STC15811-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC15811-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-03-000-2022-00572-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintitr\u00e9s de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn el 12 de octubre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Bridgestone de Colombia S.A.S., contra la Superintendencia de Sociedades (Intendencia Regional Medell\u00edn), tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el proceso de negociaci\u00f3n de emergencia de reorganizaci\u00f3n empresarial iniciado por H\u00e9ctor Amado Ocampo Henao, expediente n\u00ba 102.929. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y los anexos se extrae en s\u00edntesis que, el se\u00f1or H\u00e9ctor Amado Ocampo Henao \u2013 gerente de Mercallantas S.A.S. \u2013 el 18 de agosto de 2021 fue admitido por la Superintendencia de Sociedades (Intendencia Regional Medell\u00edn) a proceso de negociaci\u00f3n de emergencia de acuerdo de reorganizaci\u00f3n (en adelante NEAR) consagrado en el decreto gubernamental 560 de 2020 (tr\u00e1mite con origen en la emergencia sanitaria); en el auto de apertura al tr\u00e1mite se dispuso que, \u00ab(i) el periodo de negociaci\u00f3n ser\u00eda de tres (3) meses [que venc\u00edan el 19 de noviembre de 2021]; (ii) comunicar a trav\u00e9s de medio id\u00f3neo a todos los jueces y entidades que estuvieran conociendo de procesos ejecutivos adelantados por los acreedores del proceso NEAR, para que tales procesos fueran suspendidos; (iii) informar a todos los acreedores mediante correo electr\u00f3nico o mensajer\u00eda postal sobre el inicio de la NEAR\u00bb. <\/p>\n
El 26 de agosto siguiente, el concursado present\u00f3 a la superintendencia su proyecto de graduaci\u00f3n y calificaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y derechos de voto, sin embargo, en dicho proyecto no incluy\u00f3 a Bridgestone como acreedor, pese a que, presuntamente, existe en su favor un cr\u00e9dito por \u00ab$26.762\u2019.146.281.\u00bb por el cual, previamente, dicha empresa inici\u00f3 proceso ejecutivo (el 2 de julio de 2020) tramitado ante el Juzgado Civil del Circuito de Girardota \u2013 radicado n\u00ba 2020-00081 \u2013 (que libr\u00f3 mandamiento de pago el 23 de julio de 2020). <\/p>\n
Destac\u00f3 la sociedad aqu\u00ed accionante que, Ocampo Henao no cumpli\u00f3 con lo ordenado en el auto admisorio del NEAR, esto es, informar a todas las autoridades judiciales que conocieran de juicios ejecutivos en su contra, as\u00ed como tampoco notific\u00f3 a Bridgestone al respecto; y, aunque luego alleg\u00f3 un informe indicando el cumplimiento, el correo electr\u00f3nico del juzgado de Girardota al que envi\u00f3 la comunicaci\u00f3n estaba errado. <\/p>\n
Posteriormente, el 16 de diciembre de 2021, \u00abcuando ya hab\u00eda fenecido el t\u00e9rmino de tres meses para la negociaci\u00f3n (sic)\u00bb, el mencionado deudor inform\u00f3 al despacho judicial \u2013 Juzgado Civil del Circuito de Girardota \u2013 del proceso NEAR, pero nuevamente omiti\u00f3 hacerlo con Bridgestone, por lo que, el 17 de febrero de 2022 esta present\u00f3 memorial a la superintendencia poniendo en conocimiento los incumplimientos del concursado, y a su vez, solicit\u00f3 se declarara la nulidad del auto admisorio al proceso NEAR \u00abpor indebida notificaci\u00f3n\u00bb y en subsidio, que tuviera por presentada la objeci\u00f3n al proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n del cr\u00e9dito oportunamente, \u00abteniendo en cuenta que el t\u00e9rmino de ley para la interposici\u00f3n de dichas objeciones, el cual habr\u00eda transcurrido entre el 17 de agosto de 2021 y el 17 de noviembre de 2021, no le pod\u00eda ser oponible pues nunca fue informado de la existencia del proceso NEAR\u00bb. <\/p>\n
El 16 de marzo de 2022, se llev\u00f3 a cabo la audiencia de aprobaci\u00f3n del acuerdo de reorganizaci\u00f3n; en esa diligencia, el intendente regional de la Superintendencia de Sociedades desestim\u00f3 las solicitudes de Bridgestone (de nulidad e inoponibilidad) con fundamento en que, \u00abno se configur\u00f3 causal de nulidad porque [\u2026] el auto admisorio de un proceso NEAR [\u2026] no debe notificarse personalmente, sino por estado [y] porque, las comunicaciones a que refiere el art\u00edculo 19 del estatuto concursal, ley 1116 de 2006, son un simple medio adicional de informaci\u00f3n, no formas de notificaci\u00f3n\u00bb, y aclar\u00f3 que las objeciones se presentaron de forma extempor\u00e1nea, decisi\u00f3n contra la cual la aqu\u00ed tutelante interpuso recurso de reposici\u00f3n, pero la accionada mantuvo su decisi\u00f3n. <\/p>\n
