STC15794-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15794-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2022-01787-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 13 de octubre de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por la Compa\u00f1\u00eda Minera San Jos\u00e9 Ltda. contra el Juzgado Veintis\u00e9is Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso criticado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y petici\u00f3n, que dice vulnerados por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se ordene al estrado accionado que \u00abresponda la petici\u00f3n incoada o en su defecto expresando la admisi\u00f3n de la cesi\u00f3n de derechos litigiosos presentada\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Reinaldo Rangel Arguello promovi\u00f3 proceso ejecutivo contra Marl\u00e9n Buitrago Suarez, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Veintis\u00e9is Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2.3. Refiri\u00f3 la accionante que el 24 de noviembre de 2021 solicit\u00f3 el reconocimiento de la cesi\u00f3n de los derechos litigiosos, allegando todos los documentos requeridos – poder, representaci\u00f3n legal y cesi\u00f3n-; que reenvi\u00f3 dicha petici\u00f3n y confirm\u00f3 su recepci\u00f3n; y que el 17 de marzo de 2022 se dirigi\u00f3 al estrado acusado preguntando por qu\u00e9 el proceso todav\u00eda no hab\u00eda ingresado al despacho, raz\u00f3n por la que le indicaron que lo har\u00edan al d\u00eda siguiente, lo que efectivamente ocurri\u00f3. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que desde esa fecha el expediente se hallaba al despacho, por lo que para darle impulso procesal, elev\u00f3 petici\u00f3n, la que no fue contestada; y que con la omisi\u00f3n en dar respuesta a la misma, se conculcaban sus prerrogativas. <\/p>\n
2.5. Adujo que se presentaba mora judicial injustificada, en tanto que no hab\u00eda pronunciamiento sobre la admisi\u00f3n o no de la referida cesi\u00f3n. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Veintis\u00e9is Civil del Circuito de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que con auto de 24 de agosto de 2022 dispuso, bajo los presupuestos del inciso 3\u00ba del art\u00edculo 68 del C\u00f3digo General del Proceso, que la parte demandada manifestara si aceptaba o no la cesi\u00f3n; y que exist\u00eda un hecho superado, pues con dicha determinaci\u00f3n adoptada conforme a la mencionada norma, se super\u00f3 el supuesto de hecho alegado. <\/p>\n
2. Marl\u00e9n Buitrago Suarez se\u00f1al\u00f3 que acept\u00f3 expresamente la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito efectuada, lo que fue remitido al despacho acusado el 30 de agosto de los corrientes. <\/p>\n
3. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que se super\u00f3 la situaci\u00f3n del presunto hecho generador de la violaci\u00f3n de derechos, por lo que se configur\u00f3 una carencia actual de objeto, en tanto que se pretend\u00eda que se diera respuesta a la petici\u00f3n o se emitiera pronunciamiento sobre la cesi\u00f3n de derechos litigiosos, y el despacho le imparti\u00f3 el tr\u00e1mite legal correspondiente a la petici\u00f3n -corri\u00f3 traslado a la demandada para que se pronunciara sobre la cesi\u00f3n-. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n aduciendo que el prove\u00eddo emitido por el estrado acusado no fue de fondo, m\u00e1s cuando la ejecutada Marl\u00e9n Buitrago fue notificada de la cesi\u00f3n y la acept\u00f3; y que el expediente ingres\u00f3 al despacho el 30 de septiembre, un mes despu\u00e9s de presentar la referida aceptaci\u00f3n, sin que todav\u00eda hubiese pronunciamiento alguno. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, en primer lugar, se advierte que la solicitud presentada por la promotora ante el estrado acusado, no constituye el ejercicio del derecho fundamental de petici\u00f3n. <\/p>\n
Ciertamente, se recuerda que acorde con la consistente jurisprudencia de esta Sala, en los tr\u00e1mites de naturaleza judicial deviene inviable el derecho de petici\u00f3n, comoquiera que dichos asuntos est\u00e1n sujetos a sus propias reglas de procedimiento. <\/p>\n
Al respecto, se ha precisado: <\/p>\n
\u2026si bien el se\u00f1or\u2026 reclama la protecci\u00f3n de su derecho de petici\u00f3n frente a la\u2026 accionada, la jurisprudencia constitucional tiene establecido que en la \u00f3rbita de los procesos judiciales no tiene cabida esa prerrogativa fundamental, salvo lo concerniente a actuaciones de linaje administrativo, y ello tiene su explicaci\u00f3n en que las normas procesales son las llamadas a ser aplicadas para efectos de dar respuesta a las solicitudes de las partes. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha sostenido que \u2018\u2026las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u2026 (Sentencias de 20 y 31 de marzo de 2000. Expedientes T-4822 y T-4867, respectivamente)\u201d (CSJ STC, 3 oct. 2012, rad. 2012-01784-01). <\/p>\n
