STC15803-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC15803-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Ricardo Antonio Garv\u00edn Berm\u00fadez contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos al debido proceso, \u00abacceso real y efectivo a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por la sede judicial accionada al dictar sentencia en el juicio declarativo que instaur\u00f3. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, dejar \u00absin valor y efecto la sentencia de segunda instancia de\u2026 28 de octubre de 2022\u00bb, y ordenar a la Colegiatura accionada \u00abrealizar un pronunciamiento expreso[,] acorde con las pruebas presentadas y debatidas en audiencias de los art\u00edculos 372 y 373 del C.G.P\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n de este caso: <\/p>\n
2.1. Narr\u00f3 el actor que el 7 de diciembre de 2017, como promitente comprador, ajust\u00f3 promesa de compraventa con Jorge Milc\u00edades Lizarazo Ram\u00edrez, como promitente vendedor, respecto de tres inmuebles (apartamento, dep\u00f3sito y garaje), en la que se fij\u00f3, como precio, la suma de $309.500.000, y el d\u00eda 28 siguiente, como fecha para la firma de la respectiva escritura p\u00fablica. <\/p>\n
2.2. Afirm\u00f3 que pag\u00f3 oportunamente el precio y llegada tal data su antagonista s\u00f3lo le transfiri\u00f3 el apartamento y el dep\u00f3sito, por cuanto, para ese d\u00eda, sobre el parqueadero reca\u00eda una cautela que lo ten\u00eda fuera del comercio. <\/p>\n
2.3. Ante esa situaci\u00f3n, sumado a que, adujo, los otros dos inmuebles no le fueron materialmente entregados, formul\u00f3 juicio de resoluci\u00f3n de contrato contra su vendedor, quien lo reconvino aduciendo su incumplimiento. <\/p>\n
2.4. Surtidas las etapas de rigor, el 11 de marzo de 2022 el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 dict\u00f3 sentencia, en la cual desestim\u00f3 \u00ablas pretensiones de la demanda inicial\u00bb; hall\u00f3 infundada \u00abla excepci\u00f3n denominada \u201cINEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROMITENTE COMPRADOR\u201d, propuesta por el demandado en reconvenci\u00f3n\u00bb; declar\u00f3 que el accionante \u00abincumpli\u00f3 el contrato de promesa de compraventa, respecto del garaje\u2026, y el contrato de compraventa contenido en la Escritura P\u00fablica No. 4.710 del 28 de diciembre de 2017 de la Notar\u00eda 44 de Bogot\u00e1\u00bb; y en consecuencia, lo conden\u00f3 a pagar $60.000.000 a su contraparte, por la cl\u00e1usula penal pactada. <\/p>\n
2.5. Ese veredicto, previa acci\u00f3n de tutela (CSJ STC11185-2022, 25 ag., rad. 2022-02747-00), el pasado 28 de octubre, lo confirm\u00f3 el Tribunal convocado al concluir, en esencia, que aunque se acredit\u00f3 el pago del precio por parte del promitente comprador, lo cierto es que tambi\u00e9n se demostr\u00f3 que a \u00e9ste se entregaron el apartamento y el dep\u00f3sito, y que \u00e9l incumpli\u00f3 el contrato porque no se acredit\u00f3 la \u00abdeshonra atribuida al intimado, relacionada con que no levant\u00f3 la escritura de enajenaci\u00f3n del parqueadero\u2026, pues pese a que no se arrim\u00f3 la minuta contentiva de tal negocio, lo cierto es que las facturas FES-61504 y FES-61505 del 9 de marzo de 2018, expedidas por la Notar\u00eda 44 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, respaldan que Jorge Milc\u00edades Lizarazo Ram\u00edrez sufrag\u00f3 los gastos de protocolizaci\u00f3n de una venta a favor de Ricardo Garv\u00edn Berm\u00fadez\u00bb, con posterioridad a la fecha pactada en la promesa, con la anuencia del reclamante. <\/p>\n