Acus\u00f3 la accionante las determinaciones adoptadas por la Superintendencia de Sociedades (Intendencia Regional \u2013 Medell\u00edn) como v\u00edas de hecho por incurrir en defecto sustantivo, ya que pas\u00f3 por alto el incumplimiento del numeral 9\u00ba del art\u00edculo 19 de la ley 1116 de 2006 a cargo del deudor, \u00abomisi\u00f3n que [\u2026] tuvo como efecto impedir a Bridgestone [\u2026] ejercer oportunamente su derecho de defensa en el proceso NEAR, a trav\u00e9s de la presentaci\u00f3n de objeciones al proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos\u00bb; y porque, \u00abaplic\u00f3 de manera indebida los art\u00edculos 132 y 133 del C\u00f3digo General del Proceso, al no derivar efecto alguno de las omisiones incurridas por H\u00e9ctor Ocampo, lo que afecta la justicia material y la eficacia del derecho sustancial de Bridgestone\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pidi\u00f3 que, se dejen sin efecto \u00ablas decisiones objeto de esta acci\u00f3n de tutela, de modo que, no se confirme el proyecto de acuerdo de reorganizaci\u00f3n de H\u00e9ctor Ocampo y se permita a Bridgestone ejercer los derechos que le son propios en el proceso (\u2026) se ordene a la Intendencia Regional de Medell\u00edn resolver de fondo las objeciones de Bridgestone frente al proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y frente al proyecto de acuerdo de reorganizaci\u00f3n de H\u00e9ctor Ocampo\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Intendente Regional Medell\u00edn de la Superintendencia de Sociedades defendi\u00f3 las decisiones adoptadas al interior del proceso de reorganizaci\u00f3n en cuesti\u00f3n e indic\u00f3 que, dejarlas sin efectos afectar\u00eda a la universalidad de acreedores \u00abcon base en un error de publicaci\u00f3n o comunicaci\u00f3n \u2013 no de notificaci\u00f3n \u2013 cuando existieron para la acreedora otros medios efectivos de enteramiento de la existencia del proceso concursal\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, en todo caso la empresa que se dice acreedora, cuenta con la protecci\u00f3n establecida en el art\u00edculo 26 de la ley 1116 de 2006, para cuando el deudor no ha incluido o reconocido una acreencia en la calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9dito a sabiendas de su existencia, estableciendo para los acreedores oportunidades adicionales para el cobro de sus cr\u00e9ditos \u00abya que pueden solicitar a los dem\u00e1s acreedores ser admitidos en el acuerdo, incluso con posterioridad a su celebraci\u00f3n, acudiendo al procedimiento de ley para reformar el acuerdo [\u2026] y buscar la responsabilidad por los perjuicios que el deudor les haya causado\u00bb. <\/p>\n
2. La titular del Juzgado Civil del Circuito de Girardota manifest\u00f3 que, en ese despacho se adelanta el ejecutivo radicado 2020-00081 promovido por Bridgestone contra Mercallantas S.A.S., y otros, el cual, a la fecha, se encuentra pendiente de resolver la solicitud de terminaci\u00f3n del proceso, as\u00ed como el recurso de reposici\u00f3n frente al mandamiento de pago, la contestaci\u00f3n de la demanda y sus respectivas oposiciones. <\/p>\n
3. H\u00e9ctor Amado Ocampo Henao, vinculado, se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n por cuanto, la accionante pretende \u00abrevivir t\u00e9rminos procesales, porque se han proferido m\u00faltiples pronunciamientos por parte de la Superintendencia de Sociedades en los cuales se ha resuelto que dicha sociedad no es su acreedora\u00bb. Por otro lado, acept\u00f3 que, como avalista, suscribi\u00f3 en favor de Bridgestone un pagar\u00e9 en blanco, empero que, \u00abno es cierto que se haya hecho para garantizar las facturas que se dicen y tampoco es cierto que se haya garantizado el valor por el cual fue llenado\u00bb; insisti\u00f3 en que, como personal natural no es deudor de la aqu\u00ed accionante. A\u00f1adi\u00f3 que solo conoci\u00f3 del ejecutivo en su contra adelantado en el Juzgado Civil del Circuito de Girardota en enero de 2022, \u00abraz\u00f3n por la cual no podr\u00eda exigirse el informe a dicho juzgado\u00bb. <\/p>\n