3. Ahora bien, con base en tales premisas y examinados los fundamentos de la presente queja supralegal, es de observarse que se encuentra vulnerado el debido proceso de la gestora, en tanto que la autoridad acusada no se ha pronunciado de fondo frente a la cesi\u00f3n deprecada, por lo que pertinente es recordar que con respecto a problem\u00e1ticas de esta especie, donde se critican situaciones de mora judicial que podr\u00edan dar lugar a protecci\u00f3n constitucional, la jurisprudencia de la Sala ha determinado la procedencia del amparo cuando las mismas carezcan de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, es decir: <\/p>\n
\u2026aquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u2019 (STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
Entender jurisprudencial de marras que la Sala ha venido sosteniendo en tanto que \u2018\u2026 uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso\u2026\u2019 (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior. <\/p>\n
4. Teniendo en cuenta lo anterior, el amparo deprecado habr\u00e1 de concederse, ya que el juzgador censurado ha desatendido los deberes que le son exigibles en procura de resolver la solicitud de la cesi\u00f3n elevada por la accionante, teniendo en cuenta que se corri\u00f3 el traslado respectivo y que desde el 30 de septiembre de 2022 ingres\u00f3 al despacho para su resoluci\u00f3n, sin que a la fecha de proferimiento de esta decisi\u00f3n se hubiese pronunciado al respecto. <\/p>\n
Por ese rumbo, en lo tocante a las situaciones excepcionales que permiten excusar esa demora, en pret\u00e9ritas ocasiones esta Sala ha precisado que: <\/p>\n
No da cuenta la accionada de circunstancias especiales que ameriten una valoraci\u00f3n particular frente a la dilaci\u00f3n presentada, pues como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n, \u2018la justificaci\u00f3n del retraso judicial s\u00f3lo resulta posible frente a situaciones de hecho sobrevivientes e insuperables, que tiene[n] lugar a\u00fan a pesar de la gesti\u00f3n diligente del juez\u2019. Situaciones como la congesti\u00f3n de los despachos judiciales en raz\u00f3n del creciente n\u00famero de litigios sometidos al conocimiento de la jurisdicci\u00f3n -algunos de ellos con apreciable grado de complejidad-; el incremento de los negocios civiles que se asignan a los tribunales superiores a efectos de resolver recursos atribuidos a su competencia, o las enfermedades que padecieron la funcionaria judicial y su familia, no constituyen razones suficientes que puedan explicar una demora como la que ella misma admite en la decisi\u00f3n del recurso de revisi\u00f3n, que a la fecha es de tres a\u00f1os y nueve meses (subrayas fuera de texto – CSJ STC, 28 sep. 2012, rad. 2012-02083-00; reiterada en STC12696-2014, 18 sep., rad. 2014-2009-00). <\/p>\n
5. Bajo esa perspectiva, no cabe duda de que la autoridad acusada ha trasgredido las garant\u00edas de la accionante, habida cuenta de que ha superado, sin justificaci\u00f3n, los t\u00e9rminos previstos para pronunciarse sobre la solicitud elevada por la peticionaria. <\/p>\n
6. Conforme a lo consignado, se revocar\u00e1 la sentencia impugnada y se le ordenar\u00e1 al estrado criticado que proceda a emitir la decisi\u00f3n que corresponda, conforme con las consideraciones consignadas en esta providencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, revoca el fallo impugnado y, en su lugar, concede el resguardo invocado. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero: Ordenar al Juzgado Veintis\u00e9is Civil del Circuito de Bogot\u00e1 que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, emita la decisi\u00f3n que en derecho corresponda frente a la cesi\u00f3n deprecada por la accionante, en el proceso bajo el radicado 11001-31-03-026-2016-00042. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Segundo: La autoridad accionada deber\u00e1 enterar a esta Corporaci\u00f3n sobre el acatamiento de lo aqu\u00ed dispuesto, a m\u00e1s tardar dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aquel t\u00e9rmino. <\/p>\n
Tercero: Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, en oportunidad, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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