STC15797-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15797-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-03931-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Emelia Matilde Manotas Marriaga contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangu\u00e9, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el proceso verbal radicado n\u00ba 2018-00120. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y los anexos se extrae en s\u00edntesis que, en agosto de 2012, Mar\u00eda Elvira Manotas Marriaga, celebr\u00f3 con su progenitora Elvira Rosa Marriaga Fierro, contrato de \u00abcr\u00eda de ganado en participaci\u00f3n\u00bb, siendo la primera quien recibi\u00f3 de la segunda \u00ab99 novillas pre\u00f1adas, debidamente inventariadas\u00bb, para su administraci\u00f3n y cuidado, con una vigencia pactada a 5 a\u00f1os, prorrogables. <\/p>\n
El 21 de junio de 2018, la depositante de las reses, la se\u00f1ora Marriaga Fierro, cedi\u00f3 el contrato a otra de sus hijas, la aqu\u00ed accionante, Emelia Matilde Manotas Marriaga. <\/p>\n
Luego, comoquiera que, al parecer, la depositaria del ganado, Mar\u00eda Elvira Manotas Marriaga, habr\u00eda incumplido lo acordado en el \u00abliteral h), de la cl\u00e1usula 2\u00aa del contrato\u00bb, es decir, no haber permitido la inspecci\u00f3n del ganado ni retirarlo, Emelia Matilde acudi\u00f3 a la justicia civil para demandar su resoluci\u00f3n y para que se ordenara la restituci\u00f3n de los 99 semovientes o el pago de su precio en dinero, \u00ab$126\u2019146.000., de conformidad a los valores de referencia establecidos en el mercado agropecuario o subastas que se realizan en Magangu\u00e9\u00bb. <\/p>\n
Mediante sentencia del 21 de mayo de 2021, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangu\u00e9 no accedi\u00f3 a las pretensiones al declarar probada la excepci\u00f3n de \u00abimposibilidad de devoluci\u00f3n de las 99 reses y pago de estas\u00bb, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena, en fallo del 13 de mayo de 2022. <\/p>\n
La accionante cuestiona las providencias anteriores y las acusa de v\u00edas hecho por incurrir en defecto f\u00e1ctico, \u00abya que los jueces no contaban con el apoyo probatorio suficiente para aplicar el supuesto legal en el que sustentaron la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Sostiene la actora que el problema jur\u00eddico que debi\u00f3 resolverse, especialmente por el tribunal en la segunda instancia, era el de la validez de la supuesta donaci\u00f3n alegada en el juicio. Explica que, se tuvo por demostrado que existi\u00f3 una donaci\u00f3n de 67 reses de las 99, por parte de su madre (cedente del contrato en cuesti\u00f3n) Elvira Rosa Marriaga Fierro, a dos de sus nietos, Elmer y Efra\u00edn Cure Manotas, hijos de la depositaria, Mar\u00eda Elvira Manotas Marriaga; por lo tanto, en virtud de la misma, y dada la cuant\u00eda, era exigible para su validez que se realizara la insinuaci\u00f3n notarial, conforme lo establece la legislaci\u00f3n aplicable y la jurisprudencia de esa Corte. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, el acto de la donaci\u00f3n, aun cuando los beneficiarios fueran dos personas (2 nietos) no pod\u00eda tenerse como dos contratos diferentes, como lo arguy\u00f3 el tribunal al resolver la alzada, ya que \u00ab(\u2026) un contrato no depende del n\u00famero de personas que en \u00e9l intervengan, pues bien puede ser que una parte est\u00e9 representada por una sola persona y la otra por varias, o que ambas sean varias personas, lo que no genera un n\u00famero igual de contratos\u00bb. En el caso, seg\u00fan afirma, era un solo contrato, luego entonces, el monto del objeto de la donaci\u00f3n implicaba que se realizara la insinuaci\u00f3n, aspecto que no fue verificado por los juzgadores, sumado a que uno de los beneficiarios para ese momento, no hab\u00eda adquirido la mayor\u00eda de edad. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pretende que se dejen sin efecto las sentencias proferidas por los jueces de instancia y, \u00ab(\u2026) se ordene a la Sala que [\u2026] dicte sentencia de acuerdo a las consideraciones del juez constitucional\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Cartagena, ponente de la decisi\u00f3n recriminada, indic\u00f3 que, en efecto, en el juicio en cuesti\u00f3n profiri\u00f3 sentencia de segundo grado, ratificando lo resuelto por el a quo con \u00abfundamento en los precedentes normativos y jurisprudenciales que rigen la materia\u00bb. Alleg\u00f3 copia digital del expediente del proceso 2018-120. <\/p>\n