2.6. En sede de tutela, el actor critic\u00f3, en concreto, que el Tribunal convocado incurri\u00f3 en defectos f\u00e1ctico y de violaci\u00f3n directa de constituci\u00f3n porque, dejando de lado el estudio riguroso del material suasorio, parti\u00f3 de \u00abindicios infundados\u00bb, comoquiera que, en lo medular, dio por sentada la entrega del apartamento y del dep\u00f3sito con apoyo en el interrogatorio de parte de su antagonista y el testimonio de Katy Mosquera, a pesar de su evidente contradicci\u00f3n en cuanto a los supuestos de tiempo, modo y lugar en que ello ocurri\u00f3; as\u00ed mismo, le otorg\u00f3 un valor probatorio que no ten\u00eda \u00aba un papel (factura) para respaldar el indicio de un inexistente traspaso del garaje, el cual a la fecha NO SE HA TITULADO a [su] favor[,] ni tampoco\u2026 le orden\u00f3 al Demandado\u2026 cumplir dicha obligaci\u00f3n\u00bb, la que no se satisfizo en la fecha establecida para la escrituraci\u00f3n (28 de diciembre de 2017) ni en la data fijada para su entrega real y material (4 de enero de 2018). <\/p>\n
Enfatiz\u00f3 que el sentenciador acusado dej\u00f3 de pronunciarse \u00absobre la entrega f\u00edsica de los bienes legalmente adquiridos\u2026 e ignor[\u00f3] el traspaso del garaje, y como consecuencia\u2026[,] [lo] expropia del garaje\u00bb que ciertamente pag\u00f3. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que en su sentencia consign\u00f3 \u00ablos criterios jur\u00eddicos tenidos en cuenta para resolver\u00bb, a los cuales dijo acogerse \u00abcon miras a que se analicen en la determinaci\u00f3n a adoptar\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de la capital de la Rep\u00fablica histori\u00f3 algunas de las actuaciones surtidas en el juicio reprochado e indic\u00f3 que deb\u00eda denegarse la salvaguarda al no evidenciarse \u00abalg\u00fan tipo de vulneraci\u00f3n o amenaza a los derechos fundamentales del accionante\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Por ese sendero, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u2019 (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr.). <\/p>\n
Por ende, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos, o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. Del escrito de tutela extracta la Sala que el reclamante cuestiona, en s\u00edntesis, la que, aduce, deficiente valoraci\u00f3n probatoria efectuada por el Tribunal convocado para confirmar la sentencia que desech\u00f3 su demanda de resoluci\u00f3n de la promesa de compraventa que ajust\u00f3 con su antagonista, lo declar\u00f3 contratante incumplido al desatar el libelo de reconvenci\u00f3n y lo conden\u00f3 a pagar a favor de su antagonista la cl\u00e1usula penal pactada. <\/p>\n
Con base en tales premisas, concluye la Corte que el resguardo de que se trata est\u00e1 llamado a prosperar, por las razones que se pasa a explicar: <\/p>\n
3.1. De entrada, se muestra necesario recordar que el contrato de promesa surtir\u00e1 efectos cuando satisfaga los presupuestos contemplados en el canon 1611 del C\u00f3digo Civil, a saber: que \u00abconste por escrito\u00bb, que el pacto a que \u00abse refiere no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces por no concurrir los requisitos que establece el art\u00edculo 1511 <sic 1502>\u00bb ib\u00eddem, que \u00abcontenga un plazo o condici\u00f3n que fije la \u00e9poca en que ha de celebrarse el contrato\u00bb y que \u00abse determine de tal suerte el contrato, que para perfeccionarlo solo falte la tradici\u00f3n de la cosa o las formalidades legales\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, precisamente con apoyo en lo anterior, reiteradamente se ha indicado que la exigencia de que el contrato prometido deba constar por escrito, se extiende a las modificaciones y\/o adiciones que a \u00e9l pretendan hacerse, de donde las mismas no surten ninguno efecto en caso de ser verbales, aunque cuenten con la aquiescencia de todos los contratantes, dado que al estar desprovistas de aquella formalidad no producen obligaci\u00f3n alguna, en los t\u00e9rminos del precepto normativo referido a espacio. Al respecto, esta Corte ha dejado dicho: <\/p>\n