4. V\u00edctor Alejandro V\u00e9lez Osorio y Mar\u00eda Nelly R\u00edos Gaviria, vinculados, manifestaron que no les consta lo alegado por la empresa actora, toda vez que se refiere a un asunto que les es ajeno. Por su parte, la se\u00f1ora R\u00edos Gaviria, sostuvo que no suscribi\u00f3 ning\u00fan pagar\u00e9 en favor de Bridgestone. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda al considerar razonable la decisi\u00f3n atacada por la accionante, proferida por la Superintendencia de Sociedades, por cuanto \u00ab(\u2026) no exist\u00eda fundamento alguno para acceder a la nulidad alegada porque, en primer lugar, el auto no fue indebidamente notificado y, en segundo lugar, el se\u00f1or H\u00e9ctor Amado s\u00ed dio cuenta del inicio del proceso NEAR\u00bb dentro del t\u00e9rmino que permit\u00eda enterar a su demandante en el proceso ejecutivo surtido ante el Juzgado Civil del Circuito de Girardota \u00ab(\u2026) situaci\u00f3n diferente y que escapa a la presente acci\u00f3n, es la suerte que dicha comunicaci\u00f3n haya corrido en dicha agencia judicial (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el apoderado de la entidad querellante reiterando lo plasmado en el escrito inicial. Tambi\u00e9n, adujo que el tribunal a quo valor\u00f3 err\u00f3neamente el expediente del proceso ejecutivo que cursa en el Juzgado Civil del Circuito de Girardota pues, insiste, en que no exist\u00eda prueba que acreditara el cumplimiento en tiempo de la comunicaci\u00f3n a ese despacho en relaci\u00f3n con la iniciaci\u00f3n del juicio de reorganizaci\u00f3n por parte del deudor. Sugiere que la prueba aportada por el se\u00f1or Ocampo Henao con la cual pretende demostrar que s\u00ed cumpli\u00f3 con dicha carga el 26 de agosto de 2021, pudo haber estado alterada, pues se adjunt\u00f3 en formato pdf. y no en formato msg., el cual no permite modificaciones. Finalmente, reproch\u00f3 que en la primera instancia no se efectu\u00f3 un an\u00e1lisis desde lo constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si el amparo se ejerci\u00f3 oportunamente y, de superarse lo anterior, si la Superintendencia de Sociedades (Intendencia Regional Medell\u00edn), en su funci\u00f3n jurisdiccional, vulner\u00f3 las prerrogativas denunciadas dentro del proceso de negociaci\u00f3n de emergencia de acuerdo de reorganizaci\u00f3n empresarial expediente n\u00ba 102.929 promovido por H\u00e9ctor Amado Ocampo Henao, al desestimar las solicitudes elevadas por la empresa aqu\u00ed accionante, de nulidad \u2013 por indebida notificaci\u00f3n del auto de apertura \u2013 e inoponibilidad \u2013 del proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9dito y derechos de voto \u2013 (decisi\u00f3n del 16 de marzo de 2022), incurriendo con ello en v\u00eda de hecho por defecto sustantivo, por no efectuar, supuestamente, un control legal al cumplimiento de la carga procesal contenida en el numeral 9\u00ba del art\u00edculo 19 de la ley 1116 de 2006, as\u00ed como por la aplicaci\u00f3n err\u00f3nea de los art\u00edculos 132 y 133 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. El requisito de inmediatez. <\/p>\n
Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, la Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) Resalta la Sala. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda la promoci\u00f3n del resguardo no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. En este asunto, por intermedio de su apoderado, la empresa promotora del amparo discute, por razones diversas, la decisi\u00f3n proferida por la autoridad de control accionada al interior del proceso de negociaci\u00f3n de emergencia de acuerdo de reorganizaci\u00f3n (NEAR) de H\u00e9ctor Amado Ocampo Henao, que neg\u00f3 la petici\u00f3n de nulidad planteada y la de inoponibilidad al proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos (as\u00ed como la que resolvi\u00f3 sobre el recurso de reposici\u00f3n all\u00ed formulado, y las solicitudes de aclaraci\u00f3n y\/o adici\u00f3n), proferida en audiencia llevada a cabo el 16 de marzo de 2022. <\/p>\n
De manera que, resulta cierta la desatenci\u00f3n del referido presupuesto de procedibilidad de la acci\u00f3n, comoquiera que si consideraba desconocidas sus prerrogativas por la superintendencia tutelada y hab\u00eda ya agotado los mecanismos de refutaci\u00f3n que la ley concursal prev\u00e9, debi\u00f3 acudir al resguardo de manera tempestiva pero no lo hizo dentro del t\u00e9rmino se\u00f1alado como prudente por la jurisprudencia constitucional, pues la radicaci\u00f3n de la presente salvaguarda data del 30 de septiembre de 2022 (v\u00e9ase acta de reparto). <\/p>\n
Es decir, desde la fecha de la providencia dictada en la referida diligencia, hasta el momento en que se interpuso este auxilio, transcurri\u00f3 m\u00e1s del semestre establecido como plazo razonable para proponerlo. <\/p>\n
