STC15800-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15800-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2022-02089-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 5 de octubre de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Inversiones Agroind Caycedo y Arias SAS contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, que dice vulnerado por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se ordene al estrado accionado \u00aboficie y realice la entrega del bien inmueble embargado\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Inversiones Osda Mu\u00f1oz G\u00f3mez adelant\u00f3 un juicio ejecutivo contra Agroind Caycedo y Arias, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2.2. Mediante auto de 2 de septiembre de 2022 se termin\u00f3 el proceso por pago de la obligaci\u00f3n; el 15 de septiembre se remitieron oficios a la Dian; y el 28 de septiembre siguiente se libr\u00f3 telegrama a la secuestre para que rindiera cuentas de la gesti\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 la gestora que el bien secuestrado era un centro comercial con m\u00e1s de 50 locales y con ingresos superiores a los 40 millones de pesos; y que se design\u00f3 como secuestre a Argenida Isabel Pacheco Cantero, representante legal de Administraciones Ricaher SAS. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que con la finalidad de terminar el juicio, se lleg\u00f3 a un acuerdo de pago de la obligaci\u00f3n reclamada, por lo que el 2 de septiembre de 2022 se decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por pago total de la obligaci\u00f3n, se dispuso el levantamiento de las medidas cautelares y la entrega del bien. <\/p>\n
2.5. Adujo que su apoderado le inform\u00f3 a la secuestre dicha decisi\u00f3n, pero esta le indic\u00f3 que realizar\u00eda la entrega \u00fanicamente cuando recibiera el oficio del juzgado; y que no se hab\u00eda remitido el aludido documento, afectando sus intereses econ\u00f3micos y generando zozobra en los arrendadores se hab\u00edan quejado verbalmente de los abusos del secuestre. <\/p>\n
2.6. Sostuvo que se ignoraba la realidad, pues el proceso finaliz\u00f3, siendo urgente recibir el bien para percibir ingresos y pagar las obligaciones pendientes; y que se argumentaba la demora en la congesti\u00f3n judicial. <\/p>\n
2.7. Refiri\u00f3 que era extra\u00f1o que se hubiere remitido oficio de desembargo a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos, el que se puso a disposici\u00f3n de la Dian, generando otra traba, pues no se ofici\u00f3 para verificar el estado de las obligaciones tributarias. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que en virtud del auto de 2 de septiembre de 2022, con el que se termin\u00f3 el proceso por pago total de la obligaci\u00f3n, se libraron los respectivos oficios, los que se remitieron a la Dian el 15 de septiembre siguiente; y que no hab\u00eda conculcado derecho fundamental alguno. <\/p>\n
2. La Coordinadora de la Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas y refiri\u00f3 que no hab\u00eda vulnerado ning\u00fan derecho fundamental, por lo que deprecaba su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
3. La Direcci\u00f3n Seccional de Impuestos de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que el expediente del contribuyente Inversiones Agroind Caycedo y Arias se encontraba a cargo de la Administraci\u00f3n de Cobro y el oficio del estrado acusado se estaba asignado a ese GIT. <\/p>\n
4. Administraciones Ricaher SAS, secuestre dentro del proceso criticado, sostuvo que para cumplir con la materializaci\u00f3n de la entrega se deb\u00edan cumplir unas etapas; que en el transcurso del a\u00f1o se presentaron diferentes irregularidades; que no era cierta la supuesta zozobra de los arrendatarios, ni que no se pusiera en conocimiento el estado jur\u00eddico del bien; y que algunos arrendatarios deb\u00edan c\u00e1nones y hab\u00edan acudido a la justicia con miras a no cancelar su obligaci\u00f3n. <\/p>\n
5. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que si bien el proceso se termin\u00f3 por pago, se orden\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares y se indic\u00f3 que en caso de existir remanentes, lo desembargado deber\u00eda dejarse a disposici\u00f3n del juzgado o entidad correspondiente, lo cierto era que la no remisi\u00f3n del oficio dirigido al secuestre para la entrega del inmueble obedec\u00eda a la prelaci\u00f3n del cr\u00e9dito a favor de la Dian de la que se tom\u00f3 nota el 6 de octubre de 2016, en atenci\u00f3n a que esta entidad report\u00f3 que la ejecutada le adeudaba el impuesto sobre la renta para la equidad CRE de los a\u00f1os 2013 y 2015; que los oficios que cancelaban las medidas dirigidos a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos y al secuestre, se remitieron a la Dian el 15 de septiembre de 2022 para lo de su cargo; y que la tutela no pod\u00eda utilizada para evadir procedimientos previstos en la ley o en las normas que regulaban la materia -en el caso realizar las gestiones ante la entidad encargada del recaudo-. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n aduciendo que no se tuvieron en cuenta los memoriales que remiti\u00f3 precisando los hechos por los que se vulneraba el derecho fundamental invocado; que el Tribunal no advirti\u00f3 que el estrado convocado remiti\u00f3 telegrama al secuestre para que rindiera cuentas de su gesti\u00f3n, sin explicar las razones por las que no comunic\u00f3 la entrega; que la Dian no se encontraba solicitando el bien embargado, por lo que se deb\u00eda disponer su entrega inmediata; que no se debi\u00f3 tener en cuenta la comunicaci\u00f3n del 2016, por lo que no hab\u00eda prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos; que no pretend\u00eda evadir procedimientos legales; y que le daban un castigo simb\u00f3lico al negarle la protecci\u00f3n pretendida. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Con base en tales premisas, se concluye la improcedencia del resguardo, como quiera que no se observa que la sociedad promotora hubiere acudido ante la autoridad competente con miras a solicitar la entrega del bien, destacando que le corresponde hacerlo ante la Dian, entidad a la que se le dej\u00f3 a disposici\u00f3n el bien inmueble objeto del juicio ejecutivo por la prelaci\u00f3n del cr\u00e9dito de la que se tom\u00f3 nota, en virtud de la comunicaci\u00f3n de esa entidad del 26 de septiembre de 2016 sobre la deuda de unos impuestos, sin que sea procedente atender dichas aspiraciones a trav\u00e9s de esta tutela, debido a su car\u00e1cter residual y subsidiario. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como insistentemente lo ha dicho la Corte, la anterior situaci\u00f3n enmarca la tutela en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, donde se determina que a este especial\u00edsimo mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para usurpar las funciones que la ley tiene asignadas a determinadas autoridades jurisdiccionales. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u2026este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01; reiterada en STC4196, 7 abr. 2016, rad. 2015-02843-02; y STC13040-2016, 15 sep., rad. 68-2016-00507-01). <\/p>\n
3. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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