\u2026modificaciones a lo pactado\u2026, a partir de la declaraci\u00f3n de parte del actor\u2026[,] no tendr\u00edan cabida aun si la contraparte las hubiera tambi\u00e9n admitido, en la medida en que para poder realizar de ese modo verbal la reforma, como se insiste en que ocurri\u00f3, debi\u00f3 antes enmendarse con ajuste a la misma la cl\u00e1usula en comentario, que respecto del caso que nos ocupa no s\u00f3lo fija una exigencia de tipo legal -que conste por escrito- sino que establece un t\u00e9rmino dentro el cual dicha modificaci\u00f3n debe ser adoptada. <\/p>\n
Al margen de esta limitaci\u00f3n convencional, cuya derogaci\u00f3n consensual por las partes (a partir de la modificaci\u00f3n que hagan expresa o t\u00e1citamente, pero asimismo en forma verbal, de alguna otra de las cl\u00e1usulas) puede -al menos te\u00f3ricamente- dar origen a pol\u00e9micas sobre su eficacia en un contexto diferente, lo que s\u00ed no se remite a duda es el hecho de que la exigencia legal de que el contrato de promesa conste por escrito (numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 89 de la ley 153 de 1887), genera en este pacto meramente preparatorio consecuencias referidas principalmente a que las modificaciones o adiciones deban constar asimismo por ese medio. Es lo que, por lo dem\u00e1s, ha pregonado la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n al se\u00f1alar que <\/p>\n
\u201ccomo quiera que por ser la promesa de contratar un convenio solemne, no solamente sus cl\u00e1usulas primigenias sino tambi\u00e9n sus adiciones o modificaciones deben constar por escrito, pues como repetidamente lo ha dicho la Corte la formalidad del escrito es un requisito unido a la existencia misma del contrato y no simplemente condici\u00f3n ad probationem, raz\u00f3n por la cual son inadmisibles, para demostrarlas, otros elementos de convicci\u00f3n distintos a la forma escrita, incluida la confesi\u00f3n de los mismos contratantes\u201d (Cas. Civ. del 25 de febrero de 1991). <\/p>\n
Y en el mismo sentido, m\u00e1s recientemente puntualiz\u00f3: <\/p>\n
La solemnidad a la que por mandato de la ley est\u00e1 sometida la promesa, hace que cualquier otro medio de convicci\u00f3n que se exhiba para acreditar su existencia, su modificaci\u00f3n o adici\u00f3n, resulte ineficaz para tales prop\u00f3sitos, pues se est\u00e1 ante un modo tarifario y espec\u00edfico de la prueba (CSJ SC 081 2000 del 23 de junio de 2000, rad. C-5295) (se destac\u00f3 – CSJ SC17214-2014, 16 dic., rad. 2004-00457-01). <\/p>\n
En el mismo sentido, en pasada ocasi\u00f3n, esta Corporaci\u00f3n tambi\u00e9n expuso: <\/p>\n
\u2026de manera invariable, la doctrina de la Corte ha ense\u00f1ado que \u201clos caracteres que en nuestro derecho tiene la promesa de contratar, constitutiva en s\u00ed misma de una convenci\u00f3n, le dan la naturaleza de contrato solemne porque para su perfeccionamiento y validez se requieren condiciones especiales sin cuya concurrencia no produce obligaci\u00f3n alguna, entre las cuales la primera es la exigencia de que conste por escrito…. En el caso del art\u00edculo 89 (de la ley 153 de 1887) la forma escrita de la promesa de contratar se exige ad substantiam actus, como requisito esencial para la validez del contrato, que junto con las dem\u00e1s condiciones requeridas, integra el conjunto de formalidades especiales, sin los cuales no produce ning\u00fan efecto civil, como est\u00e1 dicho en el art\u00edculo 1500 del C.C. al definir el contrato solemne\u2026\u201d <\/p>\n