2. Mar\u00eda Elvira Manotas Marriaga, vinculada, quien fungi\u00f3 como demandada en el pleito en discusi\u00f3n se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n en tanto que, no existi\u00f3 \u00abuna actuaci\u00f3n arbitraria ni grosera y todas las partes tuvieron las oportunidades procesales de solicitar, aportar y controvertir pruebas\u00bb. Sobre el tema de la donaci\u00f3n, aduce que fueron suficientes los elementos de prueba tenidos en cuenta por los falladores para determinar la existencia de la misma a sus dos hijos por parte de su abuela, y adem\u00e1s, no pod\u00eda declararse nula la misma por cuando, \u00abno existieron pretensiones respecto del acto de donaci\u00f3n [\u2026] ni la donante, Elvira Marriaga Fierro, ni los donatarios, Efra\u00edn y Elmer Cure Manotas, fueron convocados al litigio, raz\u00f3n por la que mal podr\u00eda un juez declarar la nulidad de un acto que afecta necesariamente a terceros sin ser convocados al litigio\u00bb. <\/p>\n
3. Elvira Marriaga Fierro, vinculada, manifest\u00f3 coadyuvar la presente demanda tutelar, y sostiene que no recuerda haber declarado en el proceso admitiendo la donaci\u00f3n en favor de sus nietos, y que, en su criterio, las dem\u00e1s situaciones alegadas por la demandada no fueron probadas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las prerrogativas invocadas por la quejosa dentro del proceso verbal radicado n\u00ba 2018-00120, promovido por aqu\u00e9lla contra Mar\u00eda Elvira Manotas Marriaga, al desestimar las pretensiones de la demanda (fallos de 21 de mayo de 2021 del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangu\u00e9; y, de 13 de mayo de 2022, del Tribunal Superior de Cartagena, Sala Civil Familia, en primera y segunda instancia, respectivamente) incurriendo, supuestamente, en v\u00eda de hecho por indebida valoraci\u00f3n probatoria (defecto f\u00e1ctico), as\u00ed como por no verificar los presupuestos de validez de la donaci\u00f3n presentada. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. Decisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
Si bien el reclamo se formula contra los fallos de ambas instancias, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al proferido el 13 de mayo de 2022 dictado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena, que confirm\u00f3 el del a quo, en tanto que, fue el pronunciamiento que en \u00faltimas defini\u00f3 el debate. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
4. Caso concreto \u2013 la providencia cuestionada. <\/p>\n
Atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos que le sirvieron a la colegiatura convocada para tomar la decisi\u00f3n que se reprocha, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto aqu\u00e9lla no es resultado de un subjetivo criterio que suponga evidente desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de la actora. <\/p>\n
De cara a definir una de las principales censuras, esto es, la comprobaci\u00f3n del acto de donaci\u00f3n y su validez, de 67 reses por parte de Elvira Marriaga (quien posteriormente cediera el contrato a la ac\u00e1 tutelante) a dos de sus nietos, de las 99 que fueron objeto de la negociaci\u00f3n, el tribunal retom\u00f3 el an\u00e1lisis de las declaraciones y lo probado en el juicio. <\/p>\n
De esta forma, al abordar el estudio del testimonio rendido por Elvira Rosa Marriaga Fierro, se\u00f1al\u00f3 que esta, si bien neg\u00f3 haber realizado la donaci\u00f3n alegada, acept\u00f3 haber hecho regalos significativos a sus nietos y apoyos econ\u00f3micos permanentes, frente a lo cual el tribunal coligi\u00f3 que aquello, <\/p>\n