Lo anterior cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que, la verificaci\u00f3n preliminar de la tempestividad del amparo es criterio que debe precisarse a\u00fan m\u00e1s en trat\u00e1ndose de ataques a sentencias judiciales, postura reiterada de esta Corte que en tal sentido ha dicho, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01). Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
Efectivamente, cuando la censura se circunscribe a una providencia judicial el an\u00e1lisis del mentado requisito requiere mayor rigor, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica y de contera la autonom\u00eda e independencia judicial; por ello, al fallador constitucional le concierne no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino adem\u00e1s, de las razones que expongan los actores como justificantes de su inercia frente al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien lo promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio. <\/p>\n
3.2. Ahora, el apoderado de la sociedad actora expuso en libelo introductor para justificar el tiempo transcurrido hasta la formulaci\u00f3n de esta acci\u00f3n, que solo tuvo acceso a la grabaci\u00f3n de la referida audiencia el 31 de marzo de esta anualidad, por lo que, en su concepto partiendo de dicha calenda, el requisito referido se entender\u00eda satisfecho. <\/p>\n
Ciertamente, se ha dicho que este criterio eventualmente puede flexibilizarse a partir de razones suficientes que lo justifiquen, esto es, situaciones acreditadas como la debilidad manifiesta por condiciones como incapacidad f\u00edsica o mental, minor\u00eda de edad, entre otras, o la permanencia en el tiempo de la amenaza de las garant\u00edas superiores (como ocurre respecto de los asuntos que involucran derechos de orden pensional); as\u00ed lo ha apuntado la Corte Constitucional en repetidas ocasiones, en sentencias como la SU-961\/99; T-743\/08 y T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n
\u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, las mencionadas eximentes no se probaron ni se alegaron por parte de la accionante; y, adem\u00e1s, la situaci\u00f3n particular a partir de la cual su apoderado pretexta la tardanza en la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n tutelar no resulta suficiente para prescindir de dicho an\u00e1lisis, especialmente porque aqu\u00e9l estuvo presente en la audiencia del 16 de marzo, luego, es esa fecha la que se debe considerar de cara al examen de la oportunidad del amparo. <\/p>\n
Adicionalmente, no puede la Corte ignorar la calidad de abogado de quien activa el presente mecanismo constitucional, que por su condici\u00f3n de profesional del derecho se le hace m\u00e1s exigible la previsi\u00f3n de los plazos para su interposici\u00f3n; y finalmente, es menester se\u00f1alar que el solo hecho de no haber accedido a la videograbaci\u00f3n de la mencionada audiencia \u2013 aunque s\u00ed lo hizo \u2013 no era obst\u00e1culo para formular la acci\u00f3n si en cuenta se tiene que los elementos de soporte de la queja bien los pudo solicitar con la misma demanda. <\/p>\n
En definitiva, el car\u00e1cter intempestivo del auxilio, requisito general de la protecci\u00f3n rogada, es motivo suficiente para ratificar su desestimaci\u00f3n, relevando a esta instancia del an\u00e1lisis en relaci\u00f3n con otras tem\u00e1ticas, sin duda condicionadas a la superaci\u00f3n de este presupuesto. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La sociedad accionante tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional, es decir, la presente demanda incumple el requisito de la inmediatez, respecto del pronunciamiento que cuestiona; as\u00ed mismo, no se advirti\u00f3 una raz\u00f3n que justificara esa tardanza. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada en el sentido de desestimar el amparo, por las puntuales razones advertidas en esta sede de conocimiento. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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STC15811-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC15811-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-03-000-2022-00572-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintitr\u00e9s de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-69116","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69116","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69116"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69116\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69116"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69116"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69116"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}