STC15819-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC15819-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2022-00520-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintitr\u00e9s de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de \u201cY\u201d el pasado 1\u00ba de noviembre, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u201cA\u201d contra el Juzgado Promiscuo de Familia de \u201cX\u201d, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes dentro del ejecutivo por alimentos 0000-00000. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
La Sala ha decidido, como medida de protecci\u00f3n a la intimidad del menor involucrado en el presente asunto suprimir de la providencia -y de toda futura publicaci\u00f3n de ella- su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permitan su identificaci\u00f3n, para lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del fallo de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El demandante, obrando por conducto de apoderado, acude al presente mecanismo constitucional para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00abal libre acceso a la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb, debido proceso, igualdad, imparcialidad y \u00abprincipio de la seguridad jur\u00eddica\u00bb. <\/p>\n
2. Relata que \u201cB\u201d promovi\u00f3 en su contra el recaudo referido precedentemente, cuyo t\u00edtulo base fue el acta expedida dentro de la audiencia de conciliaci\u00f3n llevada a cabo el 7 de enero de 2021 ante la Comisar\u00eda de Familia de \u201cX\u201d. <\/p>\n
Refiere que el conocimiento de esa actuaci\u00f3n correspondi\u00f3 al Juzgado Promiscuo de Familia de aquella poblaci\u00f3n, quien libr\u00f3 el mandamiento de pago el 9 de septiembre siguiente, pese a que, en su concepto, el documento de cobro \u00abno tiene una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible\u2026 porque el acta de resoluci\u00f3n de fallo [sic] 000-0000 aportada\u2026 en su parte resolutiva no est\u00e1 decretada o aprobada una cuota de alimento a favor de la se\u00f1ora\u2026 \u201cB\u201d\u00bb. <\/p>\n
Comenta que, ante el pedido realizado en la vista p\u00fablica del 13 de mayo del a\u00f1o en curso, la juez cognoscente realiz\u00f3 control de legalidad de la actuaci\u00f3n disponiendo su invalidaci\u00f3n \u00abdesde el decreto de pruebas\u00bb, por lo que program\u00f3 nuevamente la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento para el 10 de junio siguiente, luego de lo cual, el 5 de octubre, profiri\u00f3 fallo en el que declar\u00f3 parcialmente pr\u00f3spera la excepci\u00f3n de pago por \u00e9l propuesta y orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n por el saldo insoluto de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
Advierte que, en dicha providencia la autoridad judicial incluy\u00f3 unas cargas econ\u00f3micas que, si bien le fueron impuestas al interior de un proceso de violencia intrafamiliar adelantado ante la comisar\u00eda de familia, no hab\u00edan sido objeto de solicitud por la ejecutante y menos relacionadas en el mandamiento de pago, por lo que sobre ellas no se surti\u00f3 la debida contradicci\u00f3n, torn\u00e1ndose as\u00ed, incongruente. <\/p>\n
En punto de ello, se\u00f1ala que le resulta incomprensible que: <\/p>\n
\u00ab[L]a juez encuentre el pago de la obligaci\u00f3n realizado, fije cuota de alimentos para un mayor de edad en un proceso ejecutivo, mezcle la sentencia de un proceso de apelaci\u00f3n [sic] con un proceso ejecutivo, condene a unas costas tan altas cuando una excepci\u00f3n a prosperado [sic], ordene el pago del arriendo y servicios cuando una pareja lleva dos a\u00f1os separados [y] no existe proceso de declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital o liquidaci\u00f3n de una sociedad patrimonial\u00bb. <\/p>\n
3. Finalmente, luego de insistir en los requisitos de los t\u00edtulos valores y sin atribuir defecto alguno a la decisi\u00f3n que estima lesiva de sus intereses, solicita: <\/p>\n
\u00abOrdenar al Juzgado\u2026 la revocatoria de la sentencia\u2026 y dem\u00e1s actuaciones que dependan de esta. <\/p>\n
Ordenar al Juzgado\u2026 rehacer la sentencia conforme los par\u00e1metros establecidos en la ley de los procesos ejecutivos, y conforme las pruebas demostradas en la demanda, acogiendo las pretensiones de la demanda regulando la cuant\u00eda en la estimaci\u00f3n razonablemente considerada por el juez natural del proceso y conforme el valor probatorio demostrado [SIC]\u00bb <\/p>\n