\u201cPor ello esta Corporaci\u00f3n ha reiterado que la inadmisibilidad de prueba distinta para demostrar\u201d la promesa de celebrar un contrato se funda en que la forma escrita que la ley ha establecido para el caso constituye una solemnidad, esto es, un requisito esencial insustituible en que se confunden la condici\u00f3n de validez y el medio de prueba, raz\u00f3n por la cual la prueba distinta de la documental, para estos efectos es prueba legalmente ineficaz y carente totalmente de valor\u201d (Cas. civ. del 18 de agto. de 1989, sin publ.). <\/p>\n
De lo acabado de exponer se sigue, recta v\u00eda, que, aun cuando se admitiera que con apoyo en la confesi\u00f3n ficta es inferible la existencia del pacto verbal cuyo objetivo resid\u00eda en la posposici\u00f3n de la fecha en la cual deb\u00eda correrse la escritura p\u00fablica contentiva del contrato prometido, no por tal circunstancia la conducta omisiva de la demandante en la fecha del otorgamiento de la escritura p\u00fablica, merecer\u00eda ser exculpada a la luz de la ley y del contrato (se resalt\u00f3 – CSJ SC, 18 nov. 1991). <\/p>\n
De otra parte, en lo tocante con la p\u00e9rdida de vigencia de la promesa ante la celebraci\u00f3n del contrato prometido, ha sido postura pac\u00edfica que ello s\u00f3lo se consolidar\u00e1 en la medida en que \u00abexista perfecta coincidencia entre ambos negocios jur\u00eddicos\u00bb, en tanto que, de lo contrario, \u00abla disposici\u00f3n primigenia subsistir\u00e1\u00bb. As\u00ed, con apoyo en algunos de tantos precedentes sobre la materia (CSJ SC, 28 jul. 1998, rad. 4810; y CSJ SC, 16 dic. 2013, rad. 1997-04959-01), lo ha sostenido esta Sala: <\/p>\n
\u2026el efecto \u2018extintivo\u2019 que conlleva frente a los pactos del precontrato el surgimiento del convenio final, no puede, ni debe, ser absoluto. Por el contrario, para responder el cuestionamiento propuesto resulta imperativo identificar, previamente, si existe perfecta coincidencia entre ambos negocios jur\u00eddicos (es decir, si en el contrato prometido se vertieron, sin reformas, las condiciones se\u00f1aladas en la promesa), o si se presentan divergencias en sus contenidos. <\/p>\n
En la primera hip\u00f3tesis, resulta innegable la improcedencia (y futilidad) de hacer pervivir una negociaci\u00f3n que, como se ha se\u00f1alado insistentemente\u2026, corresponde a una expresi\u00f3n temporal de voluntad de las partes, orientada \u2013precisamente- a ser sustituida con el otorgamiento del contrato prometido. En el segundo evento, a su turno, ser\u00e1 necesario identificar si los puntos divergentes fueron, o no, objeto de una novedosa regulaci\u00f3n en el contrato definitivo. <\/p>\n
Ciertamente, si en la promesa se prev\u00e9 que alguno de los elementos del contrato prometido adoptar\u00e1 una determinada forma, y luego en este resulta regulado de manera distinta, es ineludible entender -al menos en l\u00ednea de principio- que lo manifestado en el negocio jur\u00eddico final recoge la contundente, irrebatible y definitiva voluntad de los contratantes, sustituyendo as\u00ed su querer inicial, expresado en la promesa; lo anterior precisamente por la naturaleza meramente preparatoria y funci\u00f3n jur\u00eddico-econ\u00f3mica del precontrato, que no es otra que allanar el camino para la celebraci\u00f3n de un convenio posterior. <\/p>\n
En cambio, si las partes guardan silencio en el segundo contrato (el definitivo) frente a alg\u00fan punto sistematizado en el primero (el preliminar), la disposici\u00f3n primigenia subsistir\u00e1, siempre y cuando re\u00fana los requisitos que exige el ordenamiento para la validez y eficacia de la totalidad de las convenciones entre particulares. En s\u00edntesis, <\/p>\n