Seguidamente, destac\u00f3 que se incorporaron al plenario pruebas documentales en las que se relacionaban abonos de venta en blanco, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) los que a pesar de esa condici\u00f3n, est\u00e1n firmados por Elvira Marriaga, la depositante, y reposan en poder de Elmer y Efra\u00edn Cure Manotas, lo cual hace presumir que los hace due\u00f1os de las reses que se dice les fueron regaladas; concurre con esta documental el testimonio de Jobita Manotas, quien ratifica esta informaci\u00f3n que sobre este asunto recibi\u00f3 directamente de su madre -Elvira Marriaga-, que fue como para el 5 de junio de 2015, en Barranquilla, hecho que fue p\u00fablico y llen\u00f3 de regocijo a la familia. En este mismo sentido se suma el testimonio de Rafael G\u00f3mez, que se enter\u00f3 de los regalos que hizo Elvira a sus nietos Elmer y Efra\u00edn, a quienes orient\u00f3 para garantizar que hubiese pruebas de los mismos, y refiere la gesti\u00f3n que los muchachos han hecho con ese ganado, destinado para el pago de parte de su educaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Del examen probatorio, el tribunal complement\u00f3 que, no se demostr\u00f3 que la depositaria del ganado hubiera impedido el acceso a la finca para su inspecci\u00f3n, ni tampoco que manifestara renuencia para la celebraci\u00f3n de las liquidaciones parciales o rendici\u00f3n de cuentas. <\/p>\n
En tal sentido, aunque la versi\u00f3n de la depositante Elvira Rosa Marriaga Fierro es contraria a lo anterior, dijo la magistratura accionada que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) su declaraci\u00f3n no est\u00e1 en consonancia con los documentos allegados, en donde figura su firma, la que no fue desconocida por ella ni por la demandante -cesionaria-, a lo cual se suma que incurri\u00f3 en contradicciones, como cuando dice no haber regalado las reses a sus nietos, pero figura su firma en los bonos de traspaso, y despu\u00e9s acepta su generosidad con ellos porque confirma otros regalos significativos, como el tractor y otros apoyos econ\u00f3micos para ellos\u00bb. <\/p>\n
Luego, resalt\u00f3 que, no solo no hay prueba del incumplimiento del contrato en ese sentido, es decir, el de impedir la inspecci\u00f3n del ganado, sino que qued\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) claro que la propietaria del ganado dispuso de \u00e9l a trav\u00e9s del regalo que hizo a sus nietos Elmer y Efra\u00edn Cure Manotas, lo cual ocurri\u00f3 en mayo de 2015, como lo confirma Jobita Manotas Marriaga, la que lo escuch\u00f3 de Elvira Marriaga, la donante, adem\u00e1s, afirma que ese acto de generosidad, habitual en ella con sus nietos, fue conocido y celebrado por todos los miembros de la familia. Esta manifestaci\u00f3n fue corroborada por Manuel Francisco L\u00f3pez, Rafael G\u00f3mez, adem\u00e1s de Elmer Cure, el mismo beneficiario, quienes refieren un\u00edvocamente que ese regalo se dio. Ahora, que los testigos est\u00e9n tachados de sospechosos no les resta su valor, sencillamente lleva a que se tomen con reserva y su proceso de auscultaci\u00f3n sea m\u00e1s riguroso, de ah\u00ed que deba cotejarse con las manifestaciones de la cedente Elvira Marriaga, y han de verse las muchas coincidencias en circunstancias anejas a la relaci\u00f3n que \u00e9sta ten\u00eda con sus nietos, no solamente con los hijos de Mar\u00eda Elvira Manotas, sino con todos sus dem\u00e1s nietos, as\u00ed pues, coincidieron en conocer el regalo del tractor, de otras ayudas econ\u00f3micas, y en general, en la buena relaci\u00f3n que ella sosten\u00eda con sus nietos, lo que sumado a las dem\u00e1s pruebas documentales y visto desde la sana cr\u00edtica conduce a la conclusi\u00f3n de que merecen la credibilidad por su grado de verosimilitud que infunden\u00bb. <\/p>\n