RESPUESTAS DE LA AUTORIDAD ACCIONADA <\/p>\n
La titular del juzgado querellado resalt\u00f3 que la decisi\u00f3n censurada no luce arbitraria comoquiera que se adopt\u00f3 \u00aben atenci\u00f3n a la perspectiva de g\u00e9nero, por tratarse de una mujer v\u00edctima de violencia econ\u00f3mica y psicol\u00f3gica ejercida por\u2026 su excompa\u00f1ero\u00bb de all\u00ed que las obligaciones adicionales incluidas en la sentencia que orden\u00f3 seguir con el cobro (mismas que fueron impuestas en el proceso de violencia intrafamiliar previamente resuelto), propendieran por evitar que \u00abcontinuara ejerci\u00e9ndose sobre [la ejecutante] violencia econ\u00f3mica\u2026 sin dejar a la deriva el derecho que a ella le asiste a recibir lo correspondiente lo necesario para su sostenimiento\u00bb. <\/p>\n
En tal medida, asegur\u00f3 que resulta inexistente la lesi\u00f3n atribuida habida cuenta que se trata \u00abde una obligaci\u00f3n econ\u00f3mica que le corresponde al demandado dar cumplimiento, y para asegurar mayor efectividad en favor de la demandante, era necesario que de los dineros que se le han venido descontando para el proceso ejecutivo, se tomara aquello destinado para su excompa\u00f1era. No es m\u00e1s de lo que \u00e9l ofreci\u00f3 en la Comisar\u00eda de Familia\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal concedi\u00f3 parcialmente la salvaguarda ordenando a la c\u00e9lula judicial cognoscente remover los efectos de los ordinales quinto y s\u00e9ptimo del fallo cuestionado en tanto incluyeron obligaciones sobre las cuales no se hab\u00eda surtido contradicci\u00f3n, dado que no fueron objeto de mandamiento de pago. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que, sin desconocer que en temas de familia el juez cuenta con amplias facultades para fallar extra y ultra petita, \u00abpara hacer uso de este poder-deber, debe garantizar el derecho al debido proceso de ambas partes. No puede imponerse una condena a una parte, sin que previamente se le haya garantizado, como lo manda el art\u00edculo 29 de la CP, como m\u00ednimo, (i) de qu\u00e9 se le acusa, cu\u00e1l es la obligaci\u00f3n cuyo pago se demanda\u2026 (ii) la oportunidad cierta y real de poder ser o\u00eddo y ejercitar la defensa de sus derechos e intereses leg\u00edtimos, y (iii) el derecho a traer al proceso los medios justificativos o demostrativos de las propias alegaciones o los que desvirt\u00faen los de la parte contraria\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, indic\u00f3 que, en caso de considerar necesario \u00abemitir una decisi\u00f3n ultra y\/o extra petita\u2026 deber\u00e1, previamente, garantizarle al demandado su derecho de defensa\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la juez accionada insistiendo en que la decisi\u00f3n cuestionada tuvo como norte \u00abla perspectiva de g\u00e9nero, atendiendo que la se\u00f1ora \u201cB\u201d ha venido siendo v\u00edctima de violencia econ\u00f3mica y psicol\u00f3gica por parte de su excompa\u00f1ero\u00bb. <\/p>\n
Solicit\u00f3 revocar el fallo de primer grado \u00abtoda vez que se continuar\u00eda con la violencia econ\u00f3mica que ha venido padeciendo\u2026 quien no cuenta con trabajo\u2026 siempre ha sido ama de casa y ha sido maltratada psicol\u00f3gicamente\u2026 y hoy se le niega una cuota a la que tiene derecho y la cual a no ser que se haga por descuento no ser\u00e1 cumplida por el demandado\u2026 como ha sucedido de forma continua desde su separaci\u00f3n y antes de ella\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Promiscuo de Familia de \u201cX\u201d vulner\u00f3 las garant\u00edas fundamentales de \u201cA\u201d, demandado dentro del compulsivo 0000-00000, al incluir en el fallo que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n algunas cargas que no fueron objeto de la demanda ni del mandamiento de pago. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: \u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible entonces que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar, como lo ha sostenido esta Sala al precisar que para la procedencia de este instrumento se requiere: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