\u00ab(…) como las voluntades de los contratantes se pusieron de acuerdo sobre lo que es objeto del contrato preparatorio, este los obliga como cualquier contrato. Sin embargo, las partes solo est\u00e1n obligadas porque se pusieron de acuerdo en cuanto a la preparaci\u00f3n de un contrato que normalmente surge despu\u00e9s y como consecuencia del contrato preparatorio. Necesariamente llegar\u00e1 un momento en que el contrato preparatorio se transformar\u00e1 en contrato definitivo, o en que el segundo remplace al primero, o en que tenga que comprobarse la imposibilidad de concluir el contrato definitivo, la que implica la extinci\u00f3n del precontrato que no lleg\u00f3 a su fin. Lo que s\u00ed es cierto es que el contrato definitivo solo existir\u00e1 desde la fecha en que reemplazar\u00e1 al contrato preparatorio (…). [E]l precontrato no tiene por objeto suspender la existencia de un contrato cuyos elementos existen en su totalidad; se trata de un acuerdo que prepara el contrato definitivo, el cual no existe todav\u00eda porque faltan uno o varios elementos para que se considere como perfecto, esto es, para que pueda producir sus efectos. En otras palabras, el precontrato retarda la conclusi\u00f3n definitiva del contrato\u00bb1 (se destac\u00f3 – CSJ SC2221-2020, 13 jul., rad. 2016-00192-01). <\/p>\n
3.2. Ya de cara al caso concreto, se tiene que en la promesa de compraventa cuya resoluci\u00f3n deprec\u00f3 el accionante, en lo que aqu\u00ed interesa, por escrito, el 7 de diciembre de 2017, \u00e9l -como promitente comprador- y su demandado -como promitente vendedor- acordaron la futura transferencia de tres (3) inmuebles, a saber: un apartamento, un dep\u00f3sito y un garaje; establecieron como su precio total la suma de $309.500.000; y fijaron \u00abel jueves veintiocho (28) de diciembre de dos mil diecisiete (2017) a las 11:00 AM\u00bb, en la Notar\u00eda 44 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, para otorgar \u00ab[l]a escritura destinada a cumplir y perfeccionar [e]ste contrato de promesa de compraventa\u00bb. <\/p>\n
De igual manera, al plenario se ados\u00f3 la escritura p\u00fablica Nro. 4.710, que en esa \u00faltima fecha otorgaron ante el mentado fedatario, pero a trav\u00e9s de la misma s\u00f3lo se transfirieron el apartamento y el dep\u00f3sito, mas no el parqueadero. <\/p>\n
3.3. Efectuadas esas precisiones, se procede a auscultar la sentencia emitida por el Tribunal convocado el 28 de octubre de 2022, empresa en la cual se observa que, tras exponer algunas generalidades en torno a los contratos y la condici\u00f3n resolutoria atada a los de naturaleza bilateral, encontr\u00f3, al igual que el a-quo, que aunque en la escritura p\u00fablica referida a espacio se consign\u00f3 como precio un valor distinto e inferior al rese\u00f1ado en la promesa, lo cierto era que el demandado confes\u00f3 que su antagonista \u00absufrag\u00f3 la totalidad del valor convenido, lo cual tambi\u00e9n refrendan las documentales adosadas\u00bb, por lo que, categ\u00f3ricamente, anot\u00f3: <\/p>\n
De esos elementos de juicio emerge la legitimidad de Ricardo Garv\u00edn para deprecar la resoluci\u00f3n de la referida alianza preparatoria, si en cuenta se tiene que cumpli\u00f3 con las obligaciones que a \u00e9l le ata\u00f1\u00eda ejecutar de manera previa a la entrega de los inmuebles, -deber prestacional que se aduce desatendido por el vendedor-, ya que sufrag\u00f3 el costo total de las heredades y concurri\u00f3 a la notar\u00eda a suscribir la escritura de compraventa de algunas de ellas. <\/p>\n
Sin embargo, luego, concluy\u00f3 que era inviable tener al demandado como contratante incumplido porque, tras una serie de inferencias, consider\u00f3 que \u00e9ste s\u00ed entreg\u00f3 los inmuebles al actor; y de cara a la aducida falta de transferencia del parqueadero, hall\u00f3 excusado el proceder de aqu\u00e9l, por las siguientes razones: <\/p>\n
\u2026en lo ata\u00f1edero a la segunda deshonra atribuida al intimado, relacionada con que no levant\u00f3 la escritura de enajenaci\u00f3n del parqueadero, tampoco halla demostraci\u00f3n, pues pese a que no se arrim\u00f3 la minuta contentiva de tal negocio, lo cierto es que las facturas FES-61504 y FES-61505 del 9 de marzo de 2018, expedidas por la Notar\u00eda 44 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, respaldan que Jorge Milc\u00edades Lizarazo Ram\u00edrez sufrag\u00f3 los gastos de protocolizaci\u00f3n de una venta a favor de Ricardo Garv\u00edn Berm\u00fadez. <\/p>\n