Para auscultar el tema de la donaci\u00f3n, que, pese a no ser parte de lo planteado en la demanda (sino que surgi\u00f3 a partir de la fijaci\u00f3n del litigio), para la colegiatura acusada se demostr\u00f3 en el proceso que, \u00ab(\u2026) la depositante les regal\u00f3 las 67 novillas a sus dos nietos, Elmer y Efra\u00edn Cure\u00bb; y en cuanto a la legalidad de dicho acto porque debi\u00f3 presentarse la insinuaci\u00f3n y porque los donatarios eran menores de edad, seg\u00fan lo cuestionado en el recurso, precis\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no es el escenario para disputar o decidir sobre la nulidad de dicho acto, pero es que, adem\u00e1s, y dicho al margen, aun teniendo como v\u00e1lidos los propios argumentos y cuentas de la parte demandante, ha de considerarse que fueron dos donaciones y no una, ya que los semovientes fueron distribuidos entre sus dos nietos por partes iguales, de donde resulta f\u00e1cil deducir que tales actos no superan el l\u00edmite establecido para imponer la insinuaci\u00f3n ante notario. En s\u00edntesis, el ataque no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. <\/p>\n
Ahora, resulta pertinente advertir que el contrato de participaci\u00f3n ganadera celebrado entre Elvira Marriaga como aportante o depositante y Mar\u00eda Elvira Manotas Marriaga como depositaria, aparece cedido en los t\u00e9rminos del art. 1961 del C.C., por la primera en favor de la aqu\u00ed demandante Emelia Matilde Manotas Marriaga (\u2026), respecto de las 99 reses que lo compon\u00edan originalmente, el que noticiado a la depositaria ella acusa recibo y se pronuncia expresamente frente a \u00e9l. <\/p>\n
As\u00ed pues, ha de tenerse en cuenta que el debate original versa sobre 99 reses y sus aumentos, de las que aparecen donadas 67, de ah\u00ed que con este regalo o donaci\u00f3n no se pueda tener por finiquitado el contrato, pues existe un remanente de reses respecto del cual podr\u00eda esperarse alguna rendici\u00f3n de cuentas, para lo cual tendr\u00eda que haberse procedido en los t\u00e9rminos del contrato. Significa lo anterior, que, para efectos de definir el incumplimiento del contrato, la donaci\u00f3n no tiene incidencia sustancial. En consecuencia, se concluye que no hubo incumplimiento de la demandada del clausulado contractual, lo cual impide la prosperidad de las pretensiones de la demandante\u00bb. <\/p>\n
Visto lo anterior, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no se evidencia desfasada o caprichosa, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
En todo caso, resulta improcedente la intervenci\u00f3n del juez de tutela cuando el prop\u00f3sito que se revela de la accionante es el de recurrir a esta v\u00eda para anteponer al fallador cuestionado una espec\u00edfica interpretaci\u00f3n o enfoque del contexto f\u00e1ctico-jur\u00eddico puesto en conocimiento o de la normativa aplicable. En tal sentido, se ha indicado: <\/p>\n
\u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n (\u2026) m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, CSJ STC10726-2015, STC1496-2016). <\/p>\n
Ahora, el hecho de que la precursora del auxilio disienta de la postura que ataca no necesariamente abre camino a la prosperidad del reclamo constitucional; no es suficiente el simple disenso, sino que es necesario que la decisi\u00f3n est\u00e9 afectada por defectos superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en este evento. En lo concerniente, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
Y, sobre la pretensi\u00f3n de hacer prevalecer un determinado raciocinio probatorio a efectos de que coincida con el de las partes, la Sala en precedencia ha indicado: <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, en STC3479-2015, STC-9611-2015, y, STC4546-2016, 13 ab. rad, 00770-00). <\/p>\n
De manera que, esta particular justicia s\u00f3lo intervendr\u00eda en esa esfera, cuando, eventualmente, el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea notorio, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la disposici\u00f3n, lo que aqu\u00ed no se present\u00f3. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La decisi\u00f3n atacada no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda; adem\u00e1s, porque lo pretendido por la accionante es anteponer su propio criterio al del tribunal tutelado en el asunto puesto a su consideraci\u00f3n, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA la tutela de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo ac\u00e1 resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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