En el presente asunto se tiene que, en el Juzgado Promiscuo de Familia de \u201cX\u201d se adelant\u00f3 un proceso ejecutivo, cuyo documento base de recaudo fue la Resoluci\u00f3n 000 de 7 de enero de 2021 emitida por la Comisar\u00eda de Familia de \u201cX\u201d, dentro de la medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar distinguida con radicaci\u00f3n 000-0000, en la cual qued\u00f3 consignado que \u201cA\u201d se compromet\u00eda \u00aba pasar una cuota mensual de manutenci\u00f3n de $2.000.000 millones de pesos mensuales los cuales\u2026 ser\u00e1n entregados de forma personal a la se\u00f1ora \u201cB\u201d a partir de este mes\u00bb. <\/p>\n
El mandamiento de pago, de fecha 9 de septiembre de 2021, se libr\u00f3 por la suma de 12\u2019000.000 de pesos \u00abpor concepto de cuotas alimentarias dejadas de cancelar desde el d\u00eda 05 de abril-2021 y hasta el 05 de septiembre-2021\u2026 y dem\u00e1s cuotas que se vayan causando\u2026 m\u00e1s los intereses a una tasa legal del 6 % anual\u2026 desde el d\u00eda en que se hace exigible la obligaci\u00f3n y hasta que \u00e9sta se cancele en su totalidad\u00bb. <\/p>\n
Enterado de la iniciaci\u00f3n del tr\u00e1mite, el ejecutado contest\u00f3 la demanda proponiendo como excepciones de m\u00e9rito \u00abpago total de la obligaci\u00f3n\u00bb, \u00abinexistencia de la obligaci\u00f3n\u00bb, \u00abcobro de lo no debido\u00bb y \u00abmala fe\u00bb. <\/p>\n
Surtidas las etapas procesales de rigor, el pasado 5 de octubre la c\u00e9lula judicial emiti\u00f3 sentencia que declar\u00f3 parcialmente pr\u00f3spera la defensa de pago y orden\u00f3 continuar el recaudo \u00abpor la suma total de $11.935.634,60 que corresponde a las cuotas\u2026 dejadas de cancelar\u2026 y que corresponden hasta el mes de octubre-2022\u00bb. <\/p>\n
En dicha providencia, adem\u00e1s, dispuso lo siguiente: <\/p>\n
\u00abQUINTO: El se\u00f1or \u201cA\u201d deber\u00e1 continuar colaborando con el 50 % de los servicios p\u00fablicos que se generen en la casa de habitaci\u00f3n de la demandante y su hijo \u201cC\u201d, como se se\u00f1al\u00f3 en el acta de Comisar\u00eda. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
S\u00c9PTIMO: Mant\u00e9ngase la medida cautelar que se ha ordenado en \u00e9ste asunto, vari\u00e1ndola comunicando al pagador respectivo esta decisi\u00f3n, orden\u00e1ndose que a partir del mes de noviembre-2022, se aplique sobre el salario o mesada pensional que hoy recibe el demandando, el descuento correspondiente a la suma de $1.107.000,00 para el presente a\u00f1o, a favor de la se\u00f1ora \u201cB\u201d, con incremento anual sobre la misma a partir de enero-2023, en el mismo porcentaje al que se decrete sobre el salario m\u00ednimo legal por parte del Gobierno nacional, de cada anualidad, teniendo en cuenta que ella fue v\u00edctima de violencia psicol\u00f3gica y econ\u00f3mica lo que la convierte en persona de protecci\u00f3n constitucional especial (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Para arribar a tal conclusi\u00f3n, la falladora de instancia consider\u00f3 los hechos de violencia intrafamiliar a los que hab\u00eda sido sometida la ejecutante, arguyendo que desde \u00abdiciembre-2021\u2026 recibe la suma de $1.000.000,oo para su sostenimiento\u00bb; carga impuesta \u00abal resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la denunciante en proceso adelantado ante la Comisar\u00eda de Familia de \u201cX\u201d\u00bb. <\/p>\n
Indica el art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso que la sentencia debe guardar consonancia \u00abcon los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las dem\u00e1s oportunidades que este c\u00f3digo contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si as\u00ed lo exige la ley\u00bb. A su turno, el par\u00e1grafo primero de dicha disposici\u00f3n autoriza al juez \u00aben los asuntos de familia\u2026 fallar ultra-petita y extra-petita, cuando sea necesario para brindarle protecci\u00f3n adecuada a la pareja\u2026 y prevenir controversias futuras de la misma \u00edndole\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, tal facultad no es absoluta, sino que debe atemperarse con las reglas del debido proceso consagrado en el Art\u00edculo 29 Superior, en especial la que otorga al demandado\/procesado la facultad de \u00abpresentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra\u00bb. <\/p>\n