Entonces, probado como est\u00e1 que el \u00fanico v\u00ednculo pendiente de consolidarse entre los antes mencionados es la transferencia del parqueadero 140 del Conjunto Residencial Portobello P.H. y no otro, es plausible colegir, al amparo de los previsto en el art\u00edculo 165 ejusdem, que aquellos tr\u00e1mites los adelant\u00f3 el se\u00f1or Lizarazo para llevar a cabo la aludida enajenaci\u00f3n, m\u00e1xime cuando ello se hizo casi un par de meses despu\u00e9s que el IDU solucion\u00f3 la situaci\u00f3n administrativa que ten\u00eda dicho bien el 16 de enero de 201836, la cual, seg\u00fan lo admitieron las partes impidi\u00f3 efectuar la venta en la fecha pactada. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es evidente que con ese proceder el se\u00f1or Jorge Milc\u00edades Lizarazo busc\u00f3 darle continuidad al negocio, ejecutando el compromiso negocial a su cargo pendiente. En estas circunstancias, por ende, tambi\u00e9n es inviable atribuirle una inobservancia de las obligaciones que le conciernen, si en cuenta se tiene que el acto pendiente para que el instrumento p\u00fablico naciera a la vida jur\u00eddica, era la suscripci\u00f3n del mismo por parte del promitente comprador, suceso que escapa de su \u00f3rbita obligacional. <\/p>\n
Con apoyo en ello, a continuaci\u00f3n, sostuvo que \u00abal convocado en el libelo principal no puede endilg\u00e1rsele la condici\u00f3n de contratante incumplido, dado que protocoliz\u00f3 la venta de la vivienda, el dep\u00f3sito y satisfizo su entrega\u2026 Aunado, unos meses despu\u00e9s\u2026 procur\u00f3 la ejecuci\u00f3n del negocio al asumir el costo de los gastos notariales para protocolizaci\u00f3n de la escritura de enajenaci\u00f3n del garaje, lo que denota su intenci\u00f3n de no abandonar la alianza, sino de proseguir con ella\u00bb; por lo que deven\u00eda \u00abimprocedente la resoluci\u00f3n, habida consideraci\u00f3n que Jorge Milc\u00edades Lizarazo acat\u00f3 el d\u00e9bito correspondiente a entregar y transferir tanto el apartamento como el dep\u00f3sito, se avino a honrar el deber de enajenar el parqueadero con posterioridad, en lo cual consinti\u00f3 el promitente comprador, pues de lo contrario no hubiera admitido, en la fecha concertada, solo el traspaso de la morada y el dep\u00f3sito\u00bb (se resalt\u00f3). <\/p>\n
Por ese sendero, consign\u00f3 no estar \u00abfrente a un caso de deshonra de compromisos por parte del demandado en la acci\u00f3n resolutoria, ni en un evento de desacato reciproco y simult\u00e1neo de todas las partes para examinar la pretensi\u00f3n en tal escenario, pues pese a las mutuas inobservancias negociales que se endilgan los extremos del litigio, en verdad, uno de ellos -el promitente vendedor- hizo lo propio para finiquitar la relaci\u00f3n con el acatamiento del compromiso contractual que le concern\u00eda\u00bb (de destac\u00f3). <\/p>\n
3.4. Ahora, basta volver sobre los fragmentos transcritos respecto de la providencia del Tribunal criticado para, tras contrastarlos con las premisas normativas y jurisprudenciales rese\u00f1adas con antelaci\u00f3n, avistar que incurri\u00f3 en el defecto probatorio enrostrado, comoquiera que, al margen de las otras alegaciones del accionante y las consideraciones de esa Corporaci\u00f3n frente al particular, lo cierto es que al primero le asiste raz\u00f3n en punto al errado alcance que el \u00faltimo dio a las versiones de las partes y a las facturas emitidas por la Notar\u00eda el 9 de marzo de 2018, para dar por sentado que ellos convinieron que la transferencia del parqueadero se diera con posterioridad a la fecha pactada en la promesa de compraventa, misma que no perdi\u00f3 vigencia en tanto que el otorgamiento de la escritura p\u00fablica respecto del apartamento y el dep\u00f3sito no implic\u00f3 la satisfacci\u00f3n plena del contrato prometido. <\/p>\n
