte confirmar\u00e1\u2026, la decisi\u00f3n de primera instancia que resolvi\u00f3 negar el amparo\u2026 (CSJ STC, 9 dic. 2011, rad. 00330-01; reiterada en STC, 13 jul. 2012, rad. 00153-01 y en STC8261, 28 jun. 2018, rad. 00965-01). <\/p>\n
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3. Se impone, ergo, ratificar el dictamen del tribunal a-quo, pero por lo ac\u00e1 consignado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Oportunamente rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional, para lo de su atribuci\u00f3n. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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