Al revisarse la actuaci\u00f3n objeto de censura constitucional, si bien las \u00f3rdenes impartidas en los ordinales quinto y s\u00e9ptimo del fallo del pasado 5 de octubre, al parecer tuvieron su origen en un tr\u00e1mite de medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar conocido por la Comisar\u00eda de Familia de \u201cX\u201d, no se observ\u00f3 elemento de convicci\u00f3n alguno que sirviera a la juez cognoscente de soporte para incluirlas, al punto que ni siquiera se identific\u00f3 la actuaci\u00f3n en la que se impuso a \u201cA\u201d la carga de asumir el 50% de los servicios p\u00fablicos domiciliarios de la vivienda donde reside su excompa\u00f1era con su hijo \u201cC\u201d, ni la de suministrarle a aquella una cuota alimentaria. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, la Sala considera, en consonancia con la colegiatura a quo, que la decisi\u00f3n atacada por esta v\u00eda excepcional adolece de defecto procedimental, por cuanto la juez querellada determin\u00f3 unas condenas en contra del ejecutado, sin haberle brindado la oportunidad de oponerse a ellas ni de presentar los medios de convicci\u00f3n con los que pudiera enervarlas, apart\u00e1ndose abiertamente -se itera- de lo dispuesto en el Art\u00edculo 29 Constitucional. <\/p>\n
Sobre la aludida causal espec\u00edfica de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Con relaci\u00f3n al defecto procedimental absoluto, que se invoca en este asunto, se ha dicho que encuentra soporte normativo en los art\u00edculos 29 y 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, que se refieren a los derechos al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y prevalencia del derecho sustancial sobre las formas. <\/p>\n
La jurisprudencia de la Corte ha reconocido dos modalidades de este defecto: i) absoluto, que se genera cuando el funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente establecido [T-620\/13; T-707\/ 07 y T-654\/98] y ii) por exceso ritual manifiesto, \u201cque tiene lugar cuando hay una renuncia consciente de la verdad jur\u00eddica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicaci\u00f3n de las normas procesales [T-268\/10]. <\/p>\n
(\u2026) A su vez, la providencia incurre en error absoluto si el juez i) sigue un tr\u00e1mite totalmente ajeno al dispuesto para el asunto sometido a su competencia (T- 996\/03, T-638\/11, T-781\/11, y T-620\/13, entre otras], ii) pretermite etapas sustanciales del procedimiento y, de esa forma, conculca derechos de alguna de las partes [SU-159\/02, T-996\/03 y T-264\/09], y iii) pasa por alto el debate probatorio, vulnerando los derechos de defensa y contradicci\u00f3n de los intervinientes en la actuaci\u00f3n [T-996\/03, T-388\/06 y T-310\/09, entre muchas otras]. La procedencia de la acci\u00f3n contra una providencia judicial por esta causal se halla, de todas formas, condicionada a que no exista posibilidad de corregirla irregularidad por ninguna otra v\u00eda [T-264\/09, SU-159\/02, C-590\/05 y T-737\/07] y a que ocasiones una vulneraci\u00f3n ostensible, definitiva y notoria que se refleje en la decisi\u00f3n judicial cuestionada [T-017\/07]\u00bb (CC T-655\/15). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
En este orden, habi\u00e9ndose tornado defectuosa la sind\u00e9resis efectuada por la c\u00e9lula judicial accionada en la providencia del pasado 5 de octubre, fue acertado que el Tribunal Superior de \u201cY\u201d amparara los derechos fundamentales denunciados por el gestor del resguardo para restablecer el orden constitucional quebrantado, por lo que se impone la confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes, a la sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020 \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
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STC15819-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC15819-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2022-00520-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintitr\u00e9s de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-69119","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69119","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69119"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69119\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69119"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69119"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69119"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}