En otras palabras, en el caso concreto lo pactado en la promesa de compraventa subsisti\u00f3 a pesar del otorgamiento del referido instrumento p\u00fablico, al no existir \u00abperfecta coincidencia entre ambos negocios jur\u00eddicos\u00bb, porque mientras que en la primera se acord\u00f3 la futura transferencia de tres (3) inmuebles, en el segundo, al celebrar el contrato prometido, s\u00f3lo se materializ\u00f3 el traspaso de dos (2); lo que facult\u00f3 al actor para demandar su resoluci\u00f3n, m\u00e1xime cuando fue tema pac\u00edfico la satisfacci\u00f3n de sus obligaciones contractuales, en cuanto al pago del precio total fijado en el convenio preparatorio y la comparecencia a la Notar\u00eda en la fecha y hora acordadas. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, lo cierto es que, acorde con lo sostenido jurisprudencialmente, cualquier modificaci\u00f3n al contrato de promesa debi\u00f3 satisfacer los presupuestos establecidos en el art\u00edculo 1611 del C\u00f3digo Civil, especialmente, el referente a constar por escrito, y como en el caso de marras no se efectu\u00f3 estipulaci\u00f3n de tal tipo respecto al supuesto acuerdo en torno a la variaci\u00f3n de la fecha para el traspaso del parqueadero, lo cierto es que el incumplimiento de la parte vendedora no fue desvirtuado, al contrario, qued\u00f3 claramente evidenciado que tal acto no se produjo en la data pactada para la escrituraci\u00f3n, de donde result\u00f3 desacertado concluir que el accionante fue quien deshonr\u00f3 el contrato preparatorio. <\/p>\n
De esta manera, es claro que, ante la falta de acreditaci\u00f3n de modificaci\u00f3n o adici\u00f3n v\u00e1lida -por escrito- del contrato de promesa, el an\u00e1lisis del cumplimiento de las obligaciones de las partes debi\u00f3 restringirse a las estipulaciones contenidas en \u00e9sta, mismas que, por dem\u00e1s, ambos juzgadores hallaron satisfechas por parte del promitente comprador. <\/p>\n
3.5. En ese orden, atendiendo a tales circunstancias, es incuestionable que el ad-quem accionado, al dictar su decisi\u00f3n, incurri\u00f3 en patente defecto f\u00e1ctico, con alcance sustancial, al erradamente dar por acreditada la modificaci\u00f3n de los t\u00e9rminos de la promesa sin prueba alguna de su estipulaci\u00f3n por escrito, como lo impon\u00eda el art\u00edculo 1611 del C\u00f3digo Civil, en concordancia con los pronunciamientos jurisprudenciales examinados, \u00faltimos que de manera categ\u00f3rica descartan la validez de su pacto verbal, al margen de la supuesta anuencia de los contratantes al respecto. <\/p>\n
En punto a la procedencia del resguardo en trat\u00e1ndose de falencias en la apreciaci\u00f3n probatoria se tiene que: <\/p>\n
\u2026ha explicado la Sala que \u201c[u]no de los supuestos que estructura aquella [v\u00eda de hecho] es el defecto f\u00e1ctico, en el que incurre el juzgador cuando sin raz\u00f3n justificada niega el decreto o la pr\u00e1ctica de una prueba, omite su valoraci\u00f3n o la hace en forma incompleta o distorsionando su contenido objetivo; incluso, cuando olvida apreciar el material probativo en conjunto o le confiere m\u00e9rito probativo a un elemento de juicio que fue indebidamente recaudado. Esto, porque si bien los jueces tienen un amplio margen para valorar el acervo probatorio en el cual deben fundar su decisi\u00f3n y formar libremente su convicci\u00f3n, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [hoy 176 del C\u00f3digo General del Proceso]), tambi\u00e9n es cierto que jam\u00e1s pueden ejercer dicho poder de manera arbitraria, irracional o caprichosa. Y es que la ponderaci\u00f3n de los medios de persuasi\u00f3n implica la adopci\u00f3n de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el fallador; racionales, es decir, que sopesen la magnitud y el impacto de cada elemento de juicio; y riguroso, esto es, que materialicen la funci\u00f3n de administraci\u00f3n de justicia que se le encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente incorporadas al proceso\u201d (se destac\u00f3 – CSJ STC, 10 oct. 2012, rad. 2012-02231-00; reiterada en STC, 7 mar. 2013, rad. 2012-00522-01; y STC, 9 dic. 2014, rad. 2014-00210-01). <\/p>\n
4. La anotada contingencia, sin duda, comprometi\u00f3 la garant\u00eda fundamental al debido proceso del actor, lo que impone conceder el resguardo y ordenar al despacho acusado que, tras dejar sin efecto la providencia censurada, proceda a dictar una de remplazo, en la que observe los razonamientos aqu\u00ed vertidos, en especial, los relacionados con la vigencia de la promesa de compraventa y la ausencia de acreditaci\u00f3n de modificaci\u00f3n v\u00e1lida alguna de la misma. <\/p>\n
Finalmente, como lo concluido trae consigo la necesaria variaci\u00f3n del veredicto de la autoridad recriminada, por sustracci\u00f3n de materia, resulta inviable que la Corte se ocupe de los restantes cuestionamientos del reclamante. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, concede el amparo al derecho al debido proceso del accionante Ricardo Antonio Garv\u00edn Berm\u00fadez, por la incursi\u00f3n en defecto f\u00e1ctico por parte de la autoridad judicial acusada. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero. Ordenar a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 que, dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes al recibo del expediente contentivo del juicio fustigado, tras dejar sin valor ni efecto la sentencia que profiri\u00f3 el 28 de octubre de 2022, junto con las determinaciones que de ella dependan, en el juicio declarativo incoado por el accionante contra Jorge Milc\u00edades Lizarazo Ram\u00edrez (radicado 11001-31-03-019-2019-00195), proceda a adoptar una nueva decisi\u00f3n en la cual resuelva el recurso de apelaci\u00f3n propuesto por el demandante contra aquel veredicto, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de este fallo. <\/p>\n
La autoridad accionada informar\u00e1 a esta Corporaci\u00f3n sobre el cumplimiento de la orden impartida, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aquel t\u00e9rmino. <\/p>\n
Segundo. Ordenar al Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 remitir al Tribunal accionado, de manera inmediata y, en todo caso, en un t\u00e9rmino no superior a un (1) d\u00eda, el expediente materia de la queja constitucional, para que dicho despacho d\u00e9 cumplimiento a lo dispuesto en los ordinales anteriores. <\/p>\n
Tercero. Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a todos los intervinientes, por el medio m\u00e1s expedito, y en oportunidad, en caso de no impugnarse este fallo, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 LARROUMET, Christian. Teor\u00eda general del contrato, Volumen I. Ed. Temis, Bogot\u00e1. 1999, p. 224. <\/p>\n
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STC15803-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC15803-2022 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Ricardo Antonio Garv\u00edn Berm\u00fadez contra la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-69111","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69111","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69111"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69111\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69111"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69111"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69